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Crímenes económicos impunes

En unos años, la justicia internacional ha realizado progresos notables. Los Estados han adoptado textos e implementado organismos internacionales destinados a castigar a los criminales de guerra y a los autores de atentados contra los derechos humanos; han creado reglas y jurisdicciones con el fin de garantizar la libertad comercial. Pero, ¿qué han establecido para castigar los crímenes económicos? Nada.

Existen tribunales destinados a solucionar los desacuerdos entre Estados, como la Corte Internacional de La Haya, y también jurisdicciones que permiten a los ciudadanos pedir cuentas a un Estado por atentar contra los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, etc. Medio siglo después del Tribunal de Nuremberg, finalmente se han creado tribunales penales internacionales para los casos de Ruanda y la ex Yugoslavia y, en marzo de 2003, la Corte Penal Internacional (CPI)1.

También hay una cantidad importante de países que aceptan adherir a los convenios internacionales sobre el genocidio, los crímenes contra la humanidad y su imprescriptibilidad, que llegan a veces a abrogar las leyes de amnistía que habían promulgado, como ocurrió recientemente en Argentina. Un sector de los teóricos del derecho piensa incluso que los crímenes contra la humanidad, debido a su particular naturaleza, deberían poder ser denunciados ante los tribunales de cualquier país2. Todo un motivo de inquietud para los dictadores, que de a poco se van dando cuenta de que no siempre estarán protegidos de la posibilidad de denuncias, ni siquiera dentro de su propio país.

Sin embargo, estos progresos no afectan a un fenómeno esencial: en general, los dictadores llegan al poder, y sobre todo se mantienen en él, con el apoyo determinante de sus verdaderos beneficiarios, es decir, los grupos económicos nacionales o internacionales cuyo brazo armado son justamente los déspotas. Desde Chile a Nigeria o Birmania, los asesinos son en gran parte servidores de sus amos. En cuanto a esos amos, muchas buenas personas que se regocijan con los progresos del derecho internacional encuentran normal (¿o inevitable?) que se los deje en paz. Pero ocurre que los crímenes que más víctimas producen son, como sabemos, los económicos.

Relación de fuerzas

Ni el derecho internacional ni las instituciones internacionales son indiferentes a las actividades de los agentes económicos. Pero se ocupan de ellas de una manera particularmente sesgada. Desde hace cerca de diez años existe una jurisdicción internacional, que pretende actuar discretamente, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), creado en 1994 dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este órgano toma decisiones contra los Estados que violan el sacrosanto principio de la libertad de comercio y de la libre competencia3. En cambio, los delitos cometidos por las firmas transnacionales siguen ampliamente fuera de su alcance. Las acciones judiciales por trabajo forzado, intentadas en Bélgica por víctimas birmanas contra Total-Fina-Elf, por ejemplo, quedaron en letra muerta.

Esta cuasi impunidad de las empresas se debe a que el derecho internacional encara principalmente a los Estados, con lo cual las personas jurídicas quedan expresamente excluidas de la competencia de la CPI. El delito, entonces, sólo podrá ser atacado apuntando al Estado, se trate del Estado que ha decidido la acción, o del Estado en cuyo territorio se cometió el delito. Puede surgir entonces la dificultad de que el Estado huésped no respeta los convenios internacionales (Birmania, por ejemplo, se abstiene de ratificar esos textos). Por otro lado, los Estados en los cuales se encuentra la sede social de las firmas culpables, que muchas veces son democráticos, temen la “deslocalización” de esas firmas si adoptan normas demasiado exigentes o demasiado costosas4. Pero la impunidad proviene también de la ausencia de una definición jurídica internacional de los crímenes económicos.

Este desequilibrio del derecho internacional tiene una explicación simple. En muchos países, la opinión pública desea que los autores de crímenes contra la humanidad sean castigados, y lo hace saber. Y los gobiernos, al recibir esta demanda, aceptan de buen o mal grado crear instituciones judiciales adecuadas. Las grandes empresas transnacionales o nacionales, por su lado, exigen enérgicamente no sólo la liberalización del comercio, sino también el sometimiento de los Estados a las reglas de esa liberalización. Esos Estados (que, apegados a su libertad de acción soberana, en general se niegan a ser juzgados en materia de respeto a los derechos humanos), aceptan sin protesta ser juzgados por atentar contra la libertad de comercio. En cambio, las fuerzas que exigen que se definan y se lleven a la justicia los delitos cometidos por las empresas transnacionales no son (¿todavía?) bastante fuertes como para que nuestros gobernantes se sientan autorizados a tomar iniciativas de esa naturaleza.

Si bien se escribe mucho sobre la necesaria preeminencia de la regla jurídica, incluso sobre el establecimiento de un Estado de derecho internacional, hay una frecuente falta de cuestionamiento de la noción misma de derecho. Pero el derecho no es una materia estable. Depende de la manera en que es producido y puede ser cambiante cuando cambia quien lo dicta o quien debe interpretarlo, aplicarlo, utilizarlo…5.

