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Recuadros:

Mucha defensa, poca seguridad

Dime que armas compras, y te diré que temes. El aforismo debería describir una verdad básica: los países adquieren el armamento de acuerdo a sus necesidades bélicas. Pero en muchos casos no es así. Un enfoque riguroso de las necesidades de un país exige considerar todas las amenazas a su seguridad. Esto no es simple pues la seguridad es una condición que podría equiparase a la salud. Puede variar en poco tiempo y las amenazas, como las enfermedades, pueden ser de índole muy diferente.

El ideal para toda nación es contar con la mayor seguridad posible, pero ningún país puede estar inmunizado todo el tiempo frente a todas las amenazas. Y cuanto más pobre es un Estado, al igual que las personas, estará obligado a convivir con determinadas vulnerabilidades. De manera que los gobiernos fijan las prioridades de su agenda de seguridad y, si son racionales, destinan los recursos según la seriedad de las amenazas.

La seguridad puede desagregarse en todos aquellos aspectos que amenazan a una nación: salud, orden interno, alimentación, recursos financieros, medios energéticos, por mencionar algunos. Es un error frecuente, aunque comprensible, igualar la seguridad con la defensa, que es el campo específico de la seguridad militar de un país. Sin embargo, en el mundo actual la mayoría de los grandes desafíos de seguridad no son de naturaleza militar.

¿Cuál es la mayor amenaza a la seguridad de un país? Varía según cada realidad nacional. Estados Unidos plantea, después del 11 de septiembre del 2001, que el terrorismo es su principal enemigo. Sudáfrica enfrenta la mayor crisis en el ámbito de la salud, porque se estima que unos siete millones de sus habitantes habrán muerto de SIDA para el año 20101. En Somalia el hambre ha cegado cientos de miles de vidas y su mayor problema es la inseguridad alimentaria. India y Paquistán estuvieron recién al borde de una guerra y allí sí la seguridad militar pasó a primer plano. En Sao Paulo, que por sus dimensiones supera a muchos países, los secuestros y asaltos están a la orden del día. Su drama es la seguridad ciudadana.

En lo que toca Sudamérica, en su conjunto, el Presidente peruano Alejandro Toledo ha dicho que en la región la mayor amenaza proviene de la pobreza. Es posible. En el caso peruano a la pobreza se suma la discriminación y la exclusión del campesinado e indígenas. Esta ecuación explosiva alimentó a un par de movimientos terroristas que devastaron el Perú2.

El error peruano

La tragedia peruana es aleccionadora del enorme costo social y económico en que incurre un país cuando equivoca sus prioridades en materia de seguridad. En 1964 comenzó a actuar la organización subversiva Sendero Luminoso. Sus actividades fueron ignoradas; los gobernantes junto a los mandos militares peruanos mantuvieron la hipótesis de dos conflictos simultáneos. Uno con Ecuador y otro con Chile. Así Lima destinó enormes recursos a la defensa (ver recuadro). Llegó a contar con la mayor flota de submarinos de Sudamérica (una docena), con un formidable número de tanques y los más avanzados aviones de la región. Cuando Perú alcanzaba su punto más alto de apresto militar, en 1980, Sendero Luminoso lanzó sus primeros ataques armados.

Aquí cabe preguntarse ¿estaba Lima amenazada por Quito y/o Santiago? ¿Fue un yerro de proporciones mayores haber destinado casi tres mil millones de dólares para contar con uno de los mejores arsenales en Sudamérica? La respuesta es inequívoca: Perú perdió la brújula en materia de seguridad. Si buena parte de los medios destinados a los militares se hubiesen encauzados a fines sociales es probable que el impacto de las organizaciones terroristas hubiese sido menor. En todo caso el armamentismo peruano, de décadas, dejo al descubierto vacíos notables. Para muestra un botón: en el apogeo de la lucha contra el senderismo el 70 por ciento de los helicópteros de la fuerza aérea y el ejército estaban fuera de servicio por falta de repuestos o mantención, como lo consignó la publicación británica Andean Regional Report3. Los helicópteros son un medio decisivo en la lucha contrainsurgente.

