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Recuadros:

Refundar la UBA

En esta primera década del tercer milenio, la pregunta por el sentido de la democracia se encuentra vigorosamente activa. Los neoimperialismos del norte desarrollado han transformado la geopolítica mundial y relativizado el concepto mismo de las democracias nacionales. Las decisiones de los Presidentes del norte industrializado encorsetan el destino de las naciones del sur subdesarrollado.
Así como las naciones poderosas condicionan y limitan los proyectos democráticos locales, es lícito preguntarse si lo que está verdaderamente en juego en el escenario actual de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es el sentido de la democracia.
El actual secretario de Cultura de la Nación, Jose Nun, es autor de una obra cuyo título orienta el interés de este artículo: Democracia: ¿gobierno del pueblo o de los políticos? 1. En el espacio universitario actual en crisis: ¿la democracia es el cogobierno de los claustros universitarios o el imperio de los grupos inter-claustros que aspiran a perpetuarse usufructuando el poder de los representados? En todo caso, ¿quién es o quién representa al “pueblo” en la universidad actual y quiénes a los “políticos”?
Los estatutos universitarios son equivalentes a la carta magna de una República, es decir a su Constitución. Representan el espíritu democrático de las universidades públicas, superador de los vicios fraudulentos del régimen político conservador. Los estatutos anteriores a la Reforma Universitaria de 1918 2 amparaban los cargos vitalicios y el continuismo de las cofradías o la “gente del círculo del privilegio” que no estaba a cargo de clases, en los Consejos Directivos de las facultades.
El régimen oligárquico de fines del siglo XIX y principios del XX se había caracterizado por el monopolio de la vida cultural, social y política del país, cerrándole el camino del poder a cualquier otro grupo o sector social que no se identificara con la vinculación a los intereses anglo-europeos. Los sectores que no se encontraron representados –nuevas capas medias rurales y urbanas, pequeños comerciantes, artesanos, empresarios, burguesía manufacturera, empleados públicos y privados, militares, colonos e hijos de inmigrantes– estaban deseosos de ampliar su participación en el desarrollo político y económico del país. Algunos apoyaron la revolución de 1890, pero todos aportaron sus votos en 1916 al triunfo de la Unión Cívica Radical. Favorecidos con el modelo económico dependiente, todavía próspero, no propugnaban un cambio estructural 3. Sus aspiraciones apuntaban a una reforma moderada, orientada hacia fines igualitarios y redistributivos. Sin embargo, el acceso de HipólitoYrigoyen al poder se apoyó en la alianza entre sectores medios y urbanos y oligarquías regionales empobrecidas, cuyos intereses anti-régimen se orientaron hacia un desarrollo independiente de la industria local derivada de los productos exportables: vino, azúcar, cerveza, etc.

