Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Recuadros:

Guerra contra los pobres

El 17 de mayo pasado 103 jóvenes detenidos perdieron la vida, de manera sospechosa, durante un incendio en la prisión de San Pedro Sula. Más allá de lo que revela esa tragedia, Honduras está en guerra contra los delincuentes, sobre todo con los más jóvenes y los más pobres. Al margen de la represión legal, el país se ve ensangrentado por cientos de ejecuciones extrajudiciales de niños y adolescentes: 2.125 jóvenes de 3 a 23 años fueron asesinados en el último lustro. Un clima ultrarrepresivo, creado por el gobierno.

"Matan a los mareros 1. Por la noche salen a asesinarlos. Los arrojan en los cañaverales, a veces los cuelgan o los matan con armas de fuego. Tal vez me eliminen, como lo hacen con ellos." En una de sus últimas cartas, escrita en 2003 antes de ser abatida por desconocidos, la joven agente de policía Ana Bessy Ramírez acusa a sus colegas policías: "asesinos" y "corruptos", son ellos los que hacen la limpieza entre los jóvenes delincuentes de las pandillas locales.

Hace más de seis años fueron asesinados Oscar Medina, de 15 años, y José Hernández, de 14, cuando estaban reparando una bicicleta en una plaza pública de El Progreso. Cinco hombres armados los amenazaron y forzaron a introducirse en un coche azul. Al día siguiente se encontraron sus cuerpos mutilados. La investigación oficial no llegó a nada. Sin embargo, el testimonio de los vecinos no deja de ser interesante: esa misma mañana personal de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), que manejaba un coche parecido, había interrogado a todo el vecindario a propósito de un robo cometido por jóvenes. Algunos testigos identificaron a uno de los miembros de la DGIC entre los hombres que se llevaron a los dos adolescentes.

Responsable de la investigación, esa misma DGIC omite escuchar a los pocos testigos que se animan a hablar. Al principio los familiares de las víctimas, amenazados, callan. Pero en 2002, José, el hermano mayor de Oscar, decide romper el silencio y denuncia el caso a la organización no gubernamental (ONG) Casa Alianza.

Su director, José Manuel Capellín, explica: "Casa Alianza recibió una importante publicidad después de que le fuera atribuido un premio internacional de protección a la infancia. José vino a hablarnos del asesinato de su hermano y luego nosotros llevamos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos". En efecto, frente a las "incongruencias" de la investigación y a la sospechosa lentitud de la justicia, las instancias internacionales aparecen como el último recurso. Esa misma solución se adoptará en otros seis casos, dado que, aunque emblemáticos, los asesinatos de Oscar y José están muy lejos de ser hechos aislados.

Torturas, ejecuciones sumarias y extrajudiciales... Buscando información en la prensa, en otras ONG o directamente entre familiares de las víctimas, Casa Alianza contabiliza 2.125 asesinatos de niños y jóvenes de entre 3 y 23 años en el período 1998-2003. La mitad son menores de 18 años y la casi totalidad son varones. El ministerio público llega más o menos a las mismas cifras. En este pequeño país centroamericano de 6,6 millones de habitantes, en algunos períodos son asesinados diariamente dos niños o adultos jóvenes 2.

Hastiada, mal informada, la opinión pública atribuye esta violencia a los ajustes de cuentas entre mareros, lo que no es más que la versión de las autoridades. Poco importa que algunas víctimas sean panaderos, albañiles o estudiantes secundarios. Sin embargo, la indiferencia parece haber perdido algo de terreno después de que las macabras estadísticas publicadas por Casa Alianza alcanzaran difusión nacional e internacional. En 2001 la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó investigaciones en Honduras y luego publicó un informe incisivo, que indica que las fuerzas policiales estaban efectivamente implicadas en esos asesinatos 3. La Comisión de Derechos Humanos del país hizo lo mismo, y en octubre de 2002 el presidente de la República, Ricardo Maduro, reconoció públicamente la ejecución de 574 niños y adolescentes.

Capellín explota: "¡En Europa hubieran bastado diez de esos casos para hacer saltar un gobierno! Nosotros logramos que todos admitan la existencia de esos crímenes, pero la impunidad sigue siendo casi total".

Elegante ministro del Interior, convertido en "superhéroe" desde que inició una cruzada contra el crimen, Oscar Álvarez defiende su versión de los hechos: "El 90% de las víctimas son mareros; estamos asistiendo a ajustes de cuentas". Tan simplista explicación indigna a Capellín. Según Casa Alianza, sólo un 20% de los casos pueden atribuirse a la guerra entre pandillas. Las ONG que denuncian estos asesinatos pudieron "detectar en muchas de las ejecuciones un modo operativo que hace pensar que están implicadas tanto las fuerzas del orden como agentes de seguridad".

