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Retorno al sector público

En diferentes comunas y departamentos de Francia, a instancias de usuarios que se rebelan ante el aumento de las tarifas, los funcionarios municipales han rescindido los contratos con empresas privadas de suministro y saneamiento de agua, y han vuelto a la gestión pública de ese recurso. El criterio de delegar esa función en manos de profesionales tropieza con la evidencia de que las empresas lucran a expensas de la población.

En 1990, Jacques Drapier, que el año anterior había sido elegido alcalde, socialista, de Neufchateau -bonito pueblo de 8.500 habitantes situado en la región francesa de los Vosgos- no vio inconveniente en entregar la gestión del agua de la ciudad a una empresa privada. Por entonces, ese tipo de decisiones era muy común. En efecto, desde hace unos veinte años, los alcaldes franceses se inclinan masivamente por la "delegación", pensando que, finalmente, para ellos será una preocupación menos, y que el tema quedará en manos de profesionales (ver Marc Laimé, pág. 16).

Así fue como la gestión del agua de Neufchateau fue confiada a una empresa privada, la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone (CEO), filial de Veolia, ex-Vivendi, ex-Compagnie Générale des Eaux. Las cosas habían comenzado bien, con la firma de un contrato por quince años, pero se deterioraron rápidamente cuando Drapier se dio cuenta, alrededor de 1992, de que la tarifa tenía tendencia a aumentar. "No pude lograr ninguna explicación -comenta el alcalde- y lo único que me proponía la compañía era que viajara a su sede en la ciudad de Metz para informarme, cosa que me irritó un poco..." Ante la imposibilidad de obtener una respuesta, ordenó hacer un estudio sobre el precio del agua. El mismo quedó a cargo de un consultor independiente, ex mano derecha de Jérôme Monod cuando éste dirigía la Lyonnaise des Eaux, antes de convertirse en la eminencia gris de Jacques Chirac en el Palacio del Elíseo. El estudio demostró que el agua debía costar 2,90 euros el m3 (19 francos de entonces) mientras que la compañía la facturaba tranquilamente a 3,65 (24 francos) 1.

Drapier se puso entonces a pensar seriamente en retornar al sistema de explotación pública, pero la compañía comenzó a ejercer presiones. "Cuando vinieron a mi despacho para proponerme viajar a un coloquio en Madrid, acompañado de una persona de mi elección, con todos los gastos pagos, me sentí ultrajado". Luego de las elecciones municipales de 2001, el contrato fue rescindido y se creó un nuevo organismo para hacerse cargo del servicio.

En realidad, el cambio no fue muy difícil. La municipalidad dispuso de personal capacitado, ya que la gran mayoría de quienes trabajaban en la compañía privada decidieron pasar al nuevo organismo 2. Este es autónomo y maneja su propio presupuesto. Lo que le permitió a Dominique Barret, alcalde adjunto y presidente del Consejo de Administración de la nueva entidad, realizar un primer balance: "A partir de 2001 el organismo inició obras por un monto de 1,5 millones de euros, tomados de las ganancias realizadas, las que ahora vuelven a utilizarse para el agua. Más aun, hemos iniciado la construcción de una nueva planta de depuración que estará lista para fines de 2005". Paralelamente, el consumo de agua disminuyó en un 22% gracias a la reducción de las pérdidas que tenía la red. 

Pero lo más convincente es lo que ocurrió con los precios: sobre la base de un consumo anual de 120 m3, la tarifa fue de 3,09 euros el m3 en 1995; de 3,84 en 2000; y de 2,92 en 2004... En cuanto al alcalde, ya nadie viene a proponerle viajar a Metz para consultar un balance incomprensible. Sin embargo, lo que más lo sorprende de este caso es la reacción de los responsables de otras comunas: "Al principio se mostraban escépticos. Me decían, ‘¡no vas a poder hacerlo, te puede traer problemas!'. Hoy en día, muchos de ellos vienen para ver cómo funciona la cosa...". Es como si Drapier hubiera roto un tabú: escapar a las garras de las poderosas multinacionales del agua... 

Esa actitud, curiosa pero prudente, ilustra la ambigüedad de la posición que asumen muchos funcionarios en Francia. Para ellos, el agua es un asunto demasiado complicado y arriesgado como para no confiarlo a profesionales. "Además, las empresas supieron establecer relaciones particulares con las comunas, que van del patrocinio del equipo de fútbol hasta la corrupción que reflejó la prensa, como el caso de Grenoble" 3, explica Antoine Grand d'Esnon, responsable de Service Public 2000, una oficina de estudios creada por la Asociación de Alcaldes de Francia. Por otra parte, los responsables municipales saben que las empresas ganan mucho dinero a expensas de la población local. "Se ponen de acuerdo entre ellas en las licitaciones, y luego generan márgenes de ganancia enormes, fundamentalmente gracias al precio a que facturan el agua", añade Antoine Grand d'Esnon. Eso explica la falta de transparencia casi legendaria de las cuentas de esas empresas.

