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La ética al servicio de las ganancias

La profusión de organismos y de sistemas de calificación y la aparición de nuevos sellos de garantía destinados a promover valores bursátiles, contribuyen a hacer aun más densa la niebla que reina sobre la verificación de las condiciones del trabajo humano. Sobre éstas nada se sabe, salvo los puntos éticos que las empresas se otorgan a sí mismas para disimular el precio que hacen pagar a sus asalariados en términos de salud y de seguridad del trabajo y para garantizar el aumento salarial de los dirigentes y de los dividendos de los accionistas.

La nueva competencia consiste en vender acciones inmaculadas. Los sellos de garantía ética, que distinguen a las empresas que asumen su responsabilidad social (llamadas “cívicas”), refuerzan esta nueva política de comunicación. Su objetivo principal: las futuras suscripciones de títulos en el campo del ahorro salarial. Este sistema, del que ya participa un tercio de los asalariados franceses, con inversiones superiores a los 53.000 millones de euros, será en adelante accesible a todos los asalariados, en particular a los de las pequeñas y medianas empresas (PYME) gracias a la Ley Fabius de febrero de 2002. Se trata de un nuevo filón que despierta la codicia de muchos.

La publicidad tranquiliza la conciencia de los potenciales suscriptores: “Invertir e invertirse son las dos nociones que concilia el fondo ético Hymnos. Hymnos es un fondo común de inversiones diversificado (acciones y obligaciones) que invierte mayoritariamente en empresas cuyas actividades son conformes a una ética cristiana y humanista. Es decir, empresas para las cuales el hombre es el valor supremo”. ¿Cómo hacen los administradores del fondo para lograr ese objetivo? La publicidad lo explica en tono santurrón: “Sometido a criterios de selección, cada título que se integra a la cartera es analizado por un comité de ética. Las personalidades laicas o religiosas de las principales iglesias cristianas que componen ese comité, se reúnen periódicamente con los administradores del fondo para confirmar sus criterios de inversión”.

Cubierto de premios por la prensa financiera (Trofeo de Oro 2000 de la revista Le Revenu; Laureles de Oro de la revista Investir Magazine en 2001; premio Victorias Sicav 2000 del diario La Tribune), el fondo Hymnos, creado en 1989 por el banco Crédit Lyonnais, obtuvo un resultado de + 98% desde su nacimiento hasta agosto de 2002.

Cuando uno trata de conocer a los miembros del comité de ética seleccionados por el departamento cultural del Crédit Lyonnais, la ley de la transparencia resulta transgredida, pues el responsable de ese departamento se niega a dar a conocer sus identidades: “Debemos protegerlos pues tienen formas de pensar y de vida diferentes del común de los mortales. Se sentirían perjudicados, y además tienen miedo de enfrentarse con el público”.

¿Miedo de enfrentar al público, o a la verdad sobre la gestión de recursos humanos de los títulos que contribuyeron a seleccionar? Entre los diez primeros valores de la cartera figuran gigantes –o ex gigantes– del índice de la Bolsa parisina, el CAC 40: BNP Paribas, L’Oréal, Sanofi-Synthelabo, Vivendi Universal, Carrefour, Axa, Vivendi Environnement, LVMH. Según Daniel Diamond, responsable de la gestión de ese fondo, dichos valores fueron elegidos a partir de tres criterios que justifican la calificación ética de Hymnos: “La primera lógica de selección excluye las empresas que fabrican armas, que utilizan el trabajo infantil o se especializan en juegos de azar. La segunda, se basa en las exigencias humanas y sociales vinculadas al medio ambiente en que deben trabajar los empleados. Por último se considera la política empresaria, en base a las acciones filantrópicas desarrolladas por la compañía, por ejemplo, junto a las ONG”.

Analicemos ahora lo que ocurre con una de las empresas seleccionadas: en este caso, Axa. Bruno G., un ex agente comercial, resume: “Axa despidió cerca de 2.100 personas y logró la renuncia de otras 1.800 para evitar un plan social que le hubiera costado 400 millones de euros1. En lugar de despedir a los empleados que venían de la UAP (compañía que se fusionó con Axa en 1997) que podían rechazar la modificación de los nuevos contratos de trabajo, optó por métodos más retorcidos: estableció una distinción entre los que ‘optaban’ y los que ‘no optaban’”. Estos últimos encontraron todo tipo de problemas, hasta que tuvieron que irse: se les suprimió el acceso a la cartera de clientes, lo que implicó la desaparición de la parte variable del salario de los empleados comerciales y de todas las comisiones; sufrieron hostigamiento; enfermedades psicosomáticas compensadas con la ingestión de Prozac, y hasta se registraron algunos suicidios. A Bruno G., que tenía nivel universitario, lo pusieron a sellar correspondencia y luego lo despidieron por falta grave.