Democratización universitaria


Sin embargo, la imposibilidad de romper con el modelo estructural de la economía dependiente incidió en la parálisis de los modelos universitarios “modernizantes” con sus carreras orientadas hacia la producción económica (La Plata y Tucumán fundamentalmente). La tendencia hacia la profesionalización de las universidades reflejó –y aún refleja– la predilección por las profesiones liberales. En función de estos condicionantes estructurales, las transformaciones que condujeron a las reformas estatutarias de las universidades nacionales desde 1918 en adelante se fueron produciendo gradualmente.
La incorporación política de los actores excluidos del proyecto elitista de 1880 tuvo su correlato en la adquisición de la “ciudadanía” de los profesores y la incorporación de estudiantes y graduados en los consejos directivos. Los nuevos ciudadanos en la universidad fueron estudiantes, diplomados o graduados, y fundamentalmente los profesores regulares; aquellos que obtenían su nombramiento por concurso, a través de oposición de antecedentes y una clase pública. Ésta fue una conquista de los estudiantes del ’18, que bregaron por consolidar un modelo académico y pedagógico para acceder a los cargos profesorales.
Los nuevos actores sociales –una clase media configurada por la primera y segunda generación de hijos de inmigrantes– se encontraron así representados en los tres estados de la República universitaria: estudiantes, diplomados y profesores con ciudadanía académica. El llamado “gobierno tripartito” (un voto por sector) y la autonomía universitaria fueron las más importantes conquistas democráticas plasmadas en los estatutos de las universidades públicas argentinas.
A partir de 1918 –e incluso con anterioridad, parcialmente– se democratizó el gobierno universitario. Entre 1906 y 1918 el porcentaje de inscriptos del nivel superior respecto del total de inscriptos en el sistema educativo no superaba el 1%. Entre 1906 y 1917 el total de matriculados de las universidades nacionales y provinciales fue de 62.100, con un promedio anual de inscriptos de 5.175. En cambio, entre los años 1918 y 1930 el total de inscriptos ascendió a 195.200, con un promedio anual de matriculados de 15.015. Esta última cifra representa un crecimiento del promedio anual de inscriptos del 190% respecto de la etapa anterior. Por otra parte, los graduados universitarios registraron un incremento promedio del 244% luego de la Reforma. A modo de ejemplo, si se toman en cuenta las tres universidades más antiguas de Argentina, se advierte un aumento de los inscriptos y egresados. Entre 1916 y 1930, los egresados de la UBA crecieron un 190%; en la Universidad de Córdoba un 248% y en la de La Plata un 504%.
La democratización universitaria, a partir de la Reforma de 1918, tuvo dos caras. Una “externa”, el aumento de la matrícula de sectores sociales tradicionalmente excluidos del sistema educativo; y otra “interna”, la inclusión de representantes de claustros que no estaban representados en el gobierno universitario. El sentido histórico de la Reforma Universitaria del ’18 se resume en la frase de uno de sus más brillantes representantes, Deodoro Roca: “Sin una reforma social no se puede hablar de una democracia universitaria” 4.

Los avatares políticos


Durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) –y sobre todo a partir del gobierno de facto de José Félix Uriburu en 1930–, se modificaron los estatutos universitarios censurando, fundamentalmente, la participación estudiantil en los consejos directivos. En algunas universidades fueron eliminados los concursos de profesores. Las fuerzas conservadoras percibían a estas dos conquistas de la Reforma como subversivas del orden que debía imperar en las casas de altos estudios. Las decisiones adoptadas por los sucesivos gobiernos de facto, desde el 6 de septiembre de 1930 en adelante, apuntaron a intervenir en la universidad y a reformar los estatutos “a fin de restablecer el orden, la disciplina y la jerarquía magistral” 5. Las presidencias de Juan Perón fueron períodos democráticos, pero la política universitaria no se inspiró en la Reforma del ’18.
Derrocado el peronismo, a partir de 1955 se alternaron golpes militares con democracias restingidas. La censura a la participación estudiantil y a las actividades políticas se alternó pues con la recuperación de las libertades académicas. Pero aun así la UBA, en el contexto del desarrollismo económico, a partir de 1958, vivió su etapa de máximo esplendor en relación al conocimiento. El estatuto de 1960, activo hasta el golpe de Estado de 1966, fue un dispositivo que fundamentó el prestigio de la UBA, de las facultades, escuelas y departamentos; de la enseñanza y la investigación; de los profesores, auxiliares, docentes y del gobierno colegiado. En suma, ayudó a cumplir la función social de la universidad. Lamentablemente, la “noche de los bastones largos” 6 fue apagando las luces de la razón profesoral y estudiantil. Luego, en septiembre de 1974, poco después de la muerte de Juan Perón y bajo un gobierno que no puede calificarse de facto, la intervención en la Universidad allanó el camino a la persecución y desaparición de las figuras del campo intelectual y científico. A partir de 1976, con el nuevo golpe de Estado militar, las universidades argentinas se vaciaron del saber y la cordura.
Finalmente, la Ley 23.067 del 7 de junio de 1984, bajo el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, restableció la vigencia de los estatutos que regían al 29 de julio de 1966. La UBA inicia entonces el primer proceso de cambio estatutario en un contexto político democrático.