En efecto, las ejecuciones están mucho más organizadas de lo que parece. Intervienen armas del calibre que utilizan entre otros policías y militares; se cometen asesinatos mediante disparos que parten directamente de vehículos identificados en varias escenas de crímenes; a veces hay torturas seguidas de tiros de gracia en la nuca, y en algunos casos incluso cuerpos descuartizados. ¿Prácticas de pandilleros? Para Asma Jahangil, relatora del tema en la ONU, "sin ninguna duda existen bandas violentas en el país, pero la existencia de esos grupos no puede servir de excusa para que las fuerzas de seguridad cometan ejecuciones extrajudiciales con total impunidad".

Intercalando aquí y allá palabras en inglés en un discurso aséptico, Oscar Álvarez controla mal su irritación y ostenta el voluntarismo político en que basa su éxito cuando afirma: "En septiembre de 2002 creamos una unidad de investigación especial, pero tenemos pocos medios... Somos conscientes de que algunos casos implican a policías, y nosotros los investigamos". Recuerda que oficialmente se atribuye el 1% de esos asesinatos a las fuerzas de mantenimiento del orden, y asevera: "Algunas personas vinculadas con el extranjero hablaron de política de Estado y limpieza social, pero eso es una falsedad absoluta". Sin embargo, Álvarez, sobrino del ex jefe de las Fuerzas Armadas que dominó el país en la década de 1980 4, bien podría querer ocultar una realidad mucho más sombría. 

¿Quién mata y por qué? 

Encargada de llevar adelante las investigaciones que después son presentadas al ministerio público, la DGIC depende del... Ministerio del Interior. Una oportunidad institucional para los policías corruptos, que casi nunca son cuestionados por sus propios colegas. Si sectores de la sociedad, más o menos asociados con la policía y el ejército, hubiesen decidido eliminar elementos que consideraran indeseables, estarían así perfectamente cubiertos.

En el ministerio público, al que el Ministerio del Interior acusa de manera implícita de entorpecer la marcha de la justicia, el ex fiscal Roy Medina reconoce que la gran incógnita sigue siendo quién mata y por qué. "Se habló de la participación policial, pero también hay gupos privados. Algunos piensan que la solución para el problema de la violencia es matar a los delincuentes. Apareció una forma de seguridad privada... Es difícil indicar con precisión quién hace qué..." En cuanto a la lentitud en los procedimientos que implican a policías, sigue siendo impreciso. ¿Son suficientes las pruebas que aportó la DGIC? "Si lo fuesen, todos estarían condenados; por lo tanto, no deben serlo."

A la prensa le gusta retransmitir rumores, sobre todo si son sabrosos. Uno de ellos cuenta lo que habría confesado a un periodista extranjero el muy criticado Ramón Custodio, comisario de los Derechos Humanos: empresarios locales se reúnen en un restaurante de San Pedro Sula para planificar la ejecución de supuestos pandilleros. Custodio pretende que el periodista lo interpretó mal. Sin embargo el veterano defensor de los derechos humanos, amenazado muchas veces en el pasado -en particular en la década de 1980- sabe más de lo que puede o quiere decir. "Los autores de las ejecuciones de niños y adolescentes son muchos y variados: pandilleros, policías, sicarios 5. Utilizo la palabra sicarios a sabiendas, no sé quién los envía y eso es lo que debemos descubrir", termina por dejar escapar antes de cortar la entrevista, visiblemente irritado por el insistente interrogatorio.

Si bien la impunidad se explica en parte por los escasos medios con que cuenta el Estado 6, revela sobre todo la ausencia de voluntad política, incluso un evidente intento de encubrir un amplio proyecto de limpieza social. Por ejemplo, ¿qué pensar de la extrema lentitud de la investigación que implica a altos funcionarios policiales sospechados del asesinato de pandilleros y responsables de secuestros, que posteriormente fueron acusados de haber maquillado los fusiles AK-47 que hubieran podido comprometerlos? Conservadas bajo precinto en la sede policial de Tegucigalpa, esas armas "desaparecieron" y después fueron destruidas, sin dudas con la bendición de una directora e inspectora de policía.

