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Fósiles en peligro de extinción

El contrabando en Argentina no es un problema nuevo ni restringido al patrimonio cultural. Pero a diferencia de, por ejemplo, el tráfico de autos robados a Paraguay, que puede pensarse como un fenómeno regional, el comercio ilegal de bienes culturales (que mueve mundialmente 1.000 millones de dólares al año) sólo puede entenderse en el contexto mundial. El Estado argentino no atina a definir una política clara.

Las primeras expediciones paleontológicas en el país se realizaron en los inicios del siglo XIX: se trataba de descubrimientos que incorporaban al imaginario popular una fauna hasta el momento desconocida. "A partir de 1850, con la difusión de la paleontología, promovida desde París y Londres, se genera un negocio específico dedicado a la extracción y exportación de fósiles, en el que participaban enviados de los museos europeos, diplomáticos, vendedores locales y aventureros que recorrían el mundo en busca de colecciones. No podemos hablar de tráfico ilegal porque tampoco había regulación", explica Irina Podgorny, doctora en Antropología, investigadora del Conicet y especialista en el desarrollo de museos científicos durante los siglos XIX y XX.

A pesar de que en 1913 se promulgó la Ley 9.080, que declaraba la propiedad del Estado argentino sobre los sitios arqueológicos y paleontológicos y sobre todos los bienes que se encontraran en los mismos -incluso los que ya estuvieran en custodia de particulares-, la situación permaneció inalterable: la imposibilidad de ejercer control en zonas prácticamente despobladas, sumada al desconocimiento público acerca de la conservación del patrimonio, determinó que el tráfico de bienes culturales siguiera siendo un próspero negocio que, convertido en contrabando, fue acrecentándose con el correr de las décadas.

El interés creciente del público por los museos científicos, especialmente notorio en los últimos treinta años del siglo XX, es directamente proporcional al interés de particulares por iniciar o acrecentar sus propias colecciones. Las razones que explican este segundo fenómeno obedecen, en primer lugar, a las pequeñas fortunas emergentes de países económicamente prósperos. La avidez de los nuevos coleccionistas por poseer objetos exóticos que les otorguen cierto prestigio intelectual se vio incentivada por películas como Jurassic Park, que dispararon el contrabando de huevos de dinosaurio, una "especialidad" de Argentina 1. En segundo lugar, la inequitativa distribución de la riqueza a nivel mundial hace que sea relativamente fácil para los traficantes encontrar a algún huaquero 2 dispuesto a robar piezas arqueológicas o paleontológicas del campo vecino, o a un hacendado dispuesto a desmantelar su propia estancia a cambio de las cada vez más abultadas cifras que se pagan por este tipo de hallazgos. Por otro lado, la posibilidad de ofrecer en internet los bienes saqueados convierte al tráfico ilegal en un negocio relativamente anónimo.

En suma, el contrabando de patrimonio cultural se ve favorecido por una serie de factores a nivel global que lo convierten en un negocio millonario, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas 3.

La ruta del contrabando

El origen y destino de los bienes robados no escapa a la lógica de todo contrabando mundial: viajan desde los países pobres hacia los países ricos. Regiones específicas de América Latina y de África son las principales proveedoras del patrimonio arqueológico y paleontológico ofrecido en los mercados europeo y estadounidense.

La mecánica del tráfico ilegal en Argentina estuvo determinada por el nivel de corrupción dominante según la época que se prefiera analizar: en las últimas dos décadas del siglo XX, por ejemplo, las palas excavadoras cargaban en la Patagonia colecciones de fósiles que se embarcaban directamente en los puertos clandestinos.

Actualmente se utilizan procedimientos menos obvios pero igualmente efectivos: por un lado, el saqueo por encargo de museos científicos; por otro, la triangulación de cargamentos de fósiles "basura". Así, contenedores con fósiles sin valor comercial provenientes, por ejemplo, de Marruecos -que no tiene legislación de protección de patrimonio cultural- llegan al puerto de Buenos Aires, donde son reemplazados por fósiles valiosos: cuando el cargamento parte hacia su destino final, es imposible que el empleado de la aduana distinga la mercadería enviada de la recibida.

Una vez en su lugar de destino, el dealer ya tiene ubicados a los compradores de las piezas, quienes pagan los precios que determine el mercado para tal o cual objeto, valor que depende de factores como su antigüedad, rareza, belleza o simplemente, la moda. En ocasiones, son los mismos destinatarios finales quienes hacen un pedido especial al dealer: esa pieza única que falta en su colección. Se origina así una cadena de pedidos que concluye en una excavación ilegal o en el robo a un museo: de este modo, la pieza está vendida antes de su posible ingreso al mercado. En cuanto al precio "objetivo" de las piezas, es imposible de establecer y la comunidad científica no se presta al juego de hacerlo, ya que considera que son objetos o restos cuyo valor, eminentemente cultural, es incalculable en términos económicos.