Al declinar la actividad subversiva, hacia 1995, fue la hora de hacer un balance, y las cifras fueron elocuentes del dolor y la destrucción: veinte mil muertos y pérdidas estimadas en veinticinco mil millones de dólares. Ese es el costo de no detectar las amenazas concretas y destinar recursos a objetivos errados. El armamentismo peruano respondió, como ocurre en casi toda la región, a la presión de los militares sobre el gobierno. La autonomía castrense, y su gravitación sobre el sistema político, le ha permitido imponer demandas aun frente a problemas a ojos vistas más urgentes. En el plano más reciente las revelaciones de los videos de Vladimiro Montecinos, el hombre fuerte del gobierno del Presidente Alberto Fujimori, aportaron pruebas descarnadas de la corrupción en las sobredimensionadas adquisiciones

bélicas.

En el caso del Perú es posible concluir que los fondos destinados a fines bélicos no aportaron seguridad sino que, por el contrario, lo debilitaron frente a su amenaza principal. En países con recursos escasos los costos de oportunidad son enormes. La disyuntiva de cañones o mantequilla es real. Los mil millones de dólares destinados a armas no estarán disponibles para otros fines. Y la ausencia de este capital en otros rubros a su vez crea vulnerabilidades a la seguridad.

Gigantismo brasileño

A menudo las adquisiciones militares están dictadas por razones que poco tienen que ver con la defensa en un sentido estricto. El prestigio internacional es un factor importante. Brasil inició la fabricación de submarinos nucleares. ¿Contra qué enemigos utilizaría estos sumergibles atómicos? La armada brasileña no tuvo otra respuesta que señalar que el NAC-1, como bautizaron el prototipo proyectado, sería un gran demostrador de la estatura tecnológica del país4.

Un ejemplo igualmente oneroso son los portaaviones que hoy disponen Brasil y Argentina. Estas son las más poderosas plataformas de combate. Pero, como los argentinos descubrieron durante la guerra de Malvinas, los portaaviones son artefactos enormes y lentos que sobresalen en cualquier pantalla de radar. Y esto los hace presa fácil de mísiles y torpedos. Ello obligó al almirantazgo argentino a desplazar al portaaviones "25 de Mayo", a buen recaudo de puerto, fuera del alcance de las fuerzas británicas. A la hora de la verdad, cuando el portaaviones debió justificar su existencia, quedó claro que no había capacidad para protegerle, un claro caso de un activo que se convirtió en un lastre.

Pese a la experiencia argentina, Brasil acaba de comprar, el año pasado, el portaaviones francés Foch, que rebautizó como Sao Paulo. ¿Tiene Brasil ambiciones de proyectar poder militar más allá de sus costas atlánticas? Si las tiene, no las ha explicitado. Y si no las tiene es incomprensible que cuente con semejante navío. El diplomático José Luiz Machado, asesor del ministro de Defensa brasileño Geraldo Quintao, avanzó la siguiente razón para la compra: "Brasil no considera válida ninguna hipótesis de conflicto con ningún país vecino, pero tenemos que tener una capacidad de defensa proporcional a nuestro estatus como país. Hoy, nuestra capacidad de defensa está por debajo de esa proporción"5.

En Brasil muchas capacidades relativas a la seguridad están por debajo de lo deseable o el estatus internacional del país. A comienzos de 1998 se desató un feroz incendio en el Estado de Roraima en el Amazonas brasileño. El fuego arrasó más de treinta mil kilómetros cuadrados de selva, una superficie que duplica el tamaño de la Quinta Región en Chile. En abril del mismo año el general Patrick Hughes, jefe de la Agencia de Informaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, declaró: "En caso de que Brasil resuelva hacer un uso de la Amazonía que ponga en riesgo el medio ambiente, en Estados Unidos debemos estar listos para romper ese proceso inmediatamente"6.

Desde mucho antes del incendio los generales brasileños estaban inquietos por el llamado de organizaciones internacionales para convertir el Amazonas, región clave en la regulación climática del planeta, en una reserva ecológica patrimonio de la humanidad. Ante las llamas el gobierno brasileño y los uniformados fueron impotentes para impedir la destrucción de quince por ciento de la vegetación de Roraima. El país no dispone de medios para proteger su riqueza natural. De hecho recibió ayuda de brigadas de bomberos de Argentina y Venezuela. En aquella oportunidad Luiz Inacio Lula da Silva, candidato presidencial a las próximas elecciones, puso el dedo en la llaga: "Una vez más nuestro gobierno capta la dimensión de un problema después que lo plantea la prensa internacional"7. La destrucción del Amazonas abre un flanco para la soberanía brasileña. Pero los árboles no tienen la capacidad de lobby de los militares.

