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Las transnacionales del petróleo al asalto

Gigantescas llamas que se elevan hacia el cielo, cañerías ennegrecidas que serpentean a lo largo de las rutas, pozos de petróleo, enormes piletones donde se descomponen restos tóxicos de hidrocarburos. Tal es el paisaje donde se mueven los habitantes, en su mayoría pobres, de la provincia amazónica de Sucumbíos, en el noroeste de Ecuador. De la Amazonia surge el 96,6% del petróleo crudo que produce el país.

Sucumbíos no obtuvo ningún beneficio de esa riqueza. La provincia es a la vez una de las más miserables y de las más caras del país, a raíz de la presencia de las compañías petroleras y de su personal. Muchas comunidades campesinas e indígenas no tienen ni agua corriente ni electricidad. Las rutas, salvo la que lleva a Quito, son una mezcla de polvo y de residuos oscuros, huellas de numerosos derrames causados por el oleoducto. Contaminación del aire, de la tierra y de los arroyos; enfermedades (sobre todo cánceres); deforestación: para realizar cada prospección se abrieron hasta mil kilómetros de trochas, arrasando con decenas de miles de hectáreas de bosque. Sobre el suelo embarrado a causa de las lluvias, sin la menor preocupación por la naturaleza ni por la gente, se vertieron los residuos de los productos químicos utilizados en la perforación de los pozos.

Lejos de allí, en la capital, Quito, el distrito financiero, los rascacielos del banco La Previsora. Una de esas torres alberga las oficinas del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), obra actualmente en construcción y muy controvertida, que deberá comenzar a funcionar en junio de 2003. “Construir un oleoducto no es algo inofensivo”, admite el actual presidente de la compañía, el canadiense Andy Patterson, y añade: “Lo importante es minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Es por eso que utilizamos la tecnología más fiable y más avanzada. El nuestro es verdaderamente un trabajo bien hecho”. María de los Angeles Mantilla, directora de asuntos gubernamentales y de relaciones públicas de OCP Ecuador S.A., razona del mismo modo: “Me saco el sombrero ante el elevado nivel de exigencia que muestran los técnicos. Al comienzo habíamos evaluado en 7 millones de dólares la ayuda que desembolsaríamos a lo largo de toda la ruta. La suma actual ya es de 18 millones. Tenemos también un plan de reforestación que es una verdadera maravilla. Mientras abrimos el camino para enterrar la tubería que circulará bajo tierra, trasladamos las plantas a un vivero, hasta que llega el momento de replantarlas. ¿Qué más se puede pedir?”.

A pesar de que el país es un productor “marginal” dentro del mercado mundial (340.000 barriles diarios), en los últimos treinta años los hidrocarburos constituyeron una de sus principales fuentes de ingresos. Las actividades petroleras, que estaban en manos de compañías privadas como la Gulf o la Texaco, entre 1972 y 1976 pasaron a ser controladas por el Estado a través de una empresa pública que luego se llamaría Petroecuador. Se levantó la primera refinería en Esmeraldas, a la vez que se construía el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE), desde los campos petrolíferos de Oriente hasta la costa del Pacífico: 503 kilómetros a lo largo de los cuales transita un crudo liviano (29° a 30° API) de alto valor comercial. Esa política orientada a un desarrollo autónomo de la nación, fue modificada con la llegada a la presidencia del social-cristiano León Febres Cordero (1984-1988), partidario de la apertura al capital extranjero a través de contratos de prestación de servicios.

En 1986-1987 las compañías extranjeras comienzan a perforar los “bloques” de la cuenca amazónica –de unas 200.000 hectáreas cada uno– que las autoridades les acordaron. Realizan los primeros descubrimientos de crudo pesado (15° API), cuyo valor comercial es muy inferior al del crudo liviano. “Ahora bien, hay un solo oleoducto, el SOTE, por el que pasan, mezclados, el petróleo liviano de Petroecuador y el petróleo pesado de las compañías” recuerda Teresa Herrera, periodista especializada del diario Hoy. “A causa de esa mezcla –añade– Ecuador pierde mucho dinero en el mercado. Por su parte, las compañías, que se han vuelto propietarias del 80% de su producción, desean extraer aun más petróleo y aumentar sus beneficios. Y fue bajo su presión que nació, hace más de diez años, el proyecto de un nuevo oleoducto, desde el principio muy controvertido”.

Resistencia ecologista

En los años 1990 los indígenas reactivan la protesta popular contra la política neoliberal desarrollada por gobiernos ineptos y corruptos, insensibles a la creciente pobreza que afecta a casi el 70% de los 12,5 millones de habitantes. Luego de la caída del gobierno de Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, el gobierno de Gustavo Noboa tuvo una sola idea en mente: llevar adelante la construcción del nuevo oleoducto a paso redoblado.

