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Impunidad, la otra deuda odiosa

El pasado 16 de abril un grupo de vecinos “escrachó” al ex comisario de la Policía Federal Miguel Ángel Expósito, jefe de la comisaría en la que estuvo detenido Walter Bulacio, de cuya muerte se cumplirían 12 años tres días después. Un caso que es sólo una de las pruebas de la impunidad policial, síntoma de la incrustación mafiosa en el poder, que se ha convertido en un problema crucial a resolver en Argentina.

La noche del 19 de abril de 1991 Walter David Bulacio asistió a un recital del grupo Los Redonditos de Ricota en el estadio de Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. A las 23 horas fue detenido junto a otros jóvenes en el marco de una razzia policial y trasladado a la comisaría 35ª, donde recibió fuertes golpes en la cara, en las piernas y en las plantas de los pies. Murió a los cinco días en el Sanatorio Mitre.

Este fue el inicio de un caso llevado al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, donde por primera vez un tribunal internacional examinó y corroboró los patrones de violencia institucional de las distintas fuerzas policiales argentinas, así como las torturas y las muertes en comisarías1.

La madre y la abuela de Walter demandan que el Estado asuma la responsabilidad por la violación de la integridad física y el derecho a la vida y la libertad del adolescente de 17 años. Para ello han demostrado cuán arraigada se encuentra la cultura institucional de detenciones arbitrarias y cómo ésta se ha convertido en un medio de control social en Argentina.

La investigación judicial de lo sucedido ha sido un claro ejemplo de cuán fallidas resultan las expectativas de justicia cuando, como en este caso, se encuentran involucrados y sospechados miembros de la corporación policial2. Intervinieron 36 jueces, declararon más de 200 testigos y se redactaron más de 2.100 fojas, que no alcanzaron para que los responsables del crimen fueran condenados. El ex comisario de la Policía Federal Miguel Ángel Expósito, a quien se atribuyó el delito de “privación ilegal de libertad agravada” llegó a ser detenido en 1994, pero enseguida fue excarcelado. En noviembre de 2002 la Sala VI de la Cámara del Crimen dictó finalmente su sobreseimiento.

Pese a la parálisis en los tribunales porteños, el caso llegó a la Comisión Interamericana con tres pedidos puntuales de los Bulacio: que el Estado argentino reconozca su responsabilidad y les ofrezca sus disculpas; que dé garantías de que modificará las leyes que permiten detenciones policiales consideradas arbitrarias, como la averiguación de antecedentes, y un resarcimiento económico por los daños causados.

El caso “Bulacio vs. Argentina” se inscribe dentro de las funciones contenciosas de la Corte y su trámite ha servido para llamar la atención sobre la responsabilidad que cabe al Estado en lo que a violaciones de Derechos Humanos se trata. Tal como durante el terrorismo de Estado, esas violaciones son perpetradas por funcionarios y agentes estatales y reforzadas por la omisión gubernamental de implementar medidas concretas tendientes a disminuir la violencia policial en el país.

El 26 de febrero de este año el Estado argentino evitó la vergüenza de una segura condena en un foro de tal prestigio y resonancia, al reconocer que Walter “fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a una detención ilegítima por incumplimientos procedimentales”.

La inseguridad maniquea

La impunidad que ilustra con elocuencia el “Caso Bulacio” resulta compatible con el limitado alcance que tanto la dirigencia política y del Estado, como los miembros del aparato policíaco-militar e inclusive muchos funcionarios judiciales, confieren a los conceptos de seguridad-inseguridad.

Estos sectores han venido reduciendo conceptualmente la inseguridad al punto de equipararla a hechos conflictivos de naturaleza interpersonal, en especial los robos y los delitos contra las personas. Y éste es justamente el formato difundido por buena parte de los medios de comunicación masivos, para los que la inseguridad se expresa tan sólo a través de hechos puntuales de violencia, sin un antes o un después y sin contexto histórico o social alguno.