El caso de Chile

En Chile perdura una autonomía militar reñida con las normas democráticas de subordinación al poder representativo. Es el caso de la inamovilidad de los Comandantes en Jefes, y de la designación de senadores por las ramas castrenses, por citar las más notorias. La ausencia de una política de Estado de defensa, motivada en gran medida por la autonomía castrense, tiene costos enormes.

En primer lugar está la incoherencia en las adquisiciones, como se verá más adelante. Pero tanto o más grave es la descoordinación entre las ramas. Es poco presentable que la compra de los aviones F-16 y el Proyecto Tridente, llegaran simultáneamente al despacho del Presidente de la República. Así de un día al otro el país debía destinar no menos de mil quinientos millones de dólares a fines bélicos. Y esta cifra no incluye los sistemas de armamentos. Por cierto que esta cantidad se paga a lo largo de varios años, pero significaba aumentar la deuda pública en un tercio. Semejante descoordinación ocurre porque cada rama planifica a su arbitrio. No hay una visión central que asegure un programa escalonado de compras.

El Presidente postergó en forma indefinida el desarrollo del Proyecto Tridente, que consideraba la compra de cuatro fragatas Meko a los astilleros alemanes Blohm & Voss. La primera unidad se construiría en Alemania y las restantes en las gradas de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en Talcahuano. El gobierno ha guardado mutismo sobre las razones que lo llevaron a archivar el proyecto. Ha trascendido que la Armada no contaba con los "recursos propios" para la iniciativa. También se ha dicho que los offsets no eran buenos.

La cautela del ejecutivo, en todo caso, es razonable. Iniciar la construcción de fragatas era una iniciativa de altísimo riesgo. La duda no está en si Asmar es capaz de construir las fragatas. La pregunta es si lo lograría en los plazos y costos fijados, además de conseguir la calidad original. La construcción de un buque de guerra es una empresa de ingeniería compleja. Gestionar un proyecto de estas magnitudes exige una experiencia administrativa y técnica en la que no bastan algunos supervisores teutones. La inexperiencia tiene un precio, como lo saben todas las empresas. Cuando están cientos de millones de dólares en juego atrasos menores se convierten en cuellos de botella que multiplican los costos en forma alarmante.

No está demás recordar el desastre argentino con los submarinos alemanes

Tr 1.700. En un contrato con los astilleros Thyssen Nordseewerke se acordó en 1977 la construcción de seis submarinos. Dos, el Santa Cruz (1984) y el San Juan (1985), fueron construidos en Emden, Alemania. Los cuatros restantes debían salir del astillero Ministro Manuel Domecq García, desarrollado para este propósito. Fue un proyecto que excedió los mil millones de dólares. Los costos comenzaron a subir hasta agotar los fondos. El proyecto fue abandonado a mitad de camino y los materiales fueron vendidos como chatarra por alrededor de treinta millones de dólares. Sin duda fue el naufragio más oneroso de la industria naval sudamericana, y una contribución más al crónico déficit fiscal argentino.

Sudáfrica acaba de encargar fragatas similares a las que quería la armada chilena, que Pretoria llama corbetas. Pese a que cuenta con astilleros, prefirió que las construyeran los propios alemanes. Con calculadora en mano los sudafricanos concluyeron que salía más a cuenta comprar el buque listo, y así estar seguros del precio final y de la fecha de entrega, además de una calidad garantizada.

Chile podría negociar la construcción de fragatas con Alemania u otro país en los astilleros matrices. Igual obtendría compensaciones industriales u offsets y transferencia tecnológica. Es más, Blohm & Voss ofreció a Asmar que enviase trabajadores chilenos a sus astilleros, donde obtendrían capacitación y contribuirían a bajar los costos de mano de obra.

Si los buques son construidos en Chile queda la gran duda ¿qué pasará con todas las inversiones en los astilleros una vez terminadas las fragatas? Las posibilidades chilenas de vender buques de guerras son muy remotas. El país no está en condiciones de ofrecer créditos, offsets y beneficios políticos a los compradores. Ante la falta de órdenes lo más probable es que se proponga la construcción de más fragatas para la armada chilena para así justificar la inversión. Pero eso sería tan irracional como poner la carreta delante de los bueyes.

