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Recuadros:

Oposición eclesiástica a decisiones vitales

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, por el cual se informa sobre métodos anticonceptivos y se los proporciona gratuitamente en los hospitales públicos y centros de salud ha sido nuevamente objeto de ataques de la Iglesia católica, en ocasión de su relanzamiento mediático; del mismo modo que las declaraciones del ministro de Salud sobre la necesidad de despenalizar el aborto. La opinión pública se muestra a favor y numerosas organizaciones sociales iniciaron una campaña.

El 14 de mayo pasado, en la ciudad de Córdoba, representantes de más de 70 organizaciones pertenecientes a los movimientos feminista, de mujeres y sociales -con predominante presencia de organizaciones de base- procedentes de las provincias de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires, acordaron el lanzamiento de una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, bajo la consigna "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". La campaña se inició el 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres y se extenderá hasta el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Para ese día está prevista una marcha federal hacia el Congreso de la Nación para entregar la siguiente declaración, firmada por los ciudadanos que hayan adherido de aquí a entonces: "Apoyamos la despenalización y legalización del aborto para que toda mujer que decida interrumpir su embarazo pueda hacerlo en forma segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país".

Esta autoconvocatoria hubiera sido impensable sin el impulso surgido de los Encuentros Nacionales de Mujeres de 2003 y 2004, cuando la reivindicación del derecho a la información y provisión de anticonceptivos y el derecho al aborto amalgamaron a las heterogéneas organizaciones de mujeres -desde las agrupaciones feministas que luchan hace décadas hasta las jóvenes de los grupos de piqueteros y asambleístas generados a partir de la crisis de 2001- contra la embestida del fundamentalismo católico.

El movimiento se apoya en la política del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, cuyo planteo exclusivamente sanitario apunta a ampliar, fundando la cuestión del aborto en el aunamiento de los derechos personales y sociales de las mujeres. Las iniciativas del Ministerio transcurren entre la oposición beligerante de la cúpula eclesiástica católica, el inmovilismo pusilánime del establishment político y el resuelto favor de la opinión pública. La última de esas iniciativas es la elaboración de una "Guía para el mejoramiento de la atención post aborto" 1 a distribuirse entre los tocoginecólogos de los hospitales públicos este mes de junio. La guía regula el trato a las mujeres que llegan a los centros públicos de salud con abortos incompletos, con el objetivo de evitar las demoras en que incurren las mujeres por el miedo a la delación y a las humillaciones; sustituye el legrado por la aspiración manual endouterina, un método más rápido y que no requiere anestesia general; e indica consejería en anticonceptivos antes de que la paciente sea dada de alta, para evitar la reincidencia en el aborto. Esta iniciativa conserva el sello de una política que opera por atajos, eludiendo la confrontación abierta con el Código Penal, que con un criterio eugenésico sólo despenaliza el aborto en caso de riesgo para la salud y vida de la madre y de violación de una mujer idiota o demente.

El 28 de abril pasado, por otra parte, se relanzó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, correspondiente a la Ley 25.673, sancionada en octubre de 2002 y reglamentada en mayo de 2003. Se trata de una campaña de difusión del Programa por los medios masivos de comunicación que no se había realizado hasta hoy. El ministro de Salud, Ginés González García, subraya que "(...) todo lo que hagamos en ese sentido es poco; se trata de superar toda una cultura. El drama de todo programa que se basa primero en la información y después en la acción es cómo llegar a los de más abajo. Este está enfocado sobre los sectores más débiles, social, económica y culturalmente, allí donde fallan las estrategias". Precisamente las mujeres de esos sectores que dependen del sistema público de salud son las que acaban hospitalizadas por sufrir las consecuencias de abortos sépticos y las que mueren por no haber podido pagar un aborto en el circuito clandestino. De 1995 a 2000, período en que muchos sectores perdieron empleos estables y sus correspondientes obras sociales, las hospitalizaciones por aborto crecieron en un 57%; el 40% correspondiente a menores de 20 años. El legrado postaborto es la segunda causa de hospitalización de mujeres en edad fértil en el país. 2.