En 2002, un grupo de representantes del comité de empresa y del personal de Axa presentó una denuncia penal por delito de obstrucción al ejercicio de sus funciones, ya que no habían sido consultados respecto de los procedimientos de despido. “El objetivo de esa denuncia –indicó Eric Delfli, abogado de los representantes del personal– es sancionar a los directivos de Axa que asumieron la iniciativa de esos despidos”. Y agregó: “El costo del proceso ante el tribunal laboral de conciliación fue menor que el de un plan social, pero en un juicio penal los dirigentes corren el riesgo de recibir penas de prisión en suspenso y de ser condenados socialmente. Eso, para una empresa que se pretende ‘cívica’”…

Informes parciales

La monja Nicole Reille, que lanzó el primer fondo ético, destinado inicialmente a valorizar las jubilaciones de los religiosos de las congregaciones, está representada en el comité de ética de Hymnos. Ella creó, a través de la firma Financière Meeschaeert, una cartera de valores denominada Nouvelle Stratégie 50. Esos valores, que coinciden en parte con los de Hymnos, incluyen France Télécom, Crédit Lyonnais, Rhodia, Axa, Casino Guichard, Unilog, etc. Dicha selección se habría efectuado “en base a los criterios clásicos de rendimiento. La misma se apoya además en la consulta de indicadores éticos de evaluación de empresas, establecidos por un organismo independiente. Los indicadores elegidos son conformes a los valores defendidos por la asociación Ética e Inversiones”, presidida por la monja Nicole Reille.

“Esos valores –precisa la religiosa– permiten invertir fondos de acuerdo con los valores de una congregación, es decir, los derechos humanos, el respeto y el desarrollo de la persona implícitos en la estrategia social de la empresa, y la forma de implantación en países del Tercer Mundo”. El organismo independiente, Arese (Agencia de Rating Social y Ambiental), filial de la Caja de Depósitos y del grupo Caja de Ahorro de Francia, es la principal referencia para la mayoría de los administradores de fondos deseosos de optimizar el segmento del mercado ético. Esta empresa, que vende sus análisis a precios que van de 20.000 a 30.000 euros, tiene un “radio de calificación” que cubre las ciento veinte empresas de la Bolsa francesa (el SBF 120) y unas doscientas sociedades europeas que cotizan en el Eurostoxx.

Pero esos peritajes tienen una particularidad: muy pocas veces consultan a los comités de empresa o a los representantes del personal. Sólo las gerencias ven en esos análisis una certificación suplementaria que puede influir en la cotización de sus títulos. Así, un sindicalista de Renault, informado de las “investigaciones” de Arese varios meses después de terminadas, debió consultar a la dirección para confirmar que habían sido realizadas. La dirección, en cambio, estaba satisfecha de esos análisis que le habían permitido obtener sin demasiado esfuerzo la certificación de empresa “socialmente correcta”.

Arese hubiera podido mostrar más curiosidad por la costumbre, habitual en ese grupo automotor, de recurrir a personal temporario durante largos períodos. Por otra parte, una de las filiales de Renault (la Sovad) fue condenada en mayo de 2002 por recurso abusivo a personal temporario. En Renault-Le Mans, en noviembre de 1999, luego de haber comprobado que en la mitad de los accidentes laborales el período de descanso obligatorio no había sido respetado, la Caja de Seguridad Social no dudó en llamar al orden a la dirección de la fábrica: “Cuando existe renuncia de parte de la víctima a su licencia por enfermedad, vuestros servicios trazan sobre el certificado dos líneas rojas y anotan “transformado sin licencia”. Esta forma de proceder está totalmente prohibida; ustedes no tienen derecho a rectificar las prescripciones hechas por el cuerpo médico”.

Las empresas son calificadas en base a un “perfil”, producto de una “síntesis de los siete principales criterios de responsabilidad social y de una ficha de identidad que establece su situación económica”. Respecto de Total-Fina-Elf se puede leer en el capítulo dedicado a la civilidad, que la empresa “aprende a detectar los signos anunciadores de la contaminación de los ríos”. Axa dispone de “una ventaja afectiva gracias a sus empleados muy comprometidos”. En la sección relaciones sociales, “Carrefour se comprometió con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) respecto de temas como la no discriminación sindical”.

