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Francesas sin derechos en Francia

Numerosas mujeres de origen extranjero o nacidas en Francia de padres extranjeros, pero de nacionalidad francesa, se ven sometidas al derecho privado y/o las costumbres de sus países de origen y desprotegidas en Francia. La poligamia, por ejemplo, o la posibilidad de sus maridos de “repudiarlas”… Se ha desatado una batalla internacional por sus derechos y por homogeneizar las distintas legislaciones.

Cuando recibió la convocatoria a la comisaría de Grigny, primero se inquietó muchísimo y luego quedó anonadada: "Tranquilícese señora, no pasa nada con sus hijos: se trata simplemente de... usted". Fue así como Zaira, que tiene nacionalidad francesa, se enteró por un funcionario de la República de su "repudio": un divorcio unilateral pronunciado en Argelia sin su presencia, repudio que el derecho francés ignora, pero que es reconocido en Francia. Su cónyuge, cuyo retorno ella esperaba, decidió casarse con una mujer muy joven, dado que la ley argelina le autoriza cuatro esposas, sin preocuparse por Zaira. Ella va a impugnar la decisión en un tribunal francés, pero ¿cuántas mujeres vivirán esta humillación en medio del desconcierto y el aislamiento?

Las mujeres extranjeras nacionalizadas, aunque residan desde hace mucho tiempo en Francia, son conscientes de que no tienen los mismos derechos que las francesas, pero la mayoría de las binacionales ignoran que siguen atadas de por vida a la ley de su país de origen. Cuando descubren que están sometidas al "estatuto personal", el dispositivo jurídico que rige todo lo que concierne al estado y la capacidad de las personas, suelen encontrarse en situación de conflicto, cuando ya no pueden hacer gran cosa para protegerse. En el marco de las reglas del derecho internacional privado, el derecho interno da lugar a un amplio reconocimiento de decisiones del derecho extranjero que pueden perjudicar gravemente a esas personas. Esas decisiones están validadas por el exequatur, el procedimiento de reconocimiento por el derecho interno de una decisión legal de un Estado extranjero.

Françoise Gaspard, historiadora, profesora adjunta en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y ex representante electa 1, entregó en 1994 un informe muy elaborado sobre estas cuestiones, ignoradas y complejas, al Consejo Nacional para la Integración de las Poblaciones Inmigrantes, que sólo fue difundido en 1995 por Hommes et Libertés 2, la revista de la Liga por los Derechos del Hombre. Las conclusiones eran sin duda demasiado radicales, porque colocaban en el centro del análisis una doble discriminación: entre hombres y mujeres, y entre franceses y extranjeros. Mostraban la colusión entre derecho e ideología al servicio del patriarcado y de la continuidad de dispositivos jurídicos pensados durante la colonización. Aunque al leer el informe se comprende el malestar de más de un ministerio, resulta sorprendente que ese zoom eficaz y límpido sobre una cuestión tan crucial no haya movilizado más a las asociaciones feministas.

Françoise Gaspard lo recuerda: "Acabamos de emparejar la edad del matrimonio entre hombres y mujeres, que databa del código de Napoleón... Una lucha iniciada hace tiempo, pero en medio de la indiferencia más absoluta" 3. El desconocimiento de la ley es un escollo que frena la acción de numerosas asociaciones. Sin embargo, el derecho no tiene nada de inmutable, como bien lo saben las mujeres, que han batallado largamente para hacer inscribir en el Código Civil su derecho al trabajo sin la autorización del marido en 1965, luego su derecho al divorcio en 1975, el derecho de dar su apellido a sus hijos en 1986, etc.

Aunque hay una gran cantidad de conflictos familiares que rara vez encuentran una solución equitativa para todas las partes, mostrar un panorama de las tragedias que puede producir la aplicación del estatuto personal para las mujeres de origen extranjero equivaldría a elaborar un verdadero catálogo de Barba Azul... Preferimos interrogarnos sobre algunas paradojas: ¿cómo se les puede aplicar ese estatuto a mujeres que han obtenido la nacionalidad francesa o que han nacido en Francia, aunque de padres extranjeros? ¿Por qué la mayoría de las veces ellas lo ignoran totalmente?