La transacción, como se ha dicho, también puede efectuarse a través de internet: en el sitio www.precolumbianart4sale.com, por ejemplo, el estadounidense David Bernstein se define como "distribuidor privado especializado en arte andino precolombino" y se ufana de contar con una cartera de clientes que incluye "coleccionistas particulares, colecciones de arte corporativas y museos de todo el mundo". En el sitio se ofrecen piezas de cerámica, metal y textiles precolombinas cuyos precios oscilan entre los 300 y los 60.000 dólares estadounidenses, a depositar en una cuenta bancaria.

La legislación argentina

La preocupación de organismos internacionales, especialmente la Unesco, por el creciente volumen de tráfico ilícito de bienes culturales, desencadenó desde la década del '70 el interés mundial en promulgar leyes al respecto o actualizar las existentes 4. En Argentina, la norma vigente desde principios del siglo XX fue reemplazada en 2003 por la Ley 25.743. "Es una ley más aggiornada, que tiene en cuenta otro contexto mundial. Una de las características más distintivas con respecto a su antecesora es que hace una especie de borrón y cuenta nueva con los coleccionistas", explica Rafael Goñi, antropólogo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), organismo oficial que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y que tiene a su cargo la tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico del país. El "borrón y cuenta nueva" al que alude Goñi se refiere al "permiso" que la legislación actual otorga a los coleccionistas para conservar las piezas adquiridas en el pasado, aun cuando la prohibición para comercializar bienes arqueológicos y paleontológicos rige desde 1913. Otra novedad que incorpora la nueva ley es la creación de un Registro Nacional para todas las colecciones existentes a la fecha de su promulgación: la medida alcanza tanto a museos como a particulares, quienes mantendrán la custodia de las piezas declaradas aunque no su propiedad, que sigue siendo del Estado. Asimismo, prohíbe el incremento de las colecciones privadas, por considerarlo un robo.

A medida que se suceden los artículos, la ley pierde claridad y comienza a contradecirse. En su artículo 19, por ejemplo, establece que los propietarios de colecciones inscriptas en el Registro Oficial no podrán vender las piezas sin ofrecerlas previamente al Estado nacional o provincial. De esta forma, autoriza a particulares a vender -aunque en otros artículos prohíbe claramente la comercialización- y ubica al Estado en el lugar de comprador prioritario de su propio patrimonio. En consecuencia, las interpretaciones dependen del interlocutor: según Eduardo Ottone y Beatriz Aguirre Urreta, profesores de Paleontología de la Universidad de Buenos Aires, "la venta de piezas arqueológicas y paleontológicas es ilegal y siempre lo fue"; sin embargo, Marcelo El Haibe -principal a cargo del Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol Argentina- considera que "la comercialización no está prohibida si se respetan las reglamentaciones vigentes", y agrega: "la ley lo dice clarito".

En cuanto a las penas previstas para cada uno de los eslabones de la cadena comercial, la ley castiga tanto a quien realiza la excavación clandestina como a quien la ordena, con una pena que oscila entre un mes a un año de prisión o reclusión e inhabilitación especial de hasta tres años, la aplicación de la multa correspondiente de acuerdo a la magnitud de la alteración realizada y el decomiso de los objetos. Para aquella persona que, dentro del territorio nacional, transporte, almacene y/o comercialice las piezas extraídas, la pena incluye inhabilitación especial de hasta cinco años y prisión de entre dos meses y dos años. A la tentativa de exportación, en tanto, se le aplican las penas previstas por el Código Aduanero para el delito de contrabando, que establece prisión de 6 meses a 8 años.

¿Público, privado o mixto?

Mientras que la intimación legal para registrar colecciones particulares fue virtualmente ignorada -sólo se declararon un centenar de piezas en manos privadas-, los coleccionistas temen por el futuro de sus lotes y por la custodia del patrimonio que, argumentan, el Estado no puede realizar en forma efectiva. Al respecto, Rafael Goñi es terminante: "El coleccionista nunca operó de buena fe y conoce perfectamente la ruta del objeto conseguido: sabe que está generando tráfico ilegal y que en el origen de la cadena se encuentra gente explotada que vive en la miseria más atroz. Nadie es inocente en este asunto". Y agrega que aunque en otros países este tipo de tráfico está permitido, la comunidad internacional lo condena. "No es una idea loca de cuatro argentinos; estamos hablando de consenso mundial al respecto."