Esta afirmación no es compartida por la Unión Local de la CGT (Confederación General del Trabajo) de la localidad de Vitrolles. Allí, Carrefour posee un establecimiento desde el cual, en marzo de 2001, se informó a la dirección general que en un documento interno de la empresa figuraba la mención: “aislar a la CGT, que siempre es una amenaza”. Una copia de ese documento fue enviada a la Dirección de Inspección Laboral. Esta información no habrá de llegar a todos aquellos que, buscando hacer una inversión “ética”, se basan en la documentación preparada por el equipo de Novethic, filial de la Caja de Depósitos, que se califica a sí misma como un medio de comunicación y como un “especialista de la responsabilidad social”.

“Nuevo modelo de ciudadanía”

Novethic dispone de un comité consultivo de orientación. Los directivos de la firma lo consultan tres veces por año con la esperanza de que sus consejeros ayuden a mejorar el impacto del sitio internet sobre el público en general y sobre los inversores. “Son todos independientes” precisa el representante de Amnesty International, responsable de la Comisión de Empresas en dicho comité. A su entender se trata de “hacer sentir el peso de las cuestiones éticas, ofrecer garantías positivas en materia de consideración de los derechos humanos”. Los cuestionarios a los que deben responder las empresas examinadas y las investigaciones realizadas deben permitir “confrontar lo declarado con la situación real sobre el terreno”. Sin embargo, reconoce que “Amnesty no dispone de medios (ni tiene mandato) para controlar si Arese tomó efectivamente contacto con todos los actores concernidos por las empresas, es decir, los sindicatos, los comités de empresa, las ONG, etc.”.

La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) también contribuye al prestigio de las calificaciones éticas, pues junto a la filial del correo francés Sogesposte, lanzó una cartera de valores (Sicav) ética y solidaria, llamada Libertés et Solidarité. Anne-Christine Habbard, secretaria general de la FIDH, explica: “Las inversiones hechas en empresas que responden a normas sociales o ambientales reconocidas, son la muestra de un nuevo modelo de ciudadanía”. La ficha técnica del inversor de fondos éticos precisa que “la mitad de las ganancias a distribuir será entregada a la FIDH, a manera de donación”.

La cartera Libertés et Solidarité invierte en obligaciones y en acciones de empresas francesas y extranjeras “seleccionadas según criterios éticos basados en los derechos humanos”. La agencia belga Stock at Stake, considerada independiente, aporta su competencia “profundizando todas las fuentes de informaciones disponibles, internas y externas a la empresa”. ¿La “cartera de valores 100% respetuosa de los derechos humanos” cumple su función?

Entre los felices elegidos franceses figuran las empresas Danone y Renault. Ahora bien, la primera es objeto de un juicio por parte de empleados despedidos, por dos motivos. El primero es la falta de justificación económica del “plan social” que suprimió 800 puestos en dos fábricas (en las ciudades de Calais y de Evry). La tasa de rentabilidad informada por el doctor Brun, abogado de los empleados, habla por sí sola: “Mientras que Danone genera el 19% del tonelaje de la producción mundial, Francia ostenta el 53% de los beneficios mundiales”.

El segundo motivo del juicio concierne al procedimiento de consulta del personal. El doctor Brun lo considera “nulo y viciado”: “El orden del día del Comité Central de Empresa (CCE) no fue elaborado de manera conjunta entre el jefe de la compañía y el secretario del CCE (que en principio debe ser obligatoriamente consultado). Por lo tanto, las deliberaciones del CCE no son válidas. Por dicho motivo, el plan social no fue presentado al CCE”.

En julio de 2002 la Dirección de Inspección Laboral hizo un llamado de atención a la empresa Lu d’Evry (Grupo Danone): “La utilización masiva de empleados con contrato precario llevó a vuestra fábrica a funcionar con un alto porcentaje de personal temporario (cerca de 20% durante nuestra visita de 2001)”. Se trataba de unos 98 empleados temporarios que renovaban decenas de veces sus contratos a lo largo de varios años. Pero, según el artículo L.124.2 del Código de Trabajo, “el contrato de trabajo temporario no puede tener ni por objeto ni por efecto cubrir de manera duradera un puesto de trabajo vinculado a la actividad normal y permanente de la empresa utilizadora”.