La construcción comunicacional de la inseguridad no es, a esta altura, un dato menor. Los medios de comunicación desempeñan un importante papel como mecanismo de reproducción simbólica. Su carácter sistémico y su capacidad para imponer los temas de debate social, de excluir, de subrayar y acentuar e incluso de tergiversar situaciones, condicionan los discursos colectivos y lo que se ha dado en llamar el “humor social”, que en realidad es crispación social.

Esto es particularmente manifiesto cuando se trata de enfocar los comportamientos reñidos con la ley penal, puesto que como sostienen Mauricio Salinas Escobar y Loreto Hoecker, “hoy en día un solo delito puede dar lugar a millones de hechos comunicacionales”3. Un hecho delictivo puntual, sacado de contexto y difundido arbitrariamente, puede ser objeto de una variada gama de enfoques, algunos de los cuales desnaturalizan completamente las causas y el contexto en el cual se ha producido la violación a la norma penal.

Pero la seguridad es mucho más que el resguardo de la integridad física de las personas o de sus propiedades. Es necesario entonces propiciar el abordaje de la cuestión seguridad-inseguridad desde una perspectiva integradora, reubicando el problema en un contexto más abarcativo que el correspondiente a los ámbitos de la justicia y la policía.

La seguridad puede ser enfocada de modo más amplio, como comprensiva de necesidades de desarrollo social y de aspiraciones que encuentran numerosos obstáculos en la vida cotidiana, tales como el desempleo, las enfermedades, la falta de previsión y también, por supuesto, el delito. Éste último constituye una de las manifestaciones que adopta la inseguridad en nuestros días y no, en cambio, la causa generadora. Verlo de otro modo, amén de un error epistemológico, ha contribuido a generar una inflación punitiva que poco favor le ha hecho a la prevención efectiva del delito.

Circunscribir, tal como se viene haciendo, la cuestión seguridad-inseguridad a hechos conflictivos y violentos de naturaleza interpersonal resulta absolutamente funcional a la llamada respuesta “rápida” y de “mano dura”, que propugna resolver el problema con más leyes, más policía y mayor aumento de las iniciativas privadas. Sin embargo, las medidas político-criminales no atañen más que a los aspectos simbólicos del problema, impactando en lo escenográfico pero sin producir ningún efecto concreto y positivo en las calles.

Resulta así paradójico que mientras se propugna la vía rápida frente a la criminalidad común y se incrementan paulatinamente la judicialización de la pobreza y los conflictos sociales, se omitan la persecución policial y la puesta en marcha del aparato penal cuando de funcionarios del Estado o miembros prominentes del establishment político y financiero se trata. Circunstancia perversamente inducida por un concepto arbitrariamente acotado y socialmente instalado de la dupla seguridad-inseguridad.

Crímenes sin castigo

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final4 institucionalizaron la impunidad en la Argentina y posibilitaron la profundización de su alcance de modo tal de beneficiar no sólo a los autores y partícipes del terrorismo de Estado, sino también, en lo sucesivo, a los sectores vinculados a la criminalidad común que más próximos se hallan al poder político y financiero.

La marca de los crímenes mafiosos está inscrita en la conciencia colectiva desde que se encontrara el cadáver quemado del fotógrafo José Luis Cabezas. La parcial elucidación de la trama asesina condujo a las entrañas mismas del poder y a la coalición tejida entre empresarios y policías bonaerenses. Si bien se impusieron sentencias condenatorias a parte de los implicados, todavía falta recorrer el trayecto más difícil del camino, aquél que lleva a los autores intelectuales del asesinato.

Habla de similares manos ejecutoras la suerte corrida por el comisario retirado Jorge Luis Piazza, que recibió un disparo en la nuca y fue abandonado en un cañaveral lleno de ratas en San Francisco Solano, en febrero pasado. Durante su actividad policial Piazza había investigado el homicidio del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, en 1994, cuando investigaba un cargamento de drogas que ingresaría por la “aduana paralela”5. En la causa judicial estuvo acusado un policía de la Federal que nunca fue condenado y que según se sospecha tuvo como cómplice a otro policía de la fuerza. El expediente estaba por reabrirse y allí iba a prestar testimonio Piazza, quien seguramente tenía algo que decir al respecto.

