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Temibles desafíos para la transición brasileña

Tras un año de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y en pleno “período de transición”, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva afronta graves desafíos, procedentes de las oligarquías políticas, socias del crimen organizado, que concentran riquezas y territorio y configuran la geografía política de Brasil. La resistencia de los poderes judicial y policial, objetos de activa reorganización, somete al gobierno a pruebas de cuya resolución depende el logro o el fracaso de la implementación del “nuevo paradigma” que se propone instaurar.

En la perspectiva de los dirigentes brasileños del PT, desde la victoria de Lula, el 27 de octubre de 2002, estaba claro que la aplicación del programa de gobierno –ruptura con el neoliberalismo, reforma agraria, autosuficiencia alimentaria, intervención pública en la orientación de las inversiones, inclusión social, democracia participativa, en suma, el “nuevo paradigma” –como gustan decir– se haría en dos tiempos.

Primero, un “período de transición”, dictado por la duración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)1, durante el cual, sin cambiar nada en las orientaciones económicas en curso, se aplicaría una austeridad drástica anclada en reformas constitucionales del régimen tributario y las jubilaciones públicas, a fin de devolver a Brasil la independencia económica necesaria para determinar sus opciones de desarrollo. “Nuestro compromiso es por cuatro años, explicaba entonces José Genoino, presidente del PT. El desafío es rehacer la casa mientras seguimos viviendo en ella, cambiar el neumático sin detener el auto”.

Un año después, el índice de riesgo país volvió a un nivel normal, la balanza comercial recobró su excedente de hace quince años, el dólar sigue por debajo de los tres reales, se reactiva el consumo, los socios internacionales se muestran confiados, las tasas de referencia del Banco Central bajan con regularidad desde agosto, habiendo perdido ya cerca de diez puntos, el FMI y el Banco Mundial aceptaron la quita… El 18 de marzo, el gobierno hizo pública la carta de intención con el FMI, que reafirma, entre otras cosas, los compromisos de privatizar los antiguos bancos estatales federalizados y efectivizar la autonomía del Banco Central2.

En un país donde el número de personas que vive en la indigencia se estima en 50 millones, comenzaron a despuntar las protestas de los movimientos sociales a esta política económica ortodoxa y, dentro del PT, hasta hubo quienes se fueron dando un portazo. Sin embargo, la esperanza del pueblo en el gobierno de Lula no parece haber disminuido de manera significativa.

La noción de transición no concierne sólo al campo de los ajustes macroeconómicos. En realidad, es en la esfera de la relación política entre sociedad y poder donde parece provocar los cambios más perceptibles, al tiempo que se produce una polarización de las fuerzas sociales en torno a las pugnas institucionales: los poderes políticos locales; los poderes de la justicia; los poderes y la organización de las policías; el derecho a la propiedad de la tierra.

Que Brasil sea la sociedad de mayor y más desigual concentración de la riqueza y los ingresos del mundo no es sólo un resultado de las políticas neoliberales. El economista Cesar Benjamin subraya que este estado de cosas se inscribe en tendencias prolongadas y se apoya en una concentración de bienes raíces superior a la concentración de ingresos.

Cultura de elites

El crecimiento de los ingresos y el del consumo están pues ligados a la monopolización de las riquezas, que hace que el mercado se desarrolle dentro de una esfera cada vez más reducida y la exclusión dentro de espacios más vastos (tres quintos de la población). La concentración de riqueza crece exponencialmente entre el 5% más rico, haciendo de la prosperidad de algunos grupos el principal vector del crecimiento económico general. Cultura del monopolio y cultura de elites estructuran todos los aspectos de la sociedad. El neoliberalismo no ha hecho más que llevar esas tendencias profundas a lógicas extremas.

Heredero de la “República de los propietarios”, el Estado es reflejo e instrumento de esa cultura de elites. Fragmentadas por el federalismo en “autarquías” (sic) territoriales que gozan de una autonomía total –legislativa, ejecutiva, judicial y bancaria– y organizadas de un modo corporativo, las instituciones son enteramente instrumentadas por los grupos oligárquicos dueños del territorio y de las riquezas, que se reparten su monopolio y redistribuyen sus protecciones según su clientela, formando así la geografía política del país.

