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La legitimación del saqueo

En la República Argentina, el deterioro de la institución judicial y su complicidad con los factores reales de poder han generado el cuestionamiento de la sociedad. ¿Los jueces cumplen con sus funciones? ¿Constituyen una garantía de justicia o son una fuente de arbitrariedades y corrupción? ¿Cuál es su relación con el gobierno? ¿Cuál con los "dueños del país"? ¿Contribuyen a afianzar la República o precipitan su descomposición? Un somero repaso a su actuación en el plano de la economía resulta ilustrativo como respuesta.

Como en cualquier grupo humano numeroso y heterogéneo, entre los jueces es verificable gran diversidad de actitudes y comportamientos. En este artículo nos limitaremos al análisis de la jerarquía superior de la justicia en sus principales orientaciones, en particular la extraña articulación de estos jueces con el manejo de la economía.

En un campo cruzado de influencias, preceptos, lobbies, doctrinas, donde muchas veces se alegan principios del derecho para legitimar privilegios abusivos, es necesario contestar esas preguntas a partir de la confrontación entre la teoría y la práctica: qué deberían hacer y qué hacen en realidad los jueces.

El Poder Judicial tiene por función mantener el ordenamiento jurídico y resolver controversias. También interpreta la Constitución, a través del control y respeto de la idea de derecho prevaleciente y asume entonces un carácter defensivo. Como la Constitución define una estructura institucionalizada de poder social1, lo habitual es que los jueces desempeñen una tarea conservadora del orden establecido. Así, en las sociedades burguesas, es frecuente que resulten guardianes de la propiedad privada y de las demandas de las mayores empresas antes que custodios de los derechos ciudadanos. En el campo económico la alta institución judicial ha sido un obstáculo para políticas reformistas pasibles de afectar la estructura establecida del poder. Tal comportamiento se explica por la convergencia entre la personalidad y extracción social de los jueces y el poder del establishment económico. Por lo general los jueces tienen como eje teórico el derecho civil, que custodia el derecho de propiedad. El famoso juez Felix Frankfurter, de la Suprema Corte de Estados Unidos, sostenía que “debemos cuidarnos de no llenar la amplitud de las normas constitucionales con puras nociones de derecho privado”2.

Un ejemplo clásico de esta orientación conservadora fue la oposición de la Suprema Corte de Estados Unidos a la legislación sancionada por el presidente Franklin D. Roosevelt para salir de la grave crisis de 1930. Sólo cuando el Poder Ejecutivo y el Congreso lograron alterar la composición del Tribunal Supremo mediante un aumento del número de miembros éste declaró constitucionales las principales leyes reformistas: Agricultural Adjustment Act, Social Security Act, National Labour Relation Act, etc.

Esta tradicional actitud de los jueces ya había sido descalificada dos siglos antes en Estados Unidos por Thomas Jefferson, quien afirmaba que “la independencia de los jueces con respecto al monarca o al Poder Ejecutivo es una buena cosa; pero la independencia de los jueces respecto de la voluntad de la Nación es una incongruencia de la forma republicana”. Y en otro texto agregaba: “Considerar a los jueces como los árbitros finales de todas las cuestiones de orden constitucional es una decisión peligrosa, que puede colocarnos bajo el despotismo de una oligarquía”3.

De estos enfrentamientos entre el poder judicial y gobiernos reformadores está plagada la historia. Obviamente, se trata de un problema de la democracia, puesto que los revolucionarios o autoritarios simplemente sustituyen a los jueces del antiguo régimen o dictan medidas obligatorias. Por ejemplo, Federico II de Prusia, prohibió en 1780 las interpretaciones que contradijeran el sentido literal de las leyes; durante la Revolución Francesa, los decretos del 24 y 26 de agosto de 1790 impidieron la interpretación judicial de las leyes y resolvieron que las cuestiones dudosas debía resolverlas el Poder Legislativo: Robespierre afirmó que “la afirmación de que los tribunales crean la ley debe desterrarse de nuestro lenguaje”…4.

La era del negociado

Estos ejemplos, de otras latitudes y de otras épocas, sirven para contextualizar y comprender la actitud de la Corte Suprema de Justicia argentina, que en general actuó en coherencia con el poder económico dominante. Cuando las convicciones de sus miembros no encajaron con un Poder Ejecutivo decidido, fueron reemplazados: de modo constitucional en 1946 e inconstitucional en 1955, 1966 y 1976. Durante la época de la Argentina agraria, hasta principios de los años 1930, la Corte fue liberal en extremo, como convenía a la economía agroexportadora y a los mecanismos del mercado. Después, frente a la amplitud de la crisis, acompañó el intervencionismo conservador, en fallos tales como la convalidación de la moratoria hipotecaria y la instalación de juntas reguladoras. Esta política continuó hasta el final de la hegemonía agraria.