Es más prudente y rentable buscar acuerdos como los que ha conseguido la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer). Es preferible participar como subcontratista en un gran proyecto y especializar los astilleros en ciertas técnicas constructivas. Así el astillero matriz contrataría a Asmar para la fabricación de ciertas partes en todas las fragatas del mismo tipo. Es lo que la empresa brasileña Embraer hace con Enaer.

En su campaña por conseguir apoyo para el Plan Tridente la armada señaló que la construcción naval es una importante fuente de empleo. Sin duda que eso es así. Pero, y este es un pero mayor ¿cuál es el costo de estos puestos? Un estudio realizado en Estados Unidos, algo antiguo pero cabe suponer que las proporciones siguen vigentes, mostró lo siguiente: por cada mil millones de dólares invertidos en la industria militar se generan 75 mil empleos. La misma cantidad invertida en medios de transporte masivos emplea a 92 mil personas, en la construcción a cien mil, y en la educación a 187 mil8.

Los F-16

La adquisición de los aviones F-16 deja importantes lecciones. La primera es la necesidad de una definición política, desde un comienzo, sobre cuales son las necesidades defensivas del país. Es renunciar a la conducción política, en el ámbito de la defensa, delegar en la FACh la selección de aviones con el argumento que los pilotos son los expertos. Claro que lo son, pero en lo que toca a la calidad del material de vuelo. La definición amplia de cómo calzan estos aparatos en el marco de la seguridad del país y las relaciones exteriores es una materia que compete al gobierno.

Antes se citaba el caso de los incendios en Brasil. Este verano Chile perdió alrededor de cuarenta millones de dólares en incendios forestales. Con mucho menos del valor de un F-16 el país podría contar con una brigada aeroforestal de primera línea. Es otro ejemplo de costos de oportunidad. Carecer de medios frente a los siniestros significó una factura que tardará décadas en ser pagada. La pérdida de patrimonio maderero y la destrucción del bosque nativo vulneran la seguridad del país.

La compra está hecha y pese a que la FACh realizó un encomiable esfuerzo de transparencia, con dos seminarios en su Academia de Guerra, no quedó claro por qué el país requiere aviones nuevos de fábrica. Hoy la mayoría de los expertos estima que la plataforma es secundaria. Un avión, por rápido que se eleve y por cerrada que sea su capacidad de giro, es inofensivo. El daño lo hacen los mísiles.

Y hoy el radar, junto a mísiles con un alcance de 50 kilómetros, son más importantes que la capacidad de maniobra de la plataforma. De allí que muchos expertos recomiendan privilegiar radar y sistemas de armamentos y comprar plataformas más económicas.

Plantear que la FACh requiere el último grito en aviones para integrar fuerzas internacionales tiene poco asidero. Es impensable que la FACh participe, con sus diez F-16, en operaciones de combate junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en operaciones internacionales. El papel de Chile, dada sus características, es de segunda línea, aunque de gran importancia por la legitimidad que aporta, como ocurre en la actualidad con las fuerzas del ejército en Timor Oriental.

Rayos sin centellas

El ejército, por su parte, se embarcó en el ambicioso proyecto coheteríl Rayo. Este sistema de armamento consiste en una batería de cohetes instalada sobre un contenedor con rampas montadas sobre un camión. Los cohetes, con un alcance de hasta cuarenta kilómetros, son lanzados en forma sincronizada y simultanea sobre una vasta área. Su descripción es auto-explicativa: se les llama armas de saturación.

Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) inició el proyecto en 1987 en asociación con la empresa británica Royal Ordnance, hoy subsumida en BA Systems. Desde entonces ha pasado una década y media y se han invertido unos cien millones de dólares.

Hasta donde se sabe, públicamente, no se ha vendido una sola unidad del cohete Rayo. El propio Ejército de Chile ha optado por otras adquisiciones. Todos los vendedores de armas saben que es casi imposible encontrar un comprador para un sistema de armamentos que no ha sido incorporado por los uniformados del país fabricante.

FAMAE ha sido administrada a lo largo de los años como un regimiento más. Sus directores duran un par de años y cuando recién alcanzan un grado de competencia son enviados a otras destinaciones. Los resultados están a la vista, en la ausencia de una dirección de largo plazo.