Las críticas, provengan de empresarios, de sindicatos, de movimientos sociales y políticos, o de organizaciones de defensa de los derechos humanos, son igualmente descalificadas. El 15-2-01 el consorcio OCP Limited, que reúne a las compañías que ya trabajan en Ecuador, en su mayoría en la cuenca amazónica, firma con el Estado el contrato de autorización para la construcción del oleoducto. La obra, que corre paralela al SOTE en una gran parte de su recorrido, quedará en manos de las compañías por espacio de 20 años1.

La tubería de acero debiera transportar unos 400.000 barriles diarios de crudo, lo que duplicará la producción del país. Pues, según las transnacionales, las reservas comprobadas son considerables. “Gracias al OCP se crearán 50.000 puestos de trabajo” anuncia el ministro Pablo Terán. Posteriormente, esa expectativa resultará falsa, pues se ha llegado a sólo 9.000 puestos, que además son temporarios y no exigen especialización.

“Construir un nuevo oleoducto significa profundizar el modelo de desarrollo centrado en la explotación intensiva de los recursos naturales” se subleva Natalia Arias, miembro del influyente grupo Acción Ecológica (AE). “Nosotros luchamos por una moratoria de la explotación petrolera. A medida que la construcción del oleoducto avanza, con retraso, por otra parte, debido a la oposición que encuentra, cada vez más gente entiende nuestras críticas y empieza a reflexionar sobre problemas globales como los cambios climáticos, la deforestación, la contaminación, etc.”

Desde marzo de 2001 AE desarrolla una campaña activa contra la empresa OCP, a la que acusa de violar numerosos puntos de la Constitución: no se consultó a las poblaciones involucradas, no se realizaron estudios previos a la firma del contrato sobre el impacto en el medio ambiente, etc.2. La rabia y las movilizaciones se extendieron a nivel local, nacional e internacional. Sin embargo, a pesar de haber requerido la ayuda de un experto del Banco Mundial, Robert Goodland, para demostrar que el OCP viola las principales normas ecológicas y sociales de esa institución, los ecologistas perdieron la partida. El 30-9-02 la Westdeutsche Landesbank –el banco oficial alemán que aporta la parte esencial de los recursos financieros: 900 millones de dólares sobre un total de 1.300 millones3– logró la autorización del parlamento de Westfalia del Norte para seguir financiando el proyecto.

Esto permitirá continuar con la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo sobre 2,4 millones de hectáreas de selva virgen. Allí se encuentran los territorios ancestrales de numerosas comunidades indígenas: Shuar, Ashuar, Huaroni, Guechua, Shiwiar y Zapara. Y también reservas “protegidas”: Yasuni, Cuyabe, Limoncocha…

Lago Agrio, 35.000 habitantes, capital de Sucumbíos, es una ciudad que creció rápidamente y que tiene fama de peligrosa. Desde mediados de 2001, la población, a través de numerosas manifestaciones protesta contra la instalación de la Terminal Amazonas –punto de partida del OCP– dentro del perímetro urbano. Esa planta, compuesta de inmensos depósitos, equipos de bombeo y de calentamiento del crudo a una temperatura de 80 grados, implica evidentes riesgos de contaminación.

El 7-8-01, rodeado por una multitud de descontentos, el intendente de Lago Agrio, Máximo Abad, bloqueó el ingreso de las máquinas destinadas a la construcción de la Terminal Amazonas. Los responsables del consorcio se dirigieron a los consejeros municipales, a los que percibían como más propensos a ceder para ganarse sus favores (¿Por medio de algunas coimas? Nunca se sabrá con precisión). Cinco de los siete consejeros se dejan convencer. Con el apoyo del gobierno de Noboa viajarán a Quito a firmar un contrato con la empresa OCP. La ley establece que el intendente, en tanto representante legal de la comuna, es el único habilitado para firmar dicho contrato.

En febrero de 2002 los habitantes de Lago Agrio y de varias otras comunas iniciaron una huelga y tomaron la Terminal Amazonas, de la que desalojaron a los obreros del OCP. Las provincias de Sucumbíos y de Orellana (unos 180.000 habitantes) quedaron paralizadas. Decenas de instalaciones petrolíferas fueron ocupadas. Luego de treinta días de lucha y de una represión (militar y policial) que causó cuatro muertos y más de trescientos heridos, el gobierno respondió a las exigencias más urgentes, relativas a la agricultura, rutas, electricidad, desarrollo social, etc. Por su parte, la empresa OCP se comprometió a edificar ciertas infraestructuras (viales, educativas, sanitarias, etc.) y también a asfaltar diez kilómetros de calles en la ciudad… Sin embargo, Máximo Abad, del Movimiento Popular Democrático (MPD, izquierda) estima que “las normas jurídicas ecuatorianas fueron pisoteadas: simulacros de consultas, decisiones impuestas, ruptura de la paz social, destrucción del consejo municipal. Casi logran destituirme, pero aquí estoy”.

