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Recuadros:

Con el auxilio de la historia

Miles de argentinos que partieron desde fines de 2001 rumbo a España y no han podido regularizar su situación pueden encontrar en la historia un nuevo aliado. El gobierno y asociaciones de argentinos en España han finalmente reaccionado ante la situación y entre las principales estrategias actuales para proteger a los emigrantes se apela a los tratados bilaterales relativos a la inmigración firmados con España desde 1863, cuando eran los españoles los que empezaban a llegar masivamente a Argentina. Tras las elecciones del 14 de marzo pasado, existen moderadas expectativas con respecto a la política inmigratoria del nuevo presidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Largas colas frente al consulado español en Buenos Aires, colas para irse a vivir a pequeños pueblos fantasma en proceso de desaparición, constantes despedidas en el aeropuerto de Ezeiza y la impresión de que numerosos amigos y colegas dejaban el país fueron imágenes repetidas en Argentina después del estallido de la crisis a fines de 2001. Del otro lado del Atlántico, en España, la generalización del acento argentino se hizo evidente en las calles de ciudades como Madrid y Barcelona, o, merced a la llegada de numerosos actores, en las pantallas cinematográficas y de televisión. Menos perceptible fue el problema de que numerosos argentinos que llegaban a España lo hacían con un simple visado de turista de tres meses y un pasaje de vuelta que nunca utilizarían, la forma de entrada más habitual para pasar a engrosar la larga lista de los "sin papeles".

"Lo tengo difícil sin los papeles, estoy sobreviviendo con changas porque de lo mío  sin el permiso de trabajo no sale nada -afirma Ricardo, un diseñador gráfico de 48 años, que vive con su familia en Barcelona desde 2002-. Mi mujer y mi hija quisieran ir unos días a Argentina, pero no pueden salir porque después no podrían entrar", explica y añade: "No soy ni hijo ni nieto de españoles o italianos, sólo me queda esperar una regularización general". Trabajos en negro y de menor nivel que los estudios realizados, no poder moverse libremente ni salir de España ante el riesgo de no poder regresar, miedo, limitaciones y el peso de sentirse clandestino. Estos son algunos de los problemas a los que se han enfrentado decenas de miles de argentinos sin residencia legal desde fines de 2001.

El problema del número

Pese a las dimensiones del fenómeno de la nueva emigración argentina, el drama de los "sin papeles" no encontró una acción política decidida por parte del gobierno argentino y de la mayoría de las asociaciones de nacionales sino hasta la segunda mitad de 2003. Ahora existen algunas iniciativas que intentan revertir esta situación, como la apelación a los tratados históricos sobre inmigración entre España y Argentina, aunque esto no resulta una tarea sencilla. Para empezar, es difícil conocer el número real de los "sin papeles" en España.

Los crecientes obstáculos a la libertad de circulación internacional de las personas en los últimos años, algo que se contrapone a la libertad para los flujos de capital y empresaria, hace cada vez más difícil acercarse a cálculos precisos sobre la emigración hacia los países industrializados. En el caso de España, que ha experimentado sucesivas reformas de la Ley de Extranjería cada vez más restrictivas, numerosas personas permanecen en condiciones de ilegalidad, al margen de los registros oficiales. El gobierno reconoce que puede haber la escalofriante cifra de más de 1.200.000 "sin papeles". Dentro de este número se encuentran entre 80.000 y 120.000 argentinos, según estimaciones del gobierno argentino. Sin embargo, las cifras bailan de un extremo a otro según la fuente. Más de 45.000 ciudadanos están matriculados en los consulados de Madrid, Barcelona y Vigo, pero esta cantidad debe relativizarse porque los argentinos no suelen registrarse ante unos consulados que se encuentran en crisis, desbordados por el desbalance entre sus recursos y el aumento del número de nacionales.

