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El derrotero criminal de la economía maderera

La explotación de la madera está conectada en África con las redes mafiosas y sus negocios ilícitos, como el tráfico de armas y diamantes. El cariz criminal de la industria forestal alimenta muchos conflictos sangrientos en África y fuera de ella: Sierra Leona, Liberia, Ruanda, Congo, Camboya. La madera suele ser materia de explotación ilícita en la medida en que viola legislaciones nacionales y convenios internacionales. Las principales y más inmediatas víctimas de estas maniobras son las poblaciones civiles de los territorios donde hay concesiones forestales.

En numerosos países, en particular de África, la industria forestal alimenta algunas de las guerras más sangrientas de nuestro tiempo. Materia prima preciosa, fácil de explotar, pasible de venta inmediata, la madera se convirtió en un excelente recurso para las facciones en conflicto, las redes mafiosas y los fabricantes de armas. Su explotación proporciona a esos grupos el financiamiento y la logística necesaria para la conducción de una guerra. Suele ocurrir además que un gobierno o un movimiento insurreccional recompensan con franquicias forestales a quienes los apoyaron. Esta utilización criminal de la madera, que pasa casi inadvertida, alimenta –o alimentó– numerosos conflictos, desde Costa de Marfil a Liberia, desde Camboya a Birmania.

Así pues la cruel guerra civil de Sierra Leona (1990-2001) fue parcialmente financiada por capitales provenientes de la industria maderera liberiana1. En 2003, el ex presidente Charles Taylor reconoció incluso en forma pública haber utilizado el dinero de la madera para comprar armas, violando el embargo decidido por Naciones Unidas2. Además, a fines de 2002 el gobierno de Monrovia y algunas sociedades forestales locales financiaron directamente y armaron la rebelión en las provincias occidentales de Costa de Marfil3. Incluso en países sin guerra, como Camerún, la explotación ilegal de los bosques condujo al aumento de la corrupción y a la reducción de la renta del Estado4.

Otros continentes están implicados en este derrotero criminal: en los años 1990, la venta de madera proporcionó amplios recursos a los Khmer rojos (entre diez y veinte millones de dólares mensuales durante las estaciones secas). Este comercio no sólo alimentó la guerra: se convirtió en fuente de conflicto en sí mismo. En 1991, Pol Pot había declarado: “Nuestro país no tiene suficientes capitales como para desarrollar su potencial ni para incrementar sus fuerzas armadas… Hay que explotar los recursos naturales existentes (en las zonas liberadas o semiliberadas)”5. En Rusia, la mafia tendría intereses en la industria forestal de Siberia6.

Redes ramificadas

Cabe hablar de “madera de conflicto”. En 2001 un grupo de expertos designado por Naciones Unidas utilizó este término por primera vez7 para investigar la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo (RDC). La cantidad de madera de la que se apoderaron las facciones rebeldes, las compañías y las fuerzas armadas gubernamentales de los países vecinos es tan importante que en Uganda el precio de esta materia prima cayó un 50% entre 1998 y 2003. El grupo de expertos de Naciones Unidas considera que los intereses financieros en juego podrían llevar a todas las partes a perpetuar indefinidamente el conflicto. Sacó a la luz las muy ramificadas redes que existen en Uganda, Ruanda y Zimbabwe.

La utilización criminal de los recursos congoleños se extendería mucho más allá de las fronteras de la RDC: los expertos señalan con el dedo a más de cien personas y empresas8. Según la Organización No Gubernamental Global Witness, la “madera de conflicto” se define como lo que “en un momento dado de la cadena de explotación fue objeto de transacciones comerciales que implicaban a grupos armados, se tratase de facciones rebeldes, de soldados regulares o de una administración civil implicada en un conflicto armado; o además, de perpetuar el conflicto o de utilizarlo para obtener beneficios personales”.

