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Batalla sobre la diversidad cultural

Del 3 al 15 de octubre la primera gran batalla política que se libra en la Unesco desde los años 1980 tendrá como marco la Conferencia General de la organización, y como objeto una convención sobre la diversidad cultural. Un texto a contracorriente de la mercantilización generalizada promovida por la Organización Mundial de Comercio no es aceptado por Estados Unidos y otras potencias. La sociedad civil debe participar activamente para impulsar a los Estados a promulgar políticas en favor de la protección y promoción de la diversidad. 

La 33ª reunión de la Conferencia General de la Unesco, debe someter a la aprobación de los Estados miembros el anteproyecto de Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. El objetivo es otorgar fuerza de ley a la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada por unanimidad tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 1. Elevando la diversidad al rango de "patrimonio común de la humanidad", esta declaración oponía a los "encierros fundamentalistas la perspectiva de un mundo más abierto, más creativo y más democrático" 2. El paradigma ético de la "diversidad en diálogo" se ubicaba en las antípodas de la tesis de Samuel Huntington sobre lo ineluctable del "choque de culturas y civilizaciones".

Si bien todos los Estados sin excepción alabaron en 2001 la pluralidad de las alteridades como instrumento capaz de "humanizar la globalización", no sucedió lo mismo dos años después, cuando se tomó la decisión que abrió la senda a la redacción del anteproyecto. Entre el reducido número de países que se abstuvieron figuró Estados Unidos. Los estadounidenses no habían olvidado la doble derrota, diez años antes, de su diplomacia agresivamente opuesta al principio de protección de la "excepción cultural", ulteriormente reformulado como protección de la "diversidad cultural": en 1993, frente a la Unión Europea, en el marco de la fase final de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que daría nacimiento a la Organización Mundial del Comercio (OMC); y frente a Canadá, en ocasión de la firma del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TCL), en vigor desde 1994. En ambas negociaciones, el reconocimiento del estatuto particular de los "productos intelectuales" permitió legitimar en el mismo acto las políticas públicas, más especialmente en el campo audiovisual.

Canadá y Francia -que desempeñó un papel central en la formulación de la doctrina de la "excepción"- son los máximos artesanos de la puesta en marcha del anteproyecto de Convención. Francia movilizó a los países de la francofonía. Canadá, por su parte, organizó una Red Internacional sobre la Política Cultural (RIPC) y logró reunir a cerca de sesenta ministros del área de la cultura para discutir informalmente acerca de métodos de fortalecimiento de la diversidad, de común acuerdo con numerosas asociaciones y otras organizaciones sociales. Por otra parte, desde septiembre de 2001 Ottawa y el gobierno de Quebec aportan conjuntamente su apoyo financiero a una coalición internacional de organizaciones profesionales de la cultura para la diversidad cultural, en conexión con una red de colectivos nacionales.

El campo de aplicación del proyecto de Convención desborda el área audiovisual y de las industrias culturales, dado que se dirige a las "múltiples formas a través de las cuales se expresan las culturas de los grupos y las sociedades", formas que conciernen tanto a las políticas del lenguaje como a la valorización de los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos. Lo cual no impide que, para la opinión pública, los ejemplos que ilustran los riesgos a que la globalización liberal expone a la diversidad cultural se tomen de las industrias de la imagen. Como, por ejemplo, las presiones ejercidas por el Departamento de Estado y la Motion Picture Export Association of America (MPEA) -creada en 1945 y rebautizada Motion Picture Association (MPA) en 1994, portavoz de los intereses de las majors- sobre gobiernos como los de Chile, Corea del Sur, Marruecos o ex países comunistas, a fin de hacerlos renunciar, en el marco de acuerdos comerciales bilaterales, a su derecho a implantar políticas cinematográficas, a cambio de compensaciones en otros sectores.

 Principio de soberanía

 Fueron necesarias tres sesiones de reuniones intergubernamentales, la última de ellas en junio de 2005, para poner a punto el texto sometido a la Conferencia General. Los redactores intentaron mediar entre dos posiciones. Una mayoritaria, que incluye a la Unión Europea, defensora del principio de un derecho internacional que ratifique el tratamiento especial de los bienes y servicios culturales, por ser "portadores de identidad, de valores y de sentido". La otra, sostenida por gobiernos como los de Estados Unidos, Australia y Japón, inclinados a ver exclusivamente en este texto una expresión más de "proteccionismo" en un sector que, al igual que los demás servicios, se supone exclusivamente regido por la regla del libre intercambio. Entre ambas, un conjunto heterogéneo de argumentaciones, entre ellas las formuladas por ciertos Estados que expresan su temor de ver derrumbarse la cohesión nacional por contaminación del principio de diversidad. Desde este punto de vista, el texto es también la resultante de una producción intercultural.

