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Simulacro de temible eficacia

El Partido Baas, que tuvo un rol decisivo en el derrocamiento de la monarquía en 1968, surgió en Irak en los años ´50 como un partido nacionalista árabe, laico y progresista. Una vez en el poder fue degradándose hasta convertirse en un aparato paralelo al estatal. Con una metodología donde la sofisticación predomina sobre la fuerza bruta, logra mantener a la población a la vez pasiva y útil a sus objetivos.

¿Qué es el Baas? “Una fachada”, e incluso “absolutamente nada”, suele responder el común de los iraquíes, hostiles a este partido, sin ser por eso opositores. Sin embargo, la organización parece omnipresente en el país. Se le deben, entre otras cosas, los retratos de Saddam Hussein colocados en todas las reparticiones públicas y hasta en los comercios más pequeños. En octubre de 2000, el Baas se mostró incluso capaz de organizar, en menos de un mes y medio, un ejército popular de siete millones de “voluntarios”. No obstante, el número desmesurado de efectivos y el enorme objetivo de este ejército denominado “de liberación de Jerusalén” (jeish tahrir al-quds) traicionan una retórica alejada de la realidad. En efecto, “el ejército de Jerusalén” ilustra claramente las paradojas de este partido.

Su creación fue decidida durante una reunión cumbre en la que el presidente Saddam Hussein ordenó abrir campos de entrenamiento militar para los iraquíes que abrazan la causa palestina. Por supuesto, no se trataba de lanzarse efectivamente a la lucha. Pero el simple deseo de Hussein, objeto de todos los halagos y de todos los temores, bastó para poner en marcha una mecánica que materializara sus ideas. Cinco días después de esta reunión, el Baas, con su habitual precisión, anunciaba que 421.522 hombres y 127.179 mujeres se habían presentado en los campos. Para dar prueba de ello, a partir del mes siguiente se llevaron a cabo en todo Irak impresionantes desfiles de “voluntarios”. En Bagdad, un gigantesco cortejo tardó trece horas en desfilar ante la tribuna del Presidente.

Al contemplar, uno tras otro, los desfiles de los ciudadanos enrolados, cabe preguntarse cómo hizo el régimen para poner a sus órdenes a una proporción tan alta de la población. Mal que les pese a los adeptos modernos de la “tiranía oriental”, los mecanismos resultan más sofisticados y menos brutales de lo que parece. El Baas es el instrumento esencial de un sistema coercitivo donde la intimidación prevalece sobre la fuerza. Gracias al partido, el régimen mantiene una presión, moderada y constante a la vez, sobre la vida de cada uno. Esta presión es suficiente para garantizar la colaboración, superficial pero sin contratiempos, de una población globalmente reducida a la pasividad y a la indiferencia.

Para los militares retirados, contratados para entrenar a los “voluntarios”, el “ejército de Jerusalén” ofrece una excelente oportunidad para mejorar sus pensiones, en un contexto de pauperización general producto del embargo. Para los militantes baasistas, responsables del reclutamiento, este ejército exige una gran devoción, para cumplir con determinadas exigencias y progresar con mayor rapidez en la estructura del partido. Así, inscriben de oficio en las listas de “voluntarios” a personas que jamás fueron consultadas. Esto puede convertirse también en una actividad lucrativa. Algunos reclutadores, por ejemplo, cobran 75 dólares para reemplazar a sus reclutas en el entrenamiento.

Para los ciudadanos pasibles de ser movilizados, el “ejército de Jerusalén” sólo presenta a priori contrariedades. Su participación, difícil de soportar físicamente, no es remunerada y representa a veces un lucro cesante considerable. En las zonas rurales, donde cada hogar debe sacrificar un “voluntario” para un entrenamiento de dos meses cada verano, la ausencia de mano de obra se siente duramente.

