Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Recuadros:

Qué hacer con las privatizadas

La vulgata neoliberal sostiene que “achicar el Estado es agrandar la Nación” y establece como óptima la privatización de todos los recursos públicos, en especial las empresas del Estado. Los efectos de la “panacea neoliberal” en Argentina son conocidos. Ahora, el Estado analiza el cumplimiento de 61 contratos de empresas privatizadas y su renegociación o eventual anulación. De la política que se implemente en este tema depende en gran medida el futuro. Posibles medios para recuperar patrimonio, recursos y soberanía, de manera legítima y legal.

En la etapa previa a la privatización, varias de las empresas públicas argentinas fueron degradadas, antes de ser vendidas, mediante la complicidad entre el gobierno de turno, la “patria contratista” y sindicalistas corruptos1. Luego se produjo el vaciamiento del Estado; la compra de empresas públicas a precios de remate e inmediata aplicación de tarifas exorbitantes; la obtención de ganancias muy elevadas, transferidas al exterior; el incumplimiento de las obligaciones de inversión y pago de canon; las presiones por suba de tarifas y chantajes al gobierno con cortes de servicios. En el plano político, el núcleo de empresas privatizadas pasó a integrar el círculo áulico de “dueños del país”.

Esta situación ha llevado al gobierno a examinar cada uno de los 61 contratos de concesión para establecer diferencias de comportamiento y decidir caducidades o renegociaciones. Pero en los medios de comunicación y en los ámbitos académicos este tema es tratado como si sólo existiese la explotación privada de los servicios públicos, con la única duda de la mayor o menor honestidad e idoneidad de los prestatarios.

Sin embargo, la explotación de recursos naturales y la operación de servicios públicos puede estar tanto a cargo del Estado como de sociedades mixtas o empresas privadas. Así ocurre en todo el mundo, y para decidir cuál es la mejor de esas variantes se consideran la conveniencia política, los resultados económicos esperados y la viabilidad real.

No se trata de la aplicación de dogmas económicos, sino de potestad política. Porque quien controla los servicios públicos acumula una importante cuota de poder y maneja las mayores cajas del país. La configuración del poder es muy diferente según estas empresas estén en manos del sector público, del capital extranjero, de la “patria financiera”, de la “patria contratista”, de empresarios nacionales grandes y medianos, o aun de cooperativas. También son fundamentales las políticas del gobierno, que variarán sus efectos según se busque el surgimiento de una burguesía nacional o se negocie con los beneficiarios.

En segundo término, hay que decidir si prevalece el criterio de servicio público o el de operación comercial. La diferencia es sustancial. En el primer caso, se trata de asegurar una función del Estado sobre la base de una ideología del interés general y de las necesidades colectivas, satisfechas por los equipamientos comunitarios. En cambio, en el enfoque “de mercado” las reglas del juego son las de la empresa capitalista. El imperativo de rentabilidad privilegia a la demanda solvente, con mayores servicios en aquellas regiones y grupos sociales que los hacen lucrativos. Esto no es una anomalía, sino la lógica del sistema: lo que el empresario busca es la ganancia. En teoría, sería posible subvencionar a los pobres para que puedan pagar esos servicios, pero esa eventualidad está excluida en países como Argentina, donde hoy por hoy la mitad de la población está sumergida en la pobreza.

También es muy importante el aspecto patrimonial. La privatización de los servicios públicos y de la explotación de los recursos naturales priva al Estado de una renta importante2 y del manejo de una cuantiosa masa de recursos. La rentabilidad de las empresas privatizadas en Argentina fue enorme: en el período 1993-2000, 26 empresas privatizadas tuvieron una tasa de utilidades sobre ventas 10 veces mayor que la de 144 empresas grandes no vinculadas a las privatizaciones3. Otro elemento a tener en cuenta es la deuda que acumularon las concesionarias; en muchos casos remesaban las ganancias a sus casas matrices, de las que además tomaban préstamos que entraban como deuda externa.

Un cuarto criterio se refiere a la naturaleza misma del funcionamiento de las empresas. Hay que distinguir entre quienes ejercen la autoridad (deciden sobre la índole, cobertura y calidad de los servicios); la propiedad (en ellos reside el poder final de decisión y allí van las ganancias o las pérdidas) y la gestión (es decir, la gerencia). Se trata de tres actividades que no necesariamente deben ser realizadas por la misma empresa o ente. No se justifica que el Estado renuncie a la autoridad y la propiedad, si lo que funciona mal es la gerencia.