Armamento chileno y la reacción vecinal

En términos defensivos las compras y proyectos sirven para incrementar la seguridad militar a condición de no desatar una carrera armamentista. Si el país fuerza a los vecinos a dotarse de otros sistemas, incluso superiores, las adquisiciones habrán servido de poco. Se conseguirá un empate a un nivel más caro y peligroso. Pero en el proceso las capitales habrán drenado su respectivo erario nacional en varios miles de millones de dólares.

Mirado desde el exterior Chile emite señales de un país que, en un período muy breve, da un salto importante en su capacidad militar. A ello se suma una imagen de éxito: una economía sólida, un sistema político estable y una situación social de relativa armonía. Empresas chilenas invierten y se abren espacio en los mercados vecinales. Es un cuadro que quien quiera interpretarlo desde la óptica de un expansionismo en ciernes tendrá alguna base empírica.

En menos de cinco años se compraron dos submarinos Scorpene, 200 tanques Leopardo, los mentados F-16. Amén del proyecto de adquisición de las cuatro fragatas. Este no es el arsenal para participar en fuerzas internacionales de paz. Más bien es el armamento para una guerra convencional breve con un país vecino.

El libro de la Defensa subraya que Chile tiene sólo afanes defensivos. El documento explicita que: "Chile adhiere y respeta íntegramente los principios de la resolución pacífica de controversias"9. El ministerio de Defensa no pierde oportunidad de reiterar que las compras son meras reposiciones, que así como llega armamento nuevo, hay otro que sale a retiro.

Los vecinos no están tan convencidos de las intenciones chilenas. Y es que a la hora de evaluar las probabilidades de conflicto se toman en cuenta al menos dos factores básicos. El primero es la capacidad bélica del adversario. Si no tiene medios para agredir no hay mucho que temer. Y lo segundo son sus intenciones. Muchos países tienen poderío pero no representan una amenaza porque son amistosos hacia sus vecinos.

El problema en Sudamérica es que, en nombre de la defensa propia, la mayoría de los Estados cuenta con capacidad ofensiva suficiente como para inquietarse mutuamente. Esto remite el tema al nivel siguiente: las intenciones. Y aquí el asunto se desliza por una pendiente imposible de controlar. Como nadie tiene una bola de cristal es imposible prever los golpes de Estado que den, precisamente, los militares. ¿Quién puede asegurar que en Argentina no resurgirán los carapintadas? Es una hipótesis extrema pero con un asidero en la historia reciente. Apenas hace 20 años, a la fecha, los militares argentinos desembarcaban en las Islas Malvinas. Difícil imaginar un desacierto político y militar mayor10.

La moraleja para muchos de esa desdichada aventura fue que más vale estar preparado para el peor escenario posible. En el caso de Chile ello significa, por ejemplo, un conflicto simultaneo con sus tres vecinos. Y, claro, la lógica bélica de uno alimenta al segundo que a su vez retro-alimenta al primero. Es lo que se conoce como la espiral del armamentismo.

El punto que a veces escapa a quienes miran el entorno desde una óptica nacional es que Chile tampoco está libre de incertidumbres sobre su futuro. Y con el argumento de que nadie tiene una bola de cristal, y que más vale prevenir que curar, el paquete criollo de compras no puede más que estimular el armamentismo de los vecinos.

Tanto Argentina, como Perú y Bolivia han manifestado reparos a las adquisiciones militares chilenas. Buenos Aires representó a Washington su inquietud por la adquisición de los F-16. Otro tanto hicieron los países andinos, en especial Perú, que por boca de su entonces ministro de Defensa David Waisman planteó: “Hay dos tipos de armas. Las defensivas y las de ataque… en la FAP tenemos los MIG-29 que preocupan a los vecinos del sur, estos son interceptores, no son de ataque. Sin embargo, en el programa de modernización de las Fuerzas Armadas chilenas se está contemplando comprar los

F-16, que son aviones de intercepción y ataque. Eso sí esta mal, porque podría producir un desequilibrio entre ambas fuerzas armadas"11.

Es reveladora la encuesta de la Universidad de Lima en que el 68 por ciento de los consultados, a fines de febrero, señaló que la compra de los

F-16 era el inicio de una carrera armamentista.