Sin embargo, el reclutamiento no implica necesariamente métodos salvajes. A los campesinos les conviene mantener buenas relaciones con el partido, del cual depende el acceso a todo un conjunto de servicios del Estado indispensables para la agricultura, tales como el aprovisionamiento de semillas. En cada sector profesional, el partido utiliza argumentos específicos. En la Universidad, únicamente los profesores que forman parte del “ejército de Jerusalén” pueden beneficiarse con un curso de perfeccionamiento en el exterior. Para los estudiantes, está en juego la inscripción en determinadas carreras. Llegado el caso, el entrenamiento militar les permite obtener puntos extra en los exámenes. La presión puede tornarse más directa en los barrios, donde los baasistas llevan detalladamente un censo actualizado. Los reclutadores se permiten con frecuencia, frente a los reacios, una referencia directa a Saddam Hussein: “Entonces, ¿no responde al llamado del Presidente?”

De manera que el reclutamiento llevado a cabo por una base del partido extremadamente cercana a su objetivo, no utiliza detenciones, torturas y ejecuciones, sino un minucioso abanico de amenazas tácitas, sanciones relativas y pequeños privilegios. Un procedimiento notablemente eficaz en momentos de penuria.

En caso de necesidad, el Baas dispone de castigos más extremos. Posee incluso un brazo armado, fuerzas a su disposición para operaciones de represión. Pero para las actividades cotidianas, los militantes, en sus propios barrios o lugares de trabajo, prefieren ignorar a los más tercos, los “cabezas de kurdos”, demasiado escasos e inofensivos como para que merezcan un enfrentamiento. Los más provocadores o los más rebeldes no están exentos de un castigo. Como para cualquier trámite administrativo se requieren los favores del partido, el Baas está investido de un poder que recuerda la excomunión. Un ciudadano repudiado, por consiguiente no apto para recibir sus raciones, abrir una cuenta bancaria o alquilar un departamento, es arrojado a la calle rápidamente y sin ninguna brutalidad. Esta muerte civil es finalmente más radical, e incluso más cruel, que las medidas policiales de las que el régimen puede generalmente prescindir.

La propia organización del partido, estructura arborescente y jerarquizada, contribuye a lograr el control. En la base, la célula (halaqa) o alcoba (kheliya) reúne semanalmente a una decena de militantes de una misma calle o de un mismo servicio. Allí se conversa sobre actualidad, o más bien, se recitan los objetivos esperados, según la doctrina del partido y las orientaciones del régimen. Se imparten instrucciones, aunque bastante escasas. Se le comunican al jefe las eventuales anomalías, observadas durante la semana y consignadas en informes rituales. En el nivel superior, se encuentra la división (firqa), que agrupa a las células de un barrio, de una pequeña repartición o de una fábrica, luego la sección (shu’ba) y la rama (fere’) que engloba la totalidad de una gran ciudad o de una provincia1.

A diferencia de las células, las secciones y las ramas gozan de importantes prerrogativas. Están legalmente autorizadas a encarcelar a sospechosos, según procedimientos que eluden el sistema judicial. Ejercen numerosas funciones típicas de la policía, especialmente fuera de Bagdad. Cuentan con diversas oficinas especiales, que se ocupan de los asuntos culturales, agrícolas, etc. En cada provincia, el “comando de las organizaciones” (qiyadat al-tandhimat), que encabeza el conjunto de las organizaciones, encarna la autoridad suprema, a pesar de la existencia de una administración clásica. En efecto, el Baas duplica un aparato estatal con el que compite, al que infiltra y subvierte a la vez.

En la cima de esta estructura se encuentra el “comando regional2” (qiyadat al-qutr), directorio elegido en forma democrática, teóricamente, durante un congreso. En la práctica, el voto no hace más que ratificar los nombramientos decretados por Saddam Hussein. Este comando regional cuenta con “oficinas” que son cuasi ministerios, encargados de los asuntos militares o culturales, de una diplomacia paralela, de la administración de grandes poblaciones como las de los campesinos, los obreros y los jóvenes. El ejército, cuyos soldados son obligatoriamente baasistas, está conformado por una red de células dependientes de la oficina militar, que controlan cualquier disenso en sus filas. Los servicios de seguridad interior del Baas aseguran finalmente la lealtad y la ortodoxia en su propio seno.