Reestructurar el poder económico

Existen diversas formas de prestar servicios públicos. En el sistema liberal, la prestación del servicio está a cargo de la iniciativa privada. Otra modalidad es la locación: la administración pública contrata y paga la gerencia del servicio, sin que el Estado delegue ninguno de sus poderes. Una tercera forma es la concesión: el Estado delega en el concesionario la realización del servicio con fines lucrativos, concediéndole un conjunto de potestades. El cuarto sistema es la estatización: el servicio es ejecutado por empresas del Estado (en Argentina, establecido en la reforma constitucional de 1949). El quinto régimen es el de las sociedades mixtas4. La elección del sistema a aplicar dependerá de los propósitos del gobierno, pero pueden practicarse distintas soluciones en diferentes empresas. Este podrá ser uno de los principales resultados del examen que está efectuando el gobierno nacional sobre las 61 concesiones de servicios públicos.

El sistema de sociedades de economía mixta fue aplicado en el primer período de gobierno del presidente Juan Perón (1946-52). Fue un momento de transición de un sistema sólo privado a otro con control estatal, establecido por el decreto 15.349 del 28 de mayo de 1946, que lleva la firma del presidente anterior a Perón, Edelmiro Farrell. No parece casual que ese mismo día Farrell firmara el decreto de creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que aseguró el financiamiento del proceso de industrialización con una parte de la renta agraria, al mismo tiempo que cobraban forma jurídica las empresas que lo impulsarían. Este sistema mixto desempeñó una función importante en los comienzos de la hegemonía industrial en Argentina.

Frente a la necesidad actual de reindustrializar y de rehabilitar los servicios que sustentan a la economía y abastecen a la población, Argentina sólo dispone, como agentes económicos importantes, de empresas extranjeras y de remanentes de la “patria contratista” y la “patria financiera”5.

Es evidente que sobre esas bases es imposible construir una política que reindustrialice y genere justicia social. ¿Por qué no recurrir entonces de nuevo a las sociedades mixtas? Será una forma de asociar en la tarea de la reconstrucción nacional a administradores y técnicos estatales capaces y honestos (que los hay, y muchos) con empresarios grandes y medianos. A muchos empresarios, si se los deja solos, sólo se les ocurre llevar al máximo y de cualquier modo las ganancias y evadir capitales (16.000 millones de dólares en 2001 y 20.000 millones en 2002).

Los recursos necesarios6 varían según las empresas consideradas, pero lo más importante es asegurar su capitalización sin hacerse cargo de las deudas de los concesionarios ni de las indemnizaciones, puesto que las concesiones, en el caso argentino, caen por incumplimiento, sin hablar de las deudas que esas empresas mantienen con el Estado. En algunos casos corresponderá crear nuevas empresas estatales o mixtas que reciban la explotación.

Se trata de una modalidad empresaria usual. Por ejemplo, desde hace años se discute en Francia –no sólo a nivel del gobierno y el legislativo sino en la prensa y la sociedad civil– la transformación de algunas empresas estatales en empresas mixtas, con el propósito de mejorar la eficiencia con participación del capital privado sin perder las orientaciones de interés nacional. En Argentina es necesario suplir la inexistencia de empresarios con vocación y volumen para encarar la reindustrialización, lo que también es una forma de recuperar algo de la soberanía perdida.

Terminada la hegemonía política del antiguo régimen, existen las posibilidades de construir otro modelo, con eje en la industrialización y la justicia social. Pero es fundamental reestructurar el poder económico, empezando por la revisión de los contratos de los concesionarios de servicios públicos, actualmente en curso.

Por cierto, no se trata de reemplazar un dogma por otro, sino de determinar cómo servir mejor el interés nacional y el bienestar de la población en las condiciones actuales. El desplazamiento de los grupos hegemónicos es legal, a causa de sus incumplimientos contractuales. También es legítimo, porque constituyen el eje de la estructura del poder económico que saqueó al país, enajenó la soberanía, desindustrializó y sumió en la pobreza a la mayoría de la población. Es además urgente, porque dejar intacto ese poder económico equivale a regalar poder político a mediano plazo. No hay regreso de las oportunidades perdidas, sobre todo en el marco de una crisis como la actual.

  1. Las empresas públicas sufrieron, entre otros perjuicios, atraso de tarifas para frenar la inflación, toma de deuda externa en gran escala para financiar la evasión de capitales, sin los beneficios de los seguros de cambio; debían además pagar fuertes intereses sin tener recursos para invertir.
  2. Un ejemplo ilustrativo es el de los aportes que efectúan las empresas del cobre chileno, según sean públicas o privadas. Entre 1991 y 2002 el promedio anual de las transferencias al fisco de la empresa estatal Codelco, que produce un tercio del cobre, fue de 809 millones de dólares; las empresas privadas, que generan dos tercios de la producción, pagaron al fisco 167 millones de dólares. Véase Juan Villarzú R., Presidente Ejecutivo de Codelco, presentación ante la Comisión de Minería del Senado, 11-6-03. (www.codelco.com/prensa/presentaciones/ppt/ senado _contribucion_mineria.ppt).
  3. Daniel Azpiazu, Las privatizaciones en la Argentina, CIEPP/Fundación OSDE, Buenos Aires, 2002.
  4. Benjamín Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1951.
  5. Horacio Verbitsky, “Estampillas: burguesía nacional u oligarquía transnacional?”, Página/12, Buenos Aires, 23-11-03.
  6. José Sbattella, “Recursos propios para la reactivación”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre de 2003.