Ocurre que una mujer titular de una doble nacionalidad es considerada como francesa en Francia, pero no en su país de origen, que la tratará exactamente como a sus demás habitantes. A una francesa de origen senegalés se le puede imponer un segundo marido en Senegal; una francesa de origen egipcio puede ser repudiada en Egipto; y la mayoría de las francesas elegantemente calificadas "de origen..." corren el riesgo de que se les niegue el derecho de custodia de sus hijos e incluso su derecho maternal: en el derecho musulmán, por ejemplo, los hijos nacidos fuera del matrimonio no existen...

Se suponía que estas disposiciones establecidas en el siglo XIX estaban inscriptas en un régimen de reciprocidad y que garantizaban los derechos de los ciudadanos franceses en el extranjero: el artículo 3, inciso 3, del Código Civil, estipula que "todo francés que vive en el extranjero continúa siendo regido por su ley. En consecuencia, todos los extranjeros pueden hacer valer su ley personal". Pero ahora no se adecuan en absoluto a las transformaciones migratorias y sociales, y hacen surgir una amplia gama de situaciones entre mujeres más o menos protegidas según el lugar que ocupan en su sociedad de origen.

Del dicho al hecho... 

La Carta Mundial de las Mujeres para la humanidad, cuya última Marcha mundial pasó por Marsella a fines de mayo pasado 4, hizo posibles progresos considerables en estas cuestiones al debatirlas, aun cuando los análisis divergen en algunos puntos. Reducir la gigantesca brecha entre los discursos sobre la igualdad de hombres y mujeres y un estado de situación cotidiano que estremece, constituye uno de los fundamentos de su plataforma, que inscribe como prioritaria la lucha para "erradicar la violencia hacia las mujeres y obtener el respeto de su integridad física y moral". Para lo cual el conocimiento y el respeto de las historias y de las trayectorias de todas son absolutamente fundamentales.

Para la socióloga Saida Rahal Soddoum, el estatuto personal francés es revelador "de la mirada que se dirige a las mujeres, de manera general" y del modo "en que se trata a la inmigración, tanto en los países receptores como en los de origen". La investigadora advierte contra la línea de demarcación que podría llegar a implementarse 5 entre extranjeros y franceses: "El Estado podría verse tentado de defender sólo a las francesas, en la continuidad histórica de un tratamiento colonial que mantenía discriminaciones permanentes al aplicar un orden jurídico para los metropolitanos ‘de pura cepa' y otro diferente para los indígenas".

Así, el artículo 75 de la Constitución estipula que "los ciudadanos de la República que no tienen el estatuto civil de derecho común mantienen su estatuto personal mientras no renuncien a él"; por lo tanto, este artículo sigue aplicándose, como en el archipiélago de Mayotte, en Wallis-et-Futura o en Nueva Caledonia. Cierto que puede parecer legítimo respetar los usos y costumbres de poblaciones independientes, pero no deja de ser curioso que la República no ponga ningún empeño en ello, salvo cuando se trata de asuntos de mujeres...

Aunque en Francia la historia de la inmigración es reciente, la de las mujeres inmigrantes es casi inexistente y explica la ausencia de toda evolución en lo que a ellas se refiere: sistemáticamente consideradas como "esposas de...", están consagradas a la transparencia y a la dependencia total respecto de su cónyuge.

Las consecuencias más dramáticas de un estatuto personal discriminatorio se observan en las situaciones de poligamia. Hasta la ley del 24 de agosto de 1993, que estipula que "la tarjeta de residencia no puede ser entregada a un ciudadano extranjero que vive en estado de poligamia ni a los cónyuges de tal ciudadano", las co-esposas estaban en situación regular y socialmente protegidas. Al intentar poner un término a esas prácticas, que constituyen una afrenta a los derechos fundamentales de las personas, el legislador no tuvo en cuenta las trampas generadas por la ley, dado que el estatuto de las mujeres extranjeras se define casi exclusivamente por la situación familiar.