El Estado refleja esta concentración general de las riquezas, movilizando para su funcionamiento el 40% del PBI. Y que el 40% de la totalidad de los mismos presupuestos públicos sea desviado por las elites políticas, que lo tienen como bien propio, refleja más el modo “normal” de funcionamiento del sistema que su “corrupción”… Por eso, toda apertura del Estado hacia un nuevo modelo económico requiere un profundo cambio de las instituciones y las costumbres del poder político, una democratización de la nación.

En muchos casos, el poder político real se limita al de los feudos clientelistas, muchas veces familiares, que reinan sobre Estados, ciudades o monopolios económicos enteros, desviando en su provecho el bien público, vendiendo su apoyo u oposición al poder federal, bajo la divisa “después de mí, el diluvio”. Desvío de fondos públicos, evasión de capitales ilícitos, proximidad con el comercio internacional de drogas, contexto de descomposición y violencia social extrema, hicieron de esas elites políticas –pero al mismo tiempo terratenientes, financieras y judiciales–, los socios cada vez más naturales para la delincuencia organizada a gran escala.

A modo de ejemplo, la policía federal descubrió en Nueva York no menos de 30.000 millones de dólares (¡el monto del préstamo del FMI!) desviados a través del banco del Estado de Paraná (Banestado) entre 1996 y 1999. En Río de Janeiro, la familia Garotinho, gobernadores y potentados que practican la alternancia conyugal en los negocios, estuvo en la mira de una investigación sobre 30 millones de dólares desviados por el fisco carioca y congelados en Zurich por el gobierno suizo. El Estado de Espíritu Santo, por su parte, se encuentra bajo completa intervención judicial federal, después del asesinato de un juez y el arresto del presidente del Parlamento por organizar una banda criminal en el seno de la Asamblea. En Bahía, es el César local, Antonio Carlos Magalhaes –patriarca, gobernador, senador, ex ministro, presidente de TV Globo Bahía y jefe del gran partido que unifica a la derecha, el Partido del Frente Liberal (PFL)– quien está amenazado de destitución por sus prácticas de mala policía.

Sería necesario algo más que textos de ley para reducir el poder de las oligarquías locales, establecer un control democrático sobre las instituciones y los fondos públicos, dar sentido a la cosa pública. Sería necesario incluso algo más que la movilización y vigilancia de los movimientos populares, que se manifiestan a diario contra las arbitrariedades, los abusos y los crímenes de esos feudos. Esa indispensable movilización civil debiera encontrar el apoyo de una fuerza pública que hiciera respetar la autoridad democrática del gobierno y el derecho de las personas.

Trenza policial-judicial

Curiosamente, en un Brasil que cuenta con 700.000 policías militares y civiles, el gobierno no dispone más que de los 7.000 hombres de la policía federal. Los otros 693.000, repartidos por el país, sirven exclusivamente a administraciones de Estados, es decir a oligarquías políticas locales de las que dependen para toda su carrera… En cuanto a la justicia, también está regida por los Estados, que nombran a casi todos los tribunales y cortes, tienen el monopolio del sistema penitenciario, etc.

El Ministerio de Justicia lanzó entonces una reforma general de los organismos de seguridad del país, con el programa Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP). Por supuesto, se trata en primer lugar de fortalecer a la policía federal y de extender sus campos de acción, excesivamente limitados. Pero sobre todo, de unificar progresivamente a las policías, poner su formación, utilización y organización bajo tutela federal y finalmente de instituir organismos de control independientes y democráticos sobre su actividad.

En un contexto de desintegración y exclusión social a gran escala, la descomposición moral y la fragmentación clientelista de las policías expande en todas las capitales del país una onda de delincuencia y violencia generalizada, insoportable para la mayoría de la gente. Cada año, decenas de miles de crímenes y asesinatos, principalmente en las clases pobres y medias, definen su trágica estadística.

Río de Janeiro es víctima desde marzo de una espectacular ola de violencia, sin duda orquestada por la resistencia de la oligarquía política local a las medidas anticorrupción y de responsabilidad presupuestaria del gobierno Lula. Esto da una idea espeluznante de los peligros que corre el Presidente si no consigue responder a la exigencia de seguridad de la población, colocando a la fuerza pública bajo su autoridad y bajo el control de los ciudadanos.

