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Bolivia, un laboratorio de inclusión democrática

El 6 de junio último, por segunda vez en dos años, los movimientos sociales bolivianos obligaron a renunciar a un Presidente de la República. El objetivo central de las movilizaciones –convocatoria a una asamblea constituyente, nacionalización de los hidrocarburos y más democracia e igualdad– será el eje de la campaña para las elecciones de diciembre próximo. Qué son y qué quieren estos nuevos sujetos políticos.

Los partidos de izquierda bolivianos nunca tuvieron capacidad organizativa para realizar tareas emancipatorias en un país que figura entre los más pobres del continente. En 1982, un frente de izquierda denominado Unidad Democrática Popular (UDP) ganó las elecciones, pero tres años después tuvo que dejar el gobierno debido a los efectos de una gestión marcada por la hiperinflación, la dolarización de la economía y una corrupción desenfrenada. Unos años más tarde, en la década del 90, los grupos identificados con la izquierda terminaron apoyando el proyecto neoliberal impulsado por los partidos tradicionales, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN). La aplicación del neoliberalismo prácticamente no tuvo oposición.

Pero una nueva izquierda surge en abril de 2000, cuando una gran movilización paraliza a la ciudad de Cochabamba y luego de duros enfrentamientos con la policía logra la expulsión de la transnacional Bechtel, que administraba los servicios de agua potable y alcantarillado en esa ciudad 1. Es pertinente hablar de "nueva izquierda" porque no la hegemonizaban las clases medias y los intelectuales y activistas salidos de las universidades, sino los campesinos y los indígenas; estaba dominada por la presencia de los movimientos sociales.

Así, desde abril de 2000 los movimientos sociales pasaron a ocupar el centro de la política boliviana. En septiembre de ese año los indígenas aymaras realizaron un contundente bloqueo, que obligó al gobierno de Hugo Banzer a hacerles concesiones en 71 puntos que incluían reivindicaciones políticas y materiales negadas por siglos a los indígenas. Este triunfo resultó vital para el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) en las elecciones de junio de 2003: Evo Morales, del MAS, llegó a disputar la presidencia en el Congreso ante líder del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Con la llegada del MAS y el MIP al Parlamento 2, los movimientos sociales pudieron luchar en dos frentes: las movilizaciones en las calles y la oposición formal en las deliberaciones congresales.

En febrero de 2003, Sánchez de Lozada decretó un impuesto a los sueldos de los funcionarios y trabajadores, pero los movimientos sociales respondieron con tres días de insurrección que concluyeron con la reversión de la medida. Ocho meses después una nueva insurrección popular derroca a Sánchez de Lozada, con la nacionalización de los recursos naturales como bandera. En enero de 2005, el movimiento social de El Alto expulsa a la empresa Aguas del Illimani, subsidiaria de la transnacional francesa Suez, y cinco meses depués empuja a Carlos Mesa a renunciar.

La reinvención de la democracia 

En términos organizacionales, la fuerza de estos movimientos sociales se asienta en que han sabido crear mecanismos de protesta, movilización y participación; de adhesión y filiación colectiva a escala regional y nacional adecuados a la nueva conformación híbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia.

Los movimientos sociales bolivianos no realizan actividades de protesta y reivindicación solamente. Son ante todo estructuras de acción política, porque el sujeto de interpelación de sus demandas es en primer término el Estado. Buscan la abolición de la ley de aguas; la anulación de los contratos de privatización; la suspensión de la erradicación forzosa de la coca; la soberanía sobre la territorialidad indígena; una asamblea constituyente; la nacionalización de los hidrocarburos... Todo un programa político.

Por otro lado, las movilizaciones sociales han estado orientadas a visibilizar y enmendar agravios estructurales de exclusión política y de injusta distribución de la riqueza. Los movimientos sociales han retomado las tradicionales palestras locales de deliberación, gestión y control (asambleas, cabildos), proyectándolas regionalmente como sistemas no institucionales de participación y control público que han paralizado (y por momentos disuelto), el armazón institucional del Estado en varias regiones del país, como el altiplano norte, el Chapare, Cochabamba y El Alto.