Para Karl Marx, el derecho es la expresión de las relaciones de fuerza existentes en un momento dado en la sociedad. Más simplemente, el derecho que las instituciones humanas (tribunales, cortes, etc.) van a tener que aplicar es producido por instituciones humanas. Apenas nos atrevemos a escribir esto, que parece una perogrullada, pero es algo sobre lo cual no hemos reflexionado suficientemente. El presidente Jacques Chirac ilustró esta realidad al declarar, durante su gira por África en octubre de 2003, que hay que favorecer “una inmigración legal”6. Esto significa que el gobierno francés va a definir según lo entienda, a su manera, lo que es legal; y que luego va a jactarse de su respeto de la legalidad…

De manera que no hay que sacralizar el derecho, aun cuando la obligación de respetarlo represente un progreso de las sociedades humanas desde el Siglo de las Luces. Existen sobre todo jerarquías y todo el edificio del derecho internacional comercial, construido desde hace diez años, equivale concretamente a hacer del comercio y de sus reglas el principio general, y de la protección social o del medio ambiente la excepción7. Pero en derecho, para aplicar un texto frecuentemente hay que interpretarlo; y la excepción (en este caso la protección social, el respeto al medio ambiente, la diversidad cultural, etc.) se interpreta de la manera más estricta posible para atentar al mínimo contra la regla general, que es la libertad de comercio e industria.

Reapropiarse de la democracia

Los gobiernos son mayormente los constructores del derecho internacional, y en su elaboración se toma poco en cuenta la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Los tratados son negociados exclusivamente por el ejecutivo; los representantes de los ciudadanos, es decir, los parlamentos, intervienen sólo para ratificar o rechazar el convenio, sin poder modificar su contenido8. Las reglas que deben ser internacionalmente aplicables en materia de justicia son así dictadas por los Estados más poderosos y por el poder de las transnacionales. En consecuencia, si la OMC y su OSD adquieren tanto poder, al mismo tiempo que se rehusan a someterse a los textos que protegen los derechos de los pueblos y de los ciudadanos, es porque los Estados lo quieren, lo desean y lo aceptan, y porque nuestros gobernantes están más dispuestos a someterse a las “leyes” del comercio transnacional que al derecho de las relaciones internacionales9.

¿Pueden los ciudadanos y los pueblos cambiar el curso del derecho internacional y reencontrar su poder de decisión? Es posible: en primer lugar reapropiándose de toda su cultura jurídica, componente esencial del patrimonio democrático desde 1789. Los derechos fundamentales constituyen un arma poderosa que, bien entendida, permitiría detener la marejada de un derecho enteramente basado en la primacía del comercio y la ganancia. El hecho de recordarlo forma parte de la presión cívica contra la resignación y la ley del más fuerte (o del más rico), que se intenta imponer a las democracias debilitadas. Las asociaciones de defensa de los inquilinos, por ejemplo, saben bien el papel que cumplió en su combate la proclamación del derecho universal a la vivienda, establecido en 1966 en el Acuerdo de Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

Los ciudadanos también pueden retomar su función ocupando los numerosos lugares de los cuales no se los puede excluir y haciéndose oír durante las grandes cumbres (y contra-cumbres) del G-8 y de la OMC10. E interviniendo en todo tipo de organismos con algún poder y con una relativa independencia, como la subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, compuesta de expertos independientes de sus gobiernos, que ha elaborado, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), varios convenios internacionales adoptados ulteriormente por los Estados. Esa comisión es también la que acaba de preparar y proponer, en agosto de 2003, un proyecto de normas sobre la responsabilidad de las sociedades transnacionales11. Naciones Unidas sigue siendo un lugar donde pueden lograrse progresos en interés de los pueblos y de los ciudadanos; a lo cual contribuiría poderosamente su siempre esperada democratización.

  1. Anne-Cécile Robert, “La justicia, entre la política y el derecho”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2003.
  2. Algunos países lo admiten. Ya no es el caso de Bélgica, que ante las enormes presiones estadounidenses, debió abandonar el 5 de agosto de 2003 la ley de 1993. Véase Tzvetan Todorov, “Les illusions d’une justice universelle”, Le Monde des débats, Nº 25, París, mayo de 2001.
  3. La primera ley francesa que tuvo como objetivo la libertad de comercio e industria fue la Ley Le Chapelier, del 17-6-1791, uno de cuyos objetivos principales era prohibir las “coaliciones obreras”, es decir, ¡los sindicatos!
  4. Véase FIDH, “80 ans de lutte contre l’impunité” (www.fidh.org).
  5. A.C. Robert, “Naissance d’une mythologie juridique”, Le Monde diplomatique, París, enero de 2001.
  6. Le Monde, París, 25-10-03.
  7. Mireille Delmas-Marty, “Ordre juridique et paix positive”, Le Monde diplomatique, París, julio de 2003.
  8. Allí está el origen de algunas “originalidades” de las jurisdicciones internacionales, como el notable artículo 16 del estatuto de la CPI, que otorga poder al Consejo de Seguridad para suspender cualquier procedimiento de la CPI por el plazo de un año, ¡renovable sin limitaciones!
  9. Bernard Cassen, “Una norma cultural que compite con el derecho comercial”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, setiembre de 2003.
  10. El papel activo de las ONG se ha vuelto a apreciar en la reciente cumbre de la OMC en Cancún. Véase Laurence Caramel, “L’influence grandissante des grandes ONG anti-OMC”, Le Monde, París, 16-9-03
  11. Documento de Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/2003/12.
Autor/es Nuri Albala
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 54 - Diciembre 2003
Páginas:27
Traducción Lucía Vera
Temas Mundialización (Economía), Derechos Humanos, Justicia Internacional