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Jóvenes víctimas de violencias

El incendio de la discoteca República Cromagnon el 30 de diciembre pasado, con sus 192 jóvenes muertos, es el último, espectacular episodio que pone en primer plano los avatares de la condición juvenil. El último de una serie de hechos que en vertiginosa sucesión presentan a adolescentes, y aun niños, en situaciones de riesgo extremo: involucrados en prácticas delictivas, objetos de tortura, explotación y abandono. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay 10.000 chicos internados no por estar en conflicto con la ley, sino por razones asistenciales.

El 25 de julio de 2004 en San Benito, una población cercana a la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, fue secuestrada Fernanda Aguirre, una niña de 13 años hija de puesteros de flores del cementerio local. Miguel Lencina, presidiario con permiso para salidas transitorias, acusado del rapto y detenido, apareció ahorcado en su calabozo, en un supuesto suicidio. La desaparición de Fernanda dio lugar a redadas en burdeles y zonas de prostitución de Paraná, Rosario, Río Cuarto, Santiago del Estero, Catamarca, donde operan redes de prostitución de menores de edad. La investigación sobre Fernanda tropezó con evidencias de complicidad en el cuerpo policial a cargo de la investigación y en unos meses desapareció de los medios de comunicación sin que el misterio de su paradero se hubiese resuelto.

El 27 de septiembre de 2004, en una escuela pública de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, un muchacho de 15 años terminó a balazos con la vida de tres de sus compañeros de curso y malhirió a otros cinco. Entre las reacciones al estremecedor suceso, se reiteraron la exigencia de bajar la edad de imputabilidad y los cuestionamientos al hecho de que el adolescente haya sido asignado a un centro psiquiátrico en lugar de la cárcel.

En el mes de noviembre pasado, se conocían los resultados de una investigación impulsada por el Instituto Americano del Niño sobre las redes de prostitución infantil que operan en la denominada Triple Frontera, donde se calcula que circulan 3.500 chicos víctimas de explotación sexual. Hacia la misma fecha, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, denunció a jueces de menores por seguir recurriendo al encierro de adolescentes en institutos o comisarías, sin discriminar entre quienes han transgredido la ley, han sido víctimas de delitos o están abandonados. La nueva Ley de Protección Integral de la Infancia aprobada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el 29 de diciembre de 2004 quita precisamente a los jueces de menores la facultad para internar a chicos por pobreza o causas asistenciales. Pero su vigencia se ve postergada por razones que los expertos en infancia y juventud atribuyen a intereses económicos (los internados reciben 600$ mensuales por chico, y las clínicas de rehabilitación 1.200) y a cierto corporativismo judicial 1.

Perpetradores y blancos de delitos 

Las figuras dramáticas y esquivas de estos adolescentes son paradigmáticas de algunas de las cuestiones evocadas en la VI Conferencia Iberoamericana de Niñez y Adolescencia, celebrada los días 18 y 19 de octubre de 2004 en San José de Costa Rica (en la que El Dipló estuvo presente), preparatoria de la XIV Cumbre de Jefes de Estado celebrada del 18 al 20 de noviembre siguiente. Las múltiples formas de violencia que involucran a niños y adolescentes adquieren cifras y contornos precisos cuando se trata de inculparlos, incluso de colocarlos en primera fila entre los enemigos públicos de la comunidad. En cambio se desdibuja y casi naturaliza cuando ellos son objeto de violencia, casos que representan la mayoría, según las estadísticas disponibles.

"Los ninguneábamos, y ahora los vemos como enemigos, responsables de nuestra inseguridad. De ahí vienen las recetas y discursos que piden mano dura, tolerancia 0, tratamiento penal de adultos, gatillo fácil...", dijo Roberto Garretón, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU, para revertir enseguida la noción: "El derecho humano a la seguridad consiste en que cada ser humano tenga la certeza de que sus derechos humanos serán respetados..."