En Mindo, pequeño pueblo situado al pie de los Andes, 75 kilómetros al noroeste de Quito, se halla una de las reservas naturales más hermosas del mundo. Allí se desarrolló un turismo de tipo comunitario, y los visitantes alquilan habitaciones en casa de los pobladores. Una buena parte de los mindeños vive de esa actividad, el resto se dedica a la cría de animales, a la producción de leche y queso. Aunque parezca mentira, la famosa y controvertida “variante norte” del OCP atraviesa, en el noroeste de Pichincha, el Bosque Nublado de Mindo Nambillo, único por la riqueza de su biodiversidad. Declarado “reserva protegida” por las autoridades ecuatorianas en 1988, el bosque ocupa 19.200 hectáreas.

Con el paso de los años, en el seno de la población se desarrolló una toma de conciencia a favor de una economía sustentable. Cuando se anunció que el nuevo oleoducto pasaría por allí, se formó un frente común de propietarios rurales, campesinos, autoridades locales, grupos defensores del medio ambiente, científicos, operadores de eco-turismo, etc. “¿Qué era lo que pedíamos?”, explica Giovanni Patiño, miembro del grupo Acción Por la Vida. “Apenas una modificación del trazado del oleoducto, que pasa sobre la cresta de la cordillera de Guarumos, y no por la ‘parte baja’ como pedíamos. Somos moderados, no activistas exaltados”4.

Ese trazado, el menos costoso para el OCP, sigue una cresta montañosa muy afilada, que en ciertas partes tiene apenas dos metros de ancho. Dicha forma se debe a los torrentes que descienden desde las cimas hasta la planicie. Nada impedirá que esa erosión continúe. En caso de un accidente provocado por una sacudida sísmica –dada la cercanía del volcán Pichincha, en plena actividad5– el oleoducto, fragilizado, podría contaminar dos cuencas hídricas al mismo tiempo: la del río Mindo, orientada hacia el norte, y la del río Alambí, al sur.

En el pueblo de Mindo, sin embargo, el frente de oposición se resquebrajó bastante, ya que unos cincuenta habitantes trabajan en la construcción del oleoducto, con salarios muy superiores al promedio nacional. Pero además, según don Luis Patiño, presidente de la Junta Comunal, la empresa del OCP se comprometió a financiar el tratamiento del agua, nuevas cañerías, una red de cloacas, la renovación de la piscina pública, el centro de información turística, el plan de reforestación del valle de Mindo y la construcción de puentes. Por su parte, el Ministerio del Ambiente propuso enseñar oficios ligados a la actividad turística a unas decenas de jóvenes. “Beneficios que van a durar”, exclama don Luis, cubierto con su sombrero de viejo campesino. “¡Lamentablemente, esos testarudos ecologistas no entendieron nada!”.

En el local del Departamento de policía rural, decorado con un afiche con la leyenda “Seguridad en marcha”, en homenaje al OCP, el suboficial Carlos Fuel no ahorra las insinuaciones amargas. Los ecologistas estarían más interesados por el dinero que reciben que por su “supuesto” amor por la naturaleza. En una mesa de la oficina luce una computadora y material electrónico flamante. “Me lo regalaron los jefes del consorcio” confía exultante el suboficial. Y agrega: “Hasta me prometieron construir un verdadero calabozo, donde podré por fin encerrar a los delincuentes”.

María Eugenia Garzón, dueña de un pequeño albergue rural, no entra en grandes consideraciones políticas. Lo que la inquieta es el agua que sale de la canilla, para calmar la sed, para bañarse, el agua donde se pesca: “Soy muy pesimista, pues algunas fuentes de agua que nacen en lo alto de la montaña ya fueron tapadas por las trincheras cavadas”.

Partiendo de Mindo hacia la lejana costa, ya se ven junto a la ruta los trozos –a veces ensamblados– del “monstruo” amarillo por donde pasará el petróleo, que dentro de poco quedará enterrado. En el puerto de Esmeraldas, abundancia de la naturaleza, pobreza de la gente, abandonada por el poder central. “Treinta años de industria petrolífera no contribuyeron en nada al bienestar de la población, más bien al contrario”, señala Ernesto Estupiñán, primer intendente negro y primer representante de un partido de izquierdas que llega a ese cargo (en el año 2000). “Hemos cambiado de política respecto de la refinería, muy contaminante, de Petroecuador, obligándola a modificar las unidades instaladas y a crear otras nuevas. Además, impusimos nuestras propias condiciones al OCP, que aquí está construyendo tanques para almacenar petróleo pesado. Las negociaciones fueron muy duras, duraron varios meses”.