Guía y campaña de difusión siguen al enfrentamiento del gobierno con el vicario castrense Antonio Baseotto -y por elevación con la Iglesia católica y el Vaticano- a que dio lugar la reiteración por parte del ministro de Salud, a mediados de febrero pasado, sobre la necesidad de despenalizar el aborto para reducir la mortalidad materna 3. El ministro tiende a redimensionar el peso de las opiniones de la Iglesia: "Su capacidad de presión está concentrada en la dirigencia, abajo no es así". Y ve la demostración de esto en la creciente popularidad que le han dado sus políticas: los hombres celebran su independencia respecto de los criterios eclesiásticos; las mujeres sienten que está defendiendo sus derechos. En cuanto al peronismo, considera "saldada" en su interior la polémica con la tradición natalista de ese movimiento, fundada en consideraciones demográficas: "No se puede cargar la cuestión demográfica a los pobres, quitándoles información y capacidad de acción", sostiene.

 Informar y prevenir

 Antes de la sanción de la Ley 25.673 se implementaban programas de procreación responsable, el primero de ellos en 1988, en la Ciudad de Buenos Aires. Programas similares se extendieron a otros municipios y provincias a partir de la discusión generada por una ley nacional aprobada por Diputados en 1995, pero "cajoneada" por el Senado, y a partir de los compromisos internacionales contraídos en la 3ª Conferencia de Población en El Cairo (1994) y la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín (1995). En 2004 contaban con programas de esa índole las provincias de La Pampa, Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Misiones, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, La Rioja, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Buenos Aires, Santa Cruz y Entre Ríos.

La Ley homogeneiza una política pública para todo el país y provee de métodos anticonceptivos a los centros públicos de salud. Actualmente "se implementa en las 24 jurisdicciones del país, aunque a distinta velocidad", asegura González García.

La Ley se propone garantizar la información sobre anticonceptivos y métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual en todos los hospitales públicos y centros de salud y su provisión gratuita para todos los ciudadanos a partir de los 14 años. Entre sus objetivos prioritarios se cuenta la reducción de la morbimortalidad materna e infantil y la prevención de embarazos no deseados candidatos a convertirse en abortos (un cálculo conjetural, dada la clandestinidad de la práctica, estima en unos 500.000 los realizados anualmente en el país) que en los sectores sin recursos se realizan en condiciones inadecuadas y pueden llevar a la muerte o a secuelas físicas permanentes.

De acuerdo con los primeros datos sobre el impacto del Programa de que dispone el Ministerio de Salud, mientras en el año 2002 la totalidad de muertes a causa de abortos era el 31% del total de muertes maternas, en 2003 esa cifra se redujo al 27%. En el mismo período, el porcentaje de embarazos en menores de 20 años descendió de 14,6 a 13,2%.

La Ley no incluye el derecho al aborto, y sólo menciona esta práctica con el objetivo de prevenirla. Sin embargo la jerarquía eclesiástica y sectores conservadores reaccionaron aduciendo que la Ley no respeta la patria potestad y asimilando los métodos anticonceptivos y preventivos a procedimientos abortivos. No bien el Ministerio de Salud dio a conocer la campaña, el Secretariado Nacional para la Familia del Episcopado difundió un comunicado donde acusa a la campaña de "cinismo" por presentar a la Ley como una herramienta para prevenir abortos; de "autoritaria" por no presentar las alternativas de ritmos naturales y abstinencia que defiende la Iglesia (en realidad el programa las incluye, mencionando, como en los demás métodos, las condiciones que han de reunirse para que sea eficaz); de "inútil", dado que "fomenta las relaciones promiscuas y consecuentemente el aumento de las ETS" y disfraza el ataque de defensa de los pobres: "Un Estado incapaz de sacar de la pobreza a los pobres, opta por un nuevo intento de hacerlos desaparecer evitando que procreen" dice 4.

Es de destacar que estas declaraciones rehuyen la previsible refutación laica de que un principio moral válido para los católicos puede no serlo para quienes no lo son y que no invocan en ningún momento al cristianismo: hablan en nombre de "recomendaciones internacionales"; "elementales principios éticos"; "alternativas consideradas internacionalmente" y "comprobaciones" no especificadas. Mezclan razones morales con fundamentos supuestamente científicos y se expresan como sector social que reivindica su derecho a ser escuchado.