"Los mejores datos son punitivos: cuántos policías, cuántas cárceles, cuántos presos..." admitió Nils Kastberg, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe. En su exposición Guillermo Assis de Almeida, del Centro de Estudios sobre la Violencia en San Pablo, Brasil, reconoció un incremento del crimen violento, tanto perpetrado como padecido por menores de edad, pero demostró con cifras que niños y adolescentes son víctimas más que perpetradores de violencia; registró que se sabe más de los perpetradores que de las víctimas y que eso ha llevado a temer a los jóvenes y a adoptar medidas más duras de sanción juvenil, incluso la de asimilarlos a criminales adultos. Aventuró algunas de las circunstancias que favorecerían ese incremento: grandes cambios en la economía y mercado laboral; procesos brutales de urbanización; incremento del acceso a drogas, alcohol y armas de fuego.

La delegada de Panamá, Leonor Calderón, se enorgulleció de que su partido, el Democrático Revolucionario (PDR), que acababa de ganar la presidencia del país, haya impedido por tres veces consecutivas la aprobación de una propuesta de ley del gobierno anterior, de Mireya Moscoso, denominada "de mano dura", que se proponía penalizar como adultos a los jóvenes desde los 14 años. Admitió un incremento en la inseguridad ciudadana, atribuible a "la desestructuración familiar, el aumento de la pobreza, la desaceleración de la economía y a la incidencia del crimen organizado internacional, que suele utilizar a personas menores de 18 años para la comisión de delitos", pero aclaró que aun así los delitos protagonizados por adolescentes no superan el 3,5%. Ya en el gobierno, el PDR impulsa una propuesta de ley sobre seguridad ciudadana integral, uno de cuyos componentes fundamentales es la prevención, sobre la premisa de que en el 98% de los casos el adolescente que delinque es rescatable.

Ángel García Castillejos, asesor del gabinete del secretario de estado de Comunicación en el Ministerio de la Presidencia en Madrid, hizo una exposición sobre violencia en la televisión, que dio lugar a que se incorporara a la Declaración Final la cláusula 5: " Instar a los medios de comunicación audiovisuales públicos y privados a promover una programación de calidad que respete los derechos de niños, niñas y adolescentes ..."; la cláusula fue vehementemente impulsada y redactada por la delegación venezolana.

¿Trabajo o crimen? 

Las formas específicas de violencia padecida por niños y adolescentes, que fueron el centro de la Conferencia, están mucho más extendidas que la muerte violenta: la explotación de niñas, niños y adolescentes forma parte del paisaje de la región, donde trabajan 17,5 millones de personas menores de 18 años (una de cada cinco), de las cuales 7,5 millones tienen entre 5 y 14 años. Guillermo Dema, coordinador regional de OIT-IPEC para América Central, señaló la correspondencia de estos datos con los 18 millones de adultos de la región que buscan infructuosamente un empleo. Como trabajadores, los niños y adolescentes se ubican en la franja de mayor precariedad, ya que mayormente trabajan en la economía informal, en tareas agropecuarias: en la zona andina, en minería y fábricas de ladrillos; en América Central, en fábricas de cohetes; en toda la región, en basurales, pesca y buceo. El trabajo doméstico es una de las principales actividades de las niñas, un trabajo oculto y plagado de riesgos, sin embargo no reconocidos. El Convenio 182, adoptado en 1999 por la OIT, es el instrumento legal dirigido a eliminar las peores formas del trabajo infantil, entendiendo por tales aquellas asimilables a la esclavitud: venta y tráfico de niños y adolescentes, servidumbre por deudas, trabajo forzado, reclutamiento para conflictos armados (el minucioso informe de Colombia calcula entre 6.000 y 11.000 las niñas y niños reclutados por los diferentes grupos armados ilegales), así como la utilización, reclutamiento u oferta para prostitución, producción y actuación pornográfica y para producción y tráfico de estupefacientes.