"‘Las tarifas van a aumentar', nos anunciaron" explica Christian Métairie, alcalde adjunto de Arcueil y encargado del agua en el conglomerado urbano del Valle de Bièvre 4, "y nos enviaron documentos incomprensibles". Los responsables de ese conjunto de municipalidades se plantean entre otros el regreso al sistema público de distribución de agua. Ese servicio está actualmente manejado en la región por el poderoso Sindicato de Aguas de Ile-de-France (Sedif), que reúne 144 ciudades en torno de París, excluida la capital 5, y fue "delegado" a la firma Veolia. Planteo que encuentra eco. "Hace diez años esa hipótesis hubiera sido absurda, hoy en día ya no lo es", afirma Christian Métairie.

Por último, los responsables municipales se hallan ante una opinión pública que cuestiona cada vez más las tarifas y la calidad del agua. El ejemplo de Castres resulta interesante. En esa ciudad de 56.000 habitantes del departamento de Tarn, la acción de un comité de usuarios llevó al alcalde de derecha (UMP) a desvincularse de la Lyonnaise des Eaux, actualmente Ondeo. "Todo comenzó en 1992, cuando las facturas aumentaron en un 60%, lo que nos decidió a averiguar las causas..." explica el presidente del comité, Georges Carceller. Así fue como descubrieron que en 1990 la Lyonnaise des Eaux y la municipalidad de Castres -por entonces dirigida por Jacques Limousy, diputado y cuatro veces secretario de Estado en gobiernos de derecha de 1969 a 1981- ¡habían firmado un contrato por 30 años!, y que a cambio la empresa había pagado un "derecho de entrada" de 96 millones de francos (unos 18 millones de dólares), oficialmente denominado "contribución especial por el derecho a utilizar las redes concedidas": un "regalo" que por entonces no estaba penado por la ley.

Pero el comité de usuarios descubrió también que la Lyonnaise des Eaux se hacía reembolsar discretamente esa suma a través de la facturación del agua, con unos intereses del 8,76%. Así lo reveló en 1996 una importante firma de auditores, luego de que la izquierda ganara la alcaldía de la ciudad. Ese sistema, al cabo de los 30 años previstos, ¡hubiera permitido recuperar tres veces la suma entregada inicialmente! En 1996, en una entrevista concedida a la prensa local, el director general de la Lyonnaise des Eaux reconoció crudamente los hechos: "Está claro que esos 96 millones de francos no eran una ‘donación' [...]. No creo que la municipalidad hubiera podido encontrar un banco que le prestara a 30 años de plazo" 6. Ese pase de magia le permitió a la comuna financiar la construcción de una pista de patinaje y una piscina -obras realizadas por una filial de la Lyonnaise des Eaux- haciendo pagar a través de la factura de agua lo que debía ser abonado como impuestos municipales... Así fue como en 1997 el comité de usuarios llevó el caso ante el Tribunal Administrativo de Toulouse. "Para nosotros, la transferencia de la suma al presupuesto general de la comuna era ilegal teniendo en cuenta una decisión del Consejo de Estado de 1996" 7, explicó Noel Legaré, otro miembro del comité. El 25 de octubre de 2001 el tribunal estimó que las tarifas aplicadas en Castres eran ilegales desde 1990.

Por lo tanto, el nuevo alcalde, electo en 2001, Pascal Bugis (UMP), se vio obligado a volver a aplicar un precio legal y negociar con la Lyonnaise des Eaux. La empresa "quería mantener la tarifa -explicó- u obligarnos a reembolsar los 96 millones de francos. Así que no pudimos ponernos de acuerdo, porque yo no considero esa suma como un préstamo". El 24 de junio de 2003, el consejo municipal de Castres decidió la rescisión del contrato y la creación de un organismo para administrar el servicio. Por su parte, Ondeo reclamó a la municipalidad, por vía judicial, nada menos que 64 millones de euros por el perjuicio que dice haber sufrido, incluyendo el reembolso del "derecho de entrada"... En mayo de 2004 la justicia rechazó ese pedido, pero la firma apeló el fallo. El comité de usuarios reclama actualmente el reembolso de las sumas cobradas de manera indebida a los consumidores desde 1990, es decir, unos 1.000 euros por familia, según sus cálculos. Por último, tanto la municipalidad como Ondeo son objeto de juicios por parte de usuarios. La primera, porque el alcalde en funciones en 1990 no dijo la verdad a la población ni a los representantes de la oposición, por lo que existiría, según el demandante, estafa en la contratación de un servicio público. Ondeo es a su vez objeto de un juicio por ejercicio ilegal del oficio de banquero...