Otro caso rocambolesco: en octubre de 2002 se perdió providencialmente el legajo de acusación que adjudicaba a seis policías la autoría de ejecuciones arbitrarias... Nada de esto sorprende a María Luisa Borjas, quien presentó la mayoría de esas acusaciones. Esta oficial de la policía, muy reconocida por su eficacia en la lucha contra el crimen organizado, ahora es escarnecida por su propia jerarquía. ¿Su crimen? Cuando denunció prácticas criminales en el seno del aparato policial, lo único que hizo fue cumplir con su tarea de jefa de Asuntos Internos. En enero de 2003 su ministro la destituyó, pero ella sigue testimoniando, a despecho de las graves amenazas que pesan sobre su familia.

La lectura de los documentos comprometedores que posee resulta estremecedora. Entre otras cosas, revela el testimonio de un muchacho que cayó en la trampa de un policía y que debió denunciar a ex "colegas" implicados en el tráfico de autos. Uno tras otro, todos fueron ejecutados. Aterrorizado, el testigo prefiere probar fortuna fuera del país, no sin antes haberse presentado a la justicia. "A nivel nacional existen unos veinte grupos de exterminio formados por policías. El ministerio público llevó adelante el procedimiento, pero sólo hasta cuando se puso en evidencia que se trataba de una política de Estado", afirma María Luisa Borjas.

"¿Se puede hablar de respeto por la vida por parte del Estado?", se pregunta Berta Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh). "El Estado sabe quiénes son los autores de las ejecuciones, pero no actúa contra ellos, ya que eso sería ir en contra de sus propios intereses y agentes". Recuerda que el ministro del Interior no desafectó a sus elementos implicados en la represión militar de la década de 1980. "Las mismas prácticas perduran en el seno de la policía y del ejército, prácticas que niegan el derecho a la vida." En la cúspide del Estado, el propio presidente Maduro simbolizaría este desvío. En 1997 su hijo fue secuestrado y luego asesinado, víctima de la productiva industria de los secuestros, muy de moda en América Latina. Algunos de los secuestradores aparecieron misteriosamente asesinados. Circula un rumor acerca de la identidad del que ordenó ese crimen (pero sin ningún asomo de prueba), divulgado por testigos, funcionarios y policías... 

Tolerancia cero 

Para muchos hondureños, los mareros asesinados "tienen lo que se merecen". Sin duda la culpa de la real y creciente ola de violencia es responsabilidad de las pandillas. Pero también es responsable el clima ultrarrepresivo que creó el gobierno. Desde que en 2002 asumió el poder, Maduro insiste en aplicar contra las pandillas su política de "tolerancia cero", tan elogiada por los medios.

En el marco de una reforma al Código Penal, en julio de 2003 se votó casi por unanimidad la Ley 332, que criminaliza específicamente a las pandillas. Esa ley considera ilícito el accionar de las maras, y basta con que un sospechoso tenga un tatuaje que represente a pandillas para que sea detenido y encarcelado 7. Esta "filosofía" libera la zona para realizar fuertes operativos que con frecuencia son preventivos y terminan en la prisión... Algunos juristas denunciaron esta ley, que atenta contra las libertades individuales y autoriza el encarcelamiento sin precisar el delito. Las acusaciones de anticonstitucionalidad fueron rápidamente neutralizadas. El Ministerio del Interior enarbola estadísticas que muestran el éxito de esa reforma y de la famosa Ley 332 que, según las encuestas, contaría con la aprobación del 92% de la población. Sin embargo no redujo sensiblemente el asesinato de jóvenes, a pesar de que las autoridades señalan que esos jóvenes son los responsables de los crímenes en cuestión 8.

En Honduras nadie niega los delitos cometidos por las pandillas, y menos que nadie Ernesto Bardales, exitoso sociólogo que trabaja en un programa de reinserción de pandilleros (JHAJA) en San Pedro Sula. Siete años de experiencia lo llevan a pensar que las pandillas entran en la criminalidad bajo el efecto de tres factores aunados: el mercado de la droga, la represión policial y la circulación de armas. "Para obtener droga esos jóvenes recurren a la violencia y, fenómeno nuevo, el narcotráfico utiliza los servicios de las pandillas para asegurar la distribución de la producción en una zona o para que sirvan como sicarios." En ese estado de cosas, es difícil desenredar la madeja que conduce a la liquidación de parte de la juventud. Pueden cuestionarse los ajustes de cuentas entre narcotraficantes y pandilleros. Pero cuando se conoce la implicación de las autoridades políticas, policiales y militares en el narcotráfico, el panorama se torna complejo. Sin embargo no está en duda la responsabilidad colectiva de los agentes estatales.