Los movimientos sociales bolivianos han transformado el espacio desde donde se produce la política, rediseñando el origen socioeconómico y étnico de sus actores, innovando en técnicas sociales para hacer política y mutando radicalmente el sentido y los fines de la política. Los 80.000 cochabambinos en el cabildo del año 2000; los 500.000 aymaras en turnos de bloqueo en septiembre de 2000 y junio de 2001; las 30.000 familias cocaleras en sus sindicatos asumiendo la defensa de su producción; los más de 300.000 vecinos alteños movilizados y marchando por el gas y los miles de indígenas del Oriente movilizándose por el respeto de su territorialidad, muestran la irrupción multiforme de nuevos sujetos de la política que, rompiendo el monopolio de las decisiones, amplían radicalmente la base socioeconómica y étnica de las personas con aptitud para participar en la definición del rumbo del Estado.

Esta decidida irrupción de la plebe indígena trabajadora obliga a tener en cuenta los reclamos de esta parte de la sociedad en las decisiones políticas, lo que resulta un hecho incuestionablemente democrático. Y puesto que esta ampliación de lo político está centrada en los modos de distribución de las riquezas colectivas (tierra, agua, recursos públicos, hidrocarburos, etnicidad legítima), los movimientos sociales están introduciendo un profundo proceso de igualación sustantiva de la población. Lo que está siendo así superado es una de las inconsistencias estructurales del régimen liberal representativo: la discriminación.

Los movimientos sociales

Entre los más importantes, es necesario mencionar:

1. La Federación de Juntas de Vecinos de El Alto (FEJUVE), que nuclea a las asociaciones barriales urbanas de la ciudad. Formada en 1954 cuando El Alto era apenas una aglomeración de barrios semi-urbanos, FEJUVE agrupa a la mayoría de los 700.000 vecinos, predominantemente indígenas (80%) y de reciente migración rural. Las "células" de FEJUVE son comunidades urbanas de tipo territorial (las juntas de vecinos), y representan el único "seguro social" autónomo con que cuentan los inmigrantes para construir sus viviendas, empedrar sus calles, instalar servicios básicos o regular la seguridad local. Las juntas de vecinos de El Alto ha cobrado protagonismo en los últimos años a raíz de una creciente politización de sus demandas, enfocadas a la desprivatización de los bienes urbanos básicos (agua, luz, transporte), a su participación en la rebelión social que destituyó al presidente Sánchez de Lozada en 2003 y a la conducción de la demanda de nacionalización de los hidrocarburos en los meses de mayo-junio del 2005. Con una elevada proporción de obreros y operarios (alrededor del 40%), y una fuerte presencia discursiva de la ideología indigenista en sus estructuras organizativas barriales, las juntas vecinales son la cara más nítida de un tipo de movimiento social que combina la antigua experiencia obrera del sindicato con el discurso y las prácticas indígenas aymara de base urbana.

El papel protagónico de las juntas de vecinos se ha ido gestando en los últimos cinco años. El primer momento de autonomía política de FEJUVE se produjo cuando, rompiendo con las redes clientelares que ataban a las juntas vecinales a los partidos de gobierno nacional y municipal, participó en la demanda de la ciudad de El Ato por una universidad pública. Las movilizaciones duraron dos años (2001-2003), tensionando las redes barriales y generando una creciente politización. En agosto de 2003, las juntas vecinales realizaron un paro de 48 horas en rechazo de una exigencia municipal y unos meses después, en septiembre-octubre del 2003, recibieron la "posta" de la movilización iniciada por los campesinos aymaras del altiplano en contra de la venta de gas a Chile. Aquella "insurrección desarmada" culminó con la huida del presidente Sánchez de Losada, no sin pagar el precio de 69 muertos por la represión.

