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El terrorismo de Estado en Colombia

Explícitamente sostenido por Washington, el gobierno colombiano anunció, el 27 de noviembre de 2002, el inicio de diálogos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un cese al fuego ha entrado en vigor el primero de diciembre con esta organización fuertemente ligada al narcotráfico y masivamente implicada en violaciones a los Derechos Humanos. Entretanto, de manera paradójica, las negociaciones con la oposición armada jamás han progresado. Pero Estado y paramilitares siempre han tenido una estrecha relación en Colombia.

La estrategia fundamental del Estado colombiano para tratar de derrotar a las organizaciones guerrilleras que le disputan el poder desde hace más de treinta y cinco años ha sido la de destrozar, o neutralizar, al fundamental tejido social que las apoya real, presunta o potencialmente. Esta “guerra sucia”, adelantada a nivel de “terrorismo de Estado” ha descansado sobre dos pilares fundamentales: “las operaciones encubiertas o clandestinas de las Fuerzas Militares y el accionar paramilitar. Este es el centro neurálgico de la concepción contrainsurgente del Estado y en particular de sus Fuerzas Militares”1.

A nivel nacional e internacional, importantes intelectuales y medios de comunicación hacen propio el discurso del Estado colombiano al repetir que el paramilitarismo es un “tercer actor” en el conflicto, o una “rueda suelta” que no se puede controlar. Que el Estado, debilitado e impotente, es una víctima de los “violentos” junto a la mayoría de la población. Que el paramilitarismo es el simple resultado de la relación de narcotraficantes, militares descarriados, terratenientes y campesinos organizados contra los abusos de la guerrilla, esencialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El jesuita y reconocido defensor de los Derechos Humanos, Javier Giraldo, no comparte esa visión: “Quienes analizamos el fenómeno actual desde una perspectiva histórica nos negamos a definir el paramilitarismo como un ‘tercer actor’ en el conflicto”, afirmó en una conferencia impartida en Chicago el 17-3-01. “No es un tercer actor. Es el mismo brazo clandestino e ilegal del Estado que ha existido desde hace ya varias décadas. Esa misma perspectiva histórica nos impide considerar al Estado colombiano como un Estado de Derecho”, agregó.

Ante el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional para imponerla en el hemisferio, con el objetivo de evitar o enfrentar nuevos brotes insurgentes. El “enemigo interno” pasó a ser toda una ideología, con el anticomunismo como la columna vertebral y con las Fuerzas Armadas como garantes de las instituciones. Así, la contrainsurgencia se convirtió, con las particularidades de cada país, en el eje de la seguridad, y “la destrucción del ‘enemigo interno’ se volvió el objetivo, sino el fin, supremo del Estado”2. En la revista de las Fuerzas Armadas de Colombia (N° 6 de 1961) el ministro de Guerra escribía: “El principal enemigo que (debe atraer) la acción de las Fuerzas Militares lo encontramos en el campo interno, dominado por ideologías extrañas de carácter marxista, ajenas a la cultura y la civilización occidental”. Mientras que uno de los primeros manuales sobre contrainsurgencia definía al “enemigo interno” de manera simple y peligrosa: “Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo, debe ser considerado como traidor y tratado como tal”3.

Ejército y paramilitares

Desde 1962 las Fuerzas Especiales estadounidenses comenzaron a preparar en Colombia brigadas contraguerrilleras y a formar especialistas en guerra psicológica e involucramiento de civiles en actividades paramilitares, reproduciendo lo que hacían en Vietnam. Tres años después, recién surgidos los primeros grupos insurgentes, el gobierno expidió el decreto 3398/1965, dirigido a “organizar la defensa nacional”, donde se incluye un parágrafo autorizando al Ministerio de Guerra a crear grupos de civiles, a los cuales “podrá amparar con armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Era el sustento jurídico del paramilitarismo. En 1968 el decreto se convirtió en legislación permanente (ley 48) hasta 1989, cuando la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. En 1969 un reglamento del Ejército ordenaría “organizar en forma militar a la población civil para que apoye la ejecución de operaciones de combate” bajo “control directo de las unidades militares”4.

En 1976 la revista de las Fuerzas Armadas (N° 83) afirmaba que “Si una guerra limitada no convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”. Por esos años surgieron la Alianza Anticomunista Americana (Triple A) y otras fantasmales siglas que empezaron a amenazar, asesinar y desaparecer a opositores políticos y personas críticas al sistema. Posteriormente se supo que eran estructuras especiales del servicio de inteligencia militar, organizadas desde la alta cúpula.