También es desfachatada la resistencia del Poder Judicial, igualmente objeto de una activa reorganización. Alertada por los movimientos de defensa de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comisión oficial que remitió, en septiembre, un informe de investigación escrupuloso que relega a Brasil al rango de regímenes como el de Birmania en materia de arbitrariedades, torturas, sistema penitenciario y sobre todo ejecuciones extrajudiciales.

Como fuente esencial de los miles de asesinatos encargados y cometidos anualmente en la más completa impunidad, el informe señala al mundo judicial y policial. La ONU pide entonces el envío de una misión de inspección del aparato judicial brasileño. El presidente Lula y su ministro de Justicia dieron su acuerdo, pero el presidente del Tribunal Federal Supremo ordenó a las cortes y tribunales del país negar acceso a la ONU y, a modo de desafío al gobierno, dos de los interlocutores de la delegada de la ONU fueron ejecutados en pleno día, a principios de octubre, por asesinos a sueldo.

La lucha por la tierra

Por supuesto, el tema de la propiedad de la tierra es el que más cristaliza esta resistencia del aparato judicial, que se erige sistemáticamente en barrera de protección del latifundio invalidando los decretos de expropiación del gobierno, condenando y encarcelando a los dirigentes del Movimiento de los campesinos Sin Tierra (MST), cerrando los ojos al armamento y los crímenes de las milicias de los grandes terratenientes.

Porque la lucha para reducir y combatir el poder político de las oligarquías territoriales incrustadas en las instituciones de los Estados federados es inseparable de la transformación de la ocupación del territorio. Cuando una sola propiedad se extiende sobre el equivalente de varios cantones franceses, los habitantes de esas regiones son súbditos del dueño de la tierra, antes que ciudadanos. La limitación del latifundio, el establecimiento sobre sus tierras redistribuidas de un campesinado familiar que atribuye un papel importante a las cooperativas, en una palabra la reforma agraria, sigue siendo entonces, más allá de su dimensión social, una pieza clave en la lucha por la democratización política de la sociedad y del poder territorial.

En el campo, la presión es considerable. Cuatro millones de familias de “sin tierra” esperan un asentamiento3, mientras 27.000 propietarios parapetados en propiedades de más de 15.000 hectáreas anuncian, a través de los políticos ruralistas, su intención de defender el latifundio con sus propias milicias. Desde marzo, el MST lanzó la consigna “¡Abajo el latifundio!”. En agosto, el presidente Lula declaró que la reforma agraria se convertía en la prioridad del período de transición. Las ocupaciones se multiplican. Pero el apoyo político de Lula, el reconocimiento institucional del MST, la legitimación de las ocupaciones, el apoyo del Ministerio y los créditos a las cooperativas no alcanzarán si el gobierno no puede imponer su ley desafiando a los lobbies ruralistas. En lo que va del año, 65 militantes perdieron la vida en estas luchas.

El PT no piensa contener las exigencias de los movimientos populares. “No seremos los bomberos de nadie, ni del MST, ni de los sindicatos, ni de los movimientos ciudadanos. Yo dialogo con el MST, con la CUT (Central Única de Trabajadores), con las ONG… Nunca voy a apagar los incendios”, señaló José Genoino. Pero tampoco busca la ruptura y el enfrentamiento generalizado. El PT intenta más bien delimitar las resistencias y obligar a la negociación, legitimando a los movimientos populares.

De todos modos, la salida de la transición dependerá de la capacidad del gobierno para resolver esas cuestiones cruciales tanto, si no más, que de los buenos índices macroeconómicos. De eso dependerá que la transición desemboque en la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo, democrático y no neoliberal –el famoso nuevo paradigma– o bien que se pierda en el desastre de la renuncia a los objetivos.

  1. Durante su campaña electoral, Lula se comprometió a respetar los acuerdos firmados entre su predecesor Fernando Henrique Cardoso y el FMI en agosto de 2002, asegurando el pago de la deuda externa (300.000 millones de dólares) y la continuación del ajuste estructural.
  2. www.imf.org:80/external/np/loi/2003/bra/01/index.htm
  3. Carla Ferreira, “En el país de los sin tierra “, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2002.
Autor/es Gilles De Staal
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 54 - Diciembre 2003
Páginas:12
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Agricultura, Estado (Política), Políticas Locales, Seguridad
Países Brasil