En enero del 2005, una nueva movilización de FEJUVE logró la rescisión del contrato de la empresa francesa Suez- Aguas del Illinani y finalmente, en mayo y junio, las juntas vecinales lideraron un nuevo ciclo de protesta nacional con un paro de actividades de 3 semanas en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, que culminó con la renuncia del presidente Mesa.

2. Central Obrera Boliviana. Articulada en torno a los sindicatos obreros de gran empresa, la COB surgió en abril de 1952, inmediatamente después de la revolución obrera y popular que llevó al gobierno al MNR, nacionalizó las minas de estaño y universalizó el voto. Convertido en el único movimiento social nacional con hegemonía obrera, la COB logró unificar a otros sectores laborales (campesinos, estudiantes, profesionales, profesores, pequeños comerciantes, etc.) y libró un duelo político con las Fuerzas Armadas durante todo el período dictatorial, desde 1952 hasta 1982.

Principal abanderada de la recuperación de la democracia, su base obrera fue desmantelada precisamente desde el inicio de los gobiernos civiles, que aplicaron programas de ajuste estructural y una reestructuración empresarial, incluidas las privatizaciones. Con la desaparición de las grandes empresas públicas y privadas de obreros sindicalizados y de contrato fijo, la COB atravesó una profunda crisis organizativa e ideológica que la llevó a perder su protagonismo político ante otros movimientos sociales de base territorial y local, con mayor capacidad de convocatoria y de presión sobre el Estado.

En la actualidad, el núcleo de la COB está formado por los maestros sindicalizados de las ciudades, los trabajadores estatales de salud y los obreros de la última empresa semi-estatal (Huanuni), lo que la ha llevado a moverse al compás de las acciones de otras organizaciones sociales. En el último conflicto -junio de 2005- adhirió a la convocatoria de la FEJUVE y buscó radicalizar las movilizaciones, en la perspectiva de promover una lucha por el poder político.

3. La Coordinadora del agua y el gas de Cochabamba. El modelo neoliberal debilitó las posibilidades de movilización laboral -por las privatizaciones y cierres de fábricas- en los centros de trabajo, pero las redes compuestas por obreros sindicalizados y no sindicalizados, por desocupados, pequeños comerciantes, estudiantes e incluso profesionales, han logrado articular marcos organizativos de movilización en torno a la defensa de necesidades vitales (agua, tierra, energía), con gran capacidad de impacto político frente al Estado. Así surgieron la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y otras varias, con la particularidad de unificar de manera temporal, en torno a objetivos precisos y modos de deliberación horizontales y flexibles, a organizaciones locales urbanas y rurales y, además, a individuos que de otra manera carecerían de posibilidades de integrarse a otras formas de organización más disciplinadas y jerárquicas, como los sindicatos o gremios.

En abril de 2000, la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida logró expulsar del país a la transnacional Bechtel.

Mayoría indígena

En Bolivia, el 62% de los habitantes mayores de 15 años se autoidentifican como pertenecientes a algún pueblo indígena y poco más del 40% de la población tiene como lengua materna un idioma indígena 3. De los 38 pueblos originarios que existen en Bolivia, los dos más importantes son los quechuas, que constituyen el 30% de la población total boliviana, y los aymaras, que llegan al 25%. Los quechuas se hallan ubicados mayoritariamente en las zonas de los valles, en tanto que los aymaras en el altiplano, tanto rural como urbano. De hecho, la tercera ciudad más importante del país, El Alto, es mayoritariamente indígena. Los otros 36 pueblos, ubicados principalmente en las zonas de tierras bajas y llanos del país, llegan al 6% del total de la población censada.

Si bien la historia de los pueblos indígenas del continente está atravesada por ciclos de exterminio, de insurgencia, de pactos y de inclusiones parciales en la estructura nacional, en Bolivia los procesos de asimilación y mestización cultural del último siglo no han logrado disolver o atenuar las profundas diferencias socioeconómicas entre las identidades sociales.