Abundan los testimonios de pandilleros en actividad o retirados. José Medina, de 27 años, escapó a Estados Unidos cuando abandonó la Mara Salvatrucha. Víctima de acoso policial, pidió asilo político al gran vecino del Norte. Carla, que pertenece a su entorno, cuenta que "no le perdonan el haber sido pandillero. Los policías se pasean por el barrio, maltratan a los jóvenes, los detienen y les pegan o a veces les disparan a los pies para divertirse". La misma protesta de Juan José, 23 años, que en la actualidad trabaja para JHAJA. Con la lucidez que le confieren algunos años pasados fuera de su pandilla, confiesa que "cuando decides retirarte, los hermanos de la pandilla no te dejan tranquilo porque, según la ley de la mara, eso significa la muerte. Pero siempre hay maneras para arreglárselas. El problema es que le tenemos miedo a la mara, pero mucho más a la policía".

En un país donde el sentimiento de inseguridad ya no conoce límites, proliferan las agencias de seguridad, complemento perfecto de los Comités de Seguridad Ciudadana surgidos en 1998, con el aval del ex ministro del Interior, para garantizar la seguridad de las zonas en donde la presencia policial es insuficiente. Así es como los alcaldes pueden organizar su propia defensa. Señalados por Amnistía Internacional, que pone en tela de juicio sus imprecisas bases jurídicas, "los Comités de Seguridad parecen actuar en algunos casos (de ejecución extrajudicial) con la complicidad de la policía" 9. En un país donde las armas circulan con tanta libertad es fácil imaginar el efecto que puede producir la confrontación entre esos comités de civiles y los jóvenes pandilleros.

En realidad, el ministro del Interior tiene poco control sobre esos grupos y el mismo Álvarez reconoce que su existencia es "problemática". Ya sea como consecuencia de los comités que actúan en completa autonomía, de la policía o incluso de las agencias privadas, la seguridad de los ciudadanos hondureños está en manos de gente que carece cruelmente de formación y de ética. La cultura de la violencia que impregna el tejido social centroamericano repercute con fuerza sobre los "guardianes del orden" que son los que la perpetúan. Y la triste banalidad de la violencia cotidiana no enmascara las ejecuciones que remiten a escuadrones de la muerte organizados. 

Viejos demonios 

¿Mantenimiento del orden, odio profundo a los delincuentes o incluso desprecio por una pobreza generadora de criminalidad que traba la correcta marcha del país hacia la prosperidad económica de una clase privilegiada? En materia de delincuencia, la limpieza social se alimenta de una propaganda que silencia algunos datos más discretos: un 77,3% de los hondureños vive en la pobreza, un 54,4% está hundido en la más completa indigencia 10. El gobierno reconoció que la delincuencia juvenil constituía el 5% de todas las infracciones cometidas en el país, y en 1999 un estudio del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) señaló que el 0,02% de todos los homicidios perpetrados en Honduras se le imputaban a menores....

Para Juan Almendárez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), esas ejecuciones se integran en un esquema mucho más amplio. Según él, Honduras retoma los viejos demonios de la década de 1980. "Es una nueva Doctrina de Seguridad Nacional. Los mecanismos son los mismos: se designa un enemigo, se crea un clima de terror y se refuerza la presencia militar y policial para mantener al país dentro del orden." ¿Los pandilleros serían pues los sucesores de la izquierda de los años 1970-1980? Cada vez son más numerosos los que de manera anónima sostienen esta tesis: "Entramos en una verdadera guerra psicológica que recuerda los conflictos de baja intensidad; todo eso tiene una base ideológica".

En un país agotado por la pobreza y agobiado por las medidas neoliberales, se manifiestan veleidades de resistencia social. El ejemplo de Ecuador, Bolivia y Venezuela inquieta a las autoridades, y en la Honduras de 2003 se produjeron algunas explosivas manifestaciones. No habiendo sufrido las guerras fratricidas que azotaron América Central en la década del '80, el país podría conocer una explosión social... Para los poderosos, más vale prevenir y para ello nada mejor que designar un enemigo común y hacer todo lo posible para eliminarlo.

Esta Honduras que se aviene perfectamente al asesinato de miles de sus niños y adolescentes se presenta con orgullo como el cerebro centroamericano de la lucha contra el crimen... Y por supuesto, como un modelo de democracia.