Irina Podgorny, sin embargo, piensa que se debería tomar una posición más conciliatoria y trabajar con los coleccionistas: "Si hacemos un paralelo con el mercado del arte -comparación que la comunidad científica rechaza, aunque también forma parte del patrimonio cultural-, tenemos emprendimientos privados como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) que son celebrados por artistas y público en general".

Pero en el caso de bienes arqueológicos, la situación es bien distinta. Un ejemplo paradigmático es el del nunca inaugurado Museo Argentino de Arte Precolombino (MAAP). El proyecto del mencionado museo, impulsado por la Fundación Ceppa (Centro de Estudios para Políticas Aplicadas), proponía un modelo de gestión mixta con el Estado para la creación de un espacio donde se expusieran más de 3.000 piezas y que además albergara una biblioteca con 10.000 volúmenes dedicada a la investigación de las culturas indígenas. La Fundación, presidida por Matteo Goretti -politólogo italiano radicado en el país desde 1967 y custodio de la colección de arte precolombino en manos privadas más importante del país-, sugería como sede del museo a la Casa de Ejercicios Espirituales Nuestra Señora de Belén, construcción jesuítica del siglo XVIII ubicada en San Telmo, declarada Monumento Histórico Nacional y sede del Museo Penitenciario. El trámite para la concreción del MAAP se inició en 2002 con el visto bueno del entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Álvarez, y la adhesión de importantes personalidades de la cultura, como Manuel Antín, Tomás Eloy Martínez, César Pelli, Guillermo Roux, Lalo Schifrin, Antonio Seguí, María Sáenz Quesada y Félix Luna, entre otros. Se sucedieron luego funcionarios y gobiernos y el expediente fue diluyéndose con el tiempo. Mientras tanto, Goretti repitió el ofrecimiento al gobierno uruguayo, que rápidamente puso en marcha la creación del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), inaugurado en septiembre pasado. El museo está administrado por una comisión designada desde la Intendencia Municipal de Montevideo y tiene sede en un local que pertenece al Estado uruguayo. La Secretaría de Cultura argentina presentó entonces una denuncia ante Interpol reclamando la restitución de varias piezas exhibidas en el museo uruguayo, argumentando que habían sido declaradas en el Registro Nacional pero no contaban con autorización para salir del país. En medio de una fuerte controversia y luego de que la Policía Aduanera realizara los allanamientos del caso, el entonces secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, convocó a una conferencia de prensa para exponer la postura oficial. La disertación del funcionario quedó opacada por el escándalo que produjo la interrupción abrupta del mismo Goretti, quien intentó explicar que las piezas exhibidas en el museo uruguayo forman parte de otra colección y que habían sido adquiridas en ese país y no en Argentina 5. Poco antes de dejar su cargo, Di Tella destacó la importancia de la contribución privada para las políticas culturales del país y calificó el caso del MAPI como un "malentendido" 6.

Es probable que el problema acerca de la protección y conservación del patrimonio cultural no se resuelva en el futuro cercano; sin embargo, queda claro que es necesario ampliar la mirada que lo analiza e incluir en ella variables que exceden a la comunidad científica y al mundo de los coleccionistas. De igual manera, el debate que el tema ha generado en el país no puede escindirse del megadebate argentino que desde hace dos décadas trata de definir el papel que le compete al Estado en la protección del patrimonio nacional en general, ya se trate de petróleo, de aerolíneas o de fósiles.

  1. En 2004, una subasta en Nueva York de huevos de dinosaurio argentinos (cuyo precio base oscilaba entre los 40.000 y los 60.000 dólares) se frustró gracias una denuncia realizada por la Justicia argentina. Véase Alberto Armendáriz, "Retiran huevos de dinosaurio de una subasta en Nueva York", La Nación, Buenos Aires, 23-6-04.
  2. Huaquero: persona -habitualmente campesino- que busca objetos o fósiles en sitios arqueológicos y paleontológicos para luego comercializarlos. La palabra proviene del quechua "huaca" o "waca", que significa "lugar sagrado".
  3. Carmen María Ramos, "Tráfico de arte", La Nación, Buenos Aires, 26-9-04.
  4. En 1970, Argentina ratificó la Convención de la Unesco que castiga el tráfico ilegal de patrimonio. Este documento está disponible en aquí.
  5. Mariano Blejman, "El arte entre gritos", Página/12, Buenos Aires, 2-10-04.
  6. Torcuato Di Tella, "El Estado y la política cultural", La Nación, Buenos Aires, 27-10-04.
Autor/es Irene Lukovich
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 73 - Julio 2005
Páginas:34,35
Temas Estado (Política)
Países Argentina