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La salud ¿a qué precio?

Apremiado por la cada vez más lejana concreción de un Área de Libre Comercio de las Américas, Estados Unidos negocia tratados bilaterales con países de la región. Entre otros puntos, presiona para que éstos acepten patentes farmacéuticas que exceden las normas de la Organización Mundial del Comercio, dificultando el acceso a medicamentos genéricos y poniendo así en peligro la salud pública.

El impacto de las normas comerciales internacionales en la salud pública y en el acceso a los medicamentos ha suscitado una gran preocupación, debido a los efectos de la protección de la propiedad intelectual (en especial las patentes) en los precios y en el acceso a los medicamentos esenciales.

Las patentes son instrumentos de las políticas públicas que tratan de garantizar que una sociedad se beneficie de cualquier tipo de innovación. Si se protege el derecho a disfrutar en exclusiva del comercio de los medicamentos patentados durante un plazo de 20 años, es porque se trata de un período razonable para que el titular vea recompensada la inversión realizada en investigación y desarrollo. Este derecho está reconocido en las legislaciones nacionales y regionales vigentes en América Latina, de acuerdo con las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recogidas en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC).

Dentro de esta normativa internacional, los medicamentos gozan de un estatus especial como bienes imprescindibles para garantizar la salud pública. Por ello, la OMC reconoció la necesidad de anteponer la protección de la salud a los intereses comerciales privados. En la IV Reunión Ministerial celebrada en Doha (Qatar) en 1999, los países afirmaron la posibilidad de tomar las medidas adecuadas para limitar los monopolios establecidos por las patentes cuando lo consideren necesario para proteger la salud y fomentar el acceso universal a los medicamentos.

Sin embargo, uno a uno, los países de América Latina están negociando con la salud de sus habitantes en los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos 1, o mediante la modificación de sus legislaciones nacionales. Así está sucediendo con el tratado que se negocia en la actualidad entre los países andinos (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) y Estados Unidos o con la propuesta de decreto presidencial en Ecuador para la reforma de las normas de propiedad intelectual en relación con los medicamentos. Los gobiernos se ven presionados a aceptar disposiciones sobre propiedad intelectual excesivamente restrictivas, que benefician el monopolio de las empresas farmacéuticas internacionales privadas y que, de implementarse, acabarán con la competencia de los productores de medicamentos genéricos (más baratos y de igual calidad) y, por tanto, con la capacidad de los Estados de anteponer la salud a los intereses comerciales.

Paralelamente a la estrategia que busca endurecer las legislaciones de propiedad intelectual de los países con los cuales está negociando el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o los TLC, se ha abierto un nuevo frente mediante la presión unilateral e indiscriminada a los gobiernos para que modifiquen sus normas nacionales en materia de propiedad intelectual.

La mayor parte de estos acuerdos y las posibles modificaciones de las leyes nacionales son desconocidas para el gran público, ya que por lo general su naturaleza es muy técnica y se negocian o modifican en secreto, a pesar de que las sociedades civiles de diversos países hayan solicitado repetidamente que se den a conocer las implicancias que pueden tener para la salud. Los objetivos negociadores reflejan los deseos de la gran industria farmacéutica, que asesora al representante de comercio de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés). Así se asegura la inclusión de diversas disposiciones muy beneficiosas económicamente, pero que resultan altamente perjudiciales para los intereses de los ciudadanos.

En Guatemala, la firma del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, en sus siglas en inglés) y la modificación interna de la legislación que afecta al régimen de propiedad intelectual han significado la imposibilidad de que una parte de los medicamentos genéricos para tratamientos de enfermedades como el vih/sida puedan ser registrados y comercializados. Las consecuencias han movilizado a la sociedad civil guatemalteca en contra de las recientes normas de propiedad intelectual e incluso el ministro de Salud de ese país manifestaba recientemente que "se trata de una ley injusta e inmoral, que protege la propiedad intelectual en lugar de la salud de los guatemaltecos". Además, añadía que "por este acuerdo, la mayoría de la población no puede tener acceso a los medicamentos genéricos esenciales que permitan resolver los problemas de salud".

Ecuador, más allá del ADPIC

En Ecuador, Médicos Sin Fronteras ha tenido acceso recientemente al borrador de decreto presidencial que modifica y endurece las condiciones para la obtención del registro sanitario de medicamentos genéricos en el país. Dicho decreto, que podría aprobarse en cualquier momento, tendría graves consecuencias en términos de acceso a la salud para los doce millones de ecuatorianos. Los artículos que figuran en el borrador de este Decreto van lamentablemente mucho más allá de lo reflejado y exigido en el ADPIC firmado en 1995 por los países miembros de la OMC, de lo acordado explícitamente en la Declaración de Doha y de la propia Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que regula el régimen común sobre propiedad industrial.