No es extraño por tanto que en las últimas décadas los movimientos sociales indígenas hayan recobrado y ampliado su vitalidad política y acumulado una capacidad política parlamentaria y extraparlamentaria que los convierten en las principales fuerzas sociales de interpelación al Estado; en referentes esenciales de gobernabilidad; en sujeto principal de una necesaria reforma institucional e, incluso, en una fuerza con razonables posibilidades futuras de acceder democráticamente al gobierno del país.

Por la diversidad histórica de sus pueblos, en Bolivia no hay un solo movimiento indígena que no haya incursionado en las luchas sociales y políticas. No obstante, difieren notablemente en sus reivindicaciones, en su actitud ante el Estado, en sus repertorios de movilización, en su identidad y base social.

Entre los más importantes es necesario mencionar:

1. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), lleva el nombre de un sindicato pero en realidad está compuesta por comunidades campesino-indígenas y es la estructura organizativa indígena más antigua de este nuevo ciclo de movilizaciones, iniciado hace 30 años precisamente entre los aymaras urbanos y rurales. La CSUTCB inicialmente articulaba a las comunidades indígenas aymaras y quechuas, pero en los últimos años se ha fracturado en dos partes: una, liderada por los quechuas (Román Loayza), cuya organización es la de mayor extensión geográfica; otra, liderada por los aymaras (Felipe Quispe), es la de mayor capacidad de presión política.

Los aymaras, afincados en los departamentos de La Paz y Oruro, tienen mayor cohesión social, capacidad de movilización (los bloqueos de caminos más importantes del país se dan en esta zona) y una mayor conciencia de su identidad resultante de una extendida e influyente intelectualidad indígena, que en las últimas décadas ha recreado una narrativa histórica sobre la autonomía de la nación aymara. Aunque en el movimiento aymara existen a la vez múltiples tendencias y varias formas organizativas de movilización (partidos políticos, agrupaciones culturales, vecinales, etc.), la CSUTCB, que agrupa a todas las comunidades campesinas organizadas en torno a fidelidades tradicionales, es la más importante y compacta fuerza sociopolítica de movilización del país cuyas reivindicaciones están dirigidas exclusivamente hacia el Estado.

Portadora de una clara identidad indígena en confrontación con el Estado, al que califican de colonial, la CSUTCB combina reivindicaciones económicas (caminos, salud, educación, tractores, apoyo económico), con exigencias sociopolíticas (nacionalización de los hidrocarburos, nuevo modelo económico, autogobierno indígena). Para obtener reconocimiento ha combinado la sublevación con la negociación y ha ido transitando hacia un tipo de nacionalismo aymara con crecientes demandas de autogobierno. En la última década, su discurso ha irradiado a sectores indígenas urbanos y al resto de los movimientos indígenas del país, especialmente en la FEJUVE de El Alto, donde la mayoría de los repertorios de movilización campesina han sido readaptados para su empleo en el mundo urbano.

2. Federaciones de Productores de hoja de coca de los Yungas y el Chapare, integradas por las comunidades indígenas-campesinas de los valles interandinos y el trópico boliviano del departamento de Cochabamba (Chapare) y de La Paz (Yungas). Compuestas por poco más de 50.000 familias, su identidad organizativa ha mutado en las últimas décadas de una autoidentificación campesina hacia una campesino-indígena.

La mayor parte de las comunidades está integrada por aymaras en el caso de los Yungas, centenaria zona tradicional de cultivo de hoja de coca, y por campesinos quechuas y ex obreros despedidos en el Chapare, región de expansión del cultivo de hoja de coca en las tres últimas décadas. Organizados en torno a comunidades agrarias ("sindicatos"), los productores de hoja de coca han tenido que soportar el asedio estatal, militar y judicial más agresivo desde la intervención militar a los campamentos mineros en los años '60. A partir de la defensa del cultivo de la hoja de coca, los sindicatos de productores se han convertido en las organizaciones más activas, disciplinadas y efectivas de resistencia frente al Estado boliviano y las presiones de Estados Unidos, cuya política consiste en erradicar la totalidad de los cultivos.

