Chile y su inseguridad energética

El modelo chileno ha dejado en manos privadas la viga maestra de su desarrollo. Los particulares han privilegiado, como es natural, las ganancias optando por los combustibles más económicos. El Estado no ha invertido o facilitado el auge de energías que disminuyan la dependencia y vulnerabilidad estratégica del país. La reciente creación del Ministerio de Energía ofrece la oportunidad de establecer una nueva política energética.

Chile es uno de los pocos países sudamericanos que no dispone del temido y anhelado excremento del diablo. Así fue descrito el petróleo por un eminente venezolano. Sí, porque el también llamado oro negro aporta grandes riquezas pero con ellas vienen algunas dificultades mayores. Testimonio de ello son los productores del Medio Oriente asediados económica y militarmente por los grandes consumidores occidentales. El impacto de las exportaciones de crudo es de tal magnitud que distorsiona el conjunto de la  economía de un país. Son varias las naciones que han terminado en una frágil dependencia mono exportadora.  

En el país hay una certeza en materia energética: la demanda aumenta y lo hace a índices superiores al crecimiento económico. Ello a razón de un promedio de dos por ciento por encima del producto interno bruto (PIB). Esto ocurre en uno de los países olvidados por las necesidades escatológicas del demonio. La nación que cierra el cordón andino casi no tiene combustibles fósiles (importa 97 por ciento del petróleo, 78 por ciento del gas y 84 por ciento del carbón). Ello en circunstancias que cerca de tres cuartos de la matriz energética corresponden a estos elementos. La dependencia de los altos y bajos de los mercados internacionales es abrumadora. En una situación de creciente demanda petrolera y gasífera bastan sobresaltos menores, como incidentes políticos en el Medio Oriente, donde se encuentra el 60 por ciento de las reservas de crudo, para disparar los precios. Los chilenos también han debido aprender sobre los cambios climáticos en Argentina. Allí los veranos cálidos aumentan el consumo eléctrico de los aparatos de aire acondicionado y fríos inviernos estimulan los sistemas de calefacción. Todo redunda en un mayor consumo de gas para las centrales termoeléctricas. Y como la caridad comienza por casa Buenos Aires reduce las exportaciones de gas al otro lado de los Andes.

En estas condiciones cabría esperar alarma por parte de las autoridades criollas. Ello, en especial, luego que Argentina disminuyó en forma drástica las ventas de gas natural a partir de 2004. ¿Quitó esto el sueño a las autoridades? No realmente. Un ministro del rubro del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, cuyo nombre es reservado por la condición de "off the record" en que habló, fue consultado si Chile enfrentaba una situación peligrosa en el campo energético: "¿Por qué habría peligro?" respondió "¿Sabe usted cuál es el monto de las reservas financieras del país?" -con lo que quiso indicar que eran abundantes- "En el momento que se lo requiera no hay más que comprar un petrolero y traer todo el crudo que se requiera". Así de simple,  todo se reducía a una mera transacción. La extrema vulnerabilidad del país no precipitó una campaña urgente de diversificación de las fuentes energéticas. Habría cabido esperar que Chile tomase la iniciativa de ampliar su matriz en un vasto abanico de fuentes. Al escasear el gas natural argentino se optó por construir una planta receptora de gas natural licuado (GNL) en el puerto de Quintero por un monto de 400 millones de dólares. El gas tiene ventajas medio ambientales pero no reduce la dependencia y la inseguridad en cuanto a abastecimiento de largo plazo. Aunque, claro, por la vía del GNL se puede obtener gas de diversos países y no como ocurría a través del gasoducto
trasandino que estaba ligado a la voluntad de Buenos Aires.

En estos días en que los santiaguinos sufren el impacto del Transantiago ha quedado en evidencia las dificultades de un sistema híbrido público-privado en que unos culpan a otros por las falencias del servicio. Aunque en el campo energético la situación nunca ha llegado a grados de crisis tan extremos, aunque ha bordeado situaciones preocupantes, se aprecian elementos similares. El Estado delega en empresas particulares la ejecución de los contratos de abastecimiento. En las palabras de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, "la ausencia del Estado chileno en la planificación energética genera la mayor dependencia y vulnerabilidad para el desarrollo del país". Cuando algo marcha mal y hay incumplimientos los privados ya no lo son tanto y exigen que el poder público despliegue su diplomacia para proteger los intereses nacionales. En rigor los particulares están en lo cierto al señalar que es de interés nacional asegurar el abastecimiento energético. Lo que es menos evidente es por qué el país en su conjunto debe sufrir las consecuencias negativas por inversiones realizadas con claras advertencias de los riesgos.
Es impresentable una ética comercial que privatiza las ganancias y traspasa los problemas al sector público.

Ello porque antes aún de la construcción del gasoducto trasandino y previo a toda crisis económica argentina, a comienzos de los 90, funcionarios del Banco Mundial advirtieron que en alrededor de una década la demanda doméstica del país productor absorbería el grueso del combustible. Eso es exactamente lo que ocurrió. Es cierto que la estrechez podría haber tardado un poco más con mayores inversiones en el sector gasífero. Pero aún así la Argentina no es un país exportador y la prueba es
que importa un monto creciente. Al confrontar a ejecutivos del proyecto  GasAndes, los impulsores del gasoducto,  sobre la advertida escasez de gas la objeción fue recibida con una sonrisa paternalista y la respuesta fue: "Usted cree que estaríamos invirtiendo cientos de millones de dólares en cañerías subterráneas si no estuviéramos seguros que hay gas suficiente. Confíe es nuestro dinero el que está en juego". El gobierno chileno dio a este razonamiento la validez de un vale vista.

Aunque el proyecto no tuvo la larga vida proyectada resultó conveniente para Chile mientras operó a plena capacidad. Además contribuyó de manera decisiva al acercamiento político entre ambos países. Cuando fue discutida la construcción de un gasoducto en el marco del primer Libro de la Defensa Nacional de Chile(1997)  surgieron voces castrenses que estimaban que se asumían riesgos innecesarios debido a la dependencia energética que ello implicaba. Una vez terminado y luego de entrar en operaciones, en 1997, el gasoducto demostró ser un gran ahorro de dinero y ayudó a descontaminar la atmósfera saturada de gases de la  cuenca de Santiago. Lo lamentable fue la dependencia desmedida de estas importaciones gasíferas. El Estado chileno debió haber complementado las importaciones desde Argentina con la diversificación de fuentes energéticas.

¿Cuál es la mayor amenaza?

Es necesario determinar cuales son las amenazas estratégicas que enfrenta Chile en el campo de su seguridad. Sin duda la variable energética debe figurar a la cabeza. No es un mero asunto de mercado, es la viga maestra sobre la cual descansa el desarrollo de las industrias que empujan el crecimiento. El continúo desarrollo, a tasas superiores al cuatro por ciento anual, es vital para un país en que sus sucesivos gobiernos democráticos han rechazado la vía tributaria para garantizar mayor equidad. En consecuencia la apuesta es por una sostenida expansión económica para absorber las demandas sociales. Es lo que algunos llaman la teoría del chorreo. Si a los sectores más dinámicos, que son los exportadores, les va bien algo de su bonanza se traspasará al conjunto del país. Pero si el crecimiento sufre una desaceleración significativa las repercusiones políticas no tardarán en manifestarse. Por lo tanto la estabilidad del modelo chileno de desarrollo descansa en un alto grado en la adecuada solución del abastecimiento energético. Esto es verdad para todos los países. Ya lo había dicho Lenin cuando aseguraba que la ecuación del éxito de la Unión Soviética era: "Socialismo = soviets + electrificación". Los soviets, el poder político, y la potencia eléctrica que mueve las industrias debían asegurar el futuro de la sociedad socialista.

La seguridad de una nación depende de varios factores y siempre es una ecuación compleja y, por sobre todo, dinámica. Las condiciones cambian y con ellas las amenazas a la integridad y bienestar de las naciones. Cada país es diferente y en la actualidad, dadas las características políticas y económicas del entorno vecinal, Chile vive en paz sin amenazas mayores en su horizonte militar. En cambio en lo que toca a su autonomía energética el cuadro sí es preocupante. La independencia y espacio de maniobra del país podrían verse más afectados por un déficit energético que por la amenaza potencial de un ejército vecino.

Desde esta perspectiva, de la urgencia de invertir en fuentes energéticas
diversificadas, resulta irracional el sobredimensionado gasto en defensa chileno que es el más alto, en términos del per capita, de América Latina. Las cifras son elocuentes:

Es de sentido común, que no es lo mismo que la lógica de mercado, que el Estado ponga sus mayores recursos  donde están las mayores vulnerabilidades. Sin embargo, en algunos países latinoamericanos existe una escuela de pensamiento que cabe calificar de "simplismo aumentativo". En el ámbito militar esta línea argumenta que conforme crece el PIB en igual medida debe aumentar la capacidad militar de un país. Un país más rico tiene más que defender y su proyección de poder internacional debe reflejar sus logros económicos. Este es un razonamiento con una lógica perversa pues promueve el armamentismo. Así, aunque no existan amenazas que ameriten mayores inversiones se expande el poder bélico lo que, tarde o temprano, es interpretado por algún país vecino como una señal de agresividad. Ello invitará a nuevas compras militares por parte de los Estados que buscan mantener los equilibrios bélicos. Esta situación puede dar pie a una carrera armamentista. Porque es lógico que si un país expande sus arsenales otros no querrán quedar atrás. El resultado neto es que todos gastan más en armas para empatar con armamento más letal y oneroso. Es desalentador que el deseado auge económico regional concluya en detrimento de las urgentes inversiones que benefician a toda la población.

En el campo energético latinoamericano opera una óptica similar de "simplismo aumentativo". Se analiza el incremento del PIB y se deduce que la demanda eléctrica lo hará en proporciones similares y, en la mayoría de los casos, en forma aún más pronunciada como ya se ha reseñado en el caso de Chile. Estudios realizados a lo largo del mundo sobre el consumo energético indican que en las fases iniciales del despegue económico los países tienden a consumir mayores volúmenes de energía debido a las tecnologías primarias empleadas en los procesos productivos. A medida que se consolida el desarrollo baja lo que se denomina la intensidad energética, vale decir se reduce la cantidad de energía necesaria para la elaboración de un producto. Ello mejora porque con el tiempo se introducen tecnologías más ahorrativas. Un ejemplo son los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE), que agrupa a los 30 países más desarrollados, que consiguieron disminuir la intensidad energética en casi un cuarto desde 1980 lo cual es un logro económico de marca mayor.

En América Latina, en cambio en el último cuarto de siglo no se aprecian cambios en la intensidad energética. Esta relación estática entre el crecimiento de la demanda eléctrica es la resultante de un absoluto laissez faire. Ello no tendría nada de malo en sí si el aumento de la producción  energética no conllevase una serie de consecuencias sociales, mayores costos al consumidor; económicas,  menor competitividad; y medioambientales, al generar más gases de invernadero y ocupación de tierras para represas.

Chile tiene energías alternativas

Los grandes consorcios energéticos están interesados en los megaproyectos. O, si se prefiere, en las formidables obras ingenieriles que dejan buenos dividendos. Pensar en grande es la consigna de los conglomerados eléctricos y petroleros. Ello conduce a oleo y gasoductos para las centrales termoeléctricas, a enormes represas destinadas a contener el agua que moverá las turbinas y, en algunos casos, a las centrales nucleoeléctricas. Los grandes volúmenes traen las grandes ganancias. Y el Estado chileno ha delegado en los consorcios establecidos el desarrollo de las políticas energéticas. Lo central de la labor gubernativa ha sido crear estímulos para la inversión del sector privado con vistas a cubrir una demanda creciente. Pero entre esto y una política de seguridad energética hay un abismo. Según la Comisión Nacional de Energía (CNE) el panorama es, en el mejor de los casos, confuso: "Al observar la evolución del consumo energético del sector industrial y minero, a priori no es posible establecer si se ha evolucionado en su conjunto hacia una mayor o menor eficiencia en el uso de sus recursos energéticos".

Recién hace un par de años se han iniciado tímidos esfuerzos por obtener mayor ahorro y eficiencia energética. Ello en comparación con los que realizan los europeos que se proponen cubrir 20 ciento de su demanda energética (20 por ciento de la electricidad y 10 por ciento del consumo de energía) para el 2020 a partir de la Energías Renovables No Convencionales (las ya mencionadas ERNC). Baste con mencionar que España produce el equivalente a casi toda la electricidad generada en Chile a través de parques eólicos. Esto mediante cientos de molinos que mueven turbinas. Las estimaciones de la CNE es que para el 2015 Chile recién podría superar el cinco por ciento de generación a partir de las ERNC. Atrás quedó la meta fijada en seminarios gubernamentales que aspiraban alcanzar esta meta para el bicentenario. En la actualidad el país produce apenas dos por ciento de su demanda eléctrica a partir de las ERNC.

Chile tiene amplias posibilidades para desarrollar las ERNC. El potencial geotérmico es enorme con un potencial estimado entre tres mil y ocho mil MW. Esta fuente está disponible a toda hora a diferencia del viento que sopla en forma inconstante. Una segunda fuente son las pequeñas centrales hidráulicas y también las hidráulicas de pasada que en su conjunto tiene un potencial estimado de cinco mil MW entre la cuarta y décima región. El empleo de desechos forestales como biomasa permite generación eléctrica. Algunas empresas forestales ya lo hacen y el potencial de este rubro se eleva a los 300 MW. Los vientos pueden aportar cantidades aún no cuantificadas de generación eléctrica. Por lo pronto hay algunos aerogeneradores en Aysén que producen un par de MW. También el calor del sol  puede calentar aguas si es captado por  paneles solares. En los países desarrollados se realizan enormes inversiones para aprovechar las ERNC y disminuir la adicción a los hidrocarburos.

Los cálculos aproximados sobre los costos de producir las diversas energías son los siguientes:

Es claro que por el momento las energías convencionales no renovables (petróleo y gas) son más económicas en términos de generación eléctrica... Pero ello es así sin considerar sus externalidades como, por ejemplo, las emisiones de gases y los riesgos de la dependencia. La masificación del empleo de las ERNC permitiría una baja significativa de costos. Entregaría energía limpia y garantizaría un grado de indepen-
dencia del vaivén de los mercados internacionales.

1. Índices de Eficiencia Energética en Chile.Tendencias en el Sector Industrial y Minero. 1990 -1999; Gobierno de Chile, Comisión Nacional de Energía, marzo 2002.