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Emergencia en la Tailandia musulmana

Desde hace ya más de dieciocho meses estalló una insurrección larvada, bajo la forma de atentados terroristas, en las provincias meridionales de Tailandia, cuya población es de mayoría musulmana. En lugar de tener en cuenta los fundados reclamos de estos “ciudadanos de segunda clase”, el gobierno respondió con medidas represivas y declaró el estado de emergencia, una decisión que suscita muchas críticas, incluso en el entorno del rey. El conflicto regional tiene componentes étnico-religiosos que dificultan su resolución.

Yala es la capital de la provincia del mismo nombre, en el extremo sur, islamizado, de Tailandia. El 14 de julio pasado, apenas después del crepúsculo, por el centro de esta aglomeración de 165.000 habitantes se diseminaron motociclistas. Luego de lanzar algunas bombas artesanales, huyeron sembrando clavos en las calzadas para resguardar su retirada. Los blancos de este ataque sincronizado fueron un distribuidor de electricidad, un flamante complejo de salas de cine, un hotel, dos minimercados y otros lugares concurridos. La electricidad se restableció rápidamente, pero dos personas resultaron muertas y al menos veinte heridas.

El Primer Ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, decretó de inmediato el estado de emergencia en tres provincias -Yala, Narathiwat y Pattani- donde cuatro de cada cinco habitantes son musulmanes de etnia malaya. Este nuevo arsenal represivo autoriza la detención sin condena de sospechosos durante treinta días, las pesquisas e incautaciones sin mandato, la detención domiciliaria, la censura de los medios y el control de las conversaciones telefónicas y del correo. Si bien frente al revuelo provocado por estas medidas Thaksin se comprometió a aplicarlas moderada y restringidamente en el extremo sur, se dio así otro paso en la crisis que, desde principios de 2004, afecta a una región periférica y mal integrada de Tailandia.

Electo por primera vez por amplio margen en enero de 2001 y reelecto triunfalmente en febrero de 2005, Thaksin es un ex oficial de policía que hizo fortuna en las telecomunicaciones antes de lanzarse a la política. Parecía haber renunciado a la mano dura cuando confió, en marzo pasado, a un respetado ex jefe de gobierno, Anand Panyarachun, la presidencia de una Comisión de Reconciliación Nacional (CRN). Se había incluso declarado "decidido a deshacer los errores que cometí en el pasado". Este paréntesis se cerró a mediados de julio.

Habría resultado lógico que al crear la CRN Thaksin empezara por poner término a la ley marcial decretada en parte de la región en enero de 2004, tras un ataque contra un depósito de armas que causó la muerte de cuatro de sus guardias y el incendio simultáneo de unas veinte escuelas públicas. Pero cuando la ley marcial se levantó a mediados de julio fue reemplazada por un "estado de emergencia civil", lo cual significa que el Primer Ministro se arrogó los poderes anteriormente en manos de los militares. Es cierto que, desde mayo, la situación se había agravado nuevamente, en especial con los sucesivos atentados individuales contra miembros de la comunidad tai y budista, con los docentes como blanco privilegiado.

Este territorio poblado de malayos islamizados corresponde aproximadamente al ex sultanato de Pattani, anexado a principios del siglo pasado a Tailandia -Siam en ese entonces- a raíz de un acuerdo con los británicos, que acababan de instalarse en la península malaya. Con el paso de los años, esta región fue el escenario de numerosas rebeliones, pero los tailandeses, en su inmensa mayoría budistas, introdujeron allí poco a poco su administración, su idioma y sus escuelas. La etnia malaya sigue no obstante utilizando el jawi, un dialecto local, y son numerosas las escuelas coránicas, apadrinadas en ciertos casos por la familia real.

Historia de tensiones 

Los musulmanes de Tailandia componen una minoría estimada en 2,3 millones de personas, en un reino de 64 millones de habitantes. Una comunidad de alrededor de medio millón de fieles, de orígenes étnicos diversos, está establecida en el Gran Bangkok y parece ser la mejor integrada. La del extremo sur, en contrapartida, parece estarlo mucho menos, aunque es homogénea y mantiene vínculos bastante estrechos con la mayoría musulmana de la vecina federación de Malasia.

El "sur profundo" tailandés, aunque rezagado, antes de los disturbios de 2004 parecía sin embargo más favorecido que su vecino contiguo malayo, el estado de Kelantan, que prácticamente no recibe créditos federales desde que un partido islamista tomó el poder local hace un cuarto de siglo.

