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Colombia, el reino de la impunidad

El pasado 21 de junio el Congreso colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, que el presidente Álvaro Uribe Vélez presenta como un instrumento de pacificación para reincorporar a los paramilitares a la vida civil. Ampliamente criticada, la ley por la cual ya han sido desmovilizados más de 10.500 paramilitares no propicia la búsqueda de la verdad ni el desmantelamiento de la estructura criminal, sino que se asemeja a una gran operación de impunidad con miras al proyecto de reelección del Presidente. Elusión del narcotráfico y lavado de dinero.

Recomendaciones de organismos multilaterales, reacciones políticas, pronunciamientos de defensores de derechos humanos y editoriales de diversos periódicos dan cuenta del carácter de la Ley de Justicia y Paz aprobada el pasado 21 de junio en Colombia, con la que el presidente Álvaro Uribe Vélez pretende "sellar la paz" con los grupos paramilitares 1. Un editorial de The New York Times publicado el 4 de julio pasado, bajo el título "La capitulación de Colombia",  afirma que "más bien debería llamarse ‘Ley de impunidad para asesinos en masa, terroristas y grandes traficantes de cocaína'".

Sin el aval de la comunidad internacional ni el consenso inicial que desearon sus impulsores, el Congreso colombiano otorgó status político a estas fuerzas, a pesar de conocer su procedencia, actividades y soportes pasados y actuales. No sin razón, Michael Frühling, jefe de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo sin titubeos antes de que se aprobara la Ley: "No es aconsejable considerar al paramilitarismo como un delito político" 2.

Contrariamente al gobierno, los paramilitares no lo niegan: son hijos del Estado. Así lo afirma Ernesto Báez, uno de sus principales líderes: "Nacimos paramilitares. En junio de 1983, las armas que nos llegaron aquí a Juan Bosco Laverde, a San Vicente de Chucurí, a Puerto Boyacá, al Magdalena Medio, venían con el sello del Estado" 3.

Antes de que se aprobara la Ley, en junio de 2005, varios congresistas demócratas estadounidenses enviaron una carta al Presidente de Colombia para expresarle su preocupación ante "un impacto muy negativo sobre la paz, la justicia y el estado de Derecho en Colombia". En otra misiva fechada el 2 de febrero, congresistas republicanos expresaban su interés en respaldar el proceso de paz en marcha, "siempre y cuando se edificara bajo un marco jurídico con estándares mínimos: completo desmantelamiento de la estructura, fuentes de financiamiento y poder económico de los grupos; condicionamiento de los beneficios ofrecidos a los líderes al previo cumplimiento del cese al fuego y abandono de sus actividades criminales" 4. El presidente Álvaro Uribe les aseguró que tales parámetros se cumplirían. Pero no fue así.

 Fortunas de sangre

 Aceptados en los ámbitos políticos; frecuentados en secreto por altos dirigentes, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y los hermanos Rodríguez Orejuela -por citar a algunos de los narcotraficantes más conocidos- llegaron a ser ídolos y referentes de la juventud... y de la mayoría de colombianos. Hacían y deshacían en sus ciudades (principalmente Medellín, Cali), pero también en pequeñas localidades. Cuanto decidían se hacía y ante su poder embriagador todas las puertas se abrían. La fuerza pública desapareció, se alió o no vio.

Al surtir de droga a la CIA a mediados de los '80 para que financiara su guerra paramilitar contra el sandinismo en Nicaragua 5, los capos del narcotráfico adquirieron un inmenso poder. En ese entonces eran aliados útiles. Las sumas que amasaron fueron inmensas, suficientes para "pagar la deuda externa", como llegaron a ofrecer a un ex presidente de Colombia 6. Eran los intentos iniciales para legalizar el negocio y hallarle salida al apremio de la extradición a Estados Unidos.

Los traficantes aprovecharon entonces la baja del precio de la tierra provocada por la presencia de las guerrillas -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y M-19- para comprar o tomar por la fuerza extensas propiedades en ricas regiones ganaderas, como el Magdalena Medio, Ariari, Urabá y Córdoba. El impuesto revolucionario ("la vacuna") cobrado, voluntariamente o por la fuerza, por la oposición armada provocó los primeros enfrentamientos con los grandes propietarios y los "narcos". Cuando las guerrilas intentaron además secuestrar a familiares de los mafiosos, éstos crearon un escuadron de la muerte -Muerte a Secuestradores (MAS)-, con la ayuda y la participación de miembros en actividad del ejército y la policía, que vieron allí la posibilidad de ampliar el apoyo privado a la lucha contra-insurreccional 7.