Cinco mitos


En el presente institucional de la UBA es evidente una crisis del modelo universitario. Se cuestiona el concepto de “democracia universitaria” arraigada en el cuerpo de “profesores regulares” (los elegidos por concurso), pero que representan un porcentaje minoritario respecto del total de docentes universitarios. También se reconoce una crisis de representatividad del cuerpo colegiado, paralela a las del paradigma comunicacional-científico y de la estructura de facultades del modelo napoleónico. Es evidente además la desvinculación con los otros niveles del sistema, la desconexión con las urgentes necesidades de la sociedad civil, la debilitada voluntad de cambio de sus actores y, por último, la pérdida de la identidad comunitaria.
En el imaginario colectivo se ha consolidado una serie de mitos, originados en la crisis del modelo estructural de la universidad pública.
Mito del acceso universal: las universidades públicas masivas de acceso directo han desarrollado en la última década dispositivos de ingreso que encubren los mecanismos selectivos puestos en juego: cursos de verano, cursos tutoriales, etc. Estos y otros factores socioeconómicos dejan fuera del circuito educativo a los hijos de los obreros o trabajadores de los niveles más bajos, y a no pocos hijos de las clases medias.
Mito del gobierno representativo y democrático: la composición de los claustros está desfasada respecto del significativo número de docentes con las categorías inferiores (“docentes auxiliares”) que no pertenecen al cuerpo profesoral; sumado a la no sustanciación de los concursos que lleva a un mínimo porcentaje de profesores como electores y candidatos.
Mito de la producción del conocimiento de punta: el feroz desfinanciamiento estatal durante la última década, sumado a la baja inversión en investigación y desarrollo, propia de los países periféricos, desalienta, entorpece y anula las posibilidades de construcción de pensamiento científico empírico, puro y de punta en las universidades públicas.
Mito de la meritocracia para acceder a los cargos por concurso: los concursos docentes en la última década han devenido en dispositivos político-clientelares más que académicos; jurados observados, dictámenes recusados y presentaciones judiciales dan cuenta de la arbitrariedad de los mecanismos instalados.
Mito de la comunidad universitaria: en lugar de una comunidad existe un conjunto de identidades superpuestas y enfrentadas de actores gremiales, sujetos ultra individualistas y jóvenes no tan jóvenes desencantados. Todos tienen en común la ausencia de pertenencia institucional.
El Censo de la UBA del año 2004 7 arroja datos altamente significativos, al compararlos con los señalados más arriba respecto a la democratización (externa e interna) promovida por la Reforma Universitaria de 1918. Vale la pena considerarlos para repensar la orientación del cambio necesario. La matrícula total de la UBA es de 301.734 estudiantes (secundario, grado y posgrado). La planta docente para atender a esa población estudiantil es de 27.603. El personal docente está integrado por un 24,4% de profesores (esto es titular, asociado y adjunto) y un 75,6% de auxiliares. Un 39% del personal docente trabaja ad honorem. O sea, una universidad masiva, con una mayoría de auxiliares o jóvenes egresados responsables de los cursos, la mitad de los cuales no cobra. Estos datos revelan que de una identidad democrática la universidad sólo tiene la ilusión, y que poco a poco se han desnaturalizado sus funciones sociales.
La comunidad académica, heredera de la tradición comunitaria medieval, se ha desvanecido ante el ultra-individualismo profesoral. La heterogeneidad del cuerpo de profesores universitarios se expresa en una gama que va desde el profesor investigador incentivado (que representa el 18% de la población nacional de profesores universitarios en Argentina), hasta el enseñante recién egresado, que constituye una mayoría significativa de la población docente universitaria. La identidad de los profesores de las universidades públicas se encuentra en tránsito del académico al consultor internacional, debido a que “el prestigio y los honorarios” provienen de otras fuentes de financiamiento, como las agencias bancarias nacionales o internacionales. O el gobierno central.

¿Reformar o refundar la UBA?