A diferencia del control ejercido por la policía política, la red del partido está impulsada enteramente por la propia población. El nivel de compromiso de los reclutas se organiza en grados. Se integra el Baas como un simple simpatizante (mo’ayed), sin otro deber que asimilar la ideología profesada en las reuniones semanales. Los grados superiores de “partidario” (nassir) y “partidario avanzado” (nassir moutaqaddem) significan simbólicamente una disposición a tomar las armas para defender los intereses del partido. El pasaje de un estadio a otro implica un período de latencia y la aprobación de un examen de doctrina. Se necesitan alrededor de seis años, en principio, para aspirar al estatuto de “candidato-miembro” (mourasheh ‘edhou), antes de convertirse en miembro de pleno derecho (‘edhou).

Al ascender, el militante obtiene mayores privilegios y autoridad. Un miembro de sección gana aproximadamente 250 dólares mensuales: esta suma no sólo es considerable en el contexto del embargo, sino que otorga un prestigio social sobredimensionado por las profundas desigualdades. Los secretarios generales de rama, que poseen un salario mensual de 750 dólares, recibieron este año cada uno un lujoso automóvil, símbolo de distinción. Como contrapartida, el militante es inducido a involucrarse en los trabajos sucios del partido, la persecución de desertores en las operaciones de represión realizadas en forma coordinada con el aparato de seguridad. Este compromiso despierta envidias, desprecio y odio.

En principio, los jefes de célula no tienen ningún interés material en dirigir a sus camaradas. Pero para ascender más rápidamente dentro de la estructura, a veces compran nuevos reclutas. A cambio de algunos dólares o de algunos discos compactos, un estudiante puede convertirse en simpatizante. El esfuerzo, al fin y al cabo, sólo le insume una reunión semanal, de la cual podría además escaparse, en algunos casos, ¡pagándole a su vez al jefe de célula!

La difícil situación incita a una gran parte de la población a realizar cálculos que pueden parecer denigrantes. Así, el beneficio más común consiste en otorgar una bonificación de cinco puntos a los hijos bachilleres de los baasistas. Las calificaciones del bachillerato determinan directamente el acceso a las diferentes carreras universitarias. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Bagdad, la orientación de mayor prestigio, exige un puntaje tan alto que los estudiantes provenientes de familias no baasistas están excluidos desde un principio. No es difícil imaginar el dilema de los padres, en este país donde las probabilidades de éxito son muy inciertas.

En el sur chiíta, considerado feroz enemigo del régimen, muchos eligieron el partido por una cuestión de pragmatismo. Son los mismos que si se presentara la ocasión quemarían sus locales. Mientras tanto, se adaptan. Muchas buenas acciones, como la participación “voluntaria” en el “ejército de Jerusalén”, son recompensadas con una medalla. Dos medallas permiten acceder a la Asociación de Amigos del Presidente, cuyos miembros obtienen beneficios y cinco puntos extra para sus hijos bachilleres. Esta lógica de acumulación se extiende a través de la posible adhesión a otras estructuras vinculadas al partido, como la federación nacional de mujeres o la de estudiantes.

Un deleznable poder

Además, en este universo de frustración permanente, el Baas otorga poder. En realidad, un deleznable poder para lograr el temor de sus vecinos, sus profesores, sus colegas, e incluso sus superiores menos avanzados en la jerarquía paralela del partido. Un deleznable poder para interrogar severamente a un comerciante por la ausencia de un retrato de Saddam Hussein en su negocio, o para ser autorizado, a partir de un determinado grado, a portar ostensiblemente un arma. Así, personas frágiles, acomplejadas, se incorporan al Baas sólo para encontrar allí, ante todo, cierta seguridad3.

Al sumar las pequeñas debilidades, las pequeñas cobardías, los pequeños cálculos que conforman el partido, se obtiene como resultado, sin embargo, una máquina de temible eficacia. Con una verdadera paradoja: la movilización forzada y superficial conduce a la desmovilización de la población. Todo lleva a creer que es además el efecto buscado.