Durante el predominio de la economía industrial, existió un cambio sustancial en la integración de la Corte y en su jurisprudencia. En 1946 fueron separados de sus cargos, mediante juicio político, todos los integrantes de la Corte. Los nuevos miembros apoyaron los actos de justicia distributiva dictados por el Poder Ejecutivo y el Congreso. En ese período el Estado se apropió de la renta agropecuaria, que era antes captada por los exportadores y, entre otras medidas, pudo convalidarse el monopolio de la compra de cereales y su exportación. Después de 1955, y de un plumazo, se volvieron a aplicar criterios liberales y de mercado, en convergencia con los gobiernos de la época.

En el decenio de 1990 comienza una nueva etapa, regida por criterios diferentes de justicia, que orientaron la acción del Poder Judicial en el plano económico. Se entró de lleno en la etapa de la administración de justicia como negocio, tanto personal como para beneficio de los grupos económicos hegemónicos. El Poder Judicial pasó a ser parte activa del proceso general de desintegración institucional y social de Argentina.

Tradicional, conservadora, reaccionaria, la alta jerarquía de la justicia actúa dentro de los condicionamientos que fija la orientación política vigente. Pero la situación se complica en exceso cuando esa función consiste en… gerenciar jurídicamente el desorden. Ya no es cuestión de preservar un sistema –viejo o nuevo, conservador o progresista– sino de conseguir beneficios derivados de una situación de descomposición política. En esos casos, lo que se procura conservar es la posición adquirida y, si fuera posible, mejorar la influencia y la rentabilidad: es “sálvese quien pueda”, si las cosas van mal, es “haga negocios quien pueda”, si la situación lo permite. En una situación como la de la Argentina actual, quedan fuera de contexto las elucubraciones sobre el sistema de “pesos y contrapesos” institucionales, el papel moderador del Poder Judicial o la salvaguardia de la Constitución.

Para esos fines el Supremo Tribunal emplea el arma que le pertenece en exclusividad: sus sentencias. ¿Cómo utiliza la Corte ese poder? Para entenderlo hay que recordar que desde el punto de vista académico, el nivel de la actual Corte Suprema es desolador, con alguna excepción. En el plano político la mayoría de sus miembros es menemista: fueron designados por el ex presidente Carlos Menem, a quien facilitaron su “gestión” gracias a la mayoría automática de que disponían en el organismo. Su comportamiento corporativo y personal ha quedado al descubierto en el debate sobre el juicio político a la Corte Suprema realizado en la Cámara de Diputados de la Nación y en el dictamen de la Comisión de Juicio Político de esa cámara. Las irregularidades se miden por centenas. La Corte eludió el juicio político porque no se alcanzaron los dos tercios necesarios, pero la mayoría de los votos parlamentarios recomendó el proceso a los jueces supremos.

Es público y notorio que la amenaza de sentencias adversas a su política, en un momento de grave crisis económica, social e institucional, obligó al Poder Ejecutivo a operar para que se desestimara el juicio político que él mismo había impulsado. Así se evitó que se constituyesen los dos tercios. Y es interesante observar que la extorsión fue de índole económica: fallo contra la pesificación, entre otros. Ahora, desaparecido el peligro de juicio político, los jueces de la Corte vuelven a las andadas: uno de los fallos pendientes es el de la redolarización de los depósitos bancarios y, si así se resolviera, quién pagará la diferencia: el Estado o los bancos.

De todo ello surge que la economía argentina no sólo está a merced de los intereses de los “dueños” del país (bancos, empresas privatizadas, petroleras); de los gerentes-políticos que convierten en negocio todo lo que tocan; de las exigencias del sistema financiero internacional (en especial del FMI) y local; de los gurúes económicos y de los empresarios evasores, sino también de una Corte Suprema disociada de la justicia y del interés general.

Esto implica un grave peligro para el futuro. Está claro que no se puede aspirar a una Corte Suprema de alta capacidad técnica, que haga justicia y defienda el interés nacional, en medio de una crisis nacional grave y de la corrupción generalizada. La reestructuración del Poder Judicial es uno de los requerimientos básicos de la imprescindible reforma del Estado y las instituciones, requisitos esenciales del restablecimiento de la República.

Es por eso que en la necesaria renovación de la justicia es preciso hacer distinciones. La mayoría de los simples jueces son capaces y honestos; los negocios políticos y económicos están concentrados en determinadas instancias judiciales: Corte Suprema, Cámaras y Juzgados federales, con las excepciones del caso. Es allí donde muchos jueces practican sus malas artes. A un nuevo gobierno apoyado por una mayoría de la sociedad, que aspire a disponer de un Estado eficaz, coherente y guiado por el interés nacional no debería serle difícil organizar el juicio político para remover a estos jueces.

Pero el problema no termina allí, porque no bastará con la expulsión de la elite judicial actual: toda la estructura precisa modificaciones, tanto en sus orientaciones básicas como en su funcionamiento práctico. No es posible que el Poder Judicial, por la vía de sus más altas autoridades, siga siendo un poderoso agente del desorden, con poco de jurídico, mucho de político y todo de negocios. Deberá retornar a sus funciones de custodio de los derechos humanos (todos, no sólo el de propiedad), de los derechos civiles y políticos, en representación, como decía Jefferson, de la voluntad de la Nación. Este es el orden que deben garantizar.