El ejemplo de Castres, a pesar de ser marginal, muestra que actualmente la idea de volver a una gestión pública gana adeptos. En el departamento de las Landas existe otro caso interesante. En 1996, el consejo general de las Landas había decidido aumentar su ayuda financiera en caso de que la gestión comunal del agua fuera pública. El prefecto consiguió que el Tribunal Administrativo de Pau anulara la decisión, argumentando que atentaba contra la libertad de comercio. Pero el 28 de noviembre de 2003 el Consejo de Estado finalmente le dio la razón al departamento, y condenó al Estado a pagar los gastos.

Organismos profesionales 

A veces, el retorno a la gestión pública se concreta sin problemas, como en Châtellerault, una ciudad de 34.000 habitantes en el departamento de Vienne. El tema surgió en el seno de la comunidad urbana local -que abarca esa ciudad y 11 comunas vecinas- cuando dicha entidad decidió hacerse cargo de las tareas de saneamiento. Châtellerault utilizaba los servicios de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO), mientras que las otras comunas contaban con los de un organismo público, el Sindicato intercomunal de suministro de agua y equipamiento rural del departamento de Vienne (Siveer). Los alcaldes hubieran podido elegir la primera, pero prefirieron el segundo, y la ciudad de Châtellerault tuvo que desvincularse de CEO en octubre de 2001, al terminar el contrato con esa firma. Al parecer, en este caso los a priori políticos no tuvieron mucha influencia. "Las comunas estaban satisfechas de las prestaciones de Siveer, por lo que la elección fue simple", explicó el alcalde socialista de Châtellerault, Joël Tondusson.

Sin embargo, Veolia, accionista de CEO, llevó el caso a los tribunales, afirmando que no hubo licitación. La justicia rechazó esa demanda en primera instancia, y la empresa apeló el fallo. "Lo que está en juego en esa pelea es simple: tratan de establecer jurisprudencia para prohibir así que los responsables municipales opten por la gestión pública...", afirma Tondusson. En efecto, será difícil para un organismo intercomunal enfrentarse en una licitación a una multinacional decidida a bajar al máximo sus precios para obtener la concesión. Pero la ciudad de Chatellerault deberá pronunciarse nuevamente en 2006, esta vez sobre el tema de la distribución de agua, ya que ese año vence el contrato con CEO para ese servicio. Y no es para nada seguro que se vaya a optar por una gestión pública directa. El alcalde reconoce que en tal caso "evitaríamos ser desplumados por accionistas", pero al mismo tiempo se interroga sobre "la profesionalidad del sector público, sobre su lentitud...". O sea, que el Siveer sería competente para el saneamiento, pero no para la distribución del agua...

A veces, las decisiones de los funcionarios municipales tienen un carácter más directamente político. "El agua no es una mercancía como las demás", afirma por ejemplo Daniel Bosquet, miembro del partido ecologista y vicepresidente de la Comunidad Urbana de Cherburgo (CUC), en el departamento de Manche, que reúne cinco comunas y 100.000 habitantes. Bosquet libró un largo combate político para que la gestión del agua volviera a estar en manos del sector público. En esa región, el saneamiento estaba tradicionalmente a cargo de la CUC, y era efectuado por un organismo público. El mismo se encargaba también de la distribución de agua en cuatro comunas, mientras que la de Cherburgo había sido "delegada" a Veolia. Naturalmente, al llegar a su término los contratos se planteó la cuestión de la unificación del sistema.

"Yo estaba de acuerdo en tratar el tema, pero quería estar seguro de que el organismo público estuviera suficientemente capacitado", dijo Bernard Cauvin, presidente -socialista- de la CUC. Bosquet obtuvo entonces una auditoría comparativa entre la gestión del organismo público y la de Veolia, sobre la distribución de agua y el saneamiento. Los resultados fueron interesantes: la calidad era la misma, pero el costo era menor en el sector público. Por lo tanto, en julio de 2003 el consejo municipal de Cherburgo decidió volver al sistema público, lo que se concretó a partir del 1° de enero de 2005. Bosquet reconoce que esa decisión se vio facilitada por la existencia previa de un organismo que funcionaba correctamente: "Para que una operación de este tipo pueda concretarse, es necesario que la entidad pública goce de una imagen positiva entre la población". Y tal era el caso en Cherburgo.