Tiako es una malí. Segunda esposa desde los quince años y medio, quince años después era madre de cuatro niños, que su marido inscribió con la identidad de su primera mujer para escapar a la ilegalidad. En condición de esclava, a Tiako se le impidió todo movimiento durante este tiempo, hasta que una compatriota intervino para salvarla de esa difícil situación. Pero divorciada en Malí, ¿cómo puede hacer reconocer un matrimonio inexistente en Francia? Una vez probado el secuestro y los malos tratos, Tiako, sólidamente respaldada por una asociación barrial, logró obtener una vivienda social, trabajo y documentos. Pero este caso está lejos de ser lo corriente para todas las co-esposas de polígamos. A pesar de algunos operativos supuestamente favorables a ellas, sobre todo mediáticos, que las sustraen a la cohabitación, las "otras esposas" y sus hijos ya no gozan, por regla general, de ninguna protección.

Aunque los matrimonios forzados suelen presentarse como un desprendimiento del estatuto personal o de los diversos Códigos de Familia, es preciso saber que ante todo remiten a prácticas originadas en las costumbres. La mayoría de ellos "no están legalmente autorizados en los países de origen", como lo indica la guía práctica de información de las asociaciónes Mujeres contra los integrismos y Mujeres, información jurídica internacional Rhône-Alpes 6. Verdadero instrumento para abrirse un camino en los complejos laberintos jurídicos, este documento de referencia expone un amplio abanico de situaciones, registra los derechos y posibles protecciones y establece una lista de las asociaciones que pueden acudir en ayuda de las mujeres. También evita los prejuicios ideológicos y los juicios de valores que suelen impregnar el trabajo de las asociaciones implicadas en estas cuestiones.

La vulnerabilidad de las mujeres titulares de una doble nacionalidad no es exclusiva de las francesas originarias de un Estado árabe o, más ampliamente, musulmán, porque el matrimonio no tiene ninguna dimensión religiosa: tiene que ver con un "contrato". Son muy diversos, geográfica y políticamente, los países donde las mujeres sufren un estatuto personal muy desfavorable, ya que la jurisprudencia se mezcla con los desafíos de la sociedad y señalan un continuum universal de su asignación a un lugar menor y de dependencia: en África, Asia, Medio Oriente, y también en Polonia y Rumania... Dentro del mismo país las mujeres pueden estar sometidas a regímenes diferentes, como en Líbano, que está regido por dieciocho estatutos confesionales: allí donde los chiitas no reconocen el matrimonio de la mujer con un no musulmán, los judíos y los maronitas, a su vez, le niegan el derecho al divorcio...

Los derechos privados de los Estados de donde provienen los extranjeros que viven en Francia son pues sumamente variados, y si hay que tomarlos en cuenta, conviene interrogar sobre todo el derecho que Francia aplica a los extranjeros instalados de manera duradera.

Según Edwige Rude Antoine, doctora en derecho, especialista en derecho de los extranjeros y socióloga, el derecho internacional privado procede de una construcción interna: privilegia la ley del domicilio o la ley personal, como lo hace Francia. También se pueden tomar en cuenta los tratados bilaterales, pero Francia sólo firmó tres en materia de estatuto personal: con Polonia en 1967, Yugoslavia en 1971 y Marruecos en 1981 (cuyos términos se han visto modificados con las disposiciones de la nueva mudawana) 7.

