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Recuadros:

Regresión democrática en el País Vasco

La implacable continuidad de los asesinatos de ETA, la organización terrorista independentista vasca, había sido tratada hasta ahora por la democracia española con ejemplar respeto por las leyes, si se exceptúan algunos excesos y, en particular, la tolerancia –sino el apoyo– del gobierno socialista de Felipe González a los Grupos Armados de Liberación, que a principios de 1990 pretendieron combatir a ETA con sus propios medios. Pero el gobierno de José María Aznar está recortando libertades esenciales con la excusa de combatir la criminalidad terrorista.

“La prioridad de una democracia es proteger la vida humana”, afirma Ramón Mugica. Este abogado de Bilbao era el segundo de la lista del Partido Popular (PP, de derechas) en las elecciones municipales de 1995. Lo que hizo que figurara en otra lista: la de los blancos de ETA1. “En una democracia –agrega Héctor Portero, joven consejero municipal del PP de Bilbao amenazado de muerte– los partidos políticos deben respetar las reglas del sistema democrático. Lo que dista de ser el caso de Herri Batasuna”.

El 17 de marzo pasado, el Tribunal Supremo español declaró ilegal a la coalición independentista Herri Batasuna, basándose en una ley de junio de 2002 que prohibe a todo partido que se niegue a “condenar el terrorismo”. Una medida de excepción: el gobierno británico nunca prohibió al Sinn Fein, brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA), y la Corte Constitucional de Karlsruhe (Alemania) se negó a proscribir al partido neonazi NPD. Sólo Turquía decretó la prohibición del Refah (islamita) y del Hadep (kurdo).

Creada en 1978, la vidriera política de ETA cambió tres veces de nombre en 20 años. Esta vez, el gobierno español asegura que no podrá competir en las elecciones municipales del 25 de mayo, a pesar de la creación de un nuevo sucedáneo denominado AuB. Batasuna, con siete diputados en el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), representa al 10% del electorado y controla 62 municipios en Euzkadi y en Navarra. A su prohibición legal se suman medidas judiciales tomadas por el juez Baltasar Garzón con el fin de –como dijera Mao Zedong– vaciar el agua de la pecera en la que crece el “pez” ETA: allanamientos de los locales de Batasuna, embargo de sus cuentas bancarias, cierre de sus sitios en internet, prohibición de su organización juvenil (SEGI), de las organizaciones de apoyo a los detenidos etarras, de las manifestaciones que hacen referencia al partido… El magistrado exige además a Batasuna el pago de 24 millones de euros para indemnizar los hechos de violencia urbana cometidos por los jóvenes de SEGI.

El contexto posterior al 11 de septiembre de 2001 favorece esta ofensiva: en todas las democracias occidentales, la simplista “guerra contra el terrorismo” sirve de pretexto para restringir las libertades, desde la prisión de Guantánamo hasta la extradición a Italia de los antiguos miembros de las Brigadas Rojas refugiados en Francia2. El primer ministro José María Aznar se alínea además con el Pentágono en el conflicto iraquí –contrariando a la opinión pública– y multiplica las comparaciones estériles entre ETA y Al-Qaeda.

La prohibición de Batasuna se explica también por el autoritarismo del PP, algunas de cuyas actitudes revelan resabios del franquismo: a fines de marzo, el ministro del Interior Ángel Acebes “prohibió” lisa y llanamente las manifestaciones contra la guerra. En vano: fueron las más grandes desde el retorno de la democracia. Amnistía Internacional denuncia la “existencia de una verdadera situación de impunidad (…) para los agentes de la fuerza pública considerados culpables de torturas” infligidas a etarras e inmigrantes. Policías cuestionados fueron indultados por el Ejecutivo, incluso ascendidos3. La condecoración otorgada en 2001, en carácter póstumo, a Meliton Manzanas en nombre de las “víctimas de violencias políticas”, revela la relación ambigua que mantiene el PP con el pasado nauseabundo de la derecha española. Primera persona asesinada por ETA, en 1968, este jefe de policía de Franco en Irún, ex colaborador de la Gestapo, había torturado y ordenado torturar a cientos de vascos.