Tampoco se agota el tema con el buen comportamiento de los jueces. Existe además una pesada estructura, que sólo es capaz de juzgar una pequeña parte de los asuntos que se le someten. El número del personal y de los edificios judiciales necesita adaptarse a necesidades mucho mayores. Los juicios duran años, la mayoría de los delitos jamás se esclarecen, existen enormes diferencias entre la capacidad de defensa de ricos y pobres. Estas injusticias son flagrantes en los juicios penales y del trabajo, que son los que los pobres más sufren. Es fundamental tomar conciencia del carácter clasista del régimen judicial: las diferencias son abismales entre quienes pueden pagar buenos abogados y los gastos de un juicio y quienes no. Los juicios de trabajo, que desde 1946 se resolvían en dos semanas por juicio oral, ahora demoran años. En los juicios penales confluyen las mafias policiales, de abogados y judiciales, con efectos directamente proporcionales al poder de pago de los clientes. Y así en los diferentes fueros, como el contencioso-administrativo, donde es evidente la influencia de los contratistas de obra pública y los concesionarios de servicios públicos.

Nueva administración

Otro tema fundamental es el de la legislación de fondo y procesal que aplican los jueces, que deberá adecuarse a las actuales formas de vivir, producir y comunicarse.

El diagnóstico –que no se agota en este breve resumen– es complejo; la tarea, inmensa. No obstante, puede ser útil definir con claridad cómo NO puede ser la administración de justicia. En primer lugar, no debe actuar como agente activo de un desorden generalizado e injusto. A partir del famoso fallo de 1930, que convalidaba a los gobiernos usurpadores, la Corte abandonó su prescindencia en cuestiones políticas y debió soportar sucesivas crisis5. Por cierto, ese desorden es el resultado de la acción de los “dueños del país”, que ejercen el poder real6, pero ello no exonera de culpas a los “gerentes”, que desde los tres poderes del Estado gestionan esa política contraria a la soberanía nacional y al interés popular. En su ámbito, la actual Corte no sólo ha legitimado temas políticos (o económicos con graves consecuencias políticas) sino que los ha utilizado como arma de extorsión.

En segundo lugar, tampoco debe desconocer la salvaguarda de los derechos esenciales. No es admisible que el Poder Judicial haya ignorado o convalidado la desaparición de personas durante la última dictadura (1976/1983); y la desaparición del patrimonio estatal –en primer lugar la de las empresas públicas– durante el menemismo.

Luego, como tercer cuestión, no debe extralimitarse en el ejercicio de sus funciones mediante sentencias que interfieren en actos propios de los otros poderes. No es posible que el Poder Judicial actúe como Ejecutivo, dictándole a éste detalles de política económica que, casualmente, van siempre en favor de los grupos empresarios y no de los simples ciudadanos. Los ejemplos son múltiples; entre los más importantes figura… ¡el ajuste de tarifas de las empresas privatizadas! Ya es inadmisible que el FMI se entrometa en ese terreno. Lo que ahora falta es que se agregue la Corte Suprema.

Una cuarta condición es evitar las perversiones de las que fueron acusados los actuales miembros de la Corte por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados: violar deberes éticos, incurrir en conductas que provocaron el descrédito público de la Corte, cometer diversas irregularidades en expedientes cruciales como los casos de la voladura de la Embajada de Israel, el contrabando de armas, la edad jubilatoria de los jueces, el rebalanceo telefónico, los fallos contradictorios en el “corralito”. La Comisión de Juicio Político encontró 44 y 40 cargos contra el Presidente y el Vicepresidente de la Corte respectivamente…

En la necesaria reconstrucción de la República Argentina será necesario abordar problemas de todo tipo y de primera urgencia: el hambre, la desocupación, la destrucción del Estado, la entrega de la energía y de la economía al establishment. También será necesario y urgente terminar con la podredumbre judicial que dio sustento legal a la decadencia y que, aún ahora, realiza negocios con ella. Reconstruir el Poder Judicial es una de las bases de la recuperación del Estado. No se trata sólo de jerarquizar la función de Juez sino también de convertir al Poder Judicial en ejecutor de la justicia, en guardián del respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, y en custodio de la soberanía nacional.

  1. Ferdinand Lassalle, Qué es una Constitución, Ariel, Barcelona, 1997; y Arturo E. Sampay, Constitución y pueblo, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1973.
  2. Suprema Corte de Estados Unidos, caso Haley vs. Ohio, 1948, 332 US 696.
  3. S.K. Padover (comp.), Thomas Jefferson on democracy, New American Library, Nueva York, 1946, citado por Julio Oyhanarte, Poder político y cambio estructural en la Argentina, Paidós, Buenos Aires, 1969.
  4. Franz Neumann, El Estado democrático y el Estado autoritario, Paidós, Buenos Aires, 1968.
  5. Arturo E. Sampay, Informe del despacho de la mayoría, Convención Nacional Constituyente, 8-3-1949.
  6. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “Que se vayan los dueños”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2002.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 45 - Marzo 2003
Páginas:26,27
Temas Neoliberalismo, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales
Países Argentina