Desde principios de este siglo, y a raíz de la emergencia de la fuerza de los múltiples movimientos indígenas en todo el país, el movimiento cocalero ha implementado estrategias de alianzas regionales y nacionales con otros movimientos y sectores sociales, dando lugar a la formación de un "instrumento político" electoral que les ha permitido obtener el segundo lugar en la elección nacional de 2002, a sólo un punto porcentual del partido ganador, el MNR. Este "instrumento político", el Movimiento al Socialismo (MAS), es una coalición flexible de múltiples movimientos sociales indígenas y no indígenas, rurales y urbanos, laborales, gremiales y campesinos que han expandido al ámbito parlamentario sus estructuras de movilización. El MAS, cuyo principal dirigente es el líder indígena Evo Morales, es con mucho la fuerza política electoral con más posibilidades de obtener a mediano plazo que un indígena acceda a la presidencia de Bolivia. Es por ello que Morales ha venido modificando su lenguaje, con el fin de integrar a su proyecto a sectores urbanos mestizos.

3. La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), agrupa a decenas de pueblos indígenas de tierras bajas de la Amazonia y el Chaco, de amplia presencia de latifundios. Estas organizaciones indígenas, fundadas a fines de los años '80, han logrado articular a numerosos pequeños pueblos, como Chiquitano, Ayoreo, Guarani, Mojeño, etc., durante mucho tiempo ignorados por su baja densidad demográfica. Autoasumidos como indígenas, sus demandas, a veces contra el Estado y a veces contra los hacendados y empresarios agrícolas de la región, son de carácter más reivindicativo (títulos de propiedad comunitaria, proyectos de desarrollo, educación bilingüe, etc.). A diferencia de los movimientos indígenas de tierras altas, que emplean los bloqueos de caminos para enfrentarse al Estado, las organizaciones indígenas de la zona oriental utilizan de preferencia las marchas y están más inclinadas a las negociaciones y pactos con el gobierno.

Maquinarias democráticas

Aun cuando hablen de guerra civil o de toma violenta del poder, los movimientos sociales bolivianos son maquinarias de democratización de la sociedad. Desde abril de 2000 han logrado que el Estado neoliberal modifique sus políticas, principalmente las referidas al manejo de los recursos naturales y colocando como punto central del debate político la necesidad de ir a una asamblea constituyente para sellar un nuevo pacto social en Bolivia. Por otra parte, su participación en los procesos electorales, a través del MIP y el MAS, convirtieron el capital de movilización de los sindicatos y comunidades en capital político electoral de autorrepresentación indígena. En ese sentido, los movimientos sociales bolivianos pueden ser entendidos como un desborde democrático de la sociedad sobre las instituciones de exclusión y dominio prevalecientes. Lo que resta saber es si estos movimientos podrán convertir parte de sus demandas, prácticas y diseños organizativos en una estructura normativa general que consolide un rediseño estatal que, de darse, será muy distinto a todos los tipos de Estado republicano conocidos hasta hoy. En este sentido, Boliva es hoy un apasionante y revolucionario laboratorio de pruebas sociales y políticas.

  1. Franck Poupeau, "Vivendi y el agua en Bolivia", InfoDiplo, 10-5-02.
  2. En las elecciones de 2002, el MAS de Evo Morales logró 35 escaños parlamentarios y el MIP, de Felipe Quispe, 6 escaños.
  3. Censo Nacional de 2001, Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.
Autor/es Álvaro García Linera
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 73 - Julio 2005
Páginas:4,5
Temas Estado (Política), Movimientos Sociales
Países Bolivia