Existe también otra forma de utilización criminal de la madera: su explotación violatoria de legislaciones nacionales y convenios internacionales, como los que regulan las especies y los bosques protegidos. Como en el caso de la “madera de conflicto”, se restan fondos a los presupuestos nacionales, generalmente a espaldas de la comunidad internacional. Una parte importante de los ingresos generados en el corto plazo no van a la tesorería nacional, sino a los bolsillos de las elites. La falta de transparencia que caracteriza esas operaciones hace necesaria la aprobación de una normativa destinada, por una parte, a romper los vínculos entre la “madera de conflicto”, el comercio ilegal de armas y la industria marítima y, por otra, a poner fin a la importación hacia los países ricos de la madera ilícitamente explotada.

Falta de regulación y controles

En África un reducido número de personas, a menudo insertas en vastas redes criminales, coordinan la venta de armas a cambio de recursos naturales como madera o diamantes. Entre éstas figura el tristemente célebre Victor Bout, conocido con el apodo de “mercader de la muerte”. Este hombre de negocios tiene orden de detención internacional. Habría combinado explotación de recursos naturales y venta de armas9 en numerosos países africanos destrozados por la guerra (Ruanda, Sierra Leona, Angola, Liberia, RDC). En Liberia se encuentra Gus Kouwenhoven, de la compañía malaya Oriental Timber Company (OTC), a quien Naciones Unidas acusa por sus actividades ilegales10 y Sanjivan Ruprah, acusado de tráfico de diamantes. Naciones Unidas dictó la interdicción de viaje para estos tres hombres, debido al apoyo financiero y militar que habrían prestado a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF) en la guerra civil de Sierra Leona.

Se estima que entre el 40% y el 50% del comercio mundial de armas ligeras sería ilegal. Sin mecanismos de control adecuados para identificar a los intermediarios, el tráfico de armas seguirá siendo una atrayente industria lucrativa que prospera gracias a la desregulación del comercio internacional. En 2002 sólo seis países habían adoptado una legislación que se refiriera explícitamente a los revendedores11. Aunque por lo general las armas son transportadas por avión, el mar es cada vez más utilizado. La carga marítima se desarrolla en un ambiente apenas regulado y muy poco transparente, como lo demuestran en la práctica los barcos con pabellón de conveniencia. Las mercancías viajan generalmente en contenedores y son los propios exportadores los que establecen la parte fundamental de los manifiestos de salida12. Además esos contenedores rara vez son revisados, de modo que por lo general los transportistas no conocen la exacta naturaleza de las mercancías que se les confían. Ahora bien, como la mayoría de los buques de carga pueden transportar de 5.000 a 7.000 contenedores, el contrabando de armas hacia las zonas en conflicto se realiza con una alarmante facilidad.

Si bien todo gobierno goza del derecho soberano a disponer de sus recursos naturales como mejor entienda, debe respetar las disposiciones internacionales y a fortiori sus propias leyes. Lo que debería significar, tanto para la madera como para los diamantes, una explotación duradera y en beneficio de la población. Por ejemplo, el gobierno liberiano habría guardado silencio acerca de los 2 millones de dólares en gastos de aduana que le debía la OTC; suma que se habría pagado directamente al Presidente para su uso personal, mientras los leñadores dejaron de cobrar sus salarios. La OTC creó sus propias cárceles, sus propios cuarteles y una milicia de más de 2.500 hombres13.

Necesaria prohibición global

Los países importadores de “madera de conflicto” consideran que la responsabilidad es de los países exportadores. Siguen comprando a empresas notoriamente implicadas en el tráfico de armas o en conflictos sangrientos. Algunas de esas empresas lanzaron vastas campañas de relaciones públicas para mostrar su gran preocupación por los derechos humanos y el medio ambiente. Tomándose libertades respecto de la realidad, hacen creer a compradores poco cuidadosos que la madera vendida no resulta ni de una destrucción ilegal de la naturaleza ni de una industria vinculada a la guerra. Es el caso de la compañía danesa DLH, que a pesar de la promesa de abastecerse sólo con proveedores que respeten la legalidad y el medio ambiente, sigue comprando “madera de conflicto” a Liberia.