La Reforma de 1918 anuló la universidad del privilegio y la reemplazó por la del conocimiento profesional y humanístico, profundamente comprometido con los destinos de la nación. Los proyectos de reforma estatutaria actuales, en cambio, fundamentan el cambio en la falta de gobernabilidad de la UBA. Algunas agrupaciones estudiantiles defienden la propuesta de una democracia directa, junto con la idea de “un estudiante, un voto”, un absurdo, puesto que conferiría a los estudiantes la mayoría automática permanente. Otros coinciden en que el problema de gobernabilidad se expresa en la falta de representatividad de los docentes auxiliares en el gobierno –ya que no están representados por el claustro de graduados externos a la universidad– y solicitan ampliar su representación con un claustro propio o votando dentro del claustro profesoral. Hay proyectos que proponen la incorporación del claustro no docente en el gobierno, como en otras universidades públicas.
El problema de la democracia en la UBA parece reducirse así a la ampliación de la masa electoral, al aumento del número de representantes y al cambio en la proporción de los mismos en los órganos del gobierno colegiado. Por cierto que en la UBA existe una crisis de legitimidad, ya que está gobernada en los hechos, y más allá de intenciones individuales, en nombre de intereses particulares que no siempre coinciden con el bienestar de la comunidad universitaria ni con la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la extensión.
¿Cambiará el nuevo estatuto en la UBA las relaciones de poder actuales, que inclinan la balanza en favor de representantes alejados de los intereses de los representados? ¿Se ocupará el nuevo estatuto de la función académica y no solamente de la función política de los cuerpos colegiados? ¿A quiénes beneficia la reforma estatutaria? ¿Qué aspectos de la realidad institucional cambiarán y cuáles permanecerán inalterados? ¿Se tienen en cuenta diagnósticos institucionales para elaborar las propuestas estatutarias; se aspira a resolver problemas o se cambia algo para que nada cambie?
Los valores de los estatutos reformistas estaban claramente orientados por la urgencia social de la construcción de un orden democrático que superara el viejo orden estamental y antiacadémico. Hoy en día, queda claro que las propuestas se orientan a cambiar formas –o partes del estatuto– para evitar la transformación de fondo que la universidad necesita.
Una universidad definida como una “República en miniatura”, tal como lo hizo Joaquín V. González en 1905, no es equivalente a la Atenas de la Grecia esclavista, en la cual la democracia directa estaba en manos de los ciudadanos libres que se ocupaban de la polis porque dejaban a los esclavos prisioneros del trabajo manual. La democracia directa que ahora se propone para la institución de mayor nivel del sistema educativo, cuya materia prima es el conocimiento en sentido amplio (los saberes, las disciplinas, las ciencias, etc.), corre el riesgo de desnaturalizar a la institución y convertirla en una polis electoral más que académica. Aumentar el número de electores de los claustros no necesariamente promueve lo que los sociólogos del conocimiento llaman la “inteligencia institucional”.
Uno de los pensadores clásicos sobre la universidad, José Ortega y Gasset, enfatizaba la misión cuestionadora de la universidad como una de las tareas fundamentales de las casas de altos estudios. Para Paulo Freire, cuestionar, interrogar, forma parte de la práctica liberadora y emancipadora del conocimiento crítico.
A la luz de la historia de las universidades, es posible concluir que un buen gobierno universitario es el que mejor se ocupa del conocimiento, de su producción, difusión y aplicación. Es el que mejor y de modo más excelente se ocupa de la formación de profesionales, intelectuales, científicos, artistas, poetas, profesores, cuya inserción en el ámbito laboral es reconocida por la calidad de las prácticas, la solvencia académica, la flexibilidad de pensamiento, la solución de problemas, la originalidad de las propuestas y sobre todo por el compromiso férreo con el bienestar general, el bien público y la solidaridad con los más necesitados.
La grave crisis de sentido que afecta hoy a la Universidad de Buenos Aires va más allá de la cirugía reparadora del estatuto de 1966. Los proyectos del nuevo estatuto universitario parecen reducir la crisis severa que afecta a la UBA al problema de gobernabilidad.
Se necesita una convicción fundante. Volver a pensar el sentido, la misión de la universidad, para volver a su naturaleza particular, como una institución del conocimiento y no como una fábrica de diplomas devaluados, un espacio de entrenamiento laboral para jóvenes diplomados, excluidos del mercado de trabajo.
Habrá que refundar la Universidad para fortalecer las políticas del conocimiento, al servicio de un proyecto emancipador, local y con capacidad de resolver las urgencias que genera la brecha entre los países independientes ricos y los países dependientes pobres.

