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Recuadros:

Horror en las cárceles argentinas

El sangriento motín en una cárcel de Córdoba, en febrero pasado, es apenas la última manifestación de un sistema atroz. Es paradójico que en pleno auge del discurso securitario se omita considerar la trascendencia de la cuestión carcelaria para la paz social y el orden público. La República Argentina incurre en este ámbito en graves violaciones al derecho internacional y a su propia Constitución Nacional.

La demagogia punitiva que exalta la función del castigo como única vía de reducción del delito pretende una reacción rápida y contundente para quien infringe la norma penal. Su neutralización y restricción ambulatoria a través del encierro. Pero suele guardar silencio respecto de los principios que deben orientar la aplicación de la pena. Y mucho más aun acerca de la efímera capacidad resocializadora de la realidad penitenciaria argentina.

Esa condescendencia para con las inhumanas condiciones de detención descalifica, tal vez como ningún otro argumento o circunstancia, la exaltación del castigo que propugnan los partidarios de la inflación punitiva. Más propensos a la realidad de las mazmorras y al oscurantismo medioeval, éstos aspiran a reducir el derecho penal a la calidad de fetiche por medio del cual doblegar a los "cuerpos indóciles" que ponen en crisis los modelos vigentes de orden social.

Al hacinamiento y deterioro que caracterizan a las cárceles argentinas ha contribuido una circunstancia que aqueja desde hace décadas a los sistemas penales contemporáneos: la pretensión de dar solución, mediante su manipulación, a conflictos que carecen de naturaleza punible y que deberían ser en cambio encarados en el campo de intervención del derecho administrativo o del derecho civil.

Así, resulta que la experiencia carcelaria se inscribe dentro de una lógica que, de hecho, reduce a cero los derechos de las personas confinadas. Los principios constitucionales que establecen las finalidades resocializadoras de la pena, y las condiciones de higiene y salubridad que deben regir durante su aplicación, verdaderos logros del iluminismo penal, han sido paulatinamente borradas de la superficie política e institucional.

Esto es consecuencia, entre otros motivos, de un interés centrado más en la letra de las leyes penitenciarias que en la observación minuciosa de la cultura autoritaria y la ideología que sustenta la vida en el interior de esa institución de secuestro que es la cárcel. Esto no sólo legitima las actuales formas de intervención ejecutivo-penal, sino que, simultáneamente, las torna impermeables al desarrollo de una cultura democrática y al respeto a los derechos fundamentales 1.

El profundo deterioro de las instituciones penitenciarias en toda la geografía nacional viene acompañado, salvo honrosas excepciones, de la indiferencia de la clase política. Tan sólo en ocasión de los motines y tragedias que se suceden a menudo, como ocurrió en febrero pasado en una cárcel cordobesa, los representantes de la ciudadanía y algunos jueces se acuerdan de su existencia y del carácter residual otorgado a los reclusos.

Cambiar el rumbo

En los últimos meses, sin embargo, se han alzado numerosas voces que llaman a cambiar el rumbo de tan sórdida deriva. Por ejemplo, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS), que en noviembre pasado señaló que la situación de las 9.800 personas detenidas en cárceles federales del país incumplen con lo dispuesto en los artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional 2.

También en noviembre pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comunicó al Gobierno de la Provincia de Río Negro su profunda preocupación por las condiciones de detención de las personas alojadas en la cárcel de encausados de la ciudad de General Roca. Y le recomendó intensificar las acciones tendientes a "hacer cesar los tratos crueles, inhumanos y degradantes constatados durante la visita", coincidentes con los denunciados por el Grupo de Trabajo y Estudio de Derechos Humanos y Personas Privadas de su Libertad (GTEDHPPL), que incluso motivara el reclamo de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

El informe del GTEDHPPL confirmó que 477 internos se hallaban en situación "muy crítica", signada por la falta de separación entre condenados y procesados y entre menores y adultos. Que los reclusos no disponen de recursos para trabajar y estudiar y que son muchísimos los detenidos que duermen en el suelo, algunos sin siquiera un colchón. Las condiciones edilicias, según el informe, resultan pésimas: cloacas obturadas, cableado eléctrico externo en absoluta precariedad, prácticamente todas las ventanas sin vidrios y muchas de las cañerías rotas.