A comienzos de los ochenta, las FARC y el gobierno de Belisario Betancurt acordaron discutir una salida negociada al conflicto. A partir de ello, las FARC participaron en la creación de un partido político, la Unión Patriótica (UP), el cual debería tomar su lugar en la vida constitucional y democrática de llegar las negociaciones a buen término. Paralelamente, mientras el gobierno decía querer la paz, se implementaba la “guerra sucia” contra dirigentes populares, sindicales y campesinos. Ello no era casual: “Acorde a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los esfuerzos por buscar una solución no violenta o política al conflicto interno en Colombia, fueron percibidos por el alto mando militar como avances de la ‘guerrilla comunista’ en su asalto al poder”5. Como lo han demostrado hasta la saciedad investigaciones oficiales, el alto mando militar involucró a caciques de los partidos liberal y conservador, terratenientes y capos de la mafia en el desarrollo de estructuras paramilitares que ejecutaron los crímenes. Así empezó uno de los matrimonios por conveniencia más sanguinarios de la reciente historia política colombiana. En medio de ello, el Ejército produjo otro “Reglamento de combate de contraguerrillas” (EJC 3-10, Reservado, 1987), el cual dividía a las fuerzas subversivas en dos: “población civil insurgente y grupo armado”, donde “la población civil por lo tanto es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del Ejército”.

Para mediados de los años noventa el “terrorismo de Estado”, sirviéndose del paramilitarismo (llamado ‘sicariato’, ‘escuadrones de la muerte’ o cualquiera de los tantos nombres que se le ha dado para ocultar su real rostro) había asesinado y desaparecido unos 25 mil miembros de la izquierda y personalidades progresistas. Tan sólo al partido Unión Patriótica le asesinaron tres mil militantes, incluidos dos candidatos a la presidencia, casi todos sus alcaldes, ediles y parlamentarios, por lo cual el Estado colombiano está demandado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “genocidio político”. Ni las dictaduras del Cono Sur llegaron a tanto.

Irónicamente, mientras se masacraba a la oposición legal, las guerrillas se fortalecían, llevando al presidente Cesar Gaviria, actual secretario general de la OEA, a dar vida a la “Estrategia nacional contra la violencia” en 1991. La organización Human Rights Watch, en su informe de 1996, demostraba que la CIA y el Pentágono habían contribuido a reorganizar “los sistemas de inteligencia que desembocaron en la creación de redes asesinas que identifican y matan a civiles sospechosos de ayudar a las guerrillas”6. En 1994, este gobierno dispuso la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural (“Convivir”), presuntamente para colaborar con la Fuerza Pública recolectando información que sirviera a prevenir las actividades de los grupos insurgentes. La realidad demostró que una de las tareas de las “Convivir” fue actuar como ente legalizador de muchas redes de sicarios al servicio de narcotraficantes y terratenientes7 y que su objetivo central consistió en reclutar a la población civil para que sirviera de vertiente legal al paramilitarismo.

Las AUC y el narcotráfico

Ante las presiones internacionales, en diciembre de 1997 el gobierno del presidente Ernesto Samper creó un grupo especial, bajo la responsabilidad del ministro de Defensa, para capturar a los jefes de las actuales Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nuevo nombre que tomaban los grupos paramilitares. Un año después los “resultados brillaban por su ausencia”8. Sobre ello, el jesuita Giraldo denunciaba que “los grupos de búsqueda aprendieron a calcular su llegada a los escenarios de los crímenes cuando éstos ya estaban consumados y los victimarios ya estaban a salvo, y a capturar a delincuentes comunes para exhibirlos como paramilitares”.

El 7 de enero de 1999 el presidente Andrés Pastrana aceptó dialogar con las FARC, la fuerza guerrillera militarmente más poderosa; igual hizo con el ELN, aunque sin darle mayor trascendencia. Tal como había sucedido durante la administración Betancurt, la violencia paramilitar se multiplicó: mientras en 1999 las masacres registradas fueron 168, en 2000 llegaron a 236. El número de asesinados ascendió a 1.226; 297 más que en 1999.

Aunque vagamente mencionado por los grandes medios de información, un “detalle” saltaba a la vista: las estadísticas mostraban que la disminución de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas militares iba a la par con el aumento de los crímenes imputables a las AUC. La explicación a tan “extraña” constatación la dio el Defensor del Pueblo: “Se trata de una nueva forma de ejercer la represión ilegal sin cortapisas que algunos analistas han llamado, muy acertadamente, la violencia por delegación”9.

