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Otra vez los blancos al centro y los negros al suburbio

En 2030 se habrán duplicado los habitantes de villas miserias; actualmente el 43% de la población urbana en los países en desarrollo y el 6% en los ricos. En Estados Unidos, en nombre de la “ley y el orden” y en base al desmantelamiento de ayudas públicas, se invierte el esquema clásico de separación: pobres “intra muros”, ricos en los suburbios.

El Estado de bienestar estadounidense ha sido amputado en su base. El progresismo, nacido después de la Primera Guerra Mundial, había instaurado las ayudas a los ingresos, a la vivienda y a la alimentación para las familias desfavorecidas, e implementado un sistema de protección social para los jubilados y los minusválidos. Durante los últimos treinta años muchas prestaciones se han eliminado o reducido sustancialmente.

Durante el siglo XX el desarrollo urbano estadounidense siguió principalmente un esquema de separación clásica: los pobres vivían en la “ciudad intra-muros”, es decir, en los barrios cercanos al centro de la ciudad, mientras las clases medias y superiores preferían los suburbios. Estas clases trabajaban y se distraían en las ciudades, gracias a las redes de transporte implementadas con fondos públicos. Casi todos esos “habitantes de los alrededores” son blancos. Pero los negros y los latinos, víctimas de discriminación en lo referido a las ayudas financieras y préstamos, no podían abandonar el centro1. Así se explica la expresión “centros chocolate, suburbios vainilla”.

La situación ha cambiado de manera espectacular en los últimos diez años. Como las ciudades ya no pueden vivir de la industria, los municipios privilegian la “economía de la información” y tratan de atraer “cuellos blancos”. Los intendentes de Nueva York, Chicago, Baltimore, Cleveland y San Franciso bosquejan una nueva filosofía urbana, consistente en transformar los vastos espacios antes ocupados por las fábricas en zonas residenciales dotadas de parques, cafés, lofts y condominios destinados a los nuevos ricos. Se programa entonces la reconversión de los “tugurios” y de los barrios devastados donde vivían negros y latinos pobres, en barrios aburguesados que van a recibir a los nuevos salvadores blancos de la ciudad.

Las primeras salvas de esta guerra de clases y de razas se dispararon con el pretexto de estrategias de “ley y de orden”. En todo el país, los municipios recurrieron a decretos “anti-malhechores”, a medidas contra la “vagancia” y al toque de queda. Hay que impedir que la “clase criminal” –los hombres jóvenes pertenecientes a las minorías– se estacionen en las esquinas, en los parques y en los centros comerciales. En nombre de la teoría “del vidrio roto”, según la cual la gran violencia criminal se reduce reprimiendo la pequeña delincuencia y los comportamientos inciviles, que serían signos iniciales del desorden social, los intendentes de Nueva York y de Chicago, Rudolph Giuliani y Richard M. Daley, cerraron los refugios para los sin domicilio fijo y los alojamientos para los pobres, eliminaron los negocios de video para “adultos” y los cines pornográficos, reprimieron a los sin techo y a las prostitutas, y reclamaron penas severas contra vándalos y ladrones. Las autoridades municipales de todo el país aplaudieron la “filosofía de Bratton”, nombre del ex jefe de policía de Nueva York, autor de esta política, que hoy ofrece sus servicios de consultor a sus colegas de África del Sur, Venezuela y Europa2.

Blancos y ricos al centro

Algunas familias negras e hispanas pertenecen a la nueva burguesía que se instala en las ciudades rehabilitadas, pero esta burguesía está compuesta mayoritariamente por blancos, que tienen mejores ingresos y presentan mejores garantías de solvencia. Sean o no pobres, la mayoría de las veces los negros y los hispanos deben seguir viviendo allí donde la pobreza es grande y los servicios municipales mediocres. Los negros estadounidenses viven en barrios donde el ingreso promedio representa del 50% al 55% del de los blancos. La brecha se ha agrandado desde 1990. La situación no es mejor en el caso de los hispanos3.

Las minorías que llegan a vivir en un “buen” barrio no escapan, sin embargo, a los problemas de sus homólogos más pobres, en lo que se refiere a la paridad en la asignación de los recursos públicos. El escolar negro o hispano medio, por ejemplo, frecuenta una escuela donde más del 65% de los alumnos son pobres, mientras esa tasa es sólo del 31% en el caso de los escolares blancos.

Esta renovación urbana trae consigo una escasez de viviendas accesibles. Afecta a las familias de trabajadores de todas las etnias. Según un informe del programa federal de vivienda, el Departament of Housing and Urban Development (HUD), “una familia que cuenta con un trabajador de tiempo completo, que recibe el salario mínimo, no puede permitirse alquilar un departamento de dos ambientes al precio local establecido en cualquier lugar de Estados Unidos”4. Cerca del 20% de las familias utilizan la mitad de su ingreso mensual para pagar el alquiler, cuando este gasto no debería representar más de un tercio. El problema proviene en parte del sector inmobiliario privado.

Durante la década de 1990, 1.400.000 departamentos ubicados en pequeños inmuebles para dos o cuatro familias, tradicionalmente de obreros, fueron destruidos o rehabilitados para familias más ricas. Muchos hogares obreros aparecen en las listas de espera (de dos años), para conseguir una ayuda para la vivienda; llegan a más de 40.000 en Chicago o en Nueva York. El Estado contribuye también a reducir el parque de viviendas de alquiler reducido. No sólo procede a la demolición de miles de viviendas, sino que dedica fondos públicos a la “rehabilitación” de viviendas. Cada mes, 2.000 departamentos de este tipo son “puestos en el mercado” por los promotores, lo que aumenta su alquiler en un 45% en promedio.