La situación en la cárcel de Mendoza no es mejor. Luego de la denuncia formulada por un grupo de abogados en relación a las condiciones de detención que sufren los alojados en la penitenciaría local, tomó cartas en el asunto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El máximo tribunal del continente hizo lugar a la medida cautelar solicitada a fin de garantizar la vida de los 2.000 internos de esa prisión, considerada como una de las más calamitosas en toda Latinoamérica, cuya capacidad está excedida en un 280% 3.

La medida cautelar es un mecanismo contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica, originado en un pedido de intervención urgente ante la sospecha de que los derechos fundamentales corren serios riesgos de ser vulnerados en algún sitio. En estos casos, la CIDH tiene el poder de corroborar la denuncia y luego expedirse ante el Estado denunciado. Así sucedió respecto del Estado argentino, el que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó al Estado provincial (Mendoza) la magnitud del problema planteado a la Corte: 15 internos muertos en apenas diez meses, entre otros.

Sin embargo, ante la resistencia e inacción del gobierno mendocino, una delegación de la Comisión Interamericana viajó en diciembre pasado a Argentina. Luego de entrevistarse con el presidente Kirchner, la delegación de la CIDH visitó la cárcel de Mendoza en compañía del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde. Desde 1979, en plena dictadura militar, la CIDH no realizaba una visita in loco a Argentina.

Este llamado de atención al país se apoyaba en un antecedente reciente: en Ginebra, durante la 33ª Reunión del Comité contra la Tortura de la ONU, se recomendó a Argentina que prohibiese el alojamiento de menores en comisarías. Fueron tantas y tan graves las denuncias respecto de las torturas y los abusos allí registrados, que el dictamen del Comité adquirió un tono contundente y sin ambages 4.

La "solución" privatizadora 

La privatización de algunos segmentos del sistema penal es un dato insoslayable de la realidad. En Argentina comenzó a principios de los años '90 con la arrolladora aparición de las policías privadas y continúa. La era de las cárceles con fines de lucro se inició a mediados de 1980 en Estados Unidos. Kentucky fue el primer Estado que le entregó el manejo completo de una prisión a una empresa, y desde entonces son más de 140 los centros penitenciarios privados y más de 140.000 las personas alojadas en sus instalaciones. A partir de 1983 este sector ha venido experimentando un crecimiento geométrico: 4.630 plazas en 1988; 32.555 en 1993; y 132.572 en 1998 5.

Actualmente son 17 las empresas que se reparten el mercado de esta poderosa industria privada. Ofrecen un amplio menú de bienes y servicios que van desde los proyectos arquitectónicos y financiamiento para la construcción, hasta el mantenimiento, la administración, el contrato de seguros, la provisión de empleados y la búsqueda y transporte de presos.

Como subraya el sociólogo Loïc Wacquant en Las cárceles de la miseria 6, la hiperinflación carcelaria en Estados Unidos ha propiciado el vertiginoso desarrollo del sector privado, que inclusive cuenta con una revista, la Correctional Building News, con una tirada de 12.000 ejemplares.

En Argentina el proceso se ha puesto en marcha a través de la concesión de ciertos servicios penitenciarios a empresas privadas. En el marco de las actuales restricciones presupuestarias y crisis fiscal, esta opción suscitó desde el comienzo una gran expectativa por parte de las autoridades. La primera cárcel de gestión privada y fines de lucro fue pactada en 1999 entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Justicia provincial y una empresa particular 7.