Existe otro “detalle” que tampoco ha merecido mayor atención: los escasísimos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los principales criminales contra la población civil indefensa, los paramilitares. Se dice que las AUC cuentan con unos once mil miembros diseminados en todo el territorio nacional, principalmente en zonas económicamente estratégicas con presencia de transnacionales. Para el jefe paramilitar Carlos Castaño “Las presiones de la comunidad internacional pueden influenciar al alto mando militar, pero sobre el terreno nadie podrá jamás dividir a los hermanos unidos contra el mismo enemigo. Yo no puedo temer al ejército pues nada me puede hacer”10. El Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, presentado en 2001, confirma: “La Oficina ha sido testigo de las declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y por consiguiente no es función del Ejército combatirlos. (…) En contraste con las grandes ofensivas militares contra las guerrillas, en las que se aplican ingentes recursos humanos y logísticos en campañas que duran semanas, (…) generalmente el ataque contra (los paramilitares) obedece a escaramuzas menores, requisas y detenciones individuales y esporádicas”.

Castaño, además de reconocer que recibió instrucción de los ejércitos israelí y colombiano y que ha tenido amistosas relaciones con el alto clero católico y buena parte de la dirigencia política colombiana, dice que los “americanos (por los estadounidenses) han tolerado” su criminal organización, aunque la tengan señalada como “terrorista” desde el 10 de septiembre de 2001. También acepta, sin reservas, que las AUC no sólo se financian con el tráfico de drogas, sino que manejan buena parte del negocio11. Lo que no ha impedido que hayan mantenido relaciones “amistosas” con la CIA y la Drug Enforcement Administration (DEA, Oficina estadounidense de lucha contra el narcotráfico) ni que hayan participado directamente con el grupo élite de la policía colombiana (Bloque de Búsqueda, el mismo que tenía la ayuda de la CIA y la DEA), en la persecución de otros narcotraficantes como, por ejemplo, de Pablo Escobar. De esto las evidencias son tantas que Amnistía Internacional pidió al gobierno estadounidense acceder a los archivos secretos, sin obtener respuesta.

Con la desaparición o encarcelamiento de los jefes de los carteles de la droga de Medellín y Cali, y aprovechando el espacio que le brindaban las “Convivir”, las AUC coparon el control del procesamiento y exportación de drogas. En septiembre de 1997 el Observatoire Géopolitique des Drogues de Paris informaba que la mayoría de la cocaína que ingresaba por los puertos de España, Bélgica y Holanda provenía de las zonas costeras colombianas bajo control de las AUC. Como testimonia un senador, sorprende la escasa referencia a ésto, a pesar de que las AUC son hoy “un nuevo cartel mafioso militarizado, (…) los principales exportadores de cocaína del mundo con un discurso antiguerrillero”12.

El Plan Colombia, impulsado por Washington, dice tener como objetivo terminar con el tráfico de drogas. Para ello se ha centrado en la represión a las guerrillas y a los campesinos pobres productores de coca, pero para nada se ha dedicado a reprimir a los paramilitares. El gobierno estadounidense se ha contentado con tibios pronunciamientos, sin llegar a mayores exigencias a su homólogo colombiano13. El jesuita Giraldo expresa: “es claro que la estrategia militar y represiva que se plantea (en el Plan) contra el narcotrafico es una mera ficción. Sirve sólo para disfrazar el involucramiento militar de Estados Unidos en el conflicto político-militar de Colombia.” Y dentro de la estrategia contrainsurgente, el paramilitarismo debe seguir jugando un papel crucial contra el “enemigo interno”.

Elegido con el 53% de los votos (y una abstención superior al 52%) Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia colombiana en agosto del 2002. Mientras se desempeñó como gobernador del departamento de Antioquía, este gran terrateniente fue el principal promotor de las “Convivir”. El jefe de las AUC dice de él: “es el hombre más cercano a nuestra filosofía”14. Aunque no es responsable de ello, según diversas fuentes, el presidente Uribe Vélez es hijo de un narcotraficante15. Antes de ganar las elecciones, diversos medios de prensa nacionales e internacionales mencionaban constantemente sus presuntos vínculos con el cartel de Medellín y los grupos paramilitares. Hoy son temas que misteriosamente ya no interesan: sólo hay elogios por su decisión de guerra total contra las organizaciones insurgentes.