El partido surgió en Irak, en los años ’50, como un movimiento político integrado por militantes solidarios y devotos de la causa nacionalista árabe. Sus principios laicos y progresistas lograron rápidamente una buena acogida en el medio estudiantil, en el ámbito de los pequeños comerciantes y en el ejército. Desempeñó un papel determinante durante el golpe de Estado del 17-7-1968, que inauguró la era del régimen actual. Luego, el régimen lo desnaturalizó progresivamente, sólo para convertirlo en un instrumento de poder, maleable a su arbitrio.

El presidente Saddam Hussein redujo el Baas a un segundo poder ejecutivo, que duplica el aparato estatal, cuyas falencias a menudo compensa. A pesar de los cambios, el régimen sigue utilizando cínicamente una ideología degradada, una suerte de logomaquia inofensiva y acordada, de falso pretexto que permite a todos mantener las apariencias. Al mismo tiempo, a través de sus prácticas, se burla alegremente de los pilares del dogma. Adversario socialista de los oscurantismos religiosos, organiza actualmente las conmemoraciones del nacimiento del profeta. El colmo de la ironía para este partido laico: el inspirador del Baas iraquí, Michel Aflak, sirio de religión cristiana ortodoxa, fue rebautizado al morir como “Ahmed” y sepultado oficialmente según el rito musulmán.

Entonces, ¿qué es el Baas? Un inmenso entramado de orgullos, hipocresías, renunciamientos y temores. Conformado por estos millones de “voluntarios” que se reúnen para remedar, con una suerte de arte consumado del pastiche, la liberación de Palestina, costará mucho alinear a diez mil para enfrentar físicamente al ejército estadounidense. El entramado del partido está destinado a deshacerse cuando caiga el régimen. Hasta entonces, se mantendrá en Irak tan seguro y firme como precario resulta su futuro.

  1. Irak está compuesto por dieciocho provincias, de las cuales tres, habitadas en su mayoría por kurdos, son actualmente autónomas.
  2. En la ideología baasista, Irak es sólo una “región” en el seno de la nación panárabe.
  3. Para matizar estos conceptos demasiado severos, con visos de sentencia, cabe recordar que los beneficios narcisistas obtenidos de un poder deleznable son casi universales, tal como puede comprobarse en nuestra vida cotidiana.

Esquivando el derecho internacional

Falk, Richard

En Estados Unidos, el debate sobre la guerra contra Irak apenas rozó la cuestión del derecho internacional. En su discurso clave, pronunciado en la escuela militar de West Point el 2 de junio pasado, el presidente George W. Bush proclamó la existencia de un derecho a la guerra preventiva, sin hacer el más mínimo esfuerzo por fundar semejante pretensión en la Carta de la ONU o en cualquier otra fuente de derecho. El único argumento que esgrimió fue que en el mundo posterior al 11 de septiembre ya no es necesario esperar ser atacado, y que los esfuerzos de Irak por dotarse de armas de destrucción masiva, sumados a supuestas relaciones con terroristas internacionales, justifican ampliamente que Estados Unidos tome la iniciativa bélica.

Sólo cuando ese unilateralismo despertó la reprobación de republicanos fieles, como el ex asesor de seguridad nacional, Brent Scowcroft, o los ex secretarios de Estado Henry Kissinger y James Baker, la Casa Blanca adoptó una fachada multilateralista.

A pesar de esa evolución, no se hizo ningún esfuerzo por legitimar, respecto del derecho internacional, el casus belli contra Irak. El senador Edward Kennedy subrayó la existencia de una distinción entre guerra “preferente” y guerra “preventiva”. La validez jurídica de una guerra “preferente” depende de la existencia de pruebas materiales que demuestren la inminencia del peligro y la necesidad de actuar. En cambio, la guerra preventiva se basa no en el temor a una agresión inminente, sino en un miedo más lejano, en la amenaza estratégica que implicaría Irak para el mundo o para Estados Unidos.

Esta visión tiene una cierta lógica. Representa un compromiso entre una lectura estrictamente legalista de la Carta de las Naciones Unidas, que impediría a un Estado reaccionar aun frente a un ataque inminente, y una interpretación laxista, según la cual un Estado podría declarar la guerra cada vez que le conviene a sus intereses.