El resultado está a la vista: un conjunto de reglas generales concernientes a los derechos y las obligaciones de los Estados: "Las partes -dice el artículo 5-  reafirman (...) su derecho soberano a formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar las medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, así como para fortalecer la cooperación internacional con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Convención". Pivote del edificio jurídico, el principio de soberanía: un Estado puede recuperar el derecho a promulgar políticas culturales que anteriormente hubiera enajenado.

Para que la Convención adquiera un carácter normativo en caso de litigio, es crucial la definición de su relación con los otros instrumentos internacionales. Eso es lo que está en juego en la redacción final del artículo 20. Éste confirma que la relación de la Convención con los otros tratados deberá estar orientada por la idea de "apoyo mutuo, complementariedad y no-subordinación". Según se lee, cuando las partes "interpretan y aplican los otros tratados de los que son partes, o cuando suscriben otras obligaciones internacionales, las Partes toman en cuenta las disposiciones pertinentes de la presente Convención". El artículo 21, por su lado, hace de la concertación y la coordinación con "otros ámbitos internacionales" (no mencionados) una de las premisas de la aplicación del precedente.

Esos "otros ámbitos" son aquellos en los que también se juega la suerte de la diversidad cultural. Así ocurre con la OMC y, en particular, con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), donde los servicios audiovisuales y culturales quedan expuestos a las liberalizaciones, a la espera de la conferencia ministerial de la OMC prevista para el próximo mes de diciembre en Hong Kong. Otro ejemplo es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), involucrada en la patrimonialización creciente de los bienes públicos comunes, evidenciada en la apropiación privada de los saberes y conocimientos, que también son fuente de creatividad. El talón de Aquiles de la Convención sigue siendo sin embargo su seguimiento, el tema de las sanciones en caso de infracción y la debilidad de los mecanimos de resolución de los litigios.

El principio de soberanía está enmarcado por otro conjunto de principios rectores: respeto de los derechos humanos, igual dignidad y respeto de todas las culturas, solidaridad y cooperación internacionales, complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo, desarrollo sustentable, acceso equitativo, apertura y equilibrio. Para aplicar el principio del acceso equitativo y el de la solidaridad y la cooperación internacionales, los artículos 14 a 19 prevén, entre otras cosas, un "tratamiento preferencial para los países en desarrollo" y el establecimiento de un Fondo Internacional para la diversidad cultural financiado por contribuciones voluntarias públicas o privadas.

 Pensar la comunicación

 Pero convendría analizar la experiencia de proyectos similares. Por ejemplo, la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, organizada por otra agencia de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), cuya primera fase tuvo lugar en Ginebra en diciembre de 2003 y la segunda está prevista para noviembre de 2005, en Túnez. Esa experiencia reveló tanto una dificultad para movilizar recursos públicos en los grandes países industriales para financiar un "fondo de solidaridad digital" que lucharía contra la desigualdad en el acceso al ciberespacio, como un interés de las fundaciones filantrópicas de las multinacionales de la industria de la información por llenar ese vacío.

La construcción de políticas culturales es difícil de concebir sin hacer un rodeo por el tema de las políticas de comunicación. Pero la Convención, y principalmente la misma filosofía de acción de la Unesco respecto a la diversidad cultural, tienden no sólo a disociar ambas problemáticas, sino a ignorar la segunda. En la versión final del anteproyecto figuran dos alusiones a la "diversidad de los medios". Una, en el punto 12 del preámbulo, recuerda que "la libertad de pensamiento, de expresión y de información, así como la diversidad de los medios, permiten el florecimiento de las expresiones culturales en el seno de las sociedades". La segunda, en el artículo 6, enumera entre las medidas a tomar, al final de la lista (punto h) "aquellas que apuntan a promover la diversidad de los medios, incluso a través del servicio público de radiodifusión".