La Ley ya había sido objeto de acciones judiciales, uno de los modos característicos de accionar de los denominados grupos Pro Vida. Apenas aprobada, la organización Mujeres por la Vida presentó en Córdoba un recurso de amparo contra el Estado para obtener la declaración de inaplicabilidad de la ley; la jueza federal Cristina Garzón de Lascano dio lugar al pedido; el Ministerio de Salud recusó a la jueza y ésta remitió la recusación a la Cámara Federal de Apelaciones. En marzo de 2003 la Cámara Federal de Córdoba impugnó la medida cautelar dispuesta por la jueza y falló a favor del Estado Nacional.

 Mortalidad y adolescencia

 Desde que asumió su cargo en 2002, el ministro de Salud se ha referido insistentemente a las relativamente altas tasas de mortalidad materna en el país: 43 por 100.000 nacidos vivos, con grandes diferencias regionales (197 en Jujuy y 9 en Ciudad de Buenos Aires según estudios de 2002), y a los embarazos precoces, dos hechos para él estrechamente vinculados entre sí y ambos con la pobreza 5. "La política sanitaria no ofrece paliativos a la política económica, apunta a contribuir a salir de la pobreza. El único activo del pobre es su capacidad de trabajo, que pierde si se enferma...," insiste el ministro. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en seis provincias: Chaco, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis y Tucumán, con cifras de mortalidad materna superiores al promedio nacional, en 2002 se produjeron 108 muertes maternas, con un subregistro del 9,5%, frente al 53,3% en 1986. La primera causa de muertes maternas (el promedio es de 27,4% en las seis provincias) son las complicaciones a consecuencia de abortos sépticos. La clandestinidad y la condena social agravan los riesgos de esos abortos, muchas veces asociados con parejas que al mismo tiempo que se desentienden de cuidados anticonceptivos ejercen coacciones violentas contra las mujeres. La mayoría de muertes maternas se da en mujeres que ya tienen varios hijos, o más de 35 años 6.

En cuanto a la maternidad adolescente, definida por el ministro como "bomba social", y "nicho de mortalidad materna e infantil", corresponde un promedio nacional del 16%, que en provincias como Chaco o Formosa llega al 25%. Según un estudio del CEDES titulado "El embarazo en la adolescencia, diagnóstico para orientar las políticas y programas de salud" y coordinado por la socióloga Mónica Gogna, en los últimos diez años la maternidad adolescente descendió de 70 a 59 cada mil jóvenes. Realizado en las maternidades de hospitales públicos de las provincias de Chaco, Misiones, Salta, Catamarca, Tucumán, Gran Rosario y Gran Buenos Aires, sobre chicas de 15 a 19 años que acababan de parir, el estudio desmiente la estereotipada noción de que el embarazo adolescente no es deseado: un tercio de las entrevistadas declaró haber esperado al hijo, especialmente entre las de mayor edad, 18 y 19 años, las que convivían con su pareja y las que no estudiaban. El trabajo subraya la dificultad intrínseca de conductas preventivas en chicas que viven en condiciones de suma precariedad, hacinamiento y con baños sin descarga de agua.

La investigadora Nina Zamberlin, quien aplicó la técnica de grupos focales a varones y mujeres de 15 a 19 años con y sin hijos, evalúa que la búsqueda activa y consciente de un embarazo acompaña en las adolescentes circunstancias particulares: muertes de allegados, la necesidad de compensar la pérdida, espontánea o provocada, de un embarazo anterior, extrema soledad. Entre esta minoría y otra minoría que resueltamente rechaza la maternidad, hay una amplia franja de embarazos inesperados cuya relación con el deseo es difícil de establecer: "Yo no busqué el embarazo, quedé; era como que si quedaba, bueno, quedaba..."; "hay una parte de mí que lo ha buscado, porque yo desde que me he juntado con él nunca me he cuidado..."; "yo al principio quería tener y después cuando quedé embarazada ya no...", etc. Para las chicas la preocupación prioritaria cuando descubren estar embarazadas de modo inesperado es la reacción familiar: intentan abortos artesanales (en las áreas rurales de Chaco y Tucumán recurren mucho a "hierbas frescas") más para evitar el conflicto familiar que por rechazo a la maternidad; pero una vez blanqueada la situación ante los padres, defienden su embarazo si éstos quieren imponer un aborto.