Según dice el investigador y defensor de Derechos Humanos, Diego Pérez Guzmán, el objetivo del mandatario es “recuperar la confianza del inversionista extranjero en Colombia, para lo cual debe asegurar el control del orden público al precio que sea, sin importar el alto costo en muertes que debe pagar la población civil no combatiente. De ahí que su meta central, sin llegar a mencionar los términos crudamente, es la paramilitarización total del Estado y la sociedad”.

El presidente Uribe se propone reclutar hasta un millón de colombianos como informantes, organizados bajo los principios de las “Convivir”; formar un contingente de 25.000 campesinos e indígenas que, luego de recibir adiestramiento militar, regresarán a sus comunidades como “milicianos campesinos” (lo que recuerda a las Patrullas de Autodenfesa Civil –PAC– en Guatemala); y formar frentes locales de seguridad en los barrios y comercios. Existe además un plan de concertación con transportadores y taxistas para vincularlos a la seguridad de ciudades y carreteras, al tiempo que las agencias de seguridad privadas están obligadas a entregar información y prestar los servicios que las Fuerzas Armadas les exijan. Además, dos “Zonas de Rehabilitación y Consolidación”, –que no se regirán por los derechos contenidos en la Constitución– han sido instauradas en los departamentos de Sucre, Bolívar y Arauca. El poder militar directo reemplaza al gobierno local.

Ningún ciudadano podrá ser neutral, a riesgo de ser señalado como colaborador de la insurgencia. Las pocas instituciones del Estado que aún estaban por fuera de la estrategia contrainsurgente ya han sido involucradas en la “guerra integral”, incluida la Fiscalía General de la Nación. De ella han sido destituidos en un año quince funcionarios que realizaban investigaciones sobre jefes paramilitares y altos mandos de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones a los Derechos Humanos.

Mientras responde con más militarización a los llamados de la guerrilla para buscar una solución negociada al conflicto, el gobierno del presidente Uribe abre los brazos a los paramilitares. En un comunicado hecho público en noviembre pasado, estos decían: “no podemos permanecer ajenos al reiterado llamado al diálogo y a la reconciliación que el Gobierno Nacional, por múltiples medios, nos ha hecho (…)”. Con la bendición de Wahington, y un mes después de encuentros preliminares entre el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, cinco obispos y jefes paramilitares, el 27 de noviembre se anunció un cese al fuego desde el primero de diciembre de 2002. Ni la mercenaria “Contra” nicaragüense fue tratada con tanta benevolencia. Como era de esperarse, el cese al fuego ha sido muy respetado por el Ejército, cosa que jamás hiciera con las guerrillas en momentos de diálogo. El Ejército, que está conformado por cinco Divisiones, no podría comportarse de manera diferente con la “Sexta División”, como habitualmente se denomina a los paramilitares en Colombia16.

Las negociaciones tienen como fin el indulto a los paramilitares, lo que les permitiría reintegrarse en toda legalidad dentro de uno de los tantos aparatos que se están creando (informadores, milicias campesinas, etc.) y así continuar con su trabajo. A casi nadie parece importar que serían los primeros terroristas, criminales de guerra y narcotraficantes en recibir tal beneficio. El indulto no lo merecen ni jurídicamente, pues al reconocer que su “lucha” es en defensa de las instituciones estatales (“organización parasistema”, dicen sus jefes) y al ser parte esencial de una estrategia contrainsurgente, no pueden adquirir status político. Según la propia Constitución colombiana y los conceptos internacionales, ello sólo es atribuible a quienes se insurreccionan contra un Estado que oprime a la población en lo social, económico y político, pero este es el caso de las guerrillas…

Al dejar en la impunidad sus crímenes, el Estado colombiano no sólo eludiría “su deber de investigar y sancionar; también envía una señal equivocada a quienes cometen atrocidades al perdonarlos sin sanción y al legitimarlos al mismo tiempo como actores políticos”17.