Más prosaicamente, esta prohibición tiene objetivos electorales: si bien el 75% de los vascos la rechaza, esta decisión es aprobada sin reservas por la sociedad, los medios de comunicación y los partidos españoles, conmovidos por los atentados. Así, el 90% de los diputados votó en agosto de 2002 la prohibición de Batasuna. “Aquí, más de 2.000 personas viven con guardaespaldas”, recuerda Gorka Espiau, de Elkarri, asociación vasca en favor del diálogo, apadrinada por premios Nobel como el irlandés John Hume o la guatemalteca Rigoberta Menchú. “Esta circunstancia genera en la sociedad española una demanda de reacción”. Ante una situación delicada con la opinión pública, “Aznar encontró, con la prohibición de Batasuna, una diversión securitaria”. Y poco importan las consecuencias sobre la resolución del conflicto. “Nadie puede pretender acabar con el terrorismo”, reconoce Mugica. “Pero los votos para Batasuna van a trasladarse al PNV”, el Partido Nacionalista Vasco (demócrata-cristiano) que gobierna la CAPV desde hace 25 años. “Un mal menor para nosotros”, espera. Apuesta política riesgosa: la base social de Batasuna, revolucionaria e independentista, califica al PNV de “colaboracionista”, en el sentido vichysta del término.

Ataque a las libertades

La “guerra contra el terrorismo” no apunta sólo a Batasuna. El 20 de febrero de 2003, Juan Del Olmo, juez de la Audiencia Nacional, ordenó la clausura de Egunkaria. La justicia sospecha del único diario redactado íntegramente en idioma vasco, que distribuye 15.000 ejemplares y emplea a 150 personas, al que considera un “instrumento de ETA” que “difunde en sus páginas la ideología terrorista”. Si bien Egunkaria entrevistó a etarras, ofrecía sus columnas a todas las opiniones. Acusados de estar vinculados a ETA, diez actuales o antiguos directivos del diario fueron interrogados. Siete de ellos, que recobraron la libertad a cambio de una fianza, hablan de malos tratos infligidos por la Guardia Civil.

Subdirector de Radio Popular, el jesuita Txema Auzmendi, miembro de Elkarri –quien, entrevistado en 2000, condenaba inequívocamente las acciones de ETA4– afirma que los policías le hicieron creer que dos de sus amigos habían muerto. Peio Subiría, ex director de Egunkaria, cayó enfermo durante su detención. Luego de ser hospitalizado, intentó suicidarse. En cuanto al actual director, Martxelo Otamendi, cuenta: “Me insultaron, me amenazaron, me vendaron los ojos, me colocaron dos veces una bolsa de plástico en la cabeza hasta ahogarme, no me dejaban dormir, me obligaron a hacer flexiones…” El Ministerio del Interior inicia acciones judiciales por difamación, recordando que ETA aconseja a sus activistas “denunciar sistemáticamente supuestas torturas”5. Por su parte, Periodistas sin Fronteras y Amnistía Internacional piden que se lleve a cabo una investigación.

Criticada por la UNESCO, por la sociedad civil catalana y por algunos medios de comunicación españoles (como El País y El Mundo), la clausura de Egunkaria generó reacciones sísmicas en el País Vasco, provocando la protesta de todos los nacionalistas, Izquierda Unida (IU), intelectuales, universitarios, sindicatos, asociaciones culturales, periodistas, deportistas. Se vivió, más allá del ataque a la libertad de expresión, como una agresión contra el nacionalismo vasco, contra la lengua y la identidad vascas. “Perjudica a los lectores, a los empleados, pero también a todas las actividades culturales vascas que difundía el diario”, se queja Otamendi.