Para los varones, en cambio, la principal dificultad para "hacerse cargo" es la perspectiva de la pérdida de libertad. Las parejas de las adolescentes suelen ser tan jóvenes como ellas, mientras que en los embarazos de niñas de 10 a 14 años las parejas son adultos, a veces de 20 años o más, lo cual configura la existencia de relaciones abusivas y aun incestuosas.

El objetivo del programa al que los sondeos de opinión pública atribuyen mayor importancia es el de prevención del VIH/SIDA. También es uno de los puntos de conflicto con la jerarquía eclesiástica, quien insiste en el carácter poco seguro de los preservativos y en que su distribución es una inducción a la promiscuidad. Lo mismo que con los anticonceptivos, a los que califican de cancerígenos y atribuyen el poder de hacer promiscuas a las adolescentes. El conflicto con el vicario castrense se desató a propósito de la distribución de preservativos y por elevación contra la voluntad de despenalizar el aborto que manifestó González García. En enero de 2005 el Vaticano se apresuró a reafirmar los criterios de abstinencia sexual y fidelidad conyugal como únicos medios lícitos de prevención del SIDA, después de que el secretario general de la Conferencia Episcopal española, Juan Antonio Martínez Camino, en una reunión con la ministra española de Sanidad Elena Salgado, colocara el uso del preservativo "en el contexto de una prevención integral y global contra el SIDA..." En realidad, para la Iglesia el uso del preservativo aparece ya en tercer lugar, después de la abstinencia sexual y la fidelidad conyugal, como estrategia legítima de prevención, incluso en el duro comunicado de la Secretaría de la Familia del Episcopado.

En cualquier caso, a partir de 1996 la principal vía de transmisión del SIDA en Argentina pasó de ser el uso compartido de drogas endovenosas a las relaciones heterosexuales. En 1988 se registraba 1 mujer enferma cada 20 hombres, en 2002, 1 cada 3,8 7.

El Artículo 5 de la Ley 25.673 dice que "El Ministerio de Salud, en coordinación con los Ministerios de Educación y Desarrollo Social, tendrá a su cargo la capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios..." La pata educativa del proyecto es la más débil: no se han incorporado todavía a la educación primaria los conocimientos básicos vinculados con el programa. La polémica sobre la educación sexual induce en primera instancia al equívoco de que se trataría de introducir algo que en la vida de los chicos no existe. En realidad la educación sexual, en tanto transmisión de conductas y los consiguientes valores, ya existe, en primer lugar porque relegarla al terreno del silencio y los tabúes es ya una forma de educación. La formación en la abstinencia sexual y en la fidelidad conyugal que pretenden la jerarquía eclesiástica y algunos sectores religiosos, su noción de los designios de vida de varones y mujeres y de sus respectivos roles sociales, es todo un programa de educación sexual. Se llama equívocamente "estar contra la educación sexual" a oponerse a que el Estado aborde la cuestión sistemáticamente y a través de las redes de salud y educación, intentando al mismo tiempo respetar la inevitable diversidad de criterios y no abandonar a su suerte a ningún sector. Es una misión delicada. Los puntos de conflicto giran en torno de quiénes son los agentes de esa educación (para los sectores más conservadores es exclusividad de los padres de familia); del momento en que debe iniciarse (¿en la escuela primaria o en la secundaria?) y de qué valores transmitir. La jerarquía eclesiástica y los sectores conservadores suelen considerar que la información induce a una actividad sexual temprana, mientras que los partidarios de la información argumentan que por el contrario el conocimiento favorece la conciencia de las consecuencias y por lo tanto las conductas preventivas.

La posición conservadora se opone a la noción de género y a la relativización de los roles consiguientes. La "educación" no podría saltear estos roles, dada la importancia de la función que desempeñan de acuerdo con los mencionados estudios sobre adolescencia: según el mandato social, el "hacerse cargo" de los varones suele circunscribirse a la manutención, misión de difícil cumplimiento en demasiados casos, máxime cuando los varones en cuestión tienen 16 o 17 años. La sanción a la actividad sexual recae sobre las chicas, el varón no tiene sanción familiar ni social, suele alardear de sus proezas sexuales en el grupo de pares y ser objeto de burla por esos grupos si asume su paternidad.