Resultado: compensaciones financieras, modificación de la ruta, construcción de infraestructuras básicas, tanto en Esmeraldas como en las localidades rurales de los alrededores. “El resultado más apreciable en los últimos tiempos es haber devuelto la autoestima a la población. Luchamos contra la llegada del ‘monstruo’. Ahora está aquí, pero logramos demostrar que no tenía todo el poder” concluye Lenin Plaza Castillo, animador de Radio Antena Libre, la emisora local más escuchada.

Objetivo: privatizar

La producción de Petroecuador, que había alcanzado un volumen máximo de 328.000 barriles diarios en 1994, cayó progresivamente a 220.000 barriles diarios en 2002. Al mismo tiempo, las compañías privadas que operan en 17 de los 18 bloques de la Amazonia, pasaron de 50.000 a 160.000 barriles diarios. A pesar de la asfixia a que está sometida, Petroecuador sigue siendo la columna vertebral de la economía nacional. Pero está estancada. Sin suficientes inversiones, ¿cómo obtener nuevas reservas para compensar la disminución de rendimiento de los pozos antiguos que explota? ¿Cómo alcanzar el objetivo de 400.000 barriles diarios, cantidad requerida para llenar el SOTE a partir de junio de 2003, cuando el OCP empiece a funcionar? ¿Por qué el propio OCP está revisando a la baja las previsiones que la misma firma había hecho? “En realidad, las casas matrices de las compañías que forman el consorcio no respetan el plan de inversiones de 3.000 millones de dólares que habían previsto poner en marcha, con el objeto de descubrir nuevas reservas de crudo pesado” explica Víctor Hugo Jijón, ingeniero petrolífero y asesor del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Condenpe).

Esos grupos, que afirmaban que existían inmensas reservas probadas de crudo, de golpe dan marcha atrás y sostienen que no hay suficiente petróleo pesado para poder llenar y rentabilizar el OCP. “El objetivo era claro, y ahora se lo ve bien”, analiza Fernando Villavicencio, consejero del Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroindustrial y secretario ejecutivo de la Coordinación de Movimientos Sociales (CMS). “Detrás de la construcción del nuevo oleoducto se esconde la futura privatización de los grandes yacimientos de crudo liviano de Petroecuador, y el futuro control del SOTE por parte del consorcio privado. Como no se tomó ninguna medida para separar los crudos en Lago Agrio, los dos oleoductos seguirán transportando mezcla. El país seguirá perdiendo en el mercado. En cuanto a las reservas confirmadas, pueden agotarse en 14 años, a causa de la sobreexplotación”.

Los trabajadores del petróleo elaboraron un conjunto de propuestas para desarrollar otra política6, en tanto que la población se interroga sobre el fondo del problema: ¿para qué sirven los ingresos petroleros? Fundamentalmente para pagar la deuda externa, una de las más elevadas per cápita de América Latina (1.100 dólares). Fuentes internas de Petroecuador indican que sobre los 2.400 millones de dólares de ingresos petroleros en 2000, 1.300 millones fueron destinados a financiar los intereses de la deuda. El mismo año se destinaron 1.000 millones de dólares al “rescate” financiero de los bancos comerciales en quiebra. ¿Qué quedó para solucionar los graves problemas sociales? Muy poco. En las elecciones del pasado 24 de noviembre, los ecuatorianos rechazaron toda esa lógica.

  1. El consorcio incluye principalmente a la compañía canadiense Alberta Energy y a la estadounidense Occidental Petroleum, pero también a Kerr McGee (Estados Unidos), AGIP (Italia), Pérez Companc (Argentina), Repsol (España) y Techint (Argentina). Esta última tiene a su cargo la construcción de la tubería.
  2. Para mayor información sobre el proyecto OCP ver: www.amazonwatch.org, y www.foei.org
  3. El costo del OCP no cesó de aumentar. Al respecto, el candidato presidencial Lucio Gutiérrez, ahora electo, pidió una investigación ante la Corte Suprema de Justicia.
  4. En 2002 Acción por la Vida y sus seguidores sufrieron una dura represión: amenazas, intimidaciones, detenciones, deportación de varios extranjeros, etc. Actualmente, dieciséis personas están procesadas por “sabotaje y terrorismo”. Ver el sitio: www.actionpourlavie@free.fr
  5. Los riesgos sísmicos son elevados en todo el trazado del OCP, dado que Ecuador se halla en una zona muy inestable, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.
  6. Ver el informe “Petróleo: desarrollo o dependencia”, Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador y de sus filiales, Quito, septiembre de 2002.
Autor/es Françoise Barthélemy
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 43 - Enero 2003
Páginas:8,9
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Mundialización (Economía), Neoliberalismo
Países Ecuador