Para apaciguar el separatismo latente entre los musulmanes del extremo sur, el general Prem Tinsulanonda, ex Primer Ministro tailandés (1980-1988), había instalado un organismo mixto encargado de allanar las dificultades, el Centro Administrativo de las Provincias Meridionales, conocido bajo el acrónimo SPABC. Había creado, asimismo, un servicio de información que asociaba a civiles, policías y militares, el CPM 43. El sur profundo del reino había vivido así un largo período de relativa calma y el Partido Demócrata (PD), que había gestionado la salida de la crisis financiera regional de 1997-1998, se había consolidado.

Cuando Thaksin y su partido, el Thai Rak Thai ("los tailandeses aman a los tailandeses"), ganaron cómodamente las elecciones de 2001 1, los demócratas fueron barridos a escala nacional, pero conservaron sus principales posiciones en el sur. Una vez fortalecida su mayoría parlamentaria mediante alianzas, en mayo de 2002 Thaksin disolvió el SPABC y el CPM 43. Según un informe publicado en mayo de 2005 por el International Crisis Group (ICG) 2 de Bruselas, el Primer Ministro había juzgado entonces "ineficaces" estas dos estructuras y estimado que servían a "los intereses de

la oposición" demócrata.

Con la supresión del SPABC, que reunía a los notables musulmanes y los representantes de la administración central, el sur islamizado volvió a encontrarse privado de canales de comunicación con Bangkok. Paralelamente, el servicio de información fue transferido a la policía provincial, "comúnmente considerada receptáculo de oficiales corruptos e ineficaces", según la fórmula del ICG. Este vacío intervino en el momento en que los efectos de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los de la intervención militar estadounidense de 2003 en Irak sacudían fuertemente al mundo musulmán. El SPABC recién fue reemplazado en abril de 2004, o sea tres meses después de la instauración de la ley marcial, por un comando encargado de la "construcción de las provincias sobre la frontera meridional".

Contrabando y terrorismo 

Esta región, dedicada al contrabando a través de una frontera más bien porosa con Malasia, se había visto particularmente afectada, antes de la implosión de enero de 2004, por una campaña homicida contra los traficantes de droga que habría causado, a escala nacional, unas 2.500 víctimas en circunstancias nunca realmente esclarecidas. En términos generales, esta "guerra" contra los mercaderes de muerte había sido popular dentro del reino, donde las anfetaminas comenzaban a circular hasta en las escuelas primarias. Pero dejó algunas huellas en el sur.

En la misma época -pero sólo se supo después-, una organización terrorista clandestina fundada en Malasia y predominantemente indonesia, la Jemaah Islamyah (JI), utilizó Tailandia al menos como refugio. A mediados de los '80, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, se habían establecido conexiones en ciertos campos de entrenamiento, entre militantes de la JI y un reducido número de integristas musulmanes tailandeses. Se sabe que recursos financieros de la JI transitaron por Tailandia. Por otra parte, el principal operador de esa organización, el indonesio Hambali (también miembro de Al-Qaeda) fue capturado en el reino en agosto de 2003, en el norte de Bangkok. Actualmente, se encuentra detenido por los estadounidenses en un sitio desconocido.

Sin embargo, es muy difícil saber si la JI tiene ya influencia directa sobre un conflicto que sigue siendo, en lo esencial, local. Aunque con el paso de los meses los servicios de información tailandeses se reorganizan progresivamente, sus pistas siguen siendo limitadas. Se encontraron en algunas ocasiones mensajes que expresaban una venganza, pero no se reivindica ningún atentado. Si bien la coordinación de los ataques parece mejorar, a fines de julio los incidentes no habían desbordado el marco regional. Ningún ataque vinculado a la situación en el sur profundo ha sido informado, por ejemplo, en el sudoeste turístico del reino -la región de Phuket- o en la capital. La resurrección de antiguos movimientos separatistas y la emergencia de una nueva generación, la de los "jihadistas", forman parte sin duda de la nueva ecuación, pero no hay pruebas.

La escalada 

En un estudio publicado en junio de 2004, un respetado historiador tailandés, Nidhi Aeusriwongse, destacó el papel de la "gente común" en la sublevación de musulmanes que se sienten ciudadanos de segunda clase por razones étnico-religiosas. Cierto es que su levantamiento no es popular en el resto del reino, como contribuyó a subrayar la reelección masiva de Thaksin en febrero pasado.