¿Adónde van los que son expulsados de sus casas por el “aburguesamiento” y los cambios económicos? Algunos hacia otros barrios del centro, donde reinan la pobreza y la marginalidad, y donde la disponibilidad de viviendas económicas se agota. Pero otros van hacia las afueras, donde antes se alojaban los blancos y algunas minorías privilegiadas. Estos barrios se pueblan de minorías obreras y de pobres; allí la presencia de los negros ha aumentado en un 40% y la de los hispanos en un 72% desde 19905.

Pero los negros y los latinos que dejan las ciudades no se dirigen hacia los barrios ricos de las afueras. Se instalan en los barrios del “primer círculo”, donde hay vastas zonas que reciben a hogares pobres y obreros. Los blancos de buenos ingresos de los suburbios siguen estando entre ellos, mientras los negros y los hispanos viven juntos y al lado de los numerosos inmigrantes asiáticos. Reducidos a lugares donde falta el dinero y las viviendas están deterioradas, no tienen acceso a los barrios donde las escuelas, la policía y los servicios sociales están mejor financiados.

¡Blancos y ricos en el centro, minorías y pobres en la periferia! Una de las causas principales de este fenómeno es la demolición de las antiguas concentraciones de viviendas públicas. Al comienzo de los años 1990, los responsables del HUD obligaron a los organismos locales a constatar el estado de “seria degradación” en el que se encontraban las viviendas económicas que administraban. La explicación era que la vivienda social era, en parte, responsable de la miseria de las minorías estadounidenses, que las familias que vivían en viviendas sociales habían perdido la ética del trabajo y se habían adaptado a la cultura del crimen y la dependencia.

Washington tenía razones para inquietarse. En 1990, siete de las zonas más pobres del país eran conjuntos habitacionales económicos, de los cuales tres estaban en la ciudad de Chicago. Con frecuencia los barrios en los cuales hay viviendas sociales deterioradas se habían convertido en centro de actividad de bandas delictivas. Casi siempre estaban habitados por negros. Pero era erróneo considerarlos responsables de la segregación, de la criminalidad y de la pobreza reinantes. En los años 1980 el presidente Reagan redujo en 87% el presupuesto para viviendas sociales, lo que impidió proseguir con el mantenimiento. La presencia policial era escasa (en Chicago, el jefe de policía declaró que estos barrios eran demasiado peligrosos como para que la policía se aventurara en ellos), y los organismos locales de vivienda social eran incompetentes y corrompidos.

Dinero… para demoler

En 1992, una ley (“Hope VI”) obligó a todos los organismos locales de la vivienda social a determinar si resultaba menos caro demoler los inmuebles y otorgar a las familias ayudas para la vivienda en el mercado privado, o restaurar y mantener los inmuebles. La ley era lo bastante imprecisa como para permitirle a los promotores y a los responsables de las viviendas privadas proceder a la destrucción rápida de las viviendas sociales, sin preocuparse demasiado de la seguridad o del bienestar de las familias pobres que vivían allí. La legislación no explicitaba las medidas que debían tomarse para que las familias fueran reubicadas rápidamente. Sólo enunciaba que era necesario eliminar las viviendas y alentar a los individuos a “subvenir a sus necesidades”. Dicho de otra manera, los organismos de la vivienda social, que ya no eran capaces de reparar un baño o de impedir que las ratas infestaran los inmuebles, debían ahora desalojar físicamente a los pobres del gueto y convertirlos de paso en ciudadanos independientes y responsables.

Los 4.500 millones de dólares de los fondos federales otorgados hasta ese momento sirvieron para demoler más de 50.000 viviendas sociales. El Estado admite que el programa fue más eficaz para eliminar inmuebles que para realizar nuevas construcciones o reubicar a los pobres. En Chicago, el 80% de las familias que dejan las viviendas sociales se dirigen hacia las zonas desheredadas, habitadas por minorías víctimas de segregación residencial, en el centro de las ciudades y en su periferia6. Y entre el 10% al 12% se encuentran sin techo7. Esta política contribuyó a la formación de un tipo inédito de pobreza urbana. Guetos verticales han reemplazado a los guetos horizontales de antaño. En cuanto a las familias pobres que vivían en el centro de las ciudades, han sido empujadas hacia los suburbios.

  1. Serge Halimi, “L’université de Chicago, un petit coin de paradis bien protégé”, y Douglas Massey, “Regards sur l’apartheid américain”, Le Monde diplomatique, abril de 1994 y febrero de 1995, respectivamente.
  2. Loïc Wacquant, “Ese viento punitivo que sopla desde Estados Unidos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 1999; y “Sur quelques contes sécuritaires venus d’Amérique”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2002.
  3. Véase Separate and Unequal: Neighborhood Gap for Blacks and Hispanics in Metropolitan America, Lewis Mumford Center for Comparative Urban and Regional Research, Universidad de Albany, 2002 (www.albany.edu/mumford).
  4. “Who Needs Affordable Housing?”, Housing and Urban Development, Washington D.C., 2000.
  5. John R. Logan, The New Ethnic Enclaves in America’s Suburbs, Lewis Mumford Center for Comparative and Urban Regional Research, 2002.
  6. Paul Fisher, Section 8 and the Public Housing Revolution: Where will Families Go?, 1999.
  7. Sudhir Alladi Venkatesh, Robert Taylor Relocation Study, 2001.
Autor/es Sudhir Alladi Venkatesh
Publicado en Artículos especiales para eldiplo.org
Número de ediciónNúmero 53 - Noviembre 2003
Traducción Lucía Vera
Temas Estado (Política), Políticas Locales
Países Estados Unidos