La población civil experimenta inmediata y duramente las consecuencias de este derrotero criminal. En general, los habitantes de los territorios de una concesión forestal tienen vedado el acceso al bosque. La tala y las frecuentes expulsiones alteran las modalidades de vida: se complica el acceso a las verduras o a los bienes de primera necesidad, como los medicamentos. Habitantes de Liberia denunciaron ante la justicia, sin éxito, los métodos de la OTC. Por otro lado, a menudo los cambios en el ecosistema local provocan inundaciones o sequías. Sólo los que están directamente interesados en este comercio pueden sostener que la industria forestal mejora la vida de la gente en tales situaciones de conflicto.

Parece que únicamente una prohibición global de la “madera de conflicto” decretada por Naciones Unidas podría poner fin a esas compras. No obstante, se registran algunos progresos. En mayo de 2003 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso un embargo sobre toda la madera procedente de Liberia a partir de julio de 2003. Los informes redactados por un grupo de expertos para la RDC condujeron al secuestro de numerosos activos de empresas que actuaban en ese país, y varios funcionarios fueron suspendidos. Se concedió un status de observador independiente a la ONG Global Witness. Sin embargo, muchas de las recomendaciones formuladas por los expertos siguieron siendo letra muerta. En Camboya fue despedido un observador independiente que cumplía correctamente con su tarea.

En cuanto al progreso que representa el embargo de la madera liberiana, está amenazado por un programa de “comida contra madera” que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría decidir antes de que termine el año 2003. Este programa pondría fin al embargo decidido en mayo de 2003 y permitiría reanudar la explotación forestal para así financiar la importación de productos alimenticios. Sin embargo, tal decisión no tendría en cuenta los estrechos vínculos entre la industria forestal liberiana y el tráfico de armas, ni las violaciones a gran escala de los derechos humanos por parte de algunas milicias patronales, ni el hecho de volver a permitir el acceso a las concesiones forestales tanto al gobierno como a los grupos rebeldes, los que no dejarían de sacar ventaja.

Los rebeldes de Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia (LURD) y del Movimiento para la Democracia en Liberia (Model) controlan las regiones forestales de Liberia y, después del derrocamiento de Charles Taylor en agosto de 200314, se confió al Model la dirección provisional de la Autoridad de Desarrollo Forestal. Además sería prácticamente imposible controlar el comercio en un país a tal punto desgarrado por la guerra. Un programa así corre el riesgo de enriquecer a las facciones en conflicto y de hipotecar un importante recurso nacional en beneficio de una elite muy restringida.

  1. Naciones Unidas, Informe sobre el desarrollo humano, Nueva York, 2000.
  2. “Liberia denies Ivorian rebel links”, BBC News, 3-4-03.
  3. Global Witness, “The Usual Suspects. Les armes et les mercenaires du Libéria en Côte d´Ivoire et en Sierra Leone”, marzo de 2003 (www.oneworld.org/globalwitness/).
  4. Global Witness, “The Logs of War: the timber trade and armed conflict”, noviembre de 2002.
  5. “The Logs of War: the timber trade and armed conflict”, op. cit.
  6. “The Wild East”, Forests Monitor, Cambridge, Reino Unido, 2001; “Loogers wreak havoc in Siberia”, BBC news online, 4-11-00.
  7. Informe final del grupo de expertos de Naciones Unidas acerca de la explotación ilegal de recursos nautrales, Naciones Unidas, Nueva York, 2002.
  8. Colette Braeckman, “Guerre sans vainqueurs en République démocratique du Congo”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2001.
  9. “Gunrunners”, pbs Frontline series, 2002 (www.pbs.org).
  10. Véase The Perspective magazine, 20-3-00 (www.Theperspective.org); y el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas en Sierra Leona (S/2000/1195), 2000.
  11. Brian Wood and Johan Peleman, The Arms Fixers: Controlling the Brokers and Shipping Agents, Prio publications, Oslo, 2002.
  12. Descripción de las mercancías transportadas por una nave, destinada a las aduanas.
  13. “The Usual Suspects…”, op. cit., 2003.
  14. Guy de Briant fue nombrado presidente de Liberia el 14-10-03.
Autor/es Alice Blondel
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 54 - Diciembre 2003
Páginas:22,23
Traducción Teresa Garufi
Temas Corrupción, Estado (Justicia), Justicia Internacional, Estado (Política), Geopolítica, Medioambiente