Se trata de una "cárcel factoría" establecida en el partido de Saavedra, cuya cabecera es la ciudad de Pigüé. El constructor y dueño del establecimiento tiene a su cargo la alimentación y salud de los internos, así como el mantenimiento del edificio. Como contraprestación cobra un canon por cada interno que aloja, con derecho a comercializar el producto de su trabajo. La vigilancia, tratamiento y rehabilitación de los reclusos se encuentran, según lo pactado, dentro de la órbita estatal.

Los defensores de las cárceles privadas aseguran que combinan beneficios tales como calidad de construcción, eficiencia y adecuada administración, así como una considerable merma del costo preso/día. Los contratos de administración carcelaria entre el gobierno y las empresas privadas suelen estipular tarifas fijadas explícitamente por debajo de lo que le ha costado a la entidad pública administrar la cárcel en años anteriores, o sobre proyecciones de lo que le costaría al administrador público en el futuro inmediato.

Pero uno de los aspectos más controvertidos es la explotación de la mano de obra de los reclusos. De hecho, empresas como Microsoft, TWA, Boeing, Konica, Jansport y Victoria's Secret se benefician, a través de subcontratistas, de sus servicios. Situación que condujo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a señalar, en 1998, que el trabajo "forzoso" ha evolucionado en los últimos años, pasando de la esclavitud a la servidumbre por deudas; luego al trabajo por motivos políticos y ahora a la explotación del trabajo realizado por reclusos y reclusas.

Ya entonces la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas había recomendado la realización de "un estudio a fondo sobre todas las cuestiones relativas a la privatización de las cárceles, incluida la obligación de respetar e instrumentar la legislación vigente en el país de que se trate y la posible responsabilidad civil de las empresas administradoras de cárceles privadas y sus empleados".

Restaría en lo sucesivo analizar si los mandatos constitucionales vinculados a las personas privadas de su libertad, incumplidos hasta la actualidad, pueden ser realizados en un ámbito delegado en manos privadas. Si estos nuevos gestores de políticas públicas resultan capaces de compatibilizar el lucro con el bien colectivo y, en definitiva, si esta práctica carcelaria no retrotrae el sistema a la premodernidad.

Si se analiza y toma como parámetro el desarrollo y las prácticas de la seguridad privada en Argentina, sobre todo en lo concerniente a las policías corporativas, no existen motivos para abrigar expectativas de progreso. Por el contrario, todos los vicios que carcomen a la estructura policial tradicional se reproducen en el ámbito privado, potenciados por el afán de lucro y falta de control estatal 8.

Abandono e inflación punitiva 

Una de las principales razones que hacen al abandono en que se encuentran los reclusos es que, una vez impuesta la condena y efectivizada su privación de la libertad, el tribunal que dispuso la condena los olvida por completo. Para evitarlo, la Ley 24.660, que entró en vigencia el 16 de julio de 1996, creó una serie de jueces prioritariamente dedicados a los condenados, con el fin de velar por sus derechos y mantener un seguimiento que les permita observar su progresiva evolución. Son los llamados jueces de ejecución penitenciaria.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de esa norma apenas se pusieron en marcha unos pocos juzgados de ejecución con la obligación de enfrentar una masa de trabajo importantísima y difícilmente abordable: asegurar el respeto de los derechos humanos de los internos y resolver todo incidente o cuestión que se presente durante la ejecución de la pena. Pero también, simultáneamente, controlar que el detenido cumpla con las imposiciones establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba y verificar la reinserción social de las personas que estén con libertad condicional.

Esto determina, en la práctica, la imposibilidad de los jueces para verificar en qué estado se encuentran los internos a su cargo y cuáles son los problemas de la unidad penitenciaria donde están alojados. Esa dificultad supone también la delegación de funciones jurisdiccionales en la administración penitenciaria, que ante la falta de control por parte del juez de ejecución gobierna a los presos a su antojo. De modo tal que puede omitir brindar el tratamiento dispuesto por la ley, manejar el régimen de progresividad como le convenga y decidir arbitrariamente sobre los traslados, las visitas, el ingreso de objetos y correspondencia, así como las condiciones de alojamiento imperantes.