Sus trabajadores crearon inmediatamente un nuevo diario, Egunero, de sólo 16 páginas. Vende 75.000 ejemplares, cinco veces más que su predecesor. El malestar se corrobora por los recientes allanamientos efectuados en las sedes de un semanario y de una revista científica en euskera (Argia y Jakin) al igual que en las ikastolas, las escuelas vascas. Por más que la espiral del antiterrorismo apueste únicamente a la acción policial y amplíe continuamente el campo de la represión, se revela sin embargo incapaz, pese a las detenciones, de poner fin a los atentados. Termina por asimilar de hecho nacionalismo y terrorismo.

En el País Vasco, los ataques a los derechos de la prensa no comenzaron con la clausura de Egunkaria: en mayo de 2000, un periodista, José Luis López de la Calle, fue asesinado por dos etarras. “José Luis había sido encarcelado por Franco. Treinta años después, lo mató ETA”, escribió entonces en el semanario Cambio 16 Gorka Landaburu, quien fue herido días más tarde al abrir un paquete con explosivos. Poco después, Santiago Oleaga, director financiero de El Diario Vasco, fue asesinado en San Sebastián. Desde entonces, una cincuentena de periodistas vive con custodia6. Estos ataques se suman a los atentados perpetrados, hasta en Andalucía, contra representantes del PP y del PSOE. A fines de marzo, en toda España, faltaban aún 1.500 personas en el PP para completar sus listas electorales con vistas a las elecciones municipales de mayo: demasiado riesgoso…

“¿Quiénes son los opresores, quiénes los oprimidos?”, pregunta Mora Gotzone, custodiada por sus dos guardaespaldas. Vasca, profesora de sociología en la Universidad de Leioa, cerca de Bilbao, encarcelada bajo el régimen de Franco, cometió, según ETA, la doble equivocación de ser miembro del Partido Socialista y de militar en ¡Basta Ya!, movimiento ciudadano contra el terrorismo y a favor de la autonomía. A los insultos de sus alumnos independentistas se sumó su condena a muerte por ETA. “Mi vida se convirtió en un infierno. ¿Qué le hice a esta gente? ¿Es un delito defender el pluralismo de la sociedad vasca?”.

Si bien protesta contra el cierre de su diario, Martxelo Otamendi se niega a condenar explícitamente estos ataques contra la libertad de expresión: “Nuestra línea editorial es que todos los actores del conflicto deben detener la violencia y dialogar”. Con reticencia, reconoce que ETA amenaza “también” la libertad de expresión, luego relativiza: “El último atentado en el País Vasco fue mi tortura”.

Llamémoslos Iñaki y Miren. Esta joven pareja, culta, profesionalmente bien asentada, pertenece al grupo de los duros, de unos miles de incondicionales a ETA. Miren considera “justificados” los asesinatos de periodistas, porque éstos “son partidarios”. “Justificados” también, los asesinatos de consejeros municipales, porque éstos “apoyan la tortura de los militantes y la opresión del País Vasco”. “Esto es Chiapas, Palestina”, asegura Iñaki. Poco les importa que la próspera CAPV7 posea más autonomía que un land alemán, con su gobierno, su Parlamento, su régimen fiscal, su policía, que el euskera sea allí valorado y que España sea una democracia: “La autonomía es una libertad condicionada a la buena voluntad de los opresores. La lucha armada es la única salida”, opina Iñaki. La prohibición de Batasuna no los asusta: “Si nos impiden votar, les impediremos votar”, amenazan. Su compromiso se explica por la burbuja sociológica en la que vive el mundo radical, con su partido, sus pueblos, su propia historia. En este universo, los adversarios políticos son vistos como enemigos porque amenazan su coherencia ideológica. Su eliminación por ETA resulta pues “justificada”…

Desde su creación, en 1959, como reacción a la opresión franquista, ETA identifica la situación de Euzkadi, aunque esté industrializado, con la de una colonia del tercer mundo. La Argelia colonizada sirve entonces de modelo teórico a este postulado erróneo. Incluso actualmente, en contradicción con la realidad sociopolítica, ETA sólo cree en la expulsión violenta del “colonizador”8.