La Dirección de Inspección Laboral dejó en claro “que esos empleados temporarios pueden reclamar el reconocimiento de sus derechos a un contrato permanente, incluidos los derechos vinculados a un plan de despido colectivo por ustedes organizado”. Parece una pobre compensación, cuando se piensa que un accionista minoritario de Danone, en representación de asociaciones laicas y religiosas, se había opuesto infructuosamente a la implementación de un sistema de stock-options que favorecía a los cuadros de la empresa, en momentos en que ya se había decidido el “plan social”. “Stock-options cuyo valor dependía del éxito bursátil del plan social”, comenta la representante de esos accionistas.

La señora Habbard, secretaria general de la FIDH, da sus explicaciones sobre esas anomalías “éticas”: “El comité ético de la FIDH tomó en cuenta los elementos que pusieron a su disposición tres instancias que filtraron las mejores empresas, cuyas prácticas corresponden a nuestros valores y que se esfuerzan para que se respeten los derechos humanos. El primer filtro es hecho por la agencia Stock at Stake, el segundo por el comité de ética de la FIDH, formado por personalidades independientes. El último está a cargo del comité de decisión de la FIDH. La primera reunión del comité ético tuvo lugar en febrero de 2002 y disponíamos de informaciones obtenidas fundamentalmente por un sindicalista que participa del comité sindical consultivo de la OCDE. Sus investigaciones lo habrían convencido de que Danone superaba la norma fijada en materia de respeto de los derechos humanos. Una polémica injusta se desarrolló contra Danone: según nuestras fuentes, el plan de reestructuración elaborado por Danone era uno de los mejor negociados del sector”.

¿Y el uso abusivo de empleados temporarios? Respuesta: “Cada empresa es objeto de un seguimiento lo más preciso posible, pero su inclusión en la cartera Libertés et Solidarité no puede ser tomada como un cheque en blanco. En el momento de decidir incluir a Danone y a Renault en esa cartera no disponíamos de informaciones sobre el trabajo temporario. El Comité de la FIDH que se reúne cada seis meses se reserva la posibilidad de excluirlos”.

Nada impide a la mayoría de esas empresas éticamente sobrevaluadas de absolverse a sí mismas publicando informes anuales ahora titulados “de desarrollo sostenible”, y hasta “de responsabilidad social y ambiental”. Esos informes son cuidadosamente suavizados y presentados por agencias de comunicación, una de las cuales lleva el nombre, merecido, de “Utopies”. Según los dichos de auditores sociales, “lo que cuenta en un informe no es lo que se dice sino lo que se olvida de decir”. Todos esos informes, que pueden ser verdaderas bombas, son “desactivados”.

¿No se estará perfilando un fructífero desarrollo durable para los dirigentes de las empresas que ya empiezan a echarle el ojo al ahorro salarial? Para el representante del personal en el consejo de vigilancia de un fondo de ahorro salarial de Electricidad de Francia (Egepargne 2) que reúne más de 1.000 millones de euros de suscripción por parte de 145.000 trabajadores, “grupos bancarios colocan las inversiones de los empleados en empresas que pueden despedir o poner en condición precaria a sus asalariados. No es posible hacer como si eso no existiera”.

El Comité Intersindical del Ahorro Salarial (CIES, formado por la Confederación Democrática del Trabajo-CFDT, la Confederación General del Trabajo-CGT, la Confederación General de Cuadros-CGC y la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos-CFTC), para tratar de influir en la materia, certifica fondos de Axa y del Crédit Lyonnais. Este último no dudó en utilizar ese aval en sus folletos publicitarios para enorgullecerse de “su gestión socialmente responsable”. Joseph Thouvenel, representante de la CFTC en el CIES, admite la existencia de una ambigüedad: “Hay empresas que obtienen una certificación y no respetan las condiciones de trabajo. Pero lo que el CIES certifica es ante todo un producto. Nosotros no otorgamos certificaciones morales, ni a las instituciones ni a los administradores de esos productos. En cambio, los administradores se comprometieron a respetar un pliego de condiciones, y nosotros nos procuramos los medios para verificar si esos compromisos son respetados. Para la CFDT, es una forma de abrir una brecha en la moralización de las prácticas financieras y de las inversiones”. Con lucidez, Joseph Thouvenel agrega: “Si, por ejemplo, las razones éticas no interesan demasiado a la dirección de los grupos financieros, resulta más fácil sensibilizar a los que deciden si uno se halla en el punto de origen de una corriente financiera, es decir, del producto certificado destinado al ahorro salarial”.

