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¿Hacia dónde se inclinará el ejército boliviano?

“Queremos unas fuerzas armadas que defiendan, así como los movimientos sociales, los recursos naturales”, declaró Evo Morales antes de asumir la Presidencia y de tomar juramento a la nueva cúpula militar en medio del malestar por el desplazamiento de 28 generales investigados por la entrega de misiles aire-tierra a EE.UU. para su destrucción. Con una larga historia de golpes de Estado e injerencias en los gobiernos democráticos, las fuerzas armadas bolivianas son actualmente una de las principales incógnitas en relación con el flamante gobierno.

"El ciudadano Evo Morales tiene todo el derecho y la libertad de tener relaciones con quien él crea conveniente" 1. Así respondía en agosto de 2005 el almirante Marco Antonio Justiniano, comandante en jefe de las fuerzas armadas bolivianas (FAB), a aquellos que reclamaban una investigación acerca de los vínculos del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Los sectores conservadores multiplicaban entonces los ataques contra el dirigente indígena, que ya se perfilaba vencedor de la elección presidencial del 18 de diciembre de 2005. Interrogado acerca del "populismo" y el peligro que representa, el almirante respondió que todo depende de la definición de la palabra: "Si lo entendemos como un movimiento de masas en procura de mejores condiciones de vida, pues no (es peligroso); pero si lo vemos como un movimiento que complace caprichos, sí es un peligro para la estabilidad del Estado". Lo que, al fin de cuentas, no zanja la cuestión entre las dos interpretaciones.

Desde la independencia, en 1825, en Bolivia se produjeron alrededor de ciento ochenta golpes de Estado. El ejército boliviano posee una sólida tradición de injerencia en los asuntos políticos de la Nación. De su historia reciente se recuerdan los nombres del general René Barrientos, que el 4 de noviembre de 1964 puso fin a la experiencia reformista que desde 1952 dirigía el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); del general Hugo Banzer, que se adueñó del poder el 21 de agosto de 1971 como consecuencia de un putsch apoyado por Estados Unidos y las dictaduras argentina y brasileña de entonces. Seguirá un largo período de regímenes autoritarios y represivos, hasta la caída del narco-general Luis García Meza el 4 de agosto de 1981 y la restitución del poder a los civiles, el 10 de octubre de 1982.

Se suceden entonces más de veinte años de una "democracia aproximativa". Con arrogancia de plomo y puño de acero los paladines del neoliberalismo saquean el país. Los pobres, los desfavorecidos, la mayoría indígena, tienen la impresión de estar hundidos en una desoladora oscuridad.

Movilización popular

Washington había impulsado toda la dinámica militarista de las décadas precedentes. Ahora, Estados Unidos prioriza la "paz democrática", indispensable para el desarrollo del mercado. Prefiere dominar el país por intermedio de los partidos más que a través del ejército, excepto en la "lucha contra el narcotráfico" y la erradicación del cultivo de la coca, organizada en la región por militares estadounidenses. Los generales bolivianos pierden espacios e influencia. Sólo subsisten las redes clientelistas tejidas con los partidos del poder y el (los) Presidente(s) que utiliza(n) los fondos reservados para asegurarse la fidelidad de los altos mandos.

Octubre de 2003. La población se subleva contra la política del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La protesta se establece en la enorme ciudad popular de El Alto, que domina La Paz. Cascotes, barricadas, neumáticos incendiados obstruyen las vías de comunicación. El 12 de octubre un grupo de soldados logra infiltrarse en la zona de Villa El Ingenio. Néstor Guillén, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), cuenta: "La gente dio el grito de alarma. Los militares empezaron a disparar. Las balas silbaban por todos lados. Diecisiete personas resultaron muertas. Inocentes, gente que no participaba, sólo miraba...". Finalmente la represión provocará 67 muertos y unos 400 heridos. Inútiles. Los business a los que Sánchez de Lozada consagrara años de esfuerzos y cuidados se hacen añicos; el Presidente huye y se refugia en Estados Unidos.

Su vicepresidente, Carlos Mesa, asume el poder y rápidamente decepciona. El 6 de junio de 2005 debe dimitir, tras tres semanas de agitación social y 80.000 manifestantes en las calles 2.

Entretanto, el ejército se encuentra nuevamente en el centro del debate. En un primer momento podría pensarse que no se debe a su actuación. Mesa prohíbe reprimir las manifestaciones porque no desea muerte ni sangre. Pero en el punto más alto de la crisis, la extrema izquierda de Evo Morales, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores lanzan un llamado a un militar patriota. "Necesitamos un coronel Chávez", exclama Jaime Solares, dirigente de la COB. El 25 de mayo Julio Herrera y Julio César Galindo, dos tenientes coroneles sin prestigio, piden "a título personal" la dimisión del presidente Mesa y se proponen como dirigentes de un nuevo gobierno. El 3 de junio varias decenas de representantes de la COB vuelven a golpear las puertas del estado mayor para reclamar la intervención del ejército.

El alto mando desmentirá que en ese momento existiera la idea de un golpe. Sin embargo, un colaborador cercano a Morales cuenta que semejante proyecto existió. "Y en lugar de girar a la derecha, esos militares se pusieron en contacto con Evo para tener su bendición. Estaban dispuestos a realizar un golpe de Estado, pero con el apoyo del movimiento social." Un pacto cívico-militar: ¡Sí a la nacionalización de los hidrocarburos, sí a la Asamblea Constituyente, sí a todas las reivindicaciones populares! Vinculados con la COB, esos oficiales tenían clara conciencia de que no bastaba con ese apoyo (Solares no contaba ni siquiera con el sustento de la base de su organización). Debían ampliarlo a sectores -como el MAS- con real poder de movilización. "Esta propuesta fue rechazada. El proceso democrático, aun cuando pudiera ser cuestionado, tuvo para el pueblo un alto costo en sangre, muerte, exilio. Ni pensar en interrumpirlo. Sobre todo porque al llegar al poder los militares hubieran frenado a las masas, en pleno ascenso", señala el informante.

Cuando Mesa tiró la toalla debían sucederlo, a elección del Congreso, el senador Hormando Vaca Diez, presidente del Senado, o Mario Cossío, presidente de la Cámara de Diputados. La hipótesis provocó un violento rechazo, ya que ambos habían sido aliados de Sánchez de Lozada. Fuentes bien informadas aseguran que a pesar de ello un grupo de generales se reunió para decidir a cuál de los dos apoyar. También se sabe que, en medio de sus conciliábulos, un coronel se presentó y saludó cuadrándose: "Tengo que informarles lo que piensa un cierto número de oficiales: el único representante de la dignidad nacional es el MAS". El 9 de junio el almirante Luis Aranda, entonces comandante en jefe de las FAB, declaraba: "El Congreso debe interpretar el sentir popular de la manera más clara posible".

Gracias a ese empujón decisivo, será el presidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez quien asegurará la transición. Sin embargo, acercándose inmediatamente a los presidentes de ambas Cámaras, Rodríguez destituye al almirante Aranda y reemplaza a ese alto mando un poco demasiado complaciente con el movimiento popular.

¿Una logia progresista?

El 12 de mayo, en Cochabamba, había entrado oficialmente en escena un "agrupamiento de ciudadanos" fundado por ex-militares. Transparencia Democrática Patriótica (TRADEPA) planea constituirse en el brazo político de las FAB aun cuando, en virtud del artículo 121 de su ley orgánica, las fuerzas armadas no pueden participar en ese tipo de actividades.

La iniciativa provenía de militares retirados, aunque algunos jefes de las FAB, entre los cuales se encuentra el general Marcelo Antezana, entonces comandante del ejército, participaron en la creación de TRADEPA 3. Por otra parte, el 25 de agosto sus dirigentes reconocerán que "algunos militares en actividad" firmaron "voluntariamente" los libros enviados por TRADEPA a la Corte Nacional Electoral (120.000 firmas) con el fin de obtener la personería jurídica. Mientras tanto algunos oficiales se quejaron de haber sufrido presiones para firmar y denunciaron que las instalaciones de la II División de Oruro funcionaban como oficina regional de la organización.

Como respuesta a la corrupción de los partidos políticos, TRADEPA reivindica "un nacionalismo revolucionario, independiente y humanista, una participación de las fuerzas armadas en el desarrollo nacional". ¿Una logia progresista? A fin de cuentas, los gobiernos del coronel David Toro (17-5-1936 al 13-7-1937) y de su sucesor el general Germán Busch (13-7-37 al 23-8-39) con un "Programa del Estado socialista militar" abrieron el camino (con distinta fortuna) a transformaciones sociales 4. Y nadie olvidó al general Juan José Torres, que en octubre de 1970, cuando una junta de extrema derecha tomó el poder, reaccionó movilizando a la izquierda del ejército que dirigía. Torres instauró un gobierno "nacionalista y revolucionario" y en junio de 1971 reunió una Asamblea Popular para radicalizar el régimen. Pero fue derrocado por el general Banzer.

El problema es que TRADEPA evoca también al tristemente célebre grupo Mariscal de Zepita, compuesto en su mayoría por militares retirados que apoyaron al partido Acción Democrática Nacional (ADN) del ex-dictador Hugo Banzer en las elecciones de 1997. Sus miembros, vinculados con las fuerzas armadas, ocuparon después importantes puestos en la administración pública. La presencia en el seno de TRADEPA de personajes tales como el ex-coronel Faustino Rico Toro, por sólo citar a uno, lleva a reflexionar. Este ex-jefe de los servicios de inteligencia del dictador García Meza fue relacionado con el asesinato del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el 17 de julio de 1980.

De todas formas, el viceministro de Defensa Víctor Manuel Gemio fue destituido el 16 de agosto de 2005 por su vinculación con TRADEPA. Justiniano, el nuevo comandante en jefe de las FAB, provocó un fuerte malestar al declararse de acuerdo con él, y el 17 de agosto anunció que esa organización tendría el apoyo de los militares para elevar sus posiciones ante la Asamblea Constituyente.

La víspera, las fuerzas armadas se habían declarado en estado de alerta al conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de levantar el secreto militar con el fin de que los jefes y oficiales que dirigieron la sangrienta represión de las jornadas de octubre de 2003 comparezcan ante la Justicia ordinaria en el marco del juicio contra Sánchez de Lozada 5. Por esa razón el 19 de agosto el general Antezana, entonces comandante del ejército, justificó la formación de TRADEPA (él forma parte de aquellos que en el momento más álgido de la crisis conspiraron contra Mesa). Según este general, la decisión de la CSJ afecta a la Justicia militar, tornándola inútil. En cuanto al ex-general Luis Gemio, hermano del viceministro destituido, amenaza públicamente con recurrir a "otros métodos" si no se permite a los militares tener su propio brazo político. El propio Luis Gemio dirigía el grupo Mariscal de Zepita entre 1997 y 2002. Por lo que, cuando todos se interrogan acerca de la verdadera naturaleza de TRADEPA, Evo Morales declara: "Eso no tiene nada que ver con Chávez. Es un movimiento fascista, muy preocupante. Un sector del alto mando a favor de un golpe de Estado contra el movimiento social en general y contra el MAS en particular".

Tres tendencias

Electo el 18 de diciembre de 2005 en la primera vuelta con el 54% de los votos, Morales deberá afrontar una situación compleja. Las castas "superiores", que siempre se esforzaron por conservar las ventajas que esta jerarquía les procura, no le darán respiro. Tampoco Washington, las multinacionales y las elites blancas "autonomistas" -por no decir separatistas- de las ricas regiones petroleras y gasíferas de Santa Cruz y de Tarija. ¿Qué hará el ejército en caso de disturbios?

Se sabe que está dividido en tres tendencias. Una corriente golpista y reaccionaria, partidaria de reprimir al movimiento social, de la cual sin duda TRADEPA forma parte. Luego, una facción deseosa de nadar entre dos aguas, entre el poder y la oposición. El periodista Walter Chávez, director de la edición boliviana de Le Monde diplomatique, señala que "antes, 300 campesinos podían ser masacrados sin que pase gran cosa. Ahora, 30 muertos provocan la repulsa mundial". Los militares hacen sus cuentas. En caso de conflicto, afrontar un movimiento social tan fuerte implicaría cientos de víctimas. ¿Quién será el responsable? ¿Quién será juzgado cuando la impunidad ya no esté asegurada? Si hasta el general Augusto Pinochet está rindiendo cuentas...

Por último, existe en el seno de la institución un sector progresista. ¿Acaso el secretariado permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA) no declaró que es viable la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos? Por otra parte, en agosto de 2005 Álvaro García Linera, vicepresidente electo de Morales, decía: "La derecha fue demasiado lejos. Muchos cuadros intermedios ven con malos ojos lo que consideran como las tendencias separatistas de Santa Cruz y de Tarija. Ellos están tradicionalmente en fase con las fuerzas conservadoras, pero no a ese precio. Lo que hace que haya un cierto acercamiento con las fuerzas sociales". Hay que agregar que el ejemplo del ex-teniente coronel Hugo Chávez, llevando adelante su revolución bolivariana en Venezuela y actuando al mismo tiempo a favor de una integración social de América Latina, no deja indiferentes a los oficiales.

Resta por decir que nadie puede estimar la relación de fuerzas entre esas diferentes corrientes. Y que Washington toma sus precauciones. Siguiendo instrucciones de la embajada de Estados Unidos, el 2 de octubre un comando boliviano organizado por oficiales estadounidenses y especializado en la lucha antiterrorista, llamado "Chacha Puma", sustrajo 28 misiles tierra-aire HN-5A de los cuarteles en los que estaban almacenados. En un primer momento, para el general Antezana esos misiles, comprados a China, fueron retirados "porque se terminó el ciclo de su vida útil". ¡Ciclo de veinte años, del cual sólo transcurrieron nueve! Posteriormente, el general provocó un huracán político al revelear que la destrucción de los misilies había sido impuesta por Washington "ante la inminente victoria de Evo Morales". Esas declaraciones le costaron el cargo. Fue destituido el 18 de enero, pocos días antes de la asunción de Morales, por el presidente Eduardo Rodríguez. Ese mismo día presentó su renuncia el ministro de Defensa Gonzalo Méndez. Un informe de las fuerzas armadas reconocía que "ninguna autoridad dio orden expresa para la salida del país" del armamento en cuestión.

El 1 de julio de 2005 llegaron a Paraguay, del otro lado de la frontera, 500 militares estadounidenses de las fuerzas especiales para entrenar al ejército paraguayo "en materia de lucha antiterrorista y contra el narcotráfico". Desde agosto, al mismo tiempo que dirigía maniobras militares, el ejército estadounidense procede a reactivar en el Chaco paraguayo el Aeropuerto Mariscal Estigarribia, a 250 kilómetros de Bolivia. Una pista de 3.800 metros de largo que puede recibir los aviones de gran porte B-52, Hercules C-130 y C-5 Galaxy. Una base idealmente situada para, a pedido del "movimiento autonomista de Santa Cruz", intervenir en Bolivia en caso de "ingobernabilidad" del país.

  1. La Prensa, La Paz, 7-8-05.
  2. Maurice Lemoine, "Indígenas a las puertas del poder", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2005.
  3. La Prensa, La Paz, 18-8-05.
  4. El 13 de abril de 1936, Toro nacionalizó el petróleo, hasta entonces monopolio de la compañía estadounidense Standard Oil.
  5. El 6 de agosto, las FAB habían solicitado al Congreso la sanción de una ley que garantice y proteja al ejército en período de conflicto.
Autor/es Maurice Lemoine
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 80 - Febrero 2006
Páginas:8,9
Traducción Teresa Garufi
Temas Militares, Estado (Política)
Países Bolivia