Los sondeos de opinión de los últimos diez años indican un apoyo mayoritario y estable a una educación sexual sistemática, a la información y provisión de anticonceptivos, y a las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al aborto, en la evaluación de la socióloga Mónica Petracci, dedicada a estudios de opinión pública en el CEDES, una "ligera mayoría" (desde el 57% en 1996 al 62% en 2005) aprueba su despenalización. A las preguntas más específicas sobre las circunstancias de la despenalización, predomina el acuerdo para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la vida o la salud física de la madre, malformaciones del feto que hacen previsible su muerte al nacer. Menos apoyo cosechan los casos de riesgo de salud mental (que se ve como transitoria, pasible de terapias, etc.) y los planteos de decisión autónoma de la mujer, sea por razones económicas, fallas de anticonceptivos o por no considerar el momento oportuno. En este terreno se registran grandes brechas entre las opiniones y las conductas reales de quienes opinan. En todo caso, este panorama de opinión desautoriza la conocida excusa según la cual la sociedad no está preparada para un debate sobre la educación sexual y el aborto.

  1. "Guía para el mejoramiento de la atención post aborto", Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Plan Federal de Salud, República Argentina.
  2. Idem.
  3. Hernán Brienza, "En guerra contra el laicismo", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2005.
  4. Comunicado del Secretariado Nacional para la Familia del Episcopado, Clarín, Buenos Aires, 30-4-05.
  5. Marta Vassallo, "Argentina, un país insalubre", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2002.
  6. Silvina Ramos y otros, Para que cada muerte materna importe, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, CEDES, Buenos Aires, 2004.
  7. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Derechos humanos en la Argentina. Informe 2002-2003, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Una historia de conflictos con el Estado