El propio gobierno español maneja cifras dispares. El Ministerio del Interior reconoce la residencia legal de 43.347 argentinos hasta el 31-12-03, el grupo que más ha crecido entre los hispanoamericanos con respecto a 2002: más del 55%. Pero los "sin papeles" podrían llegar a 230.000, según la diferencia entre entradas y salidas del país entre 2001 y 2002. Por último, las asociaciones de argentinos calculan que hay entre 300.000 y 350.000 ciudadanos, de los cuales cerca de la mitad estarían en situación irregular.

Muchos se han instalado con pasaportes de la Unión Europea, mayormente españoles e italianos. En Cataluña, donde se concentra el mayor número de argentinos con papeles (9.724), "en 2001 había registrados unos 700 ciudadanos italianos como residentes, mientras que en 2003 la cifra había aumentado hasta más de 9.000", destaca Diego Arcos, responsable del Casal Argentino de Barcelona. Además, unos 20.000 argentinos procedentes de oleadas anteriores en su mayoría se han nacionalizado españoles y cuentan como tales.

También se dan casos de ciudadanos que emigraron a Estados Unidos o Israel, y que más tarde se trasladaron a España sin pasar por Argentina. Como Ricardo y su familia, que llegaron a España en 2002 procedentes de Israel, donde vivían desde 2000. Las dificultades laborales e idiomáticas los movieron a buscar un lugar más afín. O como Elena y Carolina, que llegaron a España a principios de 2002 directamente desde Estados Unidos: "No teníamos papeles y nos vinimos para Madrid -dice Elena-, pero aquí, aunque tengo abuelos españoles, mis papeles se demoraron más de un año, durante el que sufrí mucho como ilegal".

La nueva emigración

Para algunos, las duras condiciones de la vida del "irregular" se hicieron insoportables. Andrés, fotógrafo de 37 años, regresó a Argentina tras batallar durante tres años desde que llegó a Madrid, a fines de 2001. "Hice de todo, desde vendedor hasta gerente de un local y la mayoría de las veces me quedé sin trabajo por la falta de papeles", explica. "La experiencia fue contradictoria, porque por un lado sentía una enorme solidaridad a nivel de la calle, y por el otro el gran cerco del Estado", señala. El retorno de argentinos es un hecho observado en los últimos meses pero no existen estimaciones fiables con respecto a su número.

En los últimos años, España se ha blindado legalmente frente a la llegada masiva de inmigrantes, lo que ha golpeado de lleno a la oleada de argentinos que huyeron de la crisis. Sin embargo, tanto el tipo de la emigración como las condiciones legales en el país de acogida fueron muy diferentes en décadas anteriores. El exilio político y cultural de los '70, en su mayor parte profesionales altamente calificados, encontró numerosas facilidades para su instalación en una España que recién salía del ostracismo y la chatura franquistas. Condiciones similares encontraron los argentinos que huyeron de la hiperinflación a fines de los años '80. Hasta 2001, la inmigración argentina estaba asociada en España a artistas, psicólogos y dentistas, mayoritariamente.

Los emigrantes de la crisis de fines de 2001 constituyeron un abanico mucho más variado, tanto en lo profesional como en el nivel socioeconómico. El abaratamiento de las tarifas aéreas, y en algunos casos la posesión de ahorros en dólares heredados de la convertibilidad, permitieron a un espectro mayor de miembros de la maltrecha clase media intentar la aventura española. Predominó la salida de población joven, una franja generacional entre los 25 y 35 años, que agravó el impacto y la percepción del éxodo en Argentina.

"Esta oleada ha sido la más numerosa, la de menor calificación y la de menos recursos. Hay gente que vino con muy poco dinero, para aguantar sólo unos días", explica Enrique Borcel, presidente de la Casa Argentina de Madrid. Borcel llegó a España en 1977 y ha visto pasar a las diferentes tandas migratorias. También ha habido más variedad respecto de las provincias de origen. "Ha llegado gente de todas partes, en la asociación se reúne habitualmente un grupo de correntinos", señala. Los nuevos inmigrantes se han empleado en un espectro más amplio de actividades, desde el cine y la publicidad hasta el más masivo de los camareros, área en la que los argentinos son mayoría en algunos barrios de Madrid o Barcelona.