Al MAS le siguieron en Medellín y Cali una infinidad de bandas armadas, conocidas como ‘oficinas'. Miembros de las Fuerzas Armadas las adoctrinaron y entrenaron y les entregaron armamento. Vendrían luego agentes de Israel, Sudáfrica e Inglaterra a instruirlos. Los colombianos pudieron presenciar hasta en televisión la formación de estos nuevos cuerpos de ejército paramilitar. Luego, ya no se trató sólo de la guerrilla, sino de eliminar a dirigentes políticos, sindicales y populares en las zonas favorables a la "subversión".

Empezaron a aflorar las contradicciones. Corría 1984 y el movimiento de los extraditables 8 se presentó en sociedad. El terrorismo se hizo "bomba de cada día". Una parte del establishment en Colombia y Estados Unidos rechazó el crecimiento del poder de los "narcos" y su inserción en la vida pública nacional. El precio del terrorismo (asesinato de ministros, magistrados, procuradores, políticos, abogados), multiplicó los costos 9. El poder de Pablo Escobar se hizo insoportable. Nacieron entonces "Los Pepes" (Perseguidos por Pablo Escobar), una santa alianza que reagrupó a narcotraficantes del cartel de Cali, la DEA (Administración para Control de Drogas de Estados Unidos) y la Brigada XX (responsable de los servicios de inteligencia del ejército colombiano), y un equipo del gabinete con el objetivo de matar a Pablo Escobar.

A la muerte de Escobar, en diciembre de 1993, a manos de la policía colombiana -asesorada por la DEA-, prolongando la unión CIA-Narcos, la concentración de poder paramilitar se reforzó; facciones dispersas y autónomas se transformaron en grupos contra-insureccionales apoyados por el Estado. Del genocidio de la recién constituida Unión Patriótica 10, a las masacres que se repitieron sin piedad: La Chinita, Pueblo Bello, Trujillo, Mapiripán, La Mejor Esquina, y otras, las victimas civiles se contaron por millares.

En 1999 se asociaron siete grupos de "autodefensa" -entre ellos las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el más importante- bajo las ordenes de Carlos Castaño, y tomaron el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para que el proyecto paramilitar se consolidara fueron necesarias casi dos décadas de luchas internas para someter a grupos armados dispersos -encabezados por narcotraficantes, defendían intereses puntuales- y una inmensa operación de guerra psicológica para lograr la aprobación de una parte de la sociedad.

Así, se encontraron bajo un mismo mando distintos narcotraficantes que después de armar sus propias bandas posaron como valientes ganaderos alistados para defender sus derechos: los hermanos Fidel, Carlos y José Vicente Castaño, Ramón Isaza, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo (‘Don Berna'), ‘Jorge 40', y muchos más.

El poder político y económico acumulado por los paramilitares se sintetiza en dos datos reveladores: según sus voceros, controlan el 35% del Congreso y de acuerdo con la Contraloría General de la República no menos de un millón de hectáreas, aunque investigadores independientes las estiman en cuatro millones 11. Consecuencia: tres millones y medio de personas desplazadas, deambulando por las principales ciudades colombianas. Contando sólo los homicidios documentados oficialmente, las fuerzas paramilitares han asesinado, entre 1988 y 2003, a 14.476 personas, muchas de ellas líderes sociales 12.

A pesar de la ausencia de marco legal, 4.000 paramilitares ya habían sido desmovilizados al momento de aprobarse la Ley de Justicia y Paz. Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen evidente que la Ley no procura la verdad (develar los agentes oficiales que estuvieron detrás de la acción paramilitar), ni el real desmonte de sus estructuras y su capacidad económica, con lo cual en cualquier momento bien podrían reponer los combatientes hasta ahora desmovilizados y las armas entregadas. 13.

Una vez entrado en vigor el texto, veinte jueces tienen a su cargo investigar, en un plazo de sesenta días, los crímenes de 10.000 paramilitares que deberían regresar a la vida civil de aquí a diciembre de 2005, tras una irrisoria "confesión libre". En el caso de hipotéticas condenas, éstas darán lugar a penas de prisión de ocho años como máximo, contando a partir del comienzo de la negociación (el acuerdo de Santa Fe de Ralito del 15-7-03). Si no la cumplen en una colonia agrícola, los "paras" podrán recomprar su pena para abandonar el país.

Por otra parte -y el mismo gobierno lo reconoció- desde que los paramilitares declararon el cese el fuego, el 29 de noviembre de 2002, comprometiéndose a poner fin a sus acciones mortíferas, lo violaron repetidamente 14. En septiembre de 2004, el Defensor del Pueblo anunció que a lo largo de los ocho primeros meses del año 2004 había recibido 342 denuncias relacionadas con aparentes violaciones del cese el fuego 15. Las estimaciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) son aun más elevadas: la Comisión Colombiana de Juristas declaró que entre diciembre de 2002 y agosto de 2004 los paramilitares asesinaron o "desaparecieron" a 1.899 personas.