Otro tanto cabe decir acerca de lo que se conoce como "tratamiento", un cuadro de intervenciones destinado a obtener una mera adhesión de conducta por la vía de un sistema de premios al acatamiento de la autoridad institucional. Esos premios, que se otorgan sobre una base legal (progresión de grado y permisos de salida), responden sin embargo a unas técnicas psicológicas de reflejos provocados que, obviamente, poseen un efecto limitado en el tiempo y se orientan a obtener un resultado inmediato, condicionado a una meta prefijada 9. Resulta evidente que el objetivo de resocialización previsto por la ley de ejecución penitenciaria para las penas privativas de libertad no puede alcanzarse mediante semejantes técnicas de sumisión.

Entre tanto, el número de personas privadas de su libertad no cesa de aumentar. Tan sólo en la provincia de Buenos Aires existen 25.000 presos , que aumentan a un ritmo de 300 por mes. Según datos oficiales, la tasa de encarcelamiento creció en esa provincia un 109% en los últimos ocho años, mientras que en igual período en Estados Unidos aumentó un 19% y en Chile un 73% 10.

Las cárceles argentinas deslegitiman día a día la pretensión punitiva del Estado, al incumplir con los requisitos básicos de orden constitucional que la fundamentan y le dan razón ontológica. Y ni hablar de los estándares y reglas de tratamiento de los reclusos fijados por las Naciones Unidas. Entre tantos asuntos de la "deuda interna" argentina, no son menores las urgentes modificaciones necesarias en el ámbito carcelario, marcado por una indisimulable cultura autoritaria y la violación sistemática de los derechos humanos.

  1. Roberto Bergalli, "Cárcel y Derechos Humanos", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, julio de 1993.
  2. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "... las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".
  3. "Por primera vez en Argentina la CIDH intima a regularizar la situación de los presos en las cárceles mendocinas", Equipo Nikzor, 10-12-04.
  4. "La ONU preocupada por los menores en comisarías", Página/12, Buenos Aires, 24-11-04.
  5. Al respecto, entre otros, el informe del National Center for Policy Analysis, "Private prisons succeed"; y los datos expuestos en Private Prison Administration.
  6. Publicado por Manantial, Buenos Aires, 2000.
  7. "Llega la cárcel privada a Buenos Aires", La Nación, Buenos Aires, 25-10-99.
  8. Martín Lozada, Seguridad privada. Sus impactos en el Estado de Derecho, Abaco-Depalma Editor, Buenos Aires, 2000.
  9. Roberto Bergalli, ¿Readaptación social por medio de la ejecución penal?, Publicaciones del Instituto de Criminología, Universidad de Madrid, Madrid, 1976.
  10. Virginia Messi, "Cada mes hay 300 presos más en las cárceles bonaerenses", Clarín, Buenos Aires, 13-12-04.

Artículos publicados

“Mujeres encarceladas, víctimas de la pobreza”, por Marina Da Silva, septiembre de 2003.
“Morir de hambre para no morir de soledad”, por Nedim Gürsel, enero de 2002 (artículo especial para eldiplo.org).
“Menos empleos y más cárceles”, por Marta Vassallo, julio de 1999.

Dossier “Control, cárceles y derechos humanos”, julio de 2003 (edición Colombia):
“El sentido de la pena”, por Nicolás Frize.
“La prisión como incubadora de epidemias”, por Megan Comfort.
“Trabajo para nada legal”, por Séverine Vatant.
“Una década tras las rejas”, por David M. Martínez.

“Rumbos actuales de las penas”, por Massimo Pavarini, noviembre de 2003 (edición Colombia).


Autor/es Martín Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 69 - Marzo 2005
Páginas:34,35
Temas Transgénicos, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Seguridad
Países Argentina