En el caso chileno, como en el resto de los países de la región, urge una reflexión sobre la seguridad en el siglo XXI. ¿En el horizonte nos aguardan guerras entre Estados vecinos por disputas fronterizas o hegemonías políticas y comerciales? Si la respuesta es afirmativa es sensato fortalecer la seguridad militar. Si, por el contrario, aunque las fricciones no desaparezcan del todo, se concluye que de una manera u otra es necesaria una integración, ello debe reflejarse en los aprestos defensivos.

En el último escenario los países de la región deben fijar su atención sobre los crecientes desafíos en los ámbitos de la seguridad no militar. Las amenazas provienen del campo político con poblaciones que dudan de la eficacia y legitimidad del sistema democrático; del ámbito económico donde la pobreza es la norma y la equidad una meta distante. En el campo social la marginalidad repercute como inseguridad ciudadana. La discriminación contra los pueblos indígenas traba la convivencia nacional.

Los problemas ambientales son una fuente mayor de fricciones nacionales e internacionales.

El diseño de la agenda de seguridad debe privilegiar el aspecto militar cuando corresponda. Enfatizarlo cuando no procede causa, como se ha visto, un incremento de vulnerabilidades que abren paso al terrorismo, al crimen organizado, al narcotráfico y otras actividades destructivas.

Las adquisiciones del Estado, en el ámbito de la seguridad, deben apuntar a las amenazas que enfrenta la ciudadanía.

  1. The Economist, Stop denying the killer bug, Feb 23-Mar 1, 2002.
  2. Mondes Rebelles es un fascinante libro, en francés, sobre guerrillas, milicias y grupos terroristas en todo el mundo en densas 1665 páginas. Allí se encuentra un interesante capítulo sobre Sendero Luminoso y otras organizaciones subversivas peruanas. Editions Michalon, París, 2001.
  3. Raúl Sohr, "La guerra ambigua" (fuerzas armadas y narcotráfico), Comisión Sudamericana de Paz, Santiago, 1991.
  4. La Época, "El NAC-1, un embajador nuclear", enero de 1988.
  5. La Nación, "Brasil adquirió un portaaviones", Buenos Aires, 4, febrero, 2001.
  6. Agencia EFE, "Inquieta posible intervención militar de Estados Unidos en Amazonía", El Mercurio, Santiago, 16 abril, 1998.
  7. "Cuando la defensa perjudica la seguridad", La Tercera, Santiago 2 abril 1998.
  8. Raúl Sohr, "La industria militar chilena", Comisión Sudamericana de Paz, Santiago, 1989.
  9. Libro de la Defensa Nacional de Chile, Ministerio de Defensa, Santiago, 1998.
  10. El desempeño de las fuerzas armadas argentinas en las Malvinas fue caótico en muchos sentidos. No hubo una planificación previa de la acción bélica. La fuerza aérea no contaba con una adecuada capacidad de reabastecimiento en vuelo lo que llevó a sus aviones a volar al límite de su capacidad operativa. De hecho perdió unidades por falta de combustible para retornar a sus bases. Después del hundimiento del crucero General Belgrano, por el submarino nuclear HMS Conqueror, el grueso de la flota se retiró de la zona de conflicto. El ejército no capturó un solo prisionero británico en el curso de las dos semanas de enfrentamientos. Cabe especular que ninguna fuerza armada sudamericana hubiese mostrado un rendimiento diferente. Las falencias argentinas son similares a las de otros ejércitos de la región. En especial en aquellos países que, como Chile, carecen aún hoy de un estado mayor conjunto capaz de planificar operaciones complejas de las tres ramas de la defensa.
  11. El Comercio de Lima, Entrevista al ministro de Defensa David Waisman, citado por El Mercurio, Santiago 14 agosto, 2001.

Compras de armamentos de Perú, Ecuador y Chile entre 1978 y 1988

En dólares constantes de 1988

Perú

US$ 2.922 millones

Ecuador

US$ 1.761 millones

Chile

US$ 1.928 millones1

Fuente: World Military Expeditures and Arms Transfers.

  1. World Military Expeditures and Arms Transfers 1989, U.S. Arms Control and Disarmament Agency, Washington 1990.


Autor/es Raúl Sohr
Publicado en Artículos locales de la edición Chile
Edición Abril 2002
Temas Tecnologías, Armamentismo, Conflictos Armados, Militares, Estado (Política), Geopolítica
Países Chile