El muro legal español

Otro síntoma del cambio es que en el último año algunos inmigrantes han comenzado a enviar dinero a sus familiares, un fenómeno muy común entre otros colectivos, como ecuatorianos y marroquíes, pero escaso hasta ahora entre argentinos. "Las cosas están muy mal allá y tengo que mandar dinero para pagar el tratamiento de mi madre", afirma Nancy, una entrerriana de 37 años que trabaja como secretaria en una ONG en Madrid. La debacle económica de Argentina, el progresivo asentamiento laboral de los emigrantes y el tipo de cambio, con un euro muy fuerte, han favorecido este giro. La empresa transportadora de remesas Western Union, líder del sector, ha destacado el aumento en el último año del envío de dinero desde España, una cifra que implica varios cientos de millones de euros al año. En países como Ecuador o Marruecos, las remesas de sus emigrantes representan la segunda entrada de divisas.

El paredón de las crecientes restricciones legales de permanencia en España, en aumento durante el gobierno de derechas del Partido Popular (1996-2004), alcanzó su punto más alto con la última reforma de la Ley de Extranjería de fines de 2003, aprobada en acuerdo con los socialistas (PSOE). Esta reforma, cuyo reglamento de aplicación está aún pendiente, obliga a las compañías aéreas a denunciar a los pasajeros que no toman el pasaje de vuelta. La reforma cierra el paso a cualquier intento de regularización, ya que todo trámite presentado en España por alguien en situación ilegal será denegado automáticamente. Además, obliga a los ayuntamientos a cotejar con la policía los padrones, algo que inhibirá a los "sin papeles" para empadronarse, por lo que se verán privados del acceso a los servicios de salud y educación.

Numerosas ONG han denunciado las consecuencias negativas de la reforma. La propia Relatora Especial de la ONU para la Inmigración, Gabriela Rodríguez Pizarro, ha alertado en un reciente informe sobre el "incremento de la bolsa de indocumentados en España", y ha instado a la modificación de las normas actuales que dificultan la regularización y mantienen a los "sin papeles" en un "limbo jurídico" que los deja en la marginalidad. El cambio tras las elecciones del 14 de marzo pasado ha generado un moderado optimismo en el gobierno argentino y en las asociaciones. El nuevo presidente de gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha dejado en suspenso la reforma y ha anunciado la presentación de un amplio plan con respecto a la inmigración, que previsiblemente facilitará la regularización de aquellos que ya estén trabajando en el país.

Hasta el momento, no ha habido una verdadera política de Estado que contemple todos los aspectos en que los flujos migratorios han modificado a España. El país perdía habitantes, pero desde 2000 la población creció de 40,5 millones a 42,6 en 2003. Hoy los extranjeros representan el 6% de la población, el 8,5% de las afiliaciones a la seguridad social (aportes previsionales) y el 15% de los recién nacidos. "Cuando pedimos la regularización de los argentinos no estamos pidiendo nada más que lo que nos corresponde, los inmigrantes revitalizamos la economía del país", señala Diego Arcos.

Reconocimiento de derechos

Así, atrapados entre la profunda crisis argentina y las fuertes restricciones migratorias españolas, miles de argentinos se lanzaron a la recuperación de una revalorizada herencia española, a la captura de la historia. Parecía que nada había quedado de los años dorados en que una rica Argentina precisó y recibió a cerca de un millón y medio de españoles que se quedaron en el país entre 1860 y 1950. Sin embargo, el legado de los vínculos familiares, padres y abuelos, españoles o italianos, ha significado una vía de escape para muchos argentinos que emprendieron el camino inverso a partir de 2001.