Al eludir el problema del narcotráfico, la ley del presidente Uribe corre el riesgo de legalizar las grandes fortunas que permitió construir, en una gigantesca operación de facto de lavado de dinero. También se sabe cómo los paramilitares siguen usurpando tierras de comunidades asentadas en las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó, ríos del departamento del Chocó, imponiendo por la fuerza -en relación con sectores políticos, patronales y financieros- sus megaproyectos económicos, como el de la palma de aceite 16.

Es de público conocimiento, asimismo, que en las regiones donde se lleva a cabo la operación militar Plan Patriota contra las FARC -Caquetá, Putumayo, Meta, Guaviare, Vichada-, al paso del ejército le sigue el posicionamiento de los paramilitares, que reclaman impuestos obligatorios a comerciantes y campesinos, imponen reglas de convivencia, se apoderan de viviendas urbanas y someten a esclavitud sexual a numerosas mujeres.

Así, el desarme de numerosos combatientes y su llegada a las áreas urbanas no se traduce en paz sino en imposiciones. Recientemente, ante el intento de la policía y el ejército de arrestar al para-narcotraficante Diego Fernando Murillo (‘Don Berna') -requerido por una orden judicial-, las fuerzas urbanas del requerido por la justicia bloquearon el transporte de buses en Medellín. El "encarcelamiento" de Murillo en una de sus fincas devolvió tranquilidad a sus hombres.

Los barrios periféricos de ciudades como Barrancabermeja, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena e inclusive Bogotá viven una constante zozobra ante el poder de los paramilitares, que se incorporan "legalmente" en variadas actividades: el comercio y otros sectores de la economía legal ya conviven con ellos. Hace poco, el presidente Uribe adelantó que serían contratados para cuidar las carreteras, ante lo cual se hizo público que las Fuerzas Armadas están vinculando por contrato a los combatientes desmovilizados.

No es extraño, por tanto, oír -como dijo por ejemplo el ex presidente Andrés Pastrana- que lo propiciado por la Ley de Justicia y Paz es un repliegue de las fuerzas paramilitares hacia las ciudades para preparar el terreno para las próximas elecciones de mayo de 2006, en las que Uribe aspira a su reelección o, en su defecto, a que uno de sus aliados asuma las riendas del Estado colombiano.

  1. Véase Carlos Gutiérrez Márquez, Fermín Espinoza y Hernando Calvo Ospina, dossier "Colombia: militarizar en nombre de la paz", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2004.
  2. AFP, 13-6-05.
  3. Martha Alicia Duque, "Intereses encubiertos de la guerra antidrogas", Le Monde diplomatique, edición Colombia, julio de 2005.
  4. El Tiempo, Bogotá, 5-6-05.
  5. www.bolcheviques.org/textos/iberoamerica/sandinismo
  6. Luego de una reunión en Panamá, el 4-5-1984 con varios capos de la droga, el ex presidente Alfonso López Michelsen dio a conocer la propuesta de los narcotraficantes de pagar la deuda externa de Colombia. Fabio Castillo, "Los jinetes de la cocaína", noviembre de 1997.
  7. El 12-11-1981, Martha Nieves Ochoa -hermana de Jorge Luis y Fabio Ochoa, importantes capos del cartel de Medellín- fue secuestrada por un grupo de guerrilleros del M-19, que reclamaba 12 millones de dólares. Se trató entonces del quinto secuestro en menos de un mes para los traficantes de cocaína. El MAS secuestró e "interrogó" clandestinamente a más de 700 simpatizantes o militantes de movimientos de izquierda.
  8. Narcotraficantes reclamados por la Justicia de Estados Unidos, susceptibles de ser extraditados.
  9. El primer acto de los extraditables (30-4-1984) fue el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
  10. Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, "Vida y muerte de la Unión Patriótica Colombiana", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, mayo de 2005.
  11. Desde abajo, Bogotá, junio-julio de 2005.
  12. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), "Noche y Niebla, Colombia, deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado, 1988-2003", Bogotá, diciembre de 2004.
  13. Comisión Colombiana de Juristas, "Hay que poner los pies sobre la tierra", Boletín Nº 5, Bogotá, 21-6-05.
  14. Human Rights Watch, Nueva York, enero de 2005.
  15. www.hrw.org/spanish/inf_anual/2005/colombia.html
  16. Comisión Colombiana de Juristas, op. cit.
Autor/es Carlos Gutiérrez Márquez
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 76 - Octubre 2005
Páginas:12,13
Temas Militares, Narcotráfico
Países Colombia