Uno de los objetivos de los dirigentes poco conocidos de esta insurrección parece ser expulsar a los no musulmanes del sur. Los atentados individuales -seguidos a veces por decapitaciones- apuntan a causar la huida de los budistas. Los docentes empezaron a armarse. Las pagodas están protegidas por el ejército. Se trata de crear un clima de inseguridad, tanto en la ciudad como en las plantaciones de heveas, una de las principales actividades de la región. La intención parece ser también provocar una reacción bastante violenta de las fuerzas del orden para forzar a los musulmanes a definir su posición.

Y efectivamente, hubo abuso policial. El 25-10-04, durante la represión de una manifestación, 68 hombres murieron, en su mayoría asfixiados, cuando eran transferidos en camiones hacia campos de detención. Habían sido apilados horizontalmente unos sobre otros. Seis meses antes, el balance de ataques simultáneos, pero desbaratados, contra puestos policiales había sido de 113 muertos, 108 de los cuales eran atacantes, en la mayoría de los casos armados sólo con machetes. Durante sus dieciocho primeros meses, el conflicto causó más de 800 víctimas.

El general Prem Tinsulanonda, hoy presidente del consejo privado de un rey muy popular, había pedido al gobierno, el 10 de julio, que se restableciera un equilibrio entre las medidas de seguridad y la preservación de las libertades individuales, sin lo cual, había agregado, "la violencia en las tres provincias meridionales se prolongará indefinidamente". Al día siguiente del ataque de Yala, es decir, con cinco días de retraso, Thaksin lo evaluó de modo distinto decretando el estado de emergencia. Un poco antes, el ejército había obtenido créditos para comprar, en Estados Unidos, siete helicópteros de combate y veinticuatro mil armas livianas con el fin de afrontar la situación en el sur.

Si bien el común de la gente los acepta, los poderes discrecionales obtenidos por el gobierno son muy criticados en las filas de la elite. Por más que el Primer Ministro se haya comprometido a recurrir a ellos con moderación, en particular sin imponer restricciones a los medios, se pone de manifiesto el temor a una degradación aun más profunda de la situación. The Nation, diario anglófono de oposición, denunció los "poderes draconianos". Mientras anunciaba que la Comisión de Reconciliación Nacional por él presidida proseguiría sus trabajos, Anand pidió al gobierno que respetara las libertades y "redujera el miedo" en el sur.

Si bien su mayoría electoral se fortaleció, Thaksin debe enfrentar otras dificultades desde el inicio de su segundo mandato. El crecimiento languidece y las medidas con vistas a estimular la economía anunciadas en julio fueron recibidas con frialdad. Ciertos escándalos financieros no contribuyen en nada. Además, los poderes discrecionales adoptados por el jefe de gobierno en medio de las repercusiones de los ataques de Yala no corresponden para nada al espíritu de la Constitución de 1997, la más liberal de la historia del reino.

"El decreto contradice absolutamente la Constitución", estimó Saneh Jamarik, presidente de la Comisión Tailandesa de Derechos Humanos, precisando que la medida estimularía ciertos "abusos de poder". "El gobierno -agregó- tiene derecho a obtener poderes especiales para hacer frente a situaciones de emergencia, pero ubicarse completamente por encima de la ley es inaceptable". Por su parte, Jaoreen Compeerapap, un universitario que había sido uno de los dirigentes estudiantiles enfrentado al poder militar en 1976, declaró en un seminario en la Universidad Thammasat: "Hace cerca de tres décadas, estábamos en esta sala para discutir las medidas tomadas por dictadores. No termino de creer que estoy acá, una vez más, para hablar de los mismos problemas. Para los derechos civiles, este decreto es una amenaza mayor que cualquier otro adoptado en el pasado".

  1. Philip S. Golub, "La independencia, un objetivo lejano. Panorama post crisis en Tailandia", Informe-Dipló, www.eldiplo.org, junio de 2001.
  2. "Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad", Asia Report nº 98, ICG, Londres, 18-5-05.
Autor/es Jean-Claude Pomonti
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 75 - Septiembre 2005
Páginas:26,27
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Minorías, Estado (Política), Movimientos Sociales
Países Tailandia