Kwiatkowski, Nicolás

Las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado argentino han atravesado avatares de lo más diversos. Sin embargo, hay en esa historia una constante: la Iglesia no dudó en intervenir con todos los medios –incluso ilegales, como su apoyo a golpes de Estado- cuando vio amenazados lo que consideraba sus intereses.
Muy temprano, por ejemplo, el Vaticano se negó a reconocer las independencias hispanoamericanas, adoptó como política de Estado la defensa de la soberanía española y se negó a establecer relaciones diplomáticas con las nuevas naciones. En Argentina, la Asamblea del año 1813 proclamó una prudente libertad de cultos, pero en 1819 el Directorio reafirmó al catolicismo como religión de Estado. Durante los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia se intentó reformar la estructura eclesiástica y Juan Manuel de Rosas tuvo una actitud ambivalente frente al clero. En cualquier caso, Roma sólo envió un nuevo nuncio a Buenos Aires en 1851, en el punto álgido del proceso que terminaría con la caída de Rosas. El restablecimiento del vínculo dio frutos dos años más tarde: la Constitución Nacional de 1853 sostiene en su artículo segundo que “el Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico y romano” 1.
Durante las presidencias de la llamada Generación del ’80 hubo nuevas y graves tensiones. El Estado liberal intervino fuertemente para garantizar la concreción de un proyecto político, cultural y económico, que entre otras cosas se materializó respecto de los momentos clave de la vida individual: el nacimiento, la educación, el casamiento y la muerte. Así, las leyes de registro civil y matrimonio civil, y la ley 1.420 de educación laica, gratuita y obligatoria implicaban el desplazamiento de la Iglesia de ámbitos en los que hasta entonces predominaba 2. El Vaticano no permaneció pasivo y el nuncio apostólico se puso a la cabeza de la resistencia al laicismo, con un particular encono respecto a la ley de educación. Frente a esta injerencia, que llegó a adquirir visos de rebelión, en 1884 el presidente Julio A. Roca expulsó al nuncio apostólico. Sólo en su segunda presidencia, a comienzos del siglo XX y con otras prioridades políticas, fue posible restablecer las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y el Vaticano.
A pesar de este proceso de laicización, la Iglesia no cayó en la pasividad, sino todo lo contrario. Durante las primeras tres décadas del siglo XX sus cuadros fundaron instituciones de acción católica, organizaron colectas nacionales y construyeron bibliotecas. En la década de 1930 algunas corrientes católicas radicalizadas se vincularon con sectores de la derecha nacionalista en una apelación a la tradición hispánica, jerárquica y católica, con connotaciones que iban del filofascismo al antimodernismo.
El peronismo representa otro hito de importancia 3. Al comienzo el vínculo fue cordial: un moderado apoyo electoral de la Iglesia en 1946 fue la moneda de cambio para que el gobierno justicialista mantuviera la enseñanza religiosa en las escuelas e incorporara en sus filas a algunos personajes identificados con la Iglesia local. Sin embargo, la relación siempre fue algo distante y pronto se produjeron tensiones puntuales. La Iglesia rechazaba el creciente peso del Estado en beneficencia, contenidos educativos y organización estudiantil, así como el culto a la figura de Eva Perón; en tanto que el Justicialismo se sensibilizó por la creación de un partido político católico, la Democracia Cristiana. El conflicto estalló abiertamente a fines de 1954; el gobierno prohibió las procesiones, suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas, introdujo por ley el divorcio vincular y envió un proyecto de reforma constitucional para separar a la Iglesia y el Estado. La Iglesia, por su parte, movilizó a la Acción Católica y radicalizó el proceso al transgredir en Corpus Christi la prohibición de realizar procesiones. Cualesquiera que hayan sido los demás motivos de las violentas acciones militares que concluyeron con el derrocamiento de Perón, su enfrentamiento con la Iglesia no fue un detonante menor.
La cuestión educativa continuó siendo prioritaria para la Iglesia. En 1956, durante el gobierno de Pedro Aramburu, surgieron presiones clericales para que se permitieran las universidades privadas, lo que despertó el rechazo de los sectores progresistas. En 1958 el presidente Arturo Frondizi decidió autorizar las universidades privadas, denominadas “libres”, en igualdad de condiciones con las estatales o “laicas”. El fuerte debate y movilización de los partidarios de la “libre” y los de la “laica” no cambió la determinación del gobierno de congraciarse con la Iglesia 4.
La historia eclesiástica más reciente es igualmente significativa. Tras cierta renovación militante con el Movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo, se impuso una línea más conservadora. Durante la última dictadura militar, por ejemplo, la institución justificó los métodos para la “erradicación de la subversión atea” y toleró que algunos de sus miembros participaran en ella, a pesar de que la represión afectó también gravemente a curas y hasta a obispos. Las críticas a la dictadura fueron acalladas hasta 1981, cuando, tardíamente, el documento “Iglesia y comunidad nacional” afirmó la preferencia episcopal por el sistema republicano. Sin embargo, el renovado apego institucional a la democracia pareció quebrarse durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando la Iglesia reaccionó a la promulgación de la ley de divorcio vincular de 1987 con presiones y manifestaciones, finalmente fracasadas 5. Los intentos más recientes de injerencia eclesial no son más que el último capítulo de una larga historia.

  1. No se trata de un eufemismo: en 2005 el Ministerio de Relaciones Exteriores gastará 15,6 millones de pesos en el financiamiento del culto católico. www.mecon.gov.ar/onp/html/ley-2004/plurianual/planillas/pdf/PLU04J35.pdf
  2. La ley educativa de 1884 no constituía un arresto individual de Domingo F. Sarmiento, por entonces director del Consejo Educativo Nacional. Se trataba de una política de Estado tendiente, en lo fundamental, a disciplinar y nacionalizar a los descendientes del aluvión de inmigrantes. La ley de servicio militar obligatorio, por ejemplo, tuvo después una intención semejante.
  3. Respecto de la década del ’30 y el peronismo, véanse Christián Buchrucker, Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 1987; y Lila Caimari, Perón y la Iglesia Católica, Buenos Aires, Ariel, 1995.
  4. El interés de la Iglesia en la instrucción no ha decaído. La reforma de la educación básica y media durante el menemismo garantizó a la Iglesia la inclusión de ciertos contenidos, que pueden distinguirse fácilmente en los curricula de EGB y Polimodal, disponibles en www.me.gov.ar/consejo/documentos/.
  5. Es famoso el episodio en el que la imagen de la Virgen de Luján fue sacada a la calle en protesta contra la ley de divorcio. Luis Alberto Romero, Breve Historia de la Argentina Contemporánea, Buenos Aires, FCE, 2001.


Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 72 - Junio 2005
Páginas:4,5,6
Temas Políticas Locales, Iglesia Católica, Salud, Medios de comunicación
Países Argentina