El gobierno del presidente Uribe Vélez se siente firme en sus decisiones. Cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, los poderosos gremios económicos y los grandes medios de comunicación, que lo declararon el “hombre del año 2002”. Pero ante todo tiene el respaldo de la administración Bush, quien acaba de permitir que los aportes para la llamada lucha antidrogas, en el marco del Plan Colombia, sean utilizados para combatir a la guerrilla. Este traslado de recursos ya se hacía de facto, y en contra de las disposiciones del Congreso estadounidense. Recursos logísticos y al menos 70 miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses ya están colaborando con los batallones asentados en la mayor zona petrolera del país, muy cerca de la frontera con Venezuela, donde las diez más importantes petroleras del mundo tienen inversiones. Se trata de batallones con gran tradición en la conformación de grupos paramilitares. El 13 de febrero pasado al sur de Colombia cayó una avioneta en la que viajaban cinco hombres, de los cuales cuatro eran estadounidenses, supuestamente en tareas de espionaje. Diez días después, el presidente George W. Bush ordenó el envío a Colombia de 150 soldados estadounidenses para asistir a las tropas colombianas en la búsqueda de tres ciudadanos estadounidenses que permanecen como rehenes de guerrilleros de las FARC.

“Usted ha formado una gran estrategia y ha armado todas las piezas que se necesitan para luchar contra el fenómeno de la inseguridad y el terrorismo”, fueron las palabras expresadas por Colin Powell al presidente Uribe Vélez durante una visita a Colombia, en diciembre último. Parece ser que el jefe del Departamento de Estado desconoce que en esa “gran estrategia”, el paramilitarismo tiene un papel definitivo. Parece ignorar que, considerada como base de apoyo real o presunta de los rebeldes, la población no armada continuará recibiendo el peso de la represión.

  1. El Terrorismo de Estado en Colombia. Publicado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Ediciones NCOS. Bruselas, 1992. Este trabajo contiene el fichero de 350 oficiales y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la policía involucrados –y no sancionados– en la “guerra sucia”. Nunca ha sido refutado.
  2. Ibid.
  3. La guerra moderna, Ejército de Colombia, Biblioteca del Ejército, Bogotá, 1963. Mencionado en: Tras los pasos perdidos de la Guerra Sucia. Publicado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Ediciones NCOS, Bruselas, 1995.
  4. “Reglamento de Combate de Contraguerrilla”, EJC-3, Reservado, Bogotá, 1969. Mencionado en Tras los pasos perdidos…, Op. cit.
  5. Tras los pasos perdidos…, Ibid.
  6. Colombia’s Killer Networks, Human Rights Watch, Washington, 1996.
  7. Colombia ante los retos del siglo XXI: Desarrollo, Democracia y Paz, Federico Andreu Guzmán, Editorial Universidad de Salamanca, 2001.
  8. El Espectador, Bogotá, 24-1-1999.
  9. “Cuarto informe anual del Defensor del Pueblo al Congreso colombiano”, Defensoría del Pueblo, Serie documento N°II, Bogotá, 1999.
  10. Le Monde, Paris, 18-5-01.
  11. Mauricio Aranguren Molina, Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, Ed. Oveja Negra, Bogotá, 2001.
  12. “Indulto a paramilitares”, Gustavo Petro, Via Alterna, 14-12-02.
  13. En septiembre de 2001, Estados Unidos acusó a los paramilitares de narcotraficantes y pidieron la extradicción de varios de sus líderes, entre ellos Carlos Castaño y Salvador Mancuso.
  14. Mi confesión, Carlos Castaño…, Op. cit.
  15. Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo, Ed. Documentos periodísticos, Bogotá, noviembre 1987.
  16. The “Sixth Division”, Military-Paramilitary Ties and U.S. Policy in Colombia, Human Right Watch, New York, noviembre, 2001
  17. Declaraciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, El Espectador, Bogotá, 24-1-1999.

Peligrosa escalada

Lemoine, Maurice

Álvaro Uribe Vélez asumió sus funciones como presidente el 7 de agosto de 2002, bajo una lluvia de obuses disparados por los morteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mató 21 personas en una barriada próxima al Palacio Presidencial de Bogotá. El 10 de septiembre, pocos días antes del viaje del nuevo presidente a Washington, el gobierno adoptaba el decreto 2002/2002 que constituye la columna vertebral de su política y que notifica (artículo 33): “Hoy en día, la violencia política y el terrorismo son idénticos”.

Como los paramilitares, pero en muy diferente proporción (alrededor del 20 al 22% de los crímenes y exacciones), los movimientos de oposición armada son justamente acusados de no respetar los Derechos Humanos universales. Cada año realizan cientos de secuestros para obtener el pago del “impuesto revolucionario”. Desde la ruptura del diálogo (el 20-2-02) su estrategia apunta a desestructurar la gobernabilidad local por medio de amenazas a las autoridades (cientos de funcionarios públicos debieron renunciar, un alcalde y cuatro consejeros fueron ejecutados) para obtener la liberación de sus combatientes detenidos por medio de una operación de “intercambio”. Las FARC se lanzaron a una política de secuestros específicos (además de la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, tienen en su poder, entre otros, a dos ex ministros, dos ex gobernadores y 12 diputados regionales de la Asamblea del Valle)1.