  1. José Nun, Democracia: ¿gobierno del pueblo o de los políticos?, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
  2. Marcela Mollis, Universidades y Estado Nacional. Argentina y Japón 1885-1930, capítulo II, “Tendencias e interpretación de la evolución del subsistema universitario argentino: 1885-1930”, Biblos, Buenos Aires, 1990.
  3. Marcos Kaplan, Formación del Estado Nacional en América Latina, Amorrortu, Buenos Aires, 1984.
  4. Deodoro Roca, El drama social de la Universidad, Editorial Universitaria de Córdoba, Córdoba, 1968.
  5. Discurso del Gobierno Provisional, instaurado el 6 de septiembre de 1930, La Nación, Buenos Aires, 7-9-1930.
  6. “Noche de los bastones largos”: así se conoce a la intervención militar y policial en la universidad, el 29 de julio de 1966, violando su autonomía y conculcando la Reforma.
  7. Estos datos se han extraído de un exhaustivo análisis socio demográfico y curricular sobre los profesores de las universidades argentinas. Marcela Mollis y Osvaldo Barsky, La formación universitaria para el sistema educativo y el sector productivo. Casos comparados, UNIVERSIA/Santander, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2006.

¿Un espacio democrático del conocimiento?

Mollis, Marcela

Al menos desde hace una década, los profesores y estudiantes de la UBA hemos acabado por naturalizar situaciones que llaman poderosamente la atención a cualquier profesor extranjero visitante.
En una facultad de las 14 que existen en la UBA, los vendedores de panes de queso (chipá), libros, discos compactos, sahumerios y artesanías –entre otros objetos– solicitaron a las autoridades que se los reconozca como “claustro de vendedores ambulantes”, para poder organizar sus reclamos y defender su territorialidad institucional. En la misma facultad, algunos escritorios de las aulas fueron reemplazados por mesadas de cemento, para evitar que se trasladen a los pasillos y se utilicen no ya como mobiliario de apoyo de materiales de clase del profesor, sino como mesa de ventas. En otras facultades se produce la interrupción de las clases con la presencia de niños de corta edad que venden pan, o mujeres adultas y hombres que piden una ayuda económica a un estudiantado muchas veces agobiado por sus propias necesidades.
Estos simples relatos constituyen un vívido ejemplo de la apropiación de un espacio institucional educativo e incluso de su mobiliario, con fines ajenos a la función social del conocimiento enseñado y aprendido. La gran paradoja que surge de estos y otros relatos semejantes es que la pobreza y la marginación que llevan a muchas ciudadanas y ciudadanos a recolectar basura, a pedir limosna o a vender sahumerios, deberían ser temas prioritarios en las políticas de investigación universitarias. Economistas, sociólogos y antropólogos deberían trabajar juntos, construyendo una agenda de investigación para ayudar a resolver y prevenir las urgencias sociales. Sin embargo, los intereses de los hacedores de las políticas de investigación universitaria –los gestionadores del saber– y los recolectores de votos, no siempre coinciden para beneficiar la producción académica con un fin social. Estos últimos –los recolectores de votos– se orientan por la permanencia en los cargos a cualquier costo, la continuidad de los privilegios y el predominio de los proyectos personales sobre los institucionales, sellando estos absurdos con el silencio o la complicidad lisa y llana. 
La democracia universitaria no debe ser entendida como la reproducción real de las condiciones de pobreza y marginación al interior de las facultades. Ni tampoco como la aceptación de las relaciones de compra-venta informales en los pasillos de las facultades. Para los que defendemos las políticas del conocimiento como fuente de orientación de las políticas universitarias, las lógicas del mercado electoral son semejantes a cualquier otra lógica del mercado de consumo.
La gran crisis política de la UBA hoy se refleja en el predominio de las políticas electoralistas con la mera finalidad de la perpetuación de privilegios estamentales, en desmedro del conocimiento como bien público y de su real orden democrático.


Autor/es Marcela Mollis
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 99 - Septiembre 2007
Páginas:7,8,9
Temas Educación
Países Argentina