El Correo, o la venta de buzones

Hace algunos años, cuando alguien era estafado se decía “compró un buzón”; era como si le hubieran vendido una parte del Océano Atlántico o un pedazo de nube. El correo pertenecía a la categoría de bien público y era impensable que se lo apropiara una empresa privada. Argentina consiguió “vender buzones”, pero resultó estafada…

La caducidad de la concesión del Correo es inobjetable a causa de los incumplimientos del concesionario. Ahora viene la segunda etapa: ¿qué hacer con él? En la gran mayoría de los países el correo es estatal o sociedad anónima mixta y cumple funciones de correo postal, de envío de paquetes, de logística (gestión de stocks, de pedidos, acondicionamiento de productos, provisión a redes de venta, entre otros) y de agente financiero. Constituye de esa forma una enorme red que cubre todo el territorio y que, a su vez, lo conecta con el exterior.

En el caso argentino es además un poderoso instrumento de unidad nacional: la comunicación postal normal; los pagos y transferencias de dinero en localidades donde no hay bancos; los asesoramientos financieros (en las oficinas de correo de Francia existe un consultor que aconseja a los vecinos sobre la colocación de sus ahorros, al modo de la vieja Caja Nacional de Ahorro Postal); el pago de toda clase de facturas (en Suiza casi todos los pagos menores se hacen por cuentas que se abren en el correo); y, a escala mayor, la asociación con empresas aéreas para el transporte de cargas y la realización de una infinidad de operaciones análogas.

¿Debe ser estatal el correo? Sirva a modo de inspiración el reporte de la Comisión sobre el Servicio Postal de Estados Unidos, designada por el presidente George W. Bush, en el que puede leerse que el Servicio Postal “debe permanecer como una entidad independiente dentro de la rama ejecutiva del Gobierno Federal, con un estatuto único para operar como una empresa comercial autosustentable. (…) La privatización de una entidad comercial del tamaño del Servicio Postal podría hacer estallar tanto el servicio de correo como el mercado postal privado”. Y en su conclusión: “La Comisión cree que la estrategia preferida es un enfoque más evolucionado, bajo el cual el Servicio Postal es mantenido como entidad pública, pero reenfocada y reorganizada para mejorar su eficiencia y adaptabilidad frente al futuro incierto y más competitivo”1.

En Argentina existen además otras razones para conservar al correo en la órbita estatal. No es rentable para los operadores privados mantener oficinas en localidades de pocos habitantes. El correo estatal puede hacerlo y sus pobladores tendrán así acceso no sólo al correo sino también al cobro de haberes, a la recepción de libros, al acceso a los medios de comunicación escritos… En síntesis, es un factor de integración nacional. Yendo un paso más allá, las oficinas de correo podrían llevar internet a todo el país y constituir centros culturales y de información en las pequeñas poblaciones. Es una inmensa red que pide ser aprovechada.

Pero el correo no sólo es importante por lo que transporta, sino por lo que no transporta. El narcotráfico conforma una de las más poderosas mafias mundiales y uno de sus instrumentos fundamentales es el complejo postal-aduanero. De esta manera, el correo estatal y una aduana honesta pueden ser los ejes de una política sobre tráfico de drogas2. No se trata de una cuestión abstracta. La alternativa mafiosa local o la estadounidense de Federal Express ya se planteó una vez. Ninguno de ellos es conveniente para el país. Los mafiosos por sus implicancias delictivas y Federal Express porque, como es lógico, representa el interés de su casa matriz, que es generar ganancias y controlar mercados. Nada que ver con la unidad nacional argentina, la difusión cultural e informativa y las demás funciones que puede cumplir una red de esa magnitud.

Resultaría además paradójico que Argentina otorgara el Correo a Federal Express, cuando el de Estados Unidos es y se mantendrá estatal.

  1. “Report of the President’s Commissión on the United States Postal Service. Embracing the future. Making the tough choices to preserve universal mail service”, Washington, julio de 2003 (www.treas.gov/offices/domestic-finance/usps/pdf/freport.pdf).
  2. De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Aduanas, entre enero y noviembre de 2003, de los 198 procedimientos de incautación de drogas (sobre todo cocaína), en 103 casos se trató de envíos del correo, en su mayoría encomiendas postales.


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 54 - Diciembre 2003
Páginas:6,7
Temas Privatizaciones
Países Argentina