Por esas razones se atribuye a las FARC la responsabilidad de la ruptura de las conversaciones de paz iniciadas por el ex presidente Andrés Pastrana. Eso significa olvidar que al inicio del diálogo Pastrana se había comprometido a negociar “una profunda reforma económica y social” y a luchar contra los grupos paramilitares. En realidad, de manera concertada con Washington, Pastrana estableció el Plan Colombia y prosiguió la implementación de un proyecto neoliberal devastador, mientras el paramilitarismo aumentaba durante las negociaciones.“A lo largo de los 40 meses y 17 días transcurridos desde el comienzo del proceso de paz con las FARC, en Colombia se produjeron 1.000 masacres y hubo más de un millón de personas desplazadas. De junio de 2000 a junio de 2001 se contabilizó un promedio de 20 asesinatos políticos por día. Dos tercios de esa cifra deben ser atribuidos al Estado y a los grupos paramilitares”, señaló la Federación Internacional de Derechos Humanos2 cuando se produjo la ruptura.

Al iniciar las conversaciones de paz en 1999, el gobierno pensaba equivocadamente que las FARC –y también el ELN– estaban agotadas y políticamente derrotadas. Por lo tanto les ofreció apenas una rendición “honorable”, dejando así de lado la dimensión esencial del conflicto y de su solución: la reforma social.

Las condiciones en que se produjo la ruptura se inscriben en la larga tradición de promesas no cumplidas y de traiciones del Estado colombiano. En el acuerdo se había previsto un plazo de 48 horas para que las FARC pudieran evacuar la zona desmilitarizada del Caguán en caso de cese de las conversaciones. Apenas tres horas después de dicha ruptura, las Fuerzas Armadas ocuparon la zona, apoyadas por unas 200 operaciones aéreas de aviones OV-10, AT-37, DC-34 y Kafir, y de helicópteros Black Hawk, que bombardearon 87 puntos. Estimando que las mejores fuerzas de las FARC estaban concentradas en esa región, tanto el Ejército como los servicios de informaciones militares estadounidenses pensaban que de esa forma les asestarían un golpe estratégico, les causarían graves bajas y eliminarían físicamente a Manuel Marulanda (líder de la organización), Jorge Briceño (jefe militar) y Raúl Reyes (principal negociador).

Nada de eso ocurrió y para mostrar su fuerza incluso en las ciudades las FARC subieron la apuesta atacando el Palacio Presidencial el 7 de agosto, a pesar de la presencia de 20.000 soldados y de la vigilancia de la capital por parte de aviones estadounidenses.

Fortalecido por la nueva situación creada por el 11 de septiembre de 2001, y apoyándose en la doctrina de lucha contra el terrorismo de Geoge W. Bush, que le permite obtener financiamiento, ayuda e informaciones militares, Uribe se lanzó a una guerra total. A tal punto que el 15 de enero pasado pidió a Washington que intervenga en Colombia y que ejecute allí una operación militar similar a la realizada en el Golfo3. Si bien aún no se llegó a eso, 208 militares y 279 civiles estadounidenses ya están, oficialmente, en territorio colombiano, donde participan de una u otra forma en la lucha contra las guerrillas. El 13 de febrero pasado, tres de esas personas fueron capturadas por las FARC luego de derribar el avión en que viajaban. Cuarenta y nueve miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses fueron enviados a Colombia para participar en las operaciones militares destinadas a liberarlos. Una peligrosa escalada…

Traducción: Carlos Alberto Zito

  1. Pero, de manera unilateral, sin presión, las FARC liberaron a 350 policías y soldados en 2001, sin que el gobierno lo haya tenido en cuenta.
  2. Federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos, “Colombia: Pastrana rompe el proceso de paz”, París, 22-2-02.
  3. Luis Bilbao, “Estados Unidos militariza la política en Sudamérica: el enemigo principal es Lula”, Le Monde diplomatique edición cono Sur, febrero de 2003.


Autor/es Hernando Calvo Ospina
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 46 - Abril 2003
Páginas:12,14
Temas Estado (Política)
Países Colombia