Entonces, el derecho extranjero prima, hasta ahora, por sobre el derecho francés, aun cuando todo depende de la lectura que el juez haga del litigio. "En Europa, con la movilidad de las personas y la presencia masiva de población extranjera, vamos camino a embrollos jurídicos... Hay que elaborar una convención que proteja a las mujeres. Y para eso hay que dotarse de los instrumentos de análisis e información", prosigue Rude-Antoine. En su opinión, hay modificaciones en curso sobre la base de una armonización del derecho europeo que privilegia la Convención europea sobre derechos humanos y que se funda en el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Este cambio, aunque necesario, no es suficiente: las modificaciones de los derechos, o los convenios firmados, no siempre se conocen o aplican. La prueba es la aplicación de la mudawana marroquí, una mejora incuestionable que debería tener también repercusiones en Francia para las mujeres de origen marroquí. Pero aunque la ley fue votada el 3 de febrero de 2004, su traducción francesa todavía no ha sido comunicada al legislador. Entre las distintas jurisdicciones reina la anarquía... Según Guy Avocat, juez de asuntos matrimoniales de París, "las traducciones las suministran las partes. ¿Con qué criterio de conformidad? Un juez puede estimar no tener los elementos para decidir y guardar el expediente durante meses". Hasta ahora, el Estado francés no reclama nada, una manera cómoda de no inmiscuirse en los asuntos de Marruecos.

Sin embargo, para Ansar Rachidi, abogada muy al tanto de estas problemáticas (lo que está lejos de ser el caso general), las cosas están en vías de cambiar: "Lo vemos particularmente desde hace dos años. Gracias a la aplicación del artículo X de la Convención europea de derechos humanos, las jurisdicciones se pronuncian más sistemáticamente a favor de las mujeres". El juez interpreta en función del Código Civil, de la Constitución, de los convenios bilaterales, etc., e "incluso asistimos a efectos perversos que se vuelven contra los hombres: compensaciones financieras para mujeres con mucha más solvencia financiera que sus maridos, o casos de acusación abusiva de violación, perseguidos penalmente en Francia, mientras en el Magreb no está reconocida en el marco del matrimonio".

Éste es uno de los reversos de la moneda, que sin embargo no debe esconder el núcleo del problema. Cuestionar el funcionamiento de la Justicia es también plantear la cuestión de los medios, los recursos, el asesoramiento y las competencias... y por lo tanto de las solidaridades y compromisos comunes que todavía hay que construir para terminar con las discriminaciones. Este procedimiento eminentemente político debe encontrar sus relevos y su caja de resonancia, para exigir alto y fuerte la igualdad en sus derechos de las mujeres, de todas las mujeres.

  1. Alcalde de Dreux de 1977 a 1983, diputada europea de 1979 a 1981, y de Eure-et-Loir de 1981 a 1988, consejera regional y municipal, representante de Francia en la Comisión sobre la Condición de la Mujer de la ONU (1998-2000). Última publicación con Philippe Bataille, Comment les femmes changent la politique, La Découverte, París, 1999.
  2. Hommes et libertés, N° 84, París, junio-julio de 1995.
  3. El nuevo artículo 144 del Código Civil estipula que "El hombre y la mujer no pueden contraer matrimonio antes de los 18 años cumplidos" (antes establecía 15 años para las mujeres). Fue aprobado en marzo de 2005, después de Alemania, Inglaterra, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Holanda y Portugal, y a pedido del comité de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que señaló su contradicción con las leyes relativas a la igualdad entre hombres y mujeres. Véase: http://ameli.senat.fr/amendements/2004-2005/228/Amdt_3.html
  4. Etapa europea de la Marcha: 28 y 29 de mayo de 2005 en Marsella. Llegada a Ouagadougou (Burkina Fasso) el 17 de octubre de 2005.
  5. Los autóctonos de Argelia, como los del Imperio, no estaban involucrados en el Código Civil.
  6. Madame vous avez des droits! (Señoras, ¡ustedes tienen derechos!), Mujeres contra los integrismos, junto con Mujeres, información jurídica internacional Rhône-Alpes, junio de 2002.
  7. Nuevo código de familia que cuestiona la poligamia, el repudio, la tutela del padre y los hermanos en la elección de un marido; la edad legal del matrimonio, que era de quince años para las mujeres, se ha igualado con la de los varones en dieciocho años (véase Wendy Kristianasen, "Debates entre mujeres en tierras del islam", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2004).
Autor/es Marina Da Silva
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 77 - Noviembre 2005
Páginas:34,35
Traducción Lucía Vera
Temas Migraciones, Política internacional
Países Francia