Pero la controversia principal respecto de Irak tiene que ver con el alcance dado a la noción de legítima defensa en el derecho internacional. Generalmente se analiza esa cuestión a la luz de la Carta de la ONU, que estipula una prohibición general del uso de la fuerza (Artículo 2-4), con la única excepción de la legítima defensa (Artículo 51): “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas”. Desde el nacimiento de la ONU en 1945, los juristas están divididos: unos abogan a favor de una interpretación restrictiva, según la cual el artículo 51 permitiría invocar la legítima defensa únicamente para responder a una agresión militar. Los minimalistas, en cambio, afirman que existe un “derecho inherente” a la legítima defensa, que derivaría de la soberanía nacional, y que sólo un voto del Consejo de Seguridad podría contrarrestar.

El terrorismo a gran escala, organizado desde un país extranjero pero sin la participación directa de su gobierno, entra en esa categoría de agresiones. Así, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Afganistán, como consecuencia de los atentados del 11-9-01, fue generalmente considerado como razonable, debido a la tolerancia, cuando no del apoyo directo, que el régimen de los talibanes brindaba a Al-Qaeda. Semejante extensión de la legítima defensa no se evaluó como un atropello al artículo 51, sino como el signo de una evolución necesaria del derecho frente a nuevas realidades, sin por ello poner en tela de juicio el principio que prohibe el uso de la fuerza.

Esto no significa que el artículo 51 no pueda ser flexibilizado en caso de peligro inmediato, justificando así una guerra preventiva. Un Estado no está obligado en ningún caso a esperar ser atacado para ejercer su derecho a la legítima defensa. En 1967, por ejemplo, la guerra declarada por Israel, que se enfrentaba a la movilización general de sus vecinos árabes, es considerada por algunos como legítima, dadas las amenazas que existían sobre la propia supervivencia de dicho Estado. Sin embargo, tal razonamiento no puede ser aplicado al diferendo con Irak, pues no existe ninguna amenaza plausible contra Estados Unidos, ni ninguna prueba de vinculación con la amenaza que representa Al-Qaeda.

Mirando objetivamente los hechos, sobre todo a la luz de las duras obligaciones impuestas a Irak luego de la guerra de 1990-1991, y de las terribles sanciones que continúan en vigor desde hace más de una década, se podría afirmar que Irak, más que un país amenazante, es un país “amenazado”. Retomando la distinción hecha por el senador Kennedy, cabe decir que ese país no puede ser objeto ni de una “guerra preventiva” ni de una “guerra preferente”.

A lo largo de la historia de la ONU, la discusión sobre esos problemas se focalizó sobre todo en torno de la autodefensa anticipada. Se hizo una distinción entre las represalias armadas y el recurso a la guerra. Así, varios acontecimientos importantes fueron objeto de interpretaciones divergentes por parte de los juristas: el bombardeo efectuado por Israel contra el reactor nuclear iraquí de Osirak, en 1981; el bombardeo estadounidense de Libia en 1986, motivado por el supuesto apoyo de Muammar Khadafi al terrorismo antiestadounidense en Europa; y por último los bombardeos ordenados por William Clinton en 1998 contra Sudán y Afganistán, como represalia contra la colaboración logística que esos países habrían brindado a los autores de los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenya y Tanzania. En todos estos casos, los hechos invocados eran objeto de duro cuestionamiento, y fuera de Estados Unidos el uso de la fuerza fue percibido por lo general como contrario a la Carta de la ONU. Pero a diferencia de la guerra que se prepara contra Irak, esas acciones, costosas para los países atacados, no ponían en peligro las bases del orden jurídico internacional.

Más allá de la necesidad de evitar una guerra injustificable y de consecuencias imprevisibles, es la misma naturaleza del orden mundial lo que está en juego. No cabe ninguna duda de que Estados Unidos tiene la capacidad de imponer las reglas de juego geopolíticas. Ahora bien, una vez establecidas, esas reglas podrán ser invocadas por otros Estados. Por ejemplo, una de las consecuencias nefastas de la intervención en Afganistán fue la de ofrecer a dirigentes como Ariel Sharon y Vladimir Putin la ocasión de intensificar la represión de sus respectivas oposiciones invocando la lucha contra el “terrorismo”.