Trata, tráfico y explotación sexual fueron precisamente las formas específicas de violencia objeto de la Conferencia. "Tenemos grandes lagunas en las manifestaciones de la violencia. No tenemos una buena base de datos. La reunión es un puntapié inicial hacia la manera de medir esas manifestaciones", admitió Nils Kastberg en su última intervención. En algunos informes por país -el de Argentina, por ejemplo- la cuestión no era siquiera mencionada, sino subsumida en la categoría de pobreza. Se escuchó un discurso propio del conservadurismo católico -muy evidente en las presentaciones de Ecuador, México y Perú- ese que insiste en la priorización de la defensa de la familia tradicional, con invocaciones al acervo moral latinoamericano frente a los predadores supuestamente siempre procedentes de los países desarrollados. No se entendió muy bien cómo aplicar ese criterio en los casos en que, precisamente, la familia no se sostiene o falla en su cometido: uno de los señalamientos de la investigación del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en Argentina para el Instituto Americano del Niño, es que suelen ser los padres quienes entregan a sus hijas a los circuitos de explotación sexual, y una chica que cruza la frontera acompañada por su padre sin pedido de captura no puede ser interceptada. La delegación peruana impugnó en dos oportunidades el uso de la noción de "género" en los documentos (lo asimilaba a promoción de la homosexualidad), e hizo incorporar a la Declaración Final la cláusula 8 sobre fortalecimiento de "la familia como primer espacio natural de formación..." , expresión que atemperó el delegado de España sustituyéndolo por "las familias". Desde otro posicionamiento ideológico, la delegación de Cuba presentó un informe apologético sobre sus propios sistemas de educación y salud, y sólo mencionó la explotación sexual para desestimarla como "secundaria" respecto de la cuestión del hambre.

Los prostituyentes, fuera de foco 

Las exposiciones y opiniones de los expertos desarrollaron más bien las circunstancias de vida de las víctimas que favorecen la trata y la explotación sexual, pero rara vez se centraron en quienes las protagonizan. Por ejemplo, la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, llamó la atención sobre los riesgos que significan para niñas y niños los fuertes movimientos migratorios de la región, ya sea porque queden a cargo de parientes que abusan económica y psicológicamente de ellos, ya porque partan solos a reunirse con sus padres que están en situación ilegal en otro país, ya porque la violencia familiar los arroje afuera de sus casas: en cualquier caso son fácil presa de tratantes y agentes del crimen organizado. Kastberg evocó un dato aportado por la ministra de Salud de Costa Rica, María Rocío Sáenz, según el cual en ese país el 20% de los embarazos son de mujeres menores de 18 años; de ellas el 20% tienen menos de 15 años, y entre estas últimas en el 95% de los casos el embarazo es resultado de incesto. Kastberg considera que cabría extender esas proporciones a toda la región (la de más alta tasa de incesto en el mundo) y que el incesto, así como otras formas de abuso sexual, son frecuentes en las historias de las niñas que entran en los circuitos de prostitución.

Pero Cecilia Claramunt, experta en explotación laboral y sexual, había destacado en su exposición que las causas de la explotación sexual no están en las víctimas de esa explotación; en todo caso hay factores personales, familiares y comunitarios que las hacen más vulnerables a su captura para el comercio sexual. Los informes más cuidadosos hicieron precisamente hincapié en la ausencia de estudios y datos sobre los responsables de las redes de prostitución cuya actividad, correspondiente a la demanda de una clientela -masculina en un 95%- sostiene este negocio.

Se insistió mucho en el "turismo sexual", pero un excelente estudio de IPEC que circuló en la Conferencia: " Explotación sexual comercial y masculinidad", sobre los móviles de la demanda de niñas, niños y adolescentes en prostitución, registra que la abrumadora mayoría de clientes son locales, que la explotación sexual de chicos a partir de la pubertad se ve totalmente naturalizada, y que los clientes adultos responsabilizan a las niñas prostituidas por su falla "moral".

  1. Unicef/TELAM, Noticias de Infancia y Adolescencia, 14-2-05.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 69 - Marzo 2005
Páginas:32,33
Temas Salud
Países Argentina