En enero de 2003, ETA escribe al subcomandante Marcos para declinar una oferta de mediación. En esta carta abierta9, el grupo armado vasco habla de la “resistencia” de los “indígenas” de Europa y se compara gustosamente con el Ejército Zapatista. Al leer este texto, costaría imaginar que Franco está muerto desde hace más de un cuarto de siglo. Esta percepción trunca explica la pretensión de Batasuna, con el 10% al 18% de los sufragios, de hablar en nombre del pueblo vasco10 y de sublimar la opción armada, cuando ésta ya no tiene ninguna legitimidad popular: el 90% de los vascos la rechaza, entre ellos la mitad de los 130.000 votantes de Batasuna11.

Llamémosla Rakel. En los años 1990, esta obrera pasó cuatro años en prisión por haber alojado etarras. “Me gusta ETA y nunca me arrepentiré”, señala. Su pueblo es un feudo de Batasuna. “Actualmente, ya ni siquiera voto por ellos. Me abstengo: la ruptura de la tregua nos hizo perder la mitad de nuestros diputados12. No condeno la lucha armada, pero la estrategia actual no conduce a ninguna parte. Debemos cambiar para no perder todo. Nunca votaré al PNV, pero debemos trabajar con ellos para avanzar hacia la independencia. Sin embargo, no diría ésto aquí públicamente”.

Sabino Ayestaran es profesor de psicología en la Universidad de San Sebastián. Independentista, especialista en el mundo radical, nos explica que los blancos de ETA no son elegidos al azar. “Un ejemplo: Fernando Buesa, jefe del PSOE vasco asesinado en 2000, quería acercar a los socialistas y al PNV; habrían podido celebrar un acuerdo político que afectara a ETA. El objetivo de los atentados es generar contradicciones internas en los partidos”. Al analizar el nivel léxico de la clase política, puede comprobarse que se alcanzó este objetivo. Florilegio extraído de la prensa durante unos días: una figura del PP amenaza al PNV con iniciar “acciones judiciales” por oponerse a la prohibición de Batasuna; el ministro de Justicia español acusa al gobierno vasco “de actuar como abogado de ETA”; el PSOE califica el pacto electoral PNV-EA de “discurso de dictadura”; ¡Basta Ya! define al nacionalismo vasco como “étnico y tribal”13; el PNV imputa a ¡Basta Ya! la intención de “generar un clima de guerra sucia”… Invectivas y amenazas remplazan a argumentos y propuestas. Como si la violencia etarra contaminase al conjunto de la sociedad vasca para polarizarla.

“Cada uno aprehende al otro con sus propios prejuicios”, suspira Gorka Espiau, de Elkarri. Si bien son tiempos de intransigencia, los partidarios del diálogo perseveran. Entre octubre de 2001 y 2002, durante una conferencia de paz, Elkarri sirvió de intermediario entre representantes de todos los partidos, excepto el PP, que rechazó la invitación. Gemma Zabaleta, diputada socialista en Vitoria, es una de las escasas voces del PSOE que se oponen a la prohibición de Batasuna: “El Estado de derecho debe seguir siendo irreprochable”. Aconseja negociaciones siguiendo el ejemplo norirlandés. Zabaleta es consciente del riesgo que corre: en 2000, ETA asesinó a Ernest Lluch, dirigente del Partido Socialista Catalán (PSC) y partidario del diálogo, a modo de advertencia a los mediadores no solicitados.