No se sabe en qué consistiría esa "diversidad de los medios". Inútil buscar, por ejemplo, el término "concentración": el concepto incomoda. ¿Temor de asustar a Estados Unidos, cuya contribución al presupuesto de la Unesco asciende al 20% y que volvió a formar parte de la organización en 2003, luego de su salida en 1984, para marcar su desacuerdo con los reclamos del Movimiento de Países No Alineados de reequilibrar los flujos a través de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC)? Seguramente. ¿Compartimentación de las tareas entre divisiones de un gran aparato burocrático? Seguramente también. Pero hay algo más.

La institución internacional creó su propia leyenda negra sobre ese período de los años '70, cuando la reflexión sobre las políticas culturales iba a la par con el debate sobre las políticas de comunicación. La reflexión socioeconómica sobre las industrias culturales ubicaba entonces entre las cuestiones fundamentales los fenómenos de concentración económica y financiera acentuados por la internacionalización 3. Los temas del "diálogo de las culturas" y del "desarrollo armónico dentro de la diversidad y el respeto recíproco" inspiraban los trabajos de la Comisión Internacional para el estudio de los problemas de comunicación nombrada por el director general de la Unesco de ese entonces, el senegalés Mohtar M'Bow, y presidida por el irlandés Sean MacBride, premio Nobel de la Paz. Comisión plural que incluía a personalidades como Hubert Beuve-Méry, fundador del diario Le Monde, o el novelista Gabriel García Márquez. Primer documento sobre la desigualdad de los intercambios culturales y de información emanado de una institución internacional, el informe MacBride, ratificado por la Conferencia General de la Unesco de 1980 y publicado bajo el simbólico título Un solo mundo, voces múltiples, mostraba por qué era urgente pensar el derecho a la comunicación como expresión de nuevos derechos sociales 4.

 Apropiarse de la Convención

 Si se aprueba la Convención, se impondrá una referencia con la cual los sectores privados y públicos deberán contemporizar, les guste o no. De donde la necesidad, para nuevos actores, de apropiársela: no sólo para aplicarla, sino también para llevar sus límites más lejos, según los invita a hacer el artículo 11: "Las partes reconocen el rol fundamental de la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Las partes alientan la participación activa de la sociedad civil en sus esfuerzos con vistas a alcanzar los objetivos de la presente Convención". Durante el proceso de elaboración del anteproyecto, e inclusive antes de la aprobación de la idea misma de un instrumento jurídico, y en muchos lugares del planeta, estos actores se adelantaron efectivamente a la toma de conciencia de los responsables públicos, a quienes incitaron a tomar posiciones. Es una lección crucial de la intensa movilización, a nivel nacional e internacional, de las redes vinculadas al movimiento social, así como de la red de los colectivos nacionales de las organizaciones profesionales de la cultura.

Las primeras establecieron una conexión entre los debates sobre la Convención y los que tienen lugar, en particular, en la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, haciendo converger hacia el alegato por los "derechos a la comunicación" las problemáticas de la diversidad cultural y mediática: diversidad de las fuentes de información, de la propiedad de los medios y de los modos de acceso a ellos; apoyo al servicio público y a los medios libres e independientes. Los segundos, con la fuerza que dan cerca de treinta colectivos nacionales, construidos en menos de cuatro años, demostraron que ciudadanía y oficios de la cultura podían conjugarse, sin encerrarse en la defensa de intereses corporativos.

En la declaración final de su asamblea, que sesionó en Madrid en mayo de 2005, se recordó a los Estados miembros de la Unesco que "resistieran a las presiones que intentan diluir el contenido de la Convención" y a "las que buscan postergar su adopción hasta la Conferencia General de la Unesco en 2007, o incluso después, lo que comprometería significativamente su impacto". La pelota está en el terreno de los Estados.

  1. Véase Bernard Cassen, "Los efectos de la liberalización del comercio mundial", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre de 2003.
  2. Koichiro Matsuura, director general de la Unesco, "La riqueza cultural del mundo reside en su diversidad dialogante", en Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, 2001.
  3. Véase "Industrias culturales. Un desafío para el futuro de la cultura", Unesco, París, 1982.
  4. Sean MacBride et al., Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica/Unesco, 1980.
Autor/es Armand Mattelart
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 76 - Octubre 2005
Páginas:32,33
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Educación