Con la aplicación de este decreto, Ecuador adoptaría incomprensiblemente una serie de medidas a las cuales no está obligado por ningún tratado internacional, con el único propósito de mantener las prerrogativas y los beneficios de las industrias farmacéuticas multinacionales a costa del acceso a la salud de los ciudadanos ecuatorianos.

Algunas cláusulas establecidas en el borrador del decreto de Ecuador se incluyen también en los capítulos referidos a propiedad intelectual de cada uno de estos acuerdos comerciales. Todas ellas encaminadas a evitar o dilatar en el tiempo la comercialización de los medicamentos genéricos, conocidas comúnmente como el ADPIC Plus.

Así, mediante la "exclusividad de datos" las autoridades reguladoras de medicamentos no podrían utilizar durante un período de cinco años los archivos de registro de un producto original para registrar una versión genérica terapéuticamente equivalente de ese medicamento. Esta medida intenta ser impuesta por las multinacionales farmacéuticas para aquellos casos en los que no les ha sido posible obtener la patente del medicamento original.

La consideración de "producto nuevo" o de "nuevo uso" es otra forma de prolongar las patentes sobre los medicamentos, independientemente de que ya sean de dominio público en el resto del mundo. Todo aquel producto o nueva entidad química registrado por primera vez para su comercialización o evaluado por primera vez por la autoridad sanitaria o fitosanitaria competente será nuevamente protegido, así como aquellos medicamentos cuya patente ha expirado a los que se atribuya un nuevo uso. Por ejemplo, el AZT fue inventado en los años '60 como un medicamento anticancerígeno y en los '80 se descubrió que también podía ser utilizado en el tratamiento contra el sida.

También, en las negociaciones se pretende limitar el uso de las "licencias obligatorias", una de las principales garantías para que cualquier país pueda producir y comercializar medicamentos genéricos sin consentimiento del titular de la patente. En la normativa de la OMC esta posibilidad se establece sin ninguna restricción y puede aplicarse, por ejemplo, en momentos de crisis sanitarias graves o aun para frenar el comportamiento monopolístico de las compañías farmacéuticas. En cada uno de los acuerdos comerciales se restringen deliberadamente los casos en que puede declararse una emergencia nacional sólo para el sector público. Pero además, incluso en estos casos, se necesitará contar con los datos de prueba, que podrían estar bajo protección durante 5 años.

La intención por parte de Estados Unidos, que representa los intereses de las grandes compañías farmacéuticas multinacionales, de reforzar las regulaciones de propiedad intelectual más allá de lo que se requiere en el ADPIC debe ser categóricamente rechazada, ya que el único beneficio será la protección de los intereses de la industria farmacéutica multinacional (en este caso de Estados Unidos), en detrimento de la salud de millones de personas.

Reducir la extensión de las salvaguardas del ADPIC en detrimento de la salud pública tal y como están ya incluidas en el CAFTA y se pretende incorporar en las negociaciones del ALCA, del TLC y ahora a través de presiones a los gobiernos para modificar la legislación nacional, crea un sistema paralelo que socava y contradice la Declaración de Doha, bloqueando la utilización de medicamentos genéricos de calidad a precios accesibles, lo que supondrá en la práctica una catástrofe para nuestros pacientes y millones de otros enfermos de vih/sida y otras enfermedades de la región.

Ciento cuarenta y dos países, incluyendo Estados Unidos, negociaron y adoptaron la Declaración de Doha, colocando con firmeza las necesidades de salud pública por encima de los intereses comerciales y ofreciendo las muy necesarias clarificaciones sobre flexibilidades clave del ADPIC referidas a la salud pública.

Los acuerdos regionales y bilaterales y las presiones que obligan a los países a realizar modificaciones en la legislación nacional sobre propiedad intelectual, amenazan con imposibilitar que los países ejerzan los derechos que les fueron reconfirmados en Doha.

En tanto organización médica humanitaria, Médicos Sin Fronteras no puede aceptar que se subordinen las necesidades sanitarias de nuestros pacientes y de millones de otros enfermos a los intereses comerciales de ningún país ni de sus grandes compañías multinacionales farmacéuticas. Para garantizar la protección de la salud pública y la promoción del acceso a medicamentos para todos es fundamental que los gobiernos excluyan de las negociaciones comerciales los derechos de propiedad intelectual y no modifiquen su legislación nacional, manteniendo la salud por delante de otros intereses mercantilistas.

  1. Carlos M. Correa, "Mal negocio de Chile con Estados Unidos", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2004.
Autor/es Médicos Sin Fronteras
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 63 - Septiembre 2004
Páginas:37
Temas Mercosur y ALCA, Salud
Países Estados Unidos