  1. Maras y pandillas son el equivalente centroamericano de los "gangs" estadounidenses. Sus miembros son los mareros o pandilleros. En Honduras, las dos maras rivales son la Salvatrucha y la 18. A propósito de su equivalente en la región, Philippe Revelli, "Pandillas violentas en El Salvador", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2004.
  2. Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, la segunda ciudad del país y su centro industrial, detentan el triste récord en cuanto al número de asesinatos.
  3. Jahangir Asma, "Les droits civiles et politiques, en particulier la question des disparitions et executions sommaires", Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la ONU, Ginebra, junio de 2002.
  4. Vinculado a la secta Moon, el general Gustavo Álvarez, jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas hasta el 31-3-1984 y, de facto, hombre fuerte del país, también era el jefe oculto del Batallón 316, escuadrón de la muerte responsable del asesinato de unos 200 hondureños que se oponían a que su país fuese usado como "portaviones" de Estados Unidos contra la Nicaragua sandinista. Actuaba en estrecho contacto con John D. Negroponte -llamado "procónsul"- , embajador estadounidense en Tegucigalpa entre 1981 y 1985. En 1983 la administración Reagan otorgó la Legión al Mérito al general Álvarez por haber "alentado la democracia". En cuanto a Negroponte, último representante de Estados Unidos en la ONU, el 19 de abril pasado fue nombrado embajador en Bagdad a partir del 30 de junio.
  5. Asesino a sueldo. En América Central a veces basta con algunos cientos de dólares para pagar sus servicios.
  6. La avanzada de la justicia choca contra las numerosas fallas del sistema policial y judicial de un país clasificado entre los más pobres del mundo: 300 investigadores para más de 6 millones de habitantes, un ministerio público que ve su presupuesto cada vez más reducido...
  7. A los jefes de maras les corresponden penas de 9 a 12 años de prisión.
  8. Sólo en enero de 2004 se contabilizaron 45 asesinatos: un 43% de las víctimas tenía menos de 18 años y el 57% restante, entre 18 y 23.
  9. "Cero tolerancia... a la impunidad. Ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes desde 1998", Amnistía Internacional, Londres, febrero de 2003.
  10. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Síntesis - Panorama social de América Latina 2002-2003, México, noviembre de 2003.

Prisiones de la muerte

Apareció un nuevo elemento contra el Estado hondureño: los muertos en centros de detención. Decenas de jóvenes sospechosos encarcelados murieron en condiciones poco claras mientras estaban bajo vigilancia de la policía y de guardias de la prisión 1. Aunque al principio este fenómeno no conmovió a mucha gente, en abril de 2003 pareció haber alcanzado el punto de no retorno. Ese día, en el centro penal de El Porvenir, cerca de la ciudad de La Ceiba, en la costa atlántica del país, 58 detenidos, casi todos miembros de la Mara 18, fueron quemados vivos o abatidos en condiciones que la justicia acaba de dilucidar.
A despecho de una versión oficial, que habla de enfrentamientos entre pandilleros (armados hasta los dientes, cuando se encontraban recluidos...) y de un repentino foco de incendio en una celda, la culpabilidad de policías y militares en lo que se parece a una masacre colectiva aparece ahora evidente. Las autoridades del lugar habrían actuado como para provocar una batalla entre dos bandas rivales y así poder liquidar a esos jóvenes con total impunidad. En marzo de 2003, antes de dejar sus funciones, el fiscal Roy Medina investigó a unas cincuenta personas pertenecientes mayoritariamente a las fuerzas de mantenimiento del orden. Ninguna fue suspendida.
Desde la adopción de la Ley Antimara, aprobada por el Congreso en julio de 2003 (véase el artículo), la población de los centros penitenciarios se desbordó debido a los miles de jóvenes arrestados por pertenecer a pandillas. La prisión de San Pedro Sula, segunda ciudad del país, 240 kilómetros al norte de la capital, tiene una capacidad de 800 prisioneros. Alojaba a 2.200, casi tres veces más, cuando el 17 de marzo pasado se declaró un incendio. Ese día 300 detenidos, la mayoría pertenecientes a la Mara Salvatrucha, murieron en condiciones atroces. Varios sobrevivientes acusaron a las autoridades de no haberlos socorrido y de haberlos mantenido encerrados cuando ya se había declarado el siniestro. El obispo auxiliar de San Pedro Sula, Monseñor Rómulo Emiliani, confirmó estos testimonios y afirmó haber recibido informaciones de que “durante más de una hora los presos suplicaron que les abrieran las puertas de las celdas” 2. Sin resultado.

  1. Según Casa Alianza, 59 jóvenes de menos de 23 años fueron asesinados en centros de detención entre mayo de 2002 y marzo de 2004.
  2. BBC, Londres, 19-5-04.


Autor/es Raphaëlle Bail
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 61 - Julio 2004
Páginas:17,18,19
Traducción Teresa Garufi
Temas Movimientos de Liberación, Estado (Política), Movimientos Sociales, Seguridad
Países Honduras