Esta cultura de la impunidad en Argentina ha tenido durante 2003 otros capítulos no menos elocuentes. Entre ellos los correspondientes a la familia García Belsunce y a Horacio Conzi. En el primer caso se pudo apreciar el ir y venir de quienes encubrieron, en el mejor de los casos, el homicidio sucedido en el interior de un residencial de lujo que operó a modo de feudo y de Estado dentro del Estado. Es que el tratamiento “privado” que le confirieron a la muerte de María Marta García Belsunce ilustró de modo notable la convicción cívica de los protagonistas: “las investigaciones, la policía y los jueces –es decir, el ordenamiento estatal– son para los otros, no para mí”.

La suerte de Horacio Conzi resultó igualmente ilustrativa. Luego de disparar repetidamente su arma de fuego y de quitarle la vida a un joven a quien aparentemente ni siquiera conocía, se dio a la fuga. Modificó en varias ocasiones su escondite, designó abogados defensores por carta, concedio entrevistas de prensa y de la noche a la mañana los argentinos se enteraron de que en su derrotero en clandestinidad había sido favorecido por miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde guardaba más de un buen amigo6. Tan bochornoso resultó el episodio que finalmente debió ser un grupo de “contra-inteligencia” de ese mismo organismo quien lo detuviera en la ciudad de Mar del Plata, tras 57 días de fuga.

Entretanto, la Oficina Anticorrupción creada por el gobierno de la Alianza y que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, ha dado a conocer los resultados cuantitativos de sus tres años de gestión7. Las 667 denuncias practicadas posibilitaron el procesamiento de 71 funcionarios públicos, de los cuales tan sólo uno fue conducido a juicio, para luego resultar absuelto.

Exigir justicia

El “Caso Bulacio” resulta el paradigma perfecto de los numerosos crímenes cometidos en las comisarías argentinas cuya investigación judicial nunca llegó a buen puerto. Es por eso que la responsabilidad del Estado ha sido uno de los ejes de la acusación formulada por la Comisión Interamericana. En uno de sus considerandos indica que “es obvio que la Policía puede programar detenciones colectivas de personas cuando cuenta con elementos para acreditar que la actuación de cada una encuadra en una causa legal; sin embargo, la denominada razzia, entendida como la detención masiva y programada de personas sin causa legal, o con base en la aplicación arbitraria de la ley, constituye una práctica policial manifiestamente contraria a la Convención”.

En relación al caro precio de la impunidad y del olvido que pagan diariamente los argentinos, Miguel Ángel de Boer, presidente del grupo Derechos Humanos y Tortura de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, afirma que se trata de factores traumatizantes no sólo para las víctimas directas e indirectas, sino también para la comunidad toda8, puesto que la ausencia de respuesta penal tiende a legitimar los crímenes cometidos, estimulando e induciendo la aparición de otros comportamientos delictivos.

La inacción de la clase política respecto de los crímenes del poder se traduce en su naturalización. De allí que la ausencia de un ejercicio pleno de la justicia sume al conjunto de la sociedad en un estado de anomia, desamparo y vulnerabilidad que atenta contra la cohesión de los lazos sociales y los sentimientos de pertenencia. La impunidad produce una pérdida de referencias con un altísimo efecto desocializador y deshistorizador, que posibilita el ejercicio abusivo de los poderes dominantes.

¿Qué otro resultado produce sino la escasa atención que deparan los candidatos electorales a las distintas expresiones de la corrupción? Poco y nada se ha dicho en estos meses respecto de medidas tales como la modificación de la ley de Ética Pública, en el sentido de extender a los candidatos a cargos políticos la obligación de presentar antecedentes laborales, medida que hoy alcanza sólo a los funcionarios de carrera. Disposición que evitaría, entre otras cosas, que quien hasta ayer era directivo de una empresa privada pase a un organismo o secretaría de Estado. Tampoco han propugnado la sanción de una ley para reglamentar el lobby, y mucho menos aún para posibilitar que la Oficina Anticorrupción sea parte en los reclamos judiciales civiles para recuperar bienes o dinero producto de maniobras ilícitas.