El ministro vasco de Asuntos Sociales, Javier Madrazo (IU), considera que “es necesario elaborar un proceso de debilitamiento de la base social de ETA, con el fin de transformar al grupo armado en una suerte de GRAPO14, un grupúsculo sin apoyo y fácil de desmantelar”. Esta estrategia consiste especialmente en la concentración en el País Vasco de los detenidos etarras, dispersos en las cárceles de España (508 detenidos) y de Francia (115). Sus familiares deben recorrer cientos de kilómetros para las visitas en locutorios; según Batasuna, trece fallecieron en accidentes de ruta. “La dispersión es ilegal según el Código Penal español”, señala el ministro. Al norte de los Pirineos, las familias de etarras, alentadas por la concentración anunciada de los detenidos nacionalistas corsos, presionan al gobierno francés.

Pero esto supone también un reconocimiento del derecho a la autodeterminación, negado por el Estatuto de Autonomía de 1979, cuando el 60% de los votantes lo habían aprobado entonces por referéndum. La mayoría plural que gobierna la CAPV (nacionalistas del PNV y de EA, IU) elabora en este sentido una “propuesta para la coexistencia”: este nuevo pacto político soberanista se basaría en la libre asociación entre Euzkadi y Madrid. Una relación de igual a igual, donde el gobierno español aceptaría que si Euzkadi forma parte de la “nación de naciones” española, es sólo porque una mayoría de vascos lo consienten. “Legalmente, sólo el gobierno español tiene derecho a organizar un referéndum”, nos explica Joseba Egibar, vocero del PNV. “Pero nada impide una consulta. Si España es una democracia, deberá aceptar su resultado”. Una salida de la crisis a la manera de Quebec, en algún sentido.

Fortalecer el terror

Los independentistas más radicales se oponen a este proyecto. La prohibición de Batasuna y de Egunkaria –consigna un editorial del diario independentista Gara– “nos muestra el futuro que nos espera” en la hipótesis de “un pacto de coexistencia con la monarquía digitada por Franco”. “Decididas por el gobierno español en contra de la voluntad del pueblo vasco y sin recursos posibles por parte del gobierno autónomo –señala Otamendi– las prohibiciones a Batasuna y Egunkaria confirman lo que ya sabíamos: la autonomía es ilusoria y la democracia inexistente”. Frente a la represión, Gara finge preguntarse: “¿Qué nos queda?”15.

Al igual que numerosos grupos armados, ETA funciona según el modo acción-represión-acción: cada atentado pretende suscitar una reacción exponencial del Estado; en la concepción de ETA, esta represión debe hacer caer la “máscara democrática” e incitar a la “lucha armada” a un creciente número de individuos. Debilitado por la presión policial, el grupo armado vasco sacó provecho de la intransigencia del gobierno español: todos los observadores señalan que apartándose del Estado de derecho y criminalizando la base social de ETA, se reafirma a esta última en su “guerra contra el fascismo español”. Esta criminalización fortalece incluso en su seno a los incondicionales del terror, alimenta su subordinación a los etarras y refuerza de esta manera el apoyo logístico que les proporciona. En resumen, considerar ilegal a la burbuja sociológica de ETA aleja todo diálogo, excluye y empuja a la clandestinidad a ciudadanos que, en cambio, habría que integrar a la democracia.

  1. Euskal Ta Askatasuna, ETA (“País Vasco y Libertad”) asesinó a 23 personas en 2000, 15 en 2001, 5 en 2002, e hirió a decenas. Desde 1968, ETA asesinó a aproximadamente 850 personas, menos de 100 bajo el franquismo.
  2. Véase, “Human rights after September 11”, informe del Consejo Internacional sobre Políticas de Derechos Humanos, Ginebra, 2002.
  3. Amnistía Internacional, informe anual 2001. Altos funcionarios españoles implicados en las exacciones de los paramilitares antiindependentistas GAL (27 víctimas entre 1983 y 1987) salieron prematuramente de prisión.
  4. C. Gouverneur, “El sangriento derrotero de ETA”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2000.
  5. Documento interno de ETA del 19-3-1998, mencionado por El Correo, Bilbao, 11-03-03. Amnistía Internacional confirma, sin embargo, varios casos de torturas.
  6. Periodistas sin Fronteras, informe de junio de 2000.
  7. Si se asigna el índice 100 al nivel de vida promedio europeo, la CAPV tiene un índice 101; España, 82. El desempleo es del 8%, una de las tasas más bajas de España. En los años ’70, la CAPV, en plena reconversión industrial, se vio sin embargo perjudicada (estadísticas: www.eustat.es).
  8. Gurutz Jauregui, ETA, une histoire, Denoël, París, 2002.
  9. Carta abierta de ETA, fechada el 1-1-03. Disponible en: www.lahaine.org/paisvasco/repuesta_eta_ezln.htm
  10. Arnaldo Otegi, vocero de Batasuna: “Tenemos la única legitimidad que respetamos: la del pueblo vasco”. El Correo, Bilbao, 18-03-03. En abril de 2002, durante un mitin en San Juan de Luz, Otegi gritó: “¡Viva ETA!”.
  11. Encuesta mencionada por El País, Madrid, 23-09-01.
  12. Entre las elecciones de 1999 y las de 2001, entre la tregua y la reanudación de los atentados, los sufragios de los radicales disminuyeron del 18% al 10% y sus bancas en el Parlamento autónomo vasco se redujeron de 14 a 7.
  13. A pesar del racismo de su fundador Sabino Arana Goiri (fallecido en 1903), el nacionalismo vasco –incluido el de ETA– es, al menos en el discurso, integrador, basado en el derecho al territorio. Véase Jean-Marie Izquierdo, La Question basque, Complexe, Bruselas, 2000.
  14. Grupo de Resistencia Antifascista del Primero de Octubre, grupo armado español desmantelado en París, en 2001.
  15. Gara, Gipuzkoa, 19-03-03.

25 años de ETA

Gouverneur, Cédric

1959: Bajo la dictadura franquista, jóvenes opositores a los conservadores del Partido Nacionalista Vasco crean el movimiento Euzkadi Ta Askatasuna (ETA), “Patria vasca y libertad”, cuyo objetivo es lograr la independencia del País Vasco español (con la Navarra española y el País Vasco francés).

1968: Primer asesinato planificado de ETA, perpetrado contra Melition Manzana, jefe de policía de la ciudad de San Sebastián.

1973: Asesinato del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno y sucesor designado de Franco.

Abril de 1978: Nacimiento de la coalición de extrema izquierda Herri Batasuna (HB), considerada la “vidriera política” de ETA.

1979: El País Vasco, luego de un referéndum, obtiene el estatuto de Comunidad Autónoma (denominado Estatuto de Gernika), en el seno del Estado español.

1980: “El año sangriento”. En total, 118 personas son asesinadas en operaciones de ETA. Veintitrés años más tarde, el número de víctimas supera 850.

Junio de 1987: La explosión de una bomba en un supermercado de Barcelona mata a 21 personas; los separatistas presentan sus disculpas por este “error”, el atentado más criminal de la historia de ETA.

Julio de 1997: ETA secuestra y asesina a Miguel Ángel Blanco, consejero municipal del Partido Popular (PP, centroderecha, en el poder). Más de cinco millones de personas manifiestan en toda España para expresar su oposición a la violencia de los independentistas.

Septiembre de 1998 – diciembre de 1999: Se acuerda una tregua entre ETA y el gobierno, que fracasa catorce meses más tarde.

2002: El 4 de junio se aprueba una nueva ley sobre agrupaciones políticas, que permite la prohibición de partidos vinculados al terrorismo.

2003: El 20 de febrero, la justicia española decide clausurar el diario vasco Euskaldunon Egunkaria. El 17 de marzo, el Tribunal Supremo español declara la prohibición del partido independentista vasco Batasuna, acusado de apoyar a la organización terrorista ETA.


Autor/es Cédric Gouverneur
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 47 - Mayo 2003
Páginas:32,33
Traducción Gustavo Recalde
Temas Armamentismo, Conflictos Armados, Terrorismo, Estado (Política)
Países España