Para los que no pudieron encontrar un abuelo español en su pasado, la historia tiene otra oportunidad. Dentro de la herencia de la Argentina agroexportadora también se encuentran cuatro tratados bilaterales referentes a la inmigración que pueden ser una salida al ahogo legal al que están sometidos decenas de miles de argentinos. "En los '80 y parte de los '90 no era necesario apelar a los tratados históricos -señala Marcelo Belgrano, abogado argentino especialista en temas de extranjería-. Había una mano blanda en temas migratorios, con varias regularizaciones generales, y nos fuimos olvidando de los tratados." Según Belgrano, el actual aumento de las restricciones representa una violación de esos tratados. "No se trata de ningún privilegio para los argentinos, sino de un reconocimiento de derechos", señala Carlos Slepoy, uno de los abogados que más ha batallado por el cumplimiento de estos acuerdos. La norma actual impide, salvo casos muy específicos, acceder a un permiso de trabajo aunque se cuente con una oferta de empleo, violando así el principio de libre emigración. La batalla legal, ardua y larga, deberá pelearse en las altas instancias judiciales españolas.

La mayoría de los tratados sobre inmigración son un claro reflejo de otra época, con una Argentina necesitada de mano de obra y una España que expulsaba población. Los cuatro acuerdos son: el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad (21-12-1863); el Convenio de Emigración (18-10-1948); el Convenio de Doble Nacionalidad (14-4-1969) y el Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Argentina (3-6-1988).

Cuando en el país se cerraba el período de las guerras civiles y comenzaba el ciclo económico agroexportador, con el consiguiente incremento en la necesidad de mano de obra, se firma el acuerdo de 1863, un tratado de reconocimiento de la República Argentina por parte del Reino de España. El acuerdo establece que los ciudadanos de ambos países "podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones" en cualquiera de los dos territorios. Casi un siglo más tarde, la realidad posterior a la Segunda Guerra Mundial motivó la firma del Convenio de Emigración en 1948, que ratifica claramente que ambos gobiernos autorizarán la libre migración.

Con una abundante diáspora española arraigada en Hispanoamérica, la dictadura de Francisco Franco decidió firmar acuerdos con los países de la región entre 1959 y 1972 para preservar la nacionalidad de sus ciudadanos. En 1969 se firmó el Convenio de Doble Nacionalidad con Argentina, que permite mantener las dos nacionalidades simultáneamente. Respecto a la migración, el convenio señala que "los españoles en Argentina y los argentinos en España que no se acojan a los beneficios que concede el presente convenio (la doble nacionalidad) continuarán disfrutando de los derechos y ventajas que les otorguen las legislaciones argentinas y españolas respectivamente".

Con una realidad ya completamente diferente en ambos países, en 1988 se firma un nuevo tratado, que en su texto remite a la legislación migratoria del país de acogida. En 1985, España inició las restricciones al flujo migratorio con la primera Ley de Extranjería. Las autoridades españolas han interpretado desde entonces que esta referencia inhibe los beneficios de los tratados anteriores. Para los abogados argentinos, el tratado de 1988 es complementario a los otros, y establece además que "cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia", y que "las respectivas autoridades garantizarán el efectivo goce de las facilidades mencionadas, sujeto al criterio de reciprocidad".

La acción de abogados y asociaciones, que han lanzado una campaña de difusión de las posibilidades de la estrategia para intentar unificar criterios, ha provocado una avalancha de presentaciones judiciales. "Somos varios abogados que tenemos decenas de demandas interpuestas y pendientes de resolución", dice Carlos Slepoy. Esta vía ha logrado abrir recientemente una brecha en el muro legal. Los argentinos Mauricio Germán Martínez Vulcano y Pablo Omar Luna, detenidos en febrero pasado en Tenerife durante 22 días por trabajar sin papeles, debieron ser liberados y la orden de su expulsión suspendida, hasta que un juez español determine si se deben aplicar los tratados históricos.

Combate latinoamericano

La estrategia de apelar a los acuerdos históricos no es exclusiva de los inmigrantes argentinos. España firmó tratados muy similares con otros países de América Latina. Las acciones judiciales de ciudadanos uruguayos que reclaman la aplicación de los acuerdos se encuentran avanzadas y ya han cosechado algunos éxitos. En 2002 una sentencia del Tribunal Supremo español reconoció la validez de los tratados históricos con Uruguay. Con una segunda sentencia de este tribunal, la norma pasa a tener una aplicación automática. en el nivel de los juzgados, ya se ven las consecuencias. Durante 2003, una jueza de Alicante ha reconocido en reiteradas ocasiones los derechos de un tratado de 1870 y ha ordenado al gobierno español que tramite los permisos de residencia de varios ciudadanos uruguayos.