Aún reconociendo la legitimidad de la intervención estadounidense en Afganistán, queda claro que el gobierno de Estados Unidos causó un perjuicio a la “comunidad internacional” al no definir claramente el marco de su acción, teniendo en cuenta las muy singulares características del terrorismo apocalíptico de Al-Qaeda. Bush hizo incluso exactamente lo contrario, al invitar a otros países a participar en una guerra santa contra el “terrorismo”, limitándose a definir vagamente esa amenaza como una violencia política ejercida contra el Estado. De esa manera, a sabiendas, estableció una confusión entre la particular necesidad de responder a los ataques de Al-Qaeda, y las diferentes formas de represión en todo el mundo, liberando así al terrorismo de Estado de todo examen crítico. Esta inversión jurídica y moral alcanza su apogeo cuando Bush declara, en el momento mismo en que Israel desencadena su armamento perfeccionado contra los palestinos, que Sharon es un “hombre de paz”.

La estrategia estadounidense consiste en prevenirse contra cualquier crítica invocando la autoridad de la ONU. Esa visión descansa en las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad luego de la Guerra del Golfo, que someten a Irak a las condiciones de paz más punitivas jamás impuestas a un país desde el Tratado de Versalles. Hasta ese momento, la comunidad internacional parecía haber tenido en cuenta la enseñanza de la historia, al decidir, al contrario, facilitar la recomposición de las economías de Japón y de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial y estimulando a ambos países a reintegrarse normalmente a la sociedad internacional. Pero el trato, mortífero para los civiles, infligido a Irak luego de la Guerra del Golfo, deja ver claramente que Occidente está dispuesto a imponer una paz punitiva a países del Tercer Mundo, sobre todo si se trata de un país musulmán, y hasta es capaz de dar una apariencia de legitimidad a esas medidas de odio, haciendo que la ONU las vote.

Ese recurso tardío a la ONU no engaña a muchos fuera de Estados Unidos. Bush no tiene ninguna simpatía por la ONU, cuya aprobación busca sólo para desactivar la fuerza de la oposición interna a su unilateralismo descarado. Pero el hecho mismo de consultar al Consejo de Seguridad es una nueva y molesta evidencia de la hipocresía de Washington, que se obstina en no tomar ninguna medida contra la negativa israelí a terminar con la colonización ilegal y a respetar el estatuto de Jerusalén. Esta política que no usa la misma vara para medir todos los hechos, socava la autoridad de la norma internacional, pues el primer deber de todo régimen de derecho es brindar un trato igualitario a todas las partes.

Cuando el 8 de noviembre pasado la ONU votó la resolución 1441, avaló la guerra y se transformó en auxiliar de la política estadounidense. La reanudación de las inspecciones en circunstancias tan apremiantes está prácticamente condenada al fracaso. La ONU aceptó enrolarse para hacer el trabajo sucio de la agresión armada. Porque el objetivo de la Casa Blanca es el cambio de régimen en Bagdad, una injerencia directa en la soberanía iraquí y en el derecho a la autodeterminación del pueblo de ese país. Si los acontecimiento siguen el curso previsto, será un duro golpe para la ONU, ya culpable de haber aprobado un sistema de sanciones tan cruel, que dos altos funcionarios de renombre, Dennis Halliday1 y Hans von Sponeck, a cargo de la acción humanitaria en Irak, renunciaron para no ser cómplices de una política que describieron como “genocida”.

Sin embargo, cabe recordar que el Consejo de Seguridad debe respetar la Carta de la ONU, y no debe oponerse ni al espíritu ni a la letra de sus principios fundadores: adoptar todas las medidas posibles para impedir la guerra y abstenerse de cualquier intervención en los asuntos internos de un Estado (Artículo 2-7).

Traducción: Carlos Alberto Zito

  1. Ver “Des sanctions qui tuent”, Le Monde diplomatique, París, enero de 1999.


Autor/es David Baran
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 42 - Diciembre 2002
Páginas:22,23
Traducción Gustavo Recalde
Temas Conflictos Armados, Terrorismo, Derechos Humanos, Estado (Política)
Países Irak