La naturaleza política de las omisiones y las complicidades que han apadrinado la multiplicación de los crímenes del poder debe ser puesta bajo severo análisis. Sobre todo en este período de recambio institucional, los programas de gobierno no deberían perseverar en la indiferencia con la que se ha abordado la cuestión en los últimos años. Y en caso de revisar en forma seria y estructural esta cara fallida de la gobernabilidad argentina, es necesario saber que su curso llevará, indefectiblemente, a las entrañas mismas de los grupos e instituciones más corroídos por la corrupción y la falta de fiscalización institucional.

Para avanzar en esa dirección será necesario contar no sólo con la convocatoria de vastos sectores sociales, sino también con una sólida convicción política. Puesto que desarticular una red de alianzas construida para sortear los obstáculos que minimizan su rendimiento es tarea de una coalición que integre a ciudadanos críticos y activos, a organizaciones cívicas y a instituciones de control con vocación democrática. Una experiencia germinal de esta clase de convergencia es aquella articulada para denunciar las irregularidades y contubernios de la Corte Suprema de Justicia, iniciativa que llegó incluso a someter a ese Tribunal a un juicio ético que ilustró con contundencia la dependencia y la parcialidad judicial que caracterizan su actuación9.

Queda como asignatura pendiente para el próximo gobierno esta otra deuda odiosa que la República, reinstaurada en 1983, no ha saldado aún. Propiciados por la inercia y la falta de compromiso democrático de muchos funcionarios gubernamentales, los sectores mafiosos instalados en el poder político del Estado operan de modo tal de colocarse, ellos y sus allegados, por encima de la legalidad democrática. Nadie, y mucho menos las autoridades entrantes, debería permanecer indiferente ante esta realidad.

  1. “Walter David Bulacio V. Argentina”, case 11.752, report Nº 29/98, Inter-Am. Comission of Human Rights, January 21, 2001.
  2. Pablo Abiad, “Un caso símbolo de la lucha por los derechos civiles”, Clarín, Buenos Aires, 5-2-03.
  3. “La seguridad pública desde la perspectiva de la seguridad humana”, Gobernabilidad y Seguridad Sostenible, www.iigov.org/seguridad, 27-8-02.
  4. Las llamadas “leyes de la infamia” fueron sancionadas con fecha 23-12-1986 (Obediencia Debida), y 4-6-1987 (Punto Final), gracias a la adhesión y voto mayoritario de los representantes de los partidos Radical, entonces en el poder, y Justicialista.
  5. El 10 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA anunció la admisión del caso relacionado con la muerte del Comisario Jorge Omar Gutiérrez, luego de la presentación efectuada por su hermano, el diputado nacional Francisco Gutiérrez. La misma se fundó, entre otros motivos, en los “indicios de que la Justicia argentina no cumplió con los debidos procedimientos jurídicos”.
  6. Carlos Rodriguez y Alejandra Dandan, “Con amigos así, cualquiera se fuga”, Página/12, Buenos Aires, 19-2-03.
  7. “Balance anual de la Oficina Anticorrupción”, Clarín, Buenos Aires, 20-2-03.
  8. “Sobre los efectos de la tortura y la denegación de justicia a nivel de individuos y país”, politicaconosur@yahoogroups.com, 15-7-02.
  9. Integran esta iniciativa, entre otros, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Americana de Juristas, la Federación Judicial Argentina, la Central de Trabajadores Argentinos, la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Asamblea “Justicia para Todos” y la Asamblea Palermo.
Autor/es Martín Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 47 - Mayo 2003
Páginas:4,5
Temas Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política)
Países Argentina