A raíz de todo lo que está en juego en las negociaciones de un plan de ahorro salarial, los representantes de los empleados deben tener mayoría en los consejos de vigilancia que controlan las inversiones; una de las obligaciones del pliego de condiciones de los productos certificados por el CIES. Por lo demás, Thouvenel admite que “el CIES aún no fue consultado por los empleados sobre el tema de la vinculación entre la elección de productos que ellos efectúan y los criterios relativos a las condiciones de trabajo. Por otra parte ya les señalamos a los administradores del Crédit Lyonnais que el ‘exceso’ cometido con sus folletos publicitarios no será aceptado en adelante…” La certificación CIES, muy codiciada, es concedida sólo por un año, y quienes la ostentan pueden ser desposeídos de ella si se reproducen los mencionados “excesos” por no respetar los criterios del pliego de condiciones.

Pierre-Yves Chanu, que recibió mandato de la CGT para representarla ante el CIES, insiste sobre las posibilidades de verificación de que dispone: “Es posible realizar controles directos y en todo momento, por medio de auditorías sobre el terreno, ya sea hechas por nosotros mismos, o por un organismo especial que nosotros designemos. Esos controles forman parte de los compromisos incluidos en los pliegos de condiciones. Por lo tanto, es posible ejercer un derecho de inspección sobre el trabajo de los administradores de productos certificados, pidiéndoles que den a conocer todo documento necesario para efectuar dicho control. Por ejemplo, la lista de compras y ventas sobre títulos, y las comisiones realizadas. Las consideraciones sociales y ambientales son, por supuesto, tomadas en cuenta en las inversiones. Si alguno de los dirigentes de las instituciones cuyos productos hubiéramos certificado por un plazo de un año fuera objeto de una investigación judicial por problemas de gestión, estaríamos frente a una circunstancia determinante para retirar la certificación”. Sin embargo, ciertas investigaciones judiciales afectaron a grupos cuyos productos fueron, a pesar de todo, certificados. En definitiva, la credibilidad de la certificación dependerá de los medios (modestos) disponibles para llevar adelante las investigaciones y la disposición a ejercer un poder punitivo. En ese punto, el problema sigue sin solución.

Por su parte, la nueva agencia de calificación internacional creada en julio de 2002 por Nicole Notat, ex secretaria general de la CFDT, ya reclama “una investigación profunda, una auditoría interna paga, para conocer mejor las prácticas y los resultados sociales y ambientales de las empresas”2. Esta nueva agencia absorbió al organismo Arese luego de que Notat integrara su consejo de administración en junio de 2002. El nombre de la nueva agencia es Vigeo, lo que en latín significa “estoy alerta, con los ojos bien abiertos”. Sus primeros accionarios provienen de tres categorías: empresas, inversionistas y sindicatos. La CFDT, única accionaria sindical de la agencia, se codea con un importante inversionista, el grupo Caja de Depósitos/Caja de Ahorro (que posee el 40% del capital), y con varias empresas cuya lista es casi siempre la misma: Danone, Suez, Thomson Multimédia, Schneider Electric, Vincy, Carrefour, Axa, Crédit Lyonnais y BNP. Cada empresa no podrá poseer más del 2% del capital, y en conjunto no más del 45%. Para Nicole Notat, este es un criterio suficiente de independencia.

A través de sus representantes sindicales en los consejos de vigilancia, los empleados se convierten en los únicos responsables de las opciones de inversión de sus ahorros. No es seguro que esa responsabilidad, que los vincula cada vez más al rendimiento de un sistema económico y de sus principales protagonistas, contribuya a mejorar sus salarios y sus jubilaciones complementarias. Los empleados de Enron, calificada en su tiempo de empresa ética, aún están pagando, y seguirán haciéndolo por mucho tiempo, la factura de su confianza ciega.

  1. N. del T. : En Francia se denomina “plan social” a un conjunto de medidas que debe implementar toda empresa que prevé despedir a más de diez empleados en un mes, a fin de limitar el número de esos despidos, o para facilitar la reinserción de ese personal. Todo plan social implica el otorgamiento de diferentes tipos de ayudas a los despedidos, a cargo de la empresa.
  2. Despacho de AFP, 31-7-02.
Autor/es Celine Ovadia
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 41 - Noviembre 2002
Páginas:32,33
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Corrupción, Nueva Economía