España sí respeta los acuerdos firmados en su momento con Chile y Perú, también casi idénticos a los argentinos. Los ciudadanos de estos dos países no tienen más restricción para residir legalmente en España que tener una oferta de empleo, que no puede ser denegada por las autoridades migratorias. "Buscamos que se reconozcan las mismas facilidades que para los ciudadanos chilenos y peruanos", afirma Belgrano.

Por qué se van - Exclusión, frustración y migraciones

Becú, Nuria

Roberto Aruj
Prometeo, Buenos Aires, febrero de 2004.
160 páginas, 24 pesos.

Los ciudadanos argentinos han transitado en su historia reciente por diversas situaciones críticas. Al autoritarismo de los años ‘70 le siguió un período democrático caracterizado por la inestabilidad política y las recurrentes crisis económicas acompañadas de un aumento constante del desempleo. Frente a este panorama de fines del siglo XX, la opción para muchos fue la de emigrar en busca de “una vida mejor”. Entender el fenómeno de la emigración y calcular su magnitud e implicancia son algunos de los objetivos que persigue Roberto Aruj en Por qué se van. A través de un proceso de investigación de información periodística y estadística, el autor advierte que las causas de este fenómeno van más allá de lo que usualmente se menciona. Centrándose en lo que se denomina “fuga de cerebros” –emigración de jóvenes altamente calificados hacia regiones de mayor confiabilidad y oportunidades–, concluye que factores como el discurso mediático y las construcciones socioculturales también cumplieron un rol fundamental en la decisión de este grupo de partir y enfrentar el desarraigo. Si bien Aruj presenta algunas propuestas finales, señala que en la medida en que los gobiernos no ajusten una política científica, tecnológica y cultural, el país seguirá expulsando a las nuevas generaciones educadas. Esta es, sin duda, un alerta roja para un Estado que hasta ahora se ha desentendido de su capital humano, en detrimento del desarrollo de su país.


El criterio de reciprocidad

Sosa, Rodrigo

Más de 250.000 españoles residían en Argentina en 2000, según el Ministerio del Interior. Su situación está regulada por los tratados bilaterales y por la Ley 22.439 de 1981, de la última dictadura militar. Si bien los trámites de inmigración en el país distan de ser sencillos, no existe un impedimento legal a la llegada de españoles. “La cantidad de trámites que tengan que hacer los españoles en Argentina no es el asunto, sino la imposibilidad legal, como sucede en España al denegar todas las solicitudes de argentinos”, señala Carlos Slepoy.
El gobierno argentino ha iniciado desde mediados de 2003 acciones a favor del respeto del criterio de reciprocidad. En España, las gestiones de la Casa Rosada se materializaron en la creación de una comisión bilateral, que ha tenido un perfil muy discreto hasta el momento. Zapatero se ha mostrado a favor de una solución concertada sobre el tema argentino, aunque “dentro del ordenamiento legal español”. Otra de las medidas ha sido la puesta en marcha a fines de febrero pasado de un censo de “sin papeles” en España. Hasta el mes de julio, sólo unos 15.000 argentinos habían completado el formulario colgado en la página internet del Ministerio del Interior 1.
En Argentina, el tema de la reciprocidad ha sido incluido en la nueva Ley de inmigración (25.871), aprobada a principios de año y que aún no ha entrado en funcionamiento por no estar reglamentada. La norma determina que el país podrá modificar las condiciones de inmigración de los ciudadanos procedentes de aquellos países que no respeten el criterio de reciprocidad. “El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados”, señala la nueva ley, “respecto de los súbditos de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten gravemente el principio de reciprocidad”. La batalla acaba de empezar.

  1. www.mininterior.gov.ar.


Autor/es Rodrigo Sosa
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 62 - Agosto 2004
Páginas:40,41
Temas Estado (Política), Migraciones
Países Argentina, España