Una actitud política similar guía a Anne Le Strat, consejera municipal -ecologista- de París, y directora general de la Sociedad Pública de Producción de Agua (Sagep), que a comienzos de año pasó a denominarse Sociedad Anónima de Aguas de París. La distribución del agua en la capital es casi una caricatura: la mitad de París situada al sur del Sena es atendida por Veolia, el resto por Ondeo. Y hasta 2003, una filial común a ambas empresas se ocupaba de la facturación. Tal era el sistema implantado por Jacques Chirac en 1987, cuando era alcalde de París. En 2003 el gobierno municipal cambió, y pasó a manos de Bertrand Delanoë. Entonces se desarrollaron negociaciones que culminaron con la supresión de la filial encargada de la facturación, pues un estudio realizado por Servicio Público 2000 demostró que sobrevaluaba el costo de sus prestaciones 8. Por su parte, Anne Le Strat logró hacer salir del capital de la Sagep a las dos compañías, que entre ambas representaban el 28%. "En mi opinión, esa presencia no era sana, pues podía haber conflicto de intereses. La Sagep, por ejemplo, es responsable de importantes obras en la red de París, que por otra parte pueden ser confiadas a filiales de Veolia o de Ondeo".

Los contratos con las dos multinacionales llegan a término en 2009 y en 2011. En esa ocasión -estima la funcionaria- habrá que abrir un debate público sobre la gestión del agua en la capital. Para ella, "separar la producción del agua de la distribución no es técnicamente muy inteligente. La red pertenece a un solo propietario, la ciudad de París, y debería ser manejada por una sola entidad". Y esa entidad existe, la Sagep, "que es una sociedad de economía mixta, es decir, una estructura flexible, capaz de evitar la lentitud administrativa, pero controlada por el Consejo de París". Por ahora, Anne Le Strat se siente "aún un poco sola". Pero las cosas pueden evolucionar. Las próximas elecciones serán en 2008, es decir, antes del fin de los contratos, y el agua podría "convertirse en uno de los temas centrales del próximo mandato" municipal. La respuesta está en manos de Bertrand Delanoë y de su gobierno.

  1. Un estudio del Instituto Francés del Medio Ambiente, realizado en mayo de 2001 sobre 5.000 comunas, mostró que la gestión privada generaba un aumento de costos del 27% en la distribución de agua y del 20% en el saneamiento.
  2. El artículo L122-12 del Código de Trabajo estipula que "si se produce una modificación en la situación jurídica del empleador, en particular a causa de una sucesión, venta, fusión, transformación del fondo de comercio, o asociación, todos los contratos de trabajo vigentes al día de la modificación entre el nuevo empleador y el personal de la empresa, siguen siendo válidos".
  3. Alain Carignon, ex alcalde de Grenoble, fue condenado por la Corte de Apelaciones de Lyon, el 9 de julio de 1996, a cinco años de cárcel, cuatro de ellos efectivos,  400.000 francos (unos 76.000 dólares) de multa y cinco años de exclusión electoral, por haber recibido beneficios personales de parte de la Lyonnaise des Eaux y del grupo Merlin (unos 20 millones de francos, equivalentes a 3.800.000 dólares) a cambio de concederles la explotación del agua en su ciudad.
  4. Que reúne siete comunas del departamento Valle de Marne: Arcueil, Villejuif, Gentilly, Fresnes, L'Hay-les-Roses, Kremlin-Bicêtre y Cachan.
  5. Su actual presidente es André Santini, diputado por la Unión para la Democracia (UDF) y alcalde de la localidad de Issy-les-Moulineaux.
  6. Entrevista a Michel Pujol, director regional de la Lyonnaise des Eaux, La Dépêche du Midi, 21-12-1996.
  7. El 30 de septiembre de 1996, el Consejo de Estado precisó, respecto de la ciudad de Saint Etienne, que las tarifas de los servicios públicos de carácter industrial y comercial deben tener una contrapartida directa en el servicio brindado a los usuarios. El equilibrio de la recaudación y de los gastos (artículo L 322-5 del Código de Comunas entonces vigente), la libertad de precios y de competencia (ordenanza del 1-12-1986) no pueden ser obstáculo a esta regla.
  8. Informe sobre la auditoría de la facturación del agua en París, entregado el 17-12-02... aunque el monto exacto de las sobrefacturaciones sigue siendo secreto.
Autor/es Patrick Coupechoux
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 69 - Marzo 2005
Páginas:18,19
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Privatizaciones, Movimientos Sociales